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Galasa: una “locura insostenible”

EDITORIAL

El anuncio está en el aire. Gabriel Amat, presidente de la Diputación tiene el propósito de modificar los estatutos de Galasa –asunto sustancioso del que nos ocuparemos otro día- y a continuación subir las tarifas del agua en aras de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en virtud de la cual las empresas públicas deben equilibrar sus cuentas.
En caso contrario se verán abocadas al cierre. El incremento, dicen espantados los socialistas, será importante y tiene asustados a la mayor parte de los alcaldes del PP por las consecuencias electorales que puede acarrearles. De hecho, sólo Garrucha (PP), Cuevas del Almanzora (PP) y Sierro (PP) han aprobado la propuesta de modificación; Vera (PP), que sigue en el accionariado pero tiene su propia empresa de abastecimiento, Codeur, la ha rechazado, al igual que Lúcar (PSOE), Albanchez (PSOE) y Arboleas (PSA). Los demás consistorios populares esperan del presidente Amat, que también es presidente del Partido Popular, alternativas que no les reste votos en mayo de 2015. Se supone que los consistorios socialistas que todavía no se han pronunciado lo harán con ‘no’ rotundo a la reforma. En cualquier caso, hay mayoría de los populares y, en llegado el momento, la Diputación, con el 51% de las acciones, tiene la sartén por el mango, si bien este poder nunca será usado sin estar antes respaldado por una mayoría cualificada de gobiernos municipales. La cuantía exacta de la subida está por decidir. El consejero delegado de Galasa, Antonio García, garantiza que el aumento no será tan irracional como pregona el PSOE. Y se explica: “En la actualidad, el recibo establecido para un consumo medio de 15 m3 mensuales es de 21 euros, a los que hay que añadir el IVA y el canon de depuración que aplica la Junta de Andalucía, total, unos 25 ó 26 euros/mes. Si se aprueba la modificación tarifaria esta cifra se elevará hasta los 30 ó los 32 euros mensuales”. No parece escandaloso, aunque desde el punto de vista del contribuyente nunca es buen momento para que aumenten las tasas y los impuestos; menos aún en tiempos presentes en los que la Hacienda Pública nos exige sin misericordia.   Gestión a corto plazo   Tremendo defecto es generalizar, sin embargo, hablando en abstracto, el político se ha ganado un negativo corretaje al ser considerado un elemento bastante inútil para la sociedad. Así se le ve en la calle. Una de sus principales carencias es la incapacidad para adelantarse a los acontecimientos. Prefiere apostar por el corto plazo con la mirada puesta en la siguiente cita electoral. Este defecto ha sido una constante en la gestión de Galasa, empresa pública que nuestros alcaldes y los gobiernos de la Diputación de los últimos 20 años han considerado una especie de pelele al que se le podía infringir cualquier tipo de judiada contable o presupuestaria sin que jamás haya tenido un auténtico y eficaz abogado defensor. Iré más allá. De Galasa bien podría decirse que han surgido los mayores ejemplos de populismo conocidos en la historia reciente de nuestra tierra. Los responsables políticos que a lo largo de los años han estado al frente de ella -siempre gentes de confianza de los sucesivos presidentes de la Diputación-, o bien han sido personas sin preparación, o bien han seguido al dictado las, desde el punto de vista empresarial, absurdas órdenes superiores. Aletargando la conciencia y cerrando los ojos, consejeros delegados y barrigones asesores de la nada que cobraban un sustancioso sueldo y jamás aparecían por sus despachos, si es que alguna vez llegaron a tenerlos, han preferido confundir el interés de la sociedad con el interés del partido al que servilmente pertenecían, mientras ante sus ojos se iban abriendo múltiples vías de agua que presagiaban el naufragio. El silencio y la ceguera voluntaria siempre fueron premiados. Sólo el socialista cuevano Juan Parra, huyendo del adocenamiento, tuvo la decencia de abandonar el puesto de consejero delegado negándose a participar en el desastre. “Es que no aguanta bien la presión”, dijo algún compañero suyo para justificarle. Pero no, a la vista de lo que conocemos Parra no necesita que nadie lo justifique. El resultado de tanto oportunismo, dejadez y desacierto es un panorama lúgubre cuya única salida pasa por elevar las tarifas para ingresar más a fin de hacer frente a una deuda y compromisos de pago que se