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“El anterior gobierno debe pagar los dos millones que han costado sus rencillas políticas”

El Ayuntamiento de Huércal Overa ha abonado la indemnización impuesta por el TSJA por mantener una “actitud persecutoria” contra un vecino. Los hechos ocurrieron en la época en que los socialistas dirigían el Consistorio y no es el único 'agujero' ocasionado entonces


Edificio de Las Monjas, en Huércal Overa. El exceso de altura en una de las tres calles a las que presenta fachada fue el detonante de un procedimiento que ha costado dos millones de euros al Ayuntamiento
Javier Irigaray / 20·07·2016

El Ayuntamiento de Huércal Overa ha abonado la indemnización impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por mantener una “actitud persecutoria” contra un vecino, el empresario Diego Ortega, que anteriormente había sido alcalde de la Villa. Los hechos ocurrieron en la época en que los socialistas dirigían el Consistorio y Ortega era el jefe de la oposición. 

No es el único ‘agujero’ ocasionado por un PSOE “cuyo líder era Luis García Collado”. Los actuales gobernantes sostienen que “los daños económicos ocasionados por los políticos los deben pagar esos políticos. La responsabilidad va incluida en el sueldo” 

El pasado 8 de julio, el Ayuntamiento de Huércal Overa depositó en sede judicial 1.969.123,94 euros correspondientes a la indemnización que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fechada hace tres meses, le obliga a pagar, a Inversiones y Gestiones Huércal Overa, S.L., empresa del exalcalde Diego Ortega, que construyó el edificio conocido como de Las Monjas. 

Esa cantidad tiene su origen en unos hechos que se remontan al año 2005, cuando el equipo de gobierno que presidía el socialista Luís García Collado, ordenó la paralización de las obras del citado inmueble argumentando un exceso de altura en una de las tres calles a las que daba que, según la fuente de referencia, oscilaba entre los 30 y los 90 centímetros. 

La propia sentencia hablaba de “persecución política” contra Ortega. La actual concejal de Hacienda, la popular Maribel Sánchez, afirma que “los huercalenses no tienen por qué sufrir las consecuencias de unos responsables políticos que decidieron ‘perseguir’ a un ciudadano”. Por eso, la edil adelantaba que “una vez librado el dinero de la indemnización, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya están estudiando la fórmula para exigir responsabilidad patrimonial a quienes han causado este quebranto a las arcas públicas por su actitud sectaria. Trataremos que quien estaba al frente del Consistorio, el exregidor Luis García Collado, y los demás componentes del gobierno que participaron en aquellas decisiones paguen los dos millones que han costado sus rencillas políticas. “Los daños económicos ocasionados por los políticos los deben pagar esos políticos. La responsabilidad va incluida en el sueldo”. 

Recuerda la titular de Hacienda y primera teniente, que “el dinero de los contribuyentes es sagrado y no puede ser dilapidado alegremente. Con dos millones –afirma Sánchez- se pueden acometer muchas inversiones para hacer la vida más fácil a los vecinos, y los políticos hemos de tener muy claro cuáles pueden ser las consecuencias de nuestros actos y no poner en peligro ni un céntimo de los que nos encomiendan los ciudadanos” 

No obstante, la edil asegura que “siendo una cantidad muy importante, hemos sido previsores para que el quebranto económico tenga el menor efecto posible en la gestión municipal”. En este sentido recuerda que, previendo lo que podía pasar, “nos acogimos a tiempo al Fondo de Impulso Económico que puso en marcha el Ministerio de Hacienda para casos como éste. Los vecinos no lo van a notar en la prestación de los servicios que vienen recibiendo, pero es un dinero que hay que devolver e intentaremos que sea en detrimento del patrimonio de los responsables del estropicio, y no del de todos los ciudadanos”. 

Suma y sigue 

Si dos millones de euros suponen ya una carga considerable para las arcas de un municipio como el de Huércal Overa, lo peor es que hay más ‘losas’ que se pueden añadir en el futuro. Esos sumandos tienen nombres y apellidos que, en muchos casos, ya han obtenido sentencia en primera instancia judicial. 

