La Justicia investiga los empadronamientos en Mojácar y su incidencia en las elecciones

Los socialistas, respaldados por la Fiscalía, buscan una explicación al masivo voto por correo registrado en las dos últimos comicios municipales

Vivienda de la huerta de Mojácar en la que se empadronó a personas, al parecer, sin permiso de sus propietarios

Miguel Ángel Sánchez/ 13·12·2016

Los empadronamientos en Mojácar previos a las elecciones y su posible vinculación al masivo voto por correo que se registró en las pasadas elecciones municipales está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 1 de Vera a instancia de la Fiscalía y el PSOE.

Los orígenes del expediente judicial se remontan al 21 de abril de 2015, cuando faltando poco más de un mes para la celebración de las últimos comicios locales, la agrupación Ciudadanos presentó denuncia ante el juzgado de Vera justificando que “autores desconocidos estarían obteniendo votos a cambio de dádivas o promesas”. El documento subrayaba especialmente el inusual número de altas en el padrón que se estaba produciendo a través de decretos firmados por la alcaldesa Rosa María Cano. 

Diego González, alcaldable de la lista de Ciudadanos, partido que no llegó a conseguir ningún acta de concejal, trataba de que la justicia investigara lo que entendía como graves anomalías en el proceso electoral que abarcaban desde el ‘engorde del censo’ hasta el abundante voto por correo que se preveía para esas elecciones, como ya había ocurrido en 2011, cuando se computó por encima del 18%. Una cifra anómala a todas luces y que sólo parece registrarse en municipios donde acaban detectándose o sospechándose fundadamente operaciones políticas de compra de votos (la media en España no supera el 3%).

Efectivamente en 2011, cuatro años antes, ocho de las nueve candidaturas concurrentes –todos menos el partido ganador, el PP- presentaron escrito denuncia ante la Junta Electoral de Zona la misma noche de la jornada electoral ante la avalancha de votos por correo, manifestando extrañeza y desconfiando de que el proceso no se hubiese desarrollado con limpieza. La Junta Electoral de Zona archivó aquel documento y no lo tramitó ante la Junta Electoral Central, cuyos miembros, enterados más tarde del error o dejación, recriminaron con dureza y mediante escrito oficial a sus subordinados de Vera, a la vez que lamentaban que, a consecuencia de ello, había prescrito el plazo para poner en marcha una acción dirigida a averiguar la veracidad de la denuncia.

En 2015, tal y como intuía Ciudadanos y los demás partidos adversarios del PP, los hechos se repitieron, el voto por correo volvió a superar el 18%.

Pese a la queja general de quienes perdieron las elecciones, todo apuntaba a que el asunto no pasaría de la lógica pataleta, sin embargo la denuncia de Ciudadanos interpuesta en abril seguía silenciosamente su curso. 

De hecho, el juzgado había abierto diligencias y ordenado a la Guardia Civil la comprobación de una serie de hechos que, si bien no llegaban señalar nombres y comportamientos concretos, sí dibujaban un escenario de dudosa legalidad. Esta falta de concreción por parte de Ciudadanos fue lo que animó a la juez Juana Gómez, titular del juzgado número 1 de Vera, a firmar el archivo del caso. “De las diligencias practicadas hasta el momento no existen indicios de criminalidad suficientes para dirigir la acusación por el mencionado delito contra persona determinada, ni tampoco determinar la calificación de los hechos denunciados”. No obstante lo anterior, las investigaciones de la Guardia Civil no habían concluido.

La decisión de archivar no fue comunicada a C’s, pero sí conocida por el PSOE de Mojácar, que sin haber firmado la denuncia inicialmente, se había personado a posteriori como acusación.

Manuel Zamora, líder de los socialistas mojaqueros, cuenta que ante el anuncio del archivo “presentamos un recurso de reforma. En ese recurso nosotros aportábamos datos precisos sobre empadronamientos con nombres y direcciones de personas relacionadas con el PP y con el Ayuntamiento, que hasta ese momento vivían fuera de Mojácar”. En total, hasta 13 ejemplos se citaban en la apelación. 