establecen en ¡¡24 millones de euros!! ¿Cómo se ha llegado a esta situación? [pullquote] A Galasa le ha faltado un eficaz abogado defensor que la protegiera de las constantes judiadas infringidas por los alcaldes y los gobiernos provinciales de los últimos 20 años [/pullquote]Cuando se creó a finales de los 80 y echó a andar a primeros de los 90, resultaba difícil prever que Galasa, transcurridos dos decenios, anduviese al borde la quiebra. Una empresa que sin ninguna competencia monopoliza un servicio básico que los 100.000 habitantes de la comarca usan diariamente y que, por tanto, nunca le faltan consumidores, no es a priori una sociedad que tenga el viento en contra para que se aleje de la estabilidad y el equilibrio presupuestario. Pero ha ocurrido. Vendida en sus arranques como una iniciativa pública que aplicaría criterios de empresa privada, a todos los gobernantes municipales y provinciales del momento  les pareció la mejor opción para dar garantía de abastecimiento y acabar con los vertidos de aguas residuales. En ese sentido, el departamento técnico de la empresa ha cumplido su misión y las restricciones estacionales, fundamentalmente las que se padecían en verano, forman parte del pasado. Galasa seguiría modelos de mercantil privada en la gestión para obtener mayor eficiencia, mientras su faceta pública desaconsejaba el reparto de beneficios, que serían siempre reinvertidos en mejoras. Buena idea… si se hubiese cumplido. Fue sin duda una falta de tacto político y un afán recaudador excesivo el que eclipsó el nacimiento de la empresa. A sus altas tarifas de los años 91 al 95 se deben las últimas grandes manifestaciones vecinales que se han conocido en la comarca. Hasta la llegada de Galasa, el agua era un instrumento de enorme valía para los alcaldes a la hora de ganarse el favor de los votantes. Los ayuntamientos del Levante almeriense acumulaban deudas vecinales por consumos que no se pagaban. Lo normal era que los alcaldes sucumbieran dócilmente a las presiones del ciudadano/elector que, unas veces respondiendo a la realidad y otras al mero vicio de la insolidaridad contributiva, no ingresaba en las arcas municipales las cuotas de su consumo. Y lo que sería más grave. Tampoco estas cuotas respondían al coste real del servicio. Nadie se atrevía a tomar la impopular decisión de ajustar los precios o cortar el servicio al moroso. Resultado, déficit y una gestión local de difícil adjetivación. Galasa aligeró las espaldas de nuestros primeros ediles y pretendió desde sus inicios cobrar a todo el mundo. Pero como consecuencia de aquellas altas tarifas se encontró con una inesperada rebelión popular que acabó costando al PSOE en 1995 las alcaldías de Vera, Carboneras, Huércal Overa, Mojácar –con moción de censura culminada en el año 1994- y Turre. [pullquote] Una empresa que monopoliza un servicio básico para 100.000 habitantes, no es a priori una sociedad que tenga el viento en contra para alejarse del equilibrio presupuestario [/pullquote]Cuando de la noche a la mañana a un vecino acostumbrado a no pagar el agua o a hacerlo a precios de saldo, se le obliga a afrontar 88 pesetas por cada m3 consumido más la cuota fija, ofreciéndole a cambio un agua imbebible por sus altas concentraciones en sulfatos, no extraña que ese vecino muestre su rechazo. Faltó agudeza al entonces presidente de la Diputación Provincial Tomás Azorín y a sus compañeros gobernantes socialistas de la comarca –todos los consistorios menos Garrucha estaban dirigidos por el PSOE- a la hora de establecer un proceso escalonado para la adecuación de los precios. Eso descartando que las tarifas se hubieran sobredimensionado extraordinariamente como resultado de un mal cálculo técnico de los costes; hipótesis que no debemos esquinar, pues con el cambio de gobierno provincial, pasando éste a manos de Rodríguez Comendador, se rebajó el precio a la mitad -45 pesetas m3- y todo parecía ir bien.   