Anuario 2015. Enero

 Estalla el gobierno de Garrucha 

El Levante almeriense cuenta con cinco muchachos en la Orquesta Joven de Almería a pesar de que aquí no existe la posibilidad de estudiar el grado medio de la carrera musical. “Somos la provincia con menos conservatorios”, se quejan los músicos, que tienen que desplazarse hasta Lorca o Almería para completar sus estudios. 

ACTUALIDAD ALMANZORA / 12·01·2016

En el momento más inoportuno, a cuatro meses de las elecciones municipales, el equipo de gobierno popular de Garrucha saltaba por los aires.

La mayoría de los concejales del PP no querían que el regidor Juan Francisco Fernández repitiera como candidato a la alcaldía.

Aunque los protagonistas guardaban el silencio prometido a la dirección provincial del partido, el asunto era un secreto a voces.

La presidenta del PP y primera teniente, Mari Paz Bonet, comunicó a Fernández que no volvería a ser cabeza de lista porque con él el partido estaría condenado a perder los comicios, y Fernández le respondió que él sí se presentaría, pero prescindiría de ella.

De los siete miembros que formaban el gobierno, cuatro postulaban al concejal de Urbanismo, Bernardo Simón.

El entorno del ya exalcalde hablaba de una “traición” que llevaría fraguándose meses.

Desde Almería, el secretario general, Javier Aureliano García, enviaba un claro mensaje: “Con esta mala cabeza es como se regalan elecciones al PSOE”.

La actual alcaldesa, entonces portavoz de la oposición, María Antonia López, se frotaba las manos: “Mientras que el PP pierde el tiempo en peleas, nosotros trabajamos por Garrucha”, manifestaba en un vídeo de precampaña.

Reclaman 11,5 millones a Carboneras

Así lo exige el arquitecto Alain Cacoub como resarcimiento por la quiebra que el gobierno del socialista Cristóbal Fernández instó contra una de sus empresas en 2002.

El juzgado de Vera llegó a declarar al empresario en situación de “busca y captura” y decretó su “arresto domiciliario”.

Tal situación habría repercutido en el desarrollo de sus actividades profesionales, que “se vieron truncadas por la petición de quiebra a que se vieron sometidas a instancias del Ayuntamiento de Carboneras”, en base “a unas supuestas deudas relativas a una serie de impagos por deudas no atendidas en relación con unas liquidaciones de IBI, cuyo importe ascendía a 82.885,88 euros”, un IBI que en su mayoría no le correspondía, según los abogados de Cacoub.

La responsabilidad municipal exigida por el francés al Consistorio conlleva la exigencia de una indemnización de 11.452.595,37 euros, desglosados de la siguiente forma: “10.887.860,98 por lucro cesante, 456.323,99 por daño emergente y 108.410,40 por daño al honor”, señalaban los responsables legales del arquitecto en su reclamación.

Un ‘veratense’ en la diana

Michel Houellebecq, uno de los más importantes autores de la literatura francesa contemporánea decidió vivir parte de su vida en Vera, en cuya playa posee una vivienda.

El 7 de enero, en Europa se volvía al trabajo y el autor presentaba esa noche su última obra, ‘Soumission’. En ella, un partido islamista ganaba las elecciones en Francia tras superar, en la segunda vuelta, al Frente Nacional de Marine Le Pen. En la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, un par de fanáticos musulmanes perpetraron una masacre que se saldó con 12 muertos y 11 heridos.

Siguiendo los consejos de la Sécurité, tras aplazar la presentación de la novela, Houellebecq se ocultó bajo protección policial en algún lugar de Francia.

Palomares a los juzgados

Cuando se cumplían 49 años desde el accidente que acabó con la caída de cuatro bombas atómicas sobre Palomares, Ecologistas en Acción anunció su intención de emprender acciones legales para exigir que se cumpla la normativa nacional e internacional sobre almacenamiento de material radiactivo, “ante la falta de interés” del Ejecutivo español. “No es legalmente posible mantener al aire libre medio kilo de plutonio al alcance de cualquiera”, afirmó José Ignacio Domínguez, abogado de los ‘verdes’. Según el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), las acciones para completar las la descontaminación de Palomares necesitarían de tres años para llevarse a cabo.

Alta tensión en Huércal

La construcción de un nuevo colegio en Huércal Overa, proyecto del anterior gobierno del PSOE que no llegó a realizar pero que ahora exigía a los nuevos regidores populares, calentó el debate político en la localidad, que acabó ‘ardiendo’ cuando los socialistas mostraron su sorpresa por la “coincidencia” en el tiempo entre las reformas realizadas en un local propiedad del padre de la concejal de Hacienda, Maribel Sánchez, y la bajada de las tasas de apertura de negocios como el que, precisamente, se iba a instalar en el citado inmueble, un bazar oriental.