Ese es el caso de Ballabona Golf, sociedad que cuenta con un fallo que obliga al Consistorio a devolverle el medio millón de euros adelantado a cuenta de un convenio urbanístico que no llegó a consumarse. Un hecho similar se da con Tisán Sureste, que entregó 250.000 euros para construir sobre unos terrenos que finalmente quedaron fuera del Plan General. 

Por otro lado, en la pedanía de San Francisco unos particulares han ganado la partida al Ayuntamiento tras demostrar que no se actuó correctamente al incluir sus propiedades como suelo para equipamientos en el PGOU. Resultado: el erario ha de satisfacerles ahora en ‘cómodas mensualidades’ un total de 300.000 euros. 

Reclamaciones de menor cuantía exigieron al Consistorio Jarquil -106.485,99 euros ya abonados- y Ferrovial -40.053,52 euros-. Ambas empresas hicieron obras de mejora en la Oficina Comarcal de Servicios Sociales y la Oficina Comarcal Agraria respectivamente cuyas certificaciones aprobó el exgobierno socialista “cuando la competencia no era municipal”. 

Otro asunto por el que el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar 230.000 euros fue el intento de expropiación del edificio de las Cuatro Torres por el anterior gobierno del PSOE, afectando de nuevo a Diego Ortega. Y a todo ello habría que agregar los 1,5 millones que Técnicas Reunidas aspira a conseguir a consecuencia de la liquidación del contrato de gestión de la piscina municipal cubierta. La resolución de dicho contrato fue decidida por el actual alcalde, Domingo Fernández. 

El conjunto de indemnizaciones que podrían recaer sobre los hombros del Ayuntamiento superan los 5 millones de euros, cifra similar a la solicitada –y concedida- por el gobierno central a través de partidas destinadas a emergencias municipales bajo el epígrafe de Fondos Impulso. 

Mal de muchos... 

Los refranes no consuelan a nadie, sin embargo hemos de reflejar que el caso de Huércal Overa, lejos de resultar excepcional, parece ser una constante que se repite en los magros tesoros municipales de nuestra comarca. 

Así, recientemente dábamos cuenta de los 1,6 millones de euros que, en primera instancia, la justicia exige al Ayuntamiento de Antas para indemnizar a una empresa que le adquirió hace dieciséis años unos terrenos calificados como comunales, es decir, que no se podían vender. 

En todo el mundo, y desgraciadamente no se trata de una expresión literaria, es conocido que el de Vera ha recurrido la sentencia que le condena a resarcir al matrimonio Prior con 425.185,43 euros por el derribo de su casa, construida al amparo de una licencia de obras que resultó ser ilegal, fallo que ha sido recurrido por ambas partes, aunque por motivos bien diferentes. A unos les parece mucho y a otros poco. 

Peor escenario encontró el popular Arturo Grima al llegar a la Alcaldía de Turre en 2011. Tuvo que asumir los 600.000 euros exigía Obrascampo en virtud de un convenio no consumado; 350.000 a la Junta por el dinero entregado para la construcción de un pabellón que jamás se hizo pero sí se gastaron los dineros en fines distintos; 250.000 a Egmasa por caminos que no se realizaron, o 200.000 que la Subdelegación del Gobierno le entregó para pagar una factura a Electro Antas por la reposición de una línea eléctrica que ardió en el incendio que asoló Sierra Cabrera, y que no llegaron tampoco a su destino. 

Pero todo lo anterior podría parecer escaso si la justicia decide, finalmente, que el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora haga efectiva una sentencia firme –el denunciante debería pedir la ejecución del fallo- que le obliga a indemnizar con treinta millones de euros a la mercantil Bay Holland por los perjuicios que le ha supuesto la construcción de una planta de cogeneración en Villaricos –a finales de los 90-, con licencia municipal en terrenos no calificados para uso industrial.


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