Grabado en la memoria   La factura electoral que Galasa giró a los socialistas no se ha olvidado nunca. Por eso, quizá, nunca ha dejado de ser un campo de batalla. Los más veteranos guardan el sabor amargo de la derrota que supuso un cambio de tendencia favorable al PP, que culminó muchos años después, con la cita electoral de mayo de 2011, de la que surgió un mapa político comarcal inverso al de los primeros años 90. Interpretan estos veteranos que el vuelco electoral fue fruto de la guerra sucia emprendida y encabezada por independientes y populares, entonces en la oposición. Se hacían llamar la Coordinadora del Agua y de ella surgieron los denominados ‘Alcaldes del Agua’. Félix López en Vera (PA);  Arturo Grima en Turre (Indep.); Antonio Hermosilla en Carboneras (Indep.); Diego Ortega en Huércal Overa (PA)… No es precisamente actualidad lo que contamos, pero no convienen olvidar las circunstancias bajo las que arrancó la criatura Galasa. En estos más de 20 años de vida, la empresa pública que iba ser gestionada como una empresa privada ha cogido lo peor de ambas partes. O quizá se explique mejor reduciéndolo a que su extrema gravedad de hoy es consecuencia de una imparable y constante ingerencia política en los órganos de gestión, amén de unos errores de bulto a la hora de tomar decisiones importantes para el futuro de la mercantil. [pullquote] La campaña populista que el PSOE ha emprendido en nuestros pueblos contra la subida de tarifas, olvida la influencia que sus etapas de gobierno han tenido en el desastre actual [/pullquote]No es precisamente una anécdota la constante intervención de los alcaldes para favorecer la colocación de sus votantes en la empresa. Es más, algún regidor y concejales pasaron a la plantilla de Galasa. A día de hoy, las mismas alcaldías que en su día se liberaron de las presiones vecinales para que se condonaran deudas, siguen intercediendo en la misma dirección ante casos a veces socialmente justificados y otros que sólo se sustentan en el interés electoral. Entre la múltiples comunicaciones telefónicas entre las alcaldías y la dirección de Galasa se ha escuchado demasiadas veces “a fulanico que no se le corte el agua” o “con la deuda de zutanito hay que llegar a un acuerdo”. De otra parte, siendo como son accionistas y miembros del consejo de administración, los alcaldes han usado su poder para que las deudas consistoriales derivadas del consumo de agua en edificios y espacios públicos no se cobraran, agravando el déficit anual de Galasa. Gran ejemplo. Al mismo tiempo, el miedo a otra rebelión social ha terminado por aparcar una y otra vez la necesaria adecuación de precios a los costes de los nuevos tiempos. El conjunto de despropósitos ha ido paulatinamente cerrando las vías de salida a la empresa. Que Galasa lleve años soportando un déficit anual de 2,5 millones de euros por no actualizar las tarifas es el mejor ejemplo del uso partidista e irresponsable que se le ha dado a la empresa. Es también el verdadero origen de todos sus males. La marcha de Vera fue por otra parte un varapalo. El principio de solidaridad quebraba cuando uno de sus municipios más rentables, aburrido de que no se atendiera la crucial necesidad de una nueva depuradora, abandonaba Galasa y creaba Codeur. Galasa encajaba el duro golpe de dejar de ingresar millones de euros por la cuota fija y por el consumo en las miles de viviendas construidas en Vera durante la burbuja inmobiliaria. Pero lo que seguramente más ha dañado a Galasa ha sido su mal planificada política de expansión. A principios del presente siglo se cerraban acuerdos con Acuamed y ayuntamientos del Almanzora que de ninguna manera se pueden aceptar si se analizan desde un punto de vista sensato. Respecto al ejemplo de Acuamed, en 2003 se firmó un convenio por el que Galasa se comprometía a pagar solidaria y proporcionalmente la desaladora de Carboneras y la tubería que más tarde se ha construido uniendo la planta con los puntos de distribución de la comarca. El acuerdo obligaba a pagar a Acuamed 5 millones de euros anuales a cambio de tener una reserva de agua anual de 15 Hm3, que se usarían en el caso excepcional de que los suministros de los trasvases no cubriesen la demanda de agua en la zona. El documento establecía, además, que cada m3 de agua desalada que se comprase a Acuamed costaría 0,74 céntimos de euro, mucho más caro que el m3 llegado de los trasvases. Cuando el convenio entró en vigor en 2011, Galasa contaba con recursos suficientes del Negratín y el Tajo, pero Acuamed le requirió los 5 millones concertados. Sin capacidad económica para pagar esta cifra, Galasa adeuda hoy del orden de los 15 millones a Acuamed.   Error en el Almanzora   Otro gran traspié se produce a consecuencia de los acuerdos que Galasa suscribió con distintos pueblos del Almanzora, donde a las tarifas y a las redes de abastecimiento y saneamiento les falta una seria puesta al día. Una réplica, en definitiva, de lo que ocurría en los pueblos del Levante de los años 90. Los políticos interfirieron de nuevo y acordaron precios para el Almanzora que no cubrían el coste del servicio. Sobre el papel, los alcaldes de los pueblos del norte se comprometían a cubrir con fondos municipales –el término exacto es subvencionar- el déficit anual resultante, aspecto que, como cabía esperar, no se ha cumplido. Quienes tenían capacidad de decidir aceptaron que la empresa jugara el absurdo e innecesario papel de buen samaritano, en lugar de defender la inflexible aplicación de las tarifas oficiales vigentes en el Levante o, al menos, un precio sensato y acorde con lo que iba a costar la prestación en la nueva área de gestión del Almanzora. Este acuerdo reporta un agravio para los consumidores del Levante que nuestros alcaldes jamás debieron consentir ni votar en los órganos de dirección. Pocos segundos de reflexión debieron dedicarle al asunto, pues de otra manera se habrían opuesto frontalmente. Negligencia, despreocupación, aparcamiento del sagrado deber de la defensa de sus vecinos… Hay pueblos del Almanzora en los que el consumo de los primeros 30 m3/mes es gratis. Impensable para un usuario de Garrucha, Pulpí o Cuevas. Pero veamos ejemplos reales y podremos valorar mejor la situación. Si partimos de un consumo medio de 15 m3/mes, aquí en la comarca pagamos 21,09 euros. En cambio, un ciudadano de Albanchez abona por ese mismo consumo 7,39 euros; uno de Armuña del Almanzora, 4,80 euros; otro de Cantoria, 5 euros; un residente en Fines, 4 euros; si vives en Laroya pagas 6,12 euros; si los 15 m3/mes se consumen en Lúcar cuestan 6,14 euros; 6,11 euros en Macael y 4,14 euros en Somontín. Es decir, en algunos pueblos del Almanzora se paga ¡¡hasta 5 veces menos que en Mojácar, Los Gallardos, Carboneras o Antas!! No se escandalicen, hay más. Dejemos el consumo domiciliario y calibremos las tarifas que para consumo en dependencias públicas y riego de jardines se aplican a los ayuntamientos del Almanzora. Aquí encontramos una segunda injusticia votada y aplaudida por el consejo de administración, es decir, por los alcaldes que en aquel momento –principios y mediados de los 2000- se supone que nos defendían. Cada m3 facturado a los consistorios del Levante cuesta 0,57 euros que salen de nuestros impuestos. Pero si el Ayuntamiento es el de Suflí, Somontín o Macael, el precio es 0,00 euros. ¿Tiene esto alguna explicación? De verdaderos necios fue creer que los ayuntamientos del Almanzora, sin capacidad para detener la sangría del paro en esa zona y sin ingresos, abonarían, tal y como se habían comprometido, la diferencia anual resultante entre lo recaudado por Galasa y el coste real del suministro en esos pueblos. Craso error de cálculo. [pullquote] Señor Amat, si usted ha decidido recomponer el jarrón roto y nos va a tocar el bolsillo a los ciudadanos, señálenos con el dedo a quienes debemos agradecer el sablazo [/pullquote]Veamos con números definitivos hasta dónde ha llevado a Galasa esta descerebrada política aplicada bajo la sombra de una falsa solidaridad de unos pueblos supuestamente ricos, que son los de nuestra comarca, con otros pobres, los del Almanzora. La diferencia entre el coste del servicio y lo que se recauda, por ejemplo, en Cantoria le cuesta cada año a Galasa 134.000 euros; en Fines 281.000 euros; en Macael 252.000 euros; en Serón 240.000 euros; en Tíjola 165.000 euros, etc, etc, etc. Total, originan un déficit anual en Galasa de 1,5 millones de euros. “¡Una locura totalmente insostenible!”, señalaba un concejal del Partido Popular de Carboneras durante el debate de este asunto en una reciente Comisión Informativa. Si miedo hay en los alcaldes del Levante a que se ‘toquen’ las tarifas, pavor produce en los regidores del Almanzora. La adecuación de sus recibos actuales al verdadero coste del servicio supondrán incrementos de hasta el 600 y el 700% a sus vecinos. ¿A alguien le extraña que con los números reflejados Galasa, a menos que vire 180 grados, pueda tener una sola oportunidad de supervivencia?   