La respuesta no se hizo esperar. Además de desmentir que la exención de tasas aprobada pudiera afectar a intereses de su familia, la edil popular llevó el asunto a los tribunales aduciendo que se había dañado su honor, su imagen y la de los suyos.

Desclasificación de Codeur

El teniente de alcalde de Vera, el popular Juan de la Cruz Belmonte, desmentía las acusaciones del portavoz andalucista Paco Vázquez, que había advertido que el Ministerio de Hacienda habría retirado a la sociedad mixta Codeur la calificación necesaria para contratar con la administración y, por ende, a ser titular de la licencia de gestión del ciclo integral del agua en la localidad.

Belmonte negaba ese extremo, aunque admitía que “no puede ejecutar obra nueva, pública o privada, por más de 500.000 euros, aunque si en el futuro Codeur quiere hacerlo, puede pedir de nuevo esa clasificación”.

El origen de esta situación deriva de la negativa del socio privado, Key Lanzarote, a aprobar las cuentas de la sociedad desde que el equipo de gobierno de José Carmelo Jorge Blanco decidiera no repartir beneficios, impidiendo, de esa manera, su pertinente presentación en el registro mercantil, tal y como obliga la ley.

Los populares contraatacaron denunciando ante la opinión pública la existencia de “connivencia” entre el socio privado en Codeur y el anterior gobierno andalucista para bloquear el funcionamiento de la empresa mixta.

El hospital desbordado

El Centro Hospitalario de La Inmaculada vio superada su capacidad durante la semana que iniciaba el lunes 12 de enero, hasta el punto de que en el servicio de Observación de Urgencias hubo momentos en que no había libres ni tan siquiera sillones terapéuticos donde atender a los pacientes.

Pilar Antolín, presidenta de la Junta de Personal, advertía que “las necesidades se disparan todos los años en esta época y se han originado situaciones extremas, como ingresar a enfermos con dolencias contagiosas en el área de toco-ginecología, donde se encuentran los neonatos”.

Vía libre a la Fuente Morisca

El Consejo Consultivo de Andalucía ‘bendijo’ el 14 de enero el convenio de la Fuente Morisca que permitiría la rehabilitación de su entorno. El convenio centró buena parte del debate político de la localidad. La oposición acusaba al equipo de gobierno de convertir la rehabilitación de ese espacio en un ‘pelotazo’ del concejal de Urbanismo, Juan ángel Guerrero, que, junto a su hermano, cedía 800 m² a cambio de trasladar la edificabilidad de esos terrenos a otra parcela de unos 300 m² que la familia posee frente al supermercado Súper Turre, y que habría de ser reclasificada con el visto bueno de la Junta de zona verde a urbanizable. Y, sobre todo, criticaba la cláusula que establece una indemnización de 307.000 euros para los Guerrero, precio de tasación del solar cedido, si alguno de los acuerdos no se llevara a efecto.

Sin parking de caravanas

El Ayuntamiento de Pulpí no podrá hacer un aparcamiento para autocaravanas pues, a diferencia del de Turre, no contó con el beneplácito del Consejo Consultivo de Andalucía.

El Consistorio pretendía modificar el uso del suelo en el que estaba proyectado un consultorio médico con el fin de convertirlo en un aparcamiento para autocaravanas, acogiéndose al “interés público y social” del cambio.

Multa para responsables de Holcim

Cinco operarios murieron tras desplomarse sobre ellos una tolva de 250 toneladas que llevaba 25 años sin revisar. El accidente ocurrió el 7 de julio de 2007. Ocho trabajadores se encontraban en una plataforma metálica arreglando la tolva cuando ésta se desplomó sobre ellos. Cuatro murieron en el acto, un quinto falleció dos meses después y otros tres resultaron heridos de gravedad.

La vista quedó resuelta el 28 de enero. El jefe de mantenimiento de la cementera, L.C.C.B., fue condenado a tres meses de cárcel y cuatro meses de multa a razón de ocho euros al día.

Junto a él, fueron condenados a cinco faltas por homicidio imprudente y tres por lesiones imprudentes en grado leve el exdirector de la planta, J.J.N.N. y los dos encargados en materia de prevención de riesgos laborales, A.H.S. y E.C.C.

Los cuatro fueron objeto de una pena conjunta de 50 días a razón de ocho euros al día. En total, 1.300 euros.