Anuario 2015. Noviembre

Garrucha: el despilfarro de unos frente al descontrol de otros

María López, alcaldesa de Garrucha, muestra una toallita junta a una caja de ellas durante un Pleno

ACTUALIDAD ALMANZORA / 10·02·2016

Nadie sabe cómo se despilfarraron 92.000 euros en consumibles para servicios de Garrucha.

El anterior alcalde (PP) responsabilizaba a su concejal de Obras Servicios, Alonso Soler. Soler pidió disculpas al pueblo y manifestaba desconocer cómo pudieron hacerse pedidos de productos a precios muy por encima al de mercado. 560 bombillas costaron 24.750 euros, a 44 euros la unidad, “cuando el precio de mercado es de 2,90”.

Mientras tanto, el gobierno socialista, aprovechaba el asunto para tomarse la revancha por el escándalo de las papeleras –a casi 1.000 euros la unidad- dando publicidad al excesivo coste por el que se compraron toallitas desengrasantes, pastillas para el wc y bombillas. “Una tomadura de pelo para los ciudadanos”, en palabras de la regidora María Antonia López.

Otra vez “no”

Lo hicieron los concejales socialistas de Pulpí. Tras manifestar tanto en comisión informativa como en el Pleno lo positiva que era para la localidad la permuta de un terreno en el casco urbano, en donde se va a construir un auditorio, por otro en la playa de titularidad municipal en el que se levantará un hotel de cuatro estrellas, cuando llegó la hora de votar lo hicieron en contra ante el estupor del equipo de gobierno.

Prohibido el bañador

La nueva ‘Ordenanza reguladora de convivencia y ciudadanía y prevención de actos incívicos’ volvía a poner a Mojácar en las portadas de noticias esperpénticas de la prensa.

Así, a una anterior prohibición a jugar al dominó, tapear de pie y a la regulación del número de sillas que deben tener las mesas en las terrazas de los bares, la nueva ordenanza del gobierno de Rosa María Cano agrega en la localidad que vive fundamentalmente del turismo de sol y playa, sancionar el uso del bañador fuera de la playa, la piscina o los chiringuitos, así como la práctica de juegos de pelota, monopatín o similares en el espacio público y abastecerse de agua en lugares públicos, la mendicidad y la limpieza de parabrisas en el único semáforo que hay en el pueblo.

Las actuaciones indecorosas, “como llevar penes en la cabeza durante las despedidas de solteros”, o practicar sexo en escaparates, serán también multadas.

Consorcio sin Vera

El Pleno del Ayuntamiento veratense aprobó el pasado 25 de noviembre iniciar los trámites para el rescate de la competencia municipal en materia de recogida de residuos urbanos que viene desempeñando el Consorcio de forma mancomunaba para 45 municipios del Levante, el Almanzora y los Vélez. La moción contó con el apoyo del gobierno de coalición PA-PSOE y el voto en contra de los ediles del Grupo Popular. ¿La razón? “El servicio no es satisfactorio”. El portavoz de la oposición, Juan de la Cruz Belmonte, sospecha que la prestación acabará en manos de la sociedad mixta Codeur “para que el socio privado gane más”.

La salida de Vera del Consorcