Rosmari no quiere en la vía pública turistas en bañador ni “penes en la cabeza”

La alcaldesa tramita una nueva ordenanza que sancionará jugar a la pelota, la mendicidad, la venta a vehículos detenidos en semáforos, verter agua a la vía pública o usar el monopatín

La alcaldesa debe temer que Mojácar se convierta en un lugar libertino e indecoroso

Miguel Ángel Sánchez / 12·12·2015

El gobierno que dirige la popular Rosa María Cano acaba de dar el primer paso para aprobar una nueva ordenanza en Mojácar. Y como la anterior antirruidos, ya ha merecido amplia atención de la prensa provincial. La agencia Europa Press ha difundido algunos de sus artículos que pronto han sido recogidos por los medios de comunicación de Almería. El salto nacional no ha llegado, quizá porque la propia agencia, a diferencia de la ordenanza antirruidos que pronto se supo que prohibía jugar al dominó, tapear de pie o regulaba el número de sillas que debían de haber en cada mesa de las terrazas hosteleras, no ha subrayado una de las ocurrencias más notables que recoge la normativa municipal, que de momento ha sido aprobada provisionalmente. 

Ése hecho concreto que sorprende por la particularidad de que Mojácar es un municipio que vive exclusivamente del turismo y, por tanto, de los servicios, es que restringe “el uso del bañador” a “la playa, la piscina o los chiringuitos”, nunca en la vía pública, pues llevaría sanción. 

Por lo demás, nos encontramos con una miríada de artículos que prohíben y prohíben obviedades que, por otro lado, no sólo atentan contra el sentido común de los regulados, sino que se solapa o se superpone a otras tantas leyes que regulan la convivencia ciudadana. 

No sólo eso, la nueva “ocurrencia”, según la oposición, de la alcaldesa mojaquera llega para ‘poner orden’ en acciones “que en su mayoría no se registran en el municipio”. “Es como si se prohibiera portar en los bolsillos material radioactivo por las calles de Mojácar. Sencillamente eso no preocupa a nadie porque nadie lo lleva encima”, comentaba con sarcasmo un vecino de la localidad. 

El parto se llama “Ordenanza Reguladora de Convivencia y Ciudadanía y Prevención de Actos Incívicos”, que no es más que un rosario de prohibiciones y sanciones. 

Así, se prohíbe “pasear por la calle con vestimentas atuendos o disfraces que puedan atentar contra la dignidad de las personas, especialmente cuando tengan por objeto, estén presentes o se dirijan contra personas mayores, menores y/o discapacidades”. Justificó Cano que a “una ínfima parte” de las despedidas de solteros “viene gente con penes en la cabeza que no hacen gracia ninguna y que vemos continuamente”. El veto no afecta a las fiestas de carnaval. 

Sigamos. Se prohíbe “la práctica de juegos de pelota, monopatín o similares en el espacio público” si alteran “la seguridad y la tranquilidad” –algo obvio-. La orden alcanza a “instalaciones privadas”. 

Se prohíbe “abastecerse de agua en lugares públicos, así como la retirada masiva de agua en fuentes públicas”. No se consentirá “verter agua y cualquier otro líquido a la vía pública”. 

Queda también prohibido “facilitar el género a los vendedores ambulantes no autorizados” y sería ilegal que alguien comprara o adquiriera a esos vendedores. Ampliando lo anterior, no será posible que alguien eche las cartas del tarot en la calle, ejerza la videncia u oferte un corte de pelo, un peinado o un tratamiento del cabello, “salvo autorización municipal”. Nada extraño, por otro lado, teniendo en cuenta que el comercio ambulante ya está perfectamente regulado por ordenamiento de todo tipo y no es preciso recurrir a una nueva ordenanza para controlarlo. 

Pero el problema no sólo lo tendrá el que oferte estos servicios, sino también el que los contrate. La multa oscilará entre los 100 y los 300 euros. 

Probablemente si usted se pasea por Mojácar no encontrará a más de dos o tres personas –y eso si tiene suerte- ejerciendo la mendicidad. Pese a que no es una cuestión que altere la tranquilidad ciudadana ni la convivencia, queda expresamente prohibida. No se permitirá “la mendicidad, así como aquellas conductas que, bajo la apariencia o no de mendicidad, y so pretexto de prestar algún servicio a los usuarios de los espacios públicos, no demandado previamente por éstos, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen, impidan o perturben de manera intencionada el libre tránsito de los ciudadanos mediante el ofrecimiento de servicios o actividades o peticiones dinerarias o de donativos en general”. Adiós a las recolectas con fines sociales. 

“Queda igualmente prohibido el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos”. Se considerarán incluidos en este supuesto “la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o en la vía pública, así como el ofrecimiento de cualquier objeto o servicio tanto a los conductores como a los viandantes”. Lo de los semáforos tiene su aquél. Sólo uno existe en Mojácar, a la altura de Pueblo Indalo, y que sólo se activa si un peatón quiere cruzar la calzada. 

La alcaldesa, muy concienciada en la lucha contra la prostitución callejera, incorpora a su ordenanza la prohibición de “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos”. Naturalmente, por si alguien cree que a la norma se le escapa algún detalle, prohíbe “mantener relaciones sexuales mediante retribución o sin ella en el espacio público”, aunque sea en una romántica y solitaria playa a las tantas de la madrugada. Por si acaso a alguien se le ocurre aparcar el pudor y busca la exhibición, tampoco se permiten las relaciones sexuales en “escaparates comerciales”. El arrumaco costará a los amantes entre 100 y 300 euros. 

Entendiéndose que hasta ahora los incívicos han campado a sus anchas por Mojácar sin posibilidad de freno ni sanción, la ordenanza prohíbe “las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano, así como atentar, deteriorar o destrozar instalaciones o elementos públicos”. 

Rosa María Cano quiere también disuadir a los vándalos y prohíbe pisar “arbustos y plantas de los parques y jardines municipales”, así como maltratar “ramas, flores, hojas, brotes y frutos”. No se permitirá tampoco “encaramarse o trepar a los árboles y arrancar, cortar o tronchar flores” ni “en lugares públicos ni privados abiertos al público”. 

Otra de las advertencias va dirigida a los titulares de establecimientos comerciales, a los que se les prohíbe exponer en la vía pública mercancía”, no dejando claro si esto se refiere a los tradicionales y siempre atractivos expositores que las pequeñas tiendas mojaqueras usan para mostrar su género (souvenirs, artesanía, jarapas, etc) como en cualquier otra localidad turística de España. 

Finalmente y con el propósito de incorporar a su cruzada a cuantos más mejor, la alcaldesa ordena a sus vecinos y visitantes “colaborar” para cumplir y hacer cumplir la ordenanza. 

Las denuncias ciudadanas recogerán “la identidad de quienes las presentan, el relato de los hechos, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los responsables”. 

Más allá de lo que digan los jueces ante la discrepancia de un ciudadano que decida recurrir al juzgado en busca de amparo ante una sanción que cree inmerecida, la regidora deja claro que “la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se aprecia diversidad de fundamento”. 

“Si con esto tenemos que volver a salir en Antena 3 y en Telecinco, me alegro mucho porque será una advertencia a quienes no los queremos en Mojácar”, sentenció la alcaldesa. 

“Sólo falta decir a los vecinos con qué periodicidad tienen que acudir al culto religioso” 

“Creemos que esta ordenanza se ha quedado corta porque lo único que le ha faltado es decir a la gente con qué periodicidad tienen que acudir al culto religioso”, dijo el socialista Manuel Zamora. Y añadió: “No me entra en la cabeza que en un municipio turístico se pueda multar a nadie por ir en bañador. No sé si con la ordenanza la alcaldesa, que ha pasado por el PSOE y ahora por el PP, ha querido homenajear al caudillo en el 40 aniversario de su muerte”. 

Para Jessica Simpson de Somos Mojácar, “casi todas las actividades normales pasan a depender de un permiso municipal, quedando los vecinos en manos del Ayuntamiento para todo y favoreciendo una política de favores y sumisión que es la antesala de la corrupción”.