El cambio de rumbo no solo es necesario, sino vital. El gobierno provincial que dirige el popular Gabriel Amat ha tardado más de dos años y medio en reaccionar, pero al fin lo ha hecho. Galasa es un bien del que no debemos prescindir, pero al igual que las lluvias son necesarias para el campo, las tormentas arrasan las cosechas. A los acuerdos de Galasa en el Almanzora y con Acuamed deberían darle nombre de tifón tropical. En definitiva, Galasa es un instrumento político en el que se aprecian desde su génesis claras ingerencias en el espacio reservado a la independencia del departamento técnico. En mi opinión, tenemos derecho a saber si esos técnicos han elaborado informes advirtiendo de la deriva de la empresa o si han sido cómplices de ella. Debe 24 millones de euros -6 a bancos, 15 a Acuamed, 1,3 a la Confederación del Segura, 1,2 a Aguas del Almanzora y un buen pico a la Junta por el canon de depuración-; registra anualmente 2,5 millones de déficit por miedo a subir las tarifas; desgaja anualmente de sus presupuestos 3,5 millones de euros para saldar deudas porque no se suben las tarifas; tiene pérdidas reales que rondan entre el 40 y el 50% del agua que compra respecto a la que factura; la red de distribución de nuestros pueblos está obsoleta y más que amortizada sin que ayuntamientos, Diputación y Galasa reserven partidas anuales para la renovación de tuberías; reúne un conjunto variopinto de tarifas inexplicables que reportan agravios comparativos, generan déficit y hacen crecer la deuda; su agua no tiene la calificación de potable; tiró a la basura, junto a la Diputación, 6 millones de euros en la construcción de una gran tubería para unir el Levante con Albox, la llamada Arteria del Almanzora, que no se usa; sus dirigentes políticos han venido tradicionalmente utilizando la empresa como arma electoral y la oposición socialista, muy responsable de la caída en picado de Galasa por las decisiones que se tomaron durante el periodo del gobierno provincial de José Añez, apuntalado por el PSOE, y más tarde las adoptadas por el socialista Juan Carlos Usero, se escandaliza y rechina dientes poniéndose en contra y exagerando los cambios tarifarios que se avecinan, dando la impresión de que lo que desean es que las cosas sigan en la misma dirección hasta que llegue el colapso. Dicho de otra manera, la campaña populista que han emprendido contra la subida de precios no es más que una estrategia de desgaste contra el actual gobierno de la Diputación, olvidando la influencia que sus etapas de gobierno con Añez y Usero, hasta el pasado 2011, han tenido en el desastre. Una acción política responsable es incompatible con el discurso generador de miedos y alarmas que los socialistas están difundiendo en cada rincón de los pueblos del Levante y el Almanzora para levantar a la población contra medidas necesarias e inexcusables. Que Amat meta el bisturí en Galasa para extirpar sus múltiples cánceres es indispensable para salvar al enfermo. Que esta acción provenga no sólo de la convicción del presidente de que las cosas no pueden seguir así, sino también de la aplicación de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, no garantiza el éxito, pero al menos asistimos a un intento de reconducir un barco que el PSOE contribuyó tanto como el que más a mandar a la deriva. Ahora bien, se equivocaría Amat si las modificaciones estatutarias y medidas complementarias, que recogen la susodicha subida de tarifas como gran titular, se llevan a cabo sin hablarle claro a los vecinos. Un periódico como ACTUALIDAD ALMANZORA tiene la vocación y el deber de contar las cosas a sus lectores de acuerdo a su punto de vista. Pero eso no basta. Gabriel Amat, como servidor público, está en la obligación de explicar a la comarca qué ha ocurrido en Galasa, cuáles han sido los errores que han desembocado en el crack y quiénes son los responsables. Ya sabemos que con ello se alentará más la polémica porque hay quien necesita la confusión para tapar errores. Pero mucha gente, más allá de quienes puedan ser manipulados, es lo suficiente madura e independiente para comprender la verdad. De borrón y cuenta nueva, nada. Sabemos que hay dos razones principales por las que se va a aprobar la elevación de las tarifas: hacer frente al incremento de costes que supondrá la adquisición de agua suministrada por la desaladora de Carboneras, que es más cara que la de los trasvases y que permitirá, así debería ser, disponer de agua potable en nuestros grifos; y para que Galasa deje de generar deuda, ingrese y pague los 24 millones de euros que debe. Así pues don Gabriel, si usted ha decidido recomponer el jarrón roto y nos va a tocar el bolsillo a los ciudadanos, señálenos con el dedo a quienes debemos agradecer el sablazo. Yo, al menos, se lo quiero oír. No olvide aclarar por qué ha tardado más de dos años y medio en hacerlo.
 
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