El valor de las nuevas pruebas supuso que la fiscal Penélope Baños respaldara la reapertura. Y así ocurrió en sendos escritos de fecha 24 de febrero y 22 de marzo de 2016, dirigidos al juzgado número 1. “Visto que la instrucción del presente procedimiento se puede dilatar excepcionalmente como consecuencia del elevado número de procedimientos pendientes de tramitar […] Y valoradas igualmente las excepcionales características del hecho investigado y volumen de diligencias, y en concreto los numerosos investigados contra los se dirige el procedimiento”, se solicita “la revocación de la resolución” del archivo, “debiendo declararse al mismo tiempo la complejidad de la causa”. Abordar la instrucción con la calificación de causa compleja supone la fijación de un plazo máximo para la instrucción de 18 meses, en lugar de los 6 habituales. El cómputo de los plazos se estableció a partir del día 6 de abril del presente año.

MEJOR NO DAR DETALLES

El socialista Manuel Zamora no es partidario de dar detalles sobre las nuevas pruebas aportadas para no interferir en las investigaciones, “pero sí puedo adelantar que hay casos de personas que han sido contratadas por el Ayuntamiento reiteradamente en distintos planes de empleo y han votado por correo; también sabemos que días antes del cierre del plazo de empadronamiento se produjo un aluvión de altas. En algunos casos eran personas que aparecían con el domicilio de un concejal como si fuera el suyo propio, aunque su residencia real está fuera de Mojácar”.

Zamora recuerda que ya en los meses previos a las elecciones de 2011, de los 300 rumanos empadronados –algunos en viviendas vacías, ruinosas e inhabitables-, 299 votaron por correo; también las tramitaciones exprés de empadronamientos en la oficina de turismo de la playa sin ningún tipo de información pública, “casos recogidos en una denuncia que presentamos 8 partidos ante la Junta Electoral de Zona y que ésta archivó costándole un tirón de orejas por parte de la Junta Electoral Central”.

El socialista añade que “ahora hemos podido recopilar otros ejemplos flagrantes que afectan a familiares directos, pero no puedo dar más detalles”. Ante nuestra insistencia, Manuel Zamora afloja un poco su mutismo y cuenta: “Está el caso de una unidad familiar de tres miembros a la que empadronan a dos en un domicilio y a uno lo inscriben en otro, aunque en realidad viven todos juntos en la misma casa en otro pueblo”.

“Yo estoy convencido de que no hubo limpieza en las elecciones municipales en Mojácar. Ni en 2015 ni en 2011. No la hay cuando se repite un aluvión de empadronamientos en los últimos días del cierre del censo electoral. Además de los casos que tenemos documentados con las pruebas necesarias, hay otros que conocemos pero no podemos probar, como el de empresas que inscriben en el censo a sus trabajadores en los últimos días y los suben en microbús a votar el día de las elecciones. Eso sucede en Mojácar”, explica Zamora, para quien “de las aproximadamente 500 personas que ejercen su derecho a voto por correo, al menos 450 lo hacen presionados”.

¿Más pruebas? “Mire, en muchas mesas, al abrir las urnas, los votos por correo quedan arriba y no los mueve nadie. Y hemos observados que todos son votos para el PP. Esto marca la diferencia entre que la señora Cano obtenga mayoría absoluta o acabe en la oposición. Y a todos esos hay que sumar los que tienen la esquinita doblada o marcada, que son un montón, además de los que citan para darles el sobre con el voto. Es una pena que Rosa María Cano entienda la democracia así”.

“Por la paga a mi marido”

Uno de los indicios que sustentaba la acusación de ‘pucherazo’ en 2011, y que no fue tenida en cuenta por la Fiscalía –porque no conseguía que el enlace abriese la página web donde aparecía-, fue una grabación telefónica en la que la secretaria de la alcaldesa, Valentina Mir, calmaba a una vecina sensiblemente nerviosa y le daba instrucciones de cómo votar por correo, al tiempo que la mujer reconocía que si lo hacía era por un prometido trabajo para un familiar y una paga para su marido. “Estoy agobiada, Valentina, agobiada. Si he hecho eso del voto por correo te juro que ha sido por la paga a mi marido y porque a mi Manolo le iba a dar trabajo”.

“A mí no me tienes que ver para nada, si quieres se lo das a tu consuegra y ella me lo da a mí. Y ahí no se entera ni Dios”, respondía Valentina. 

La web de la grabación registró más de 10.000 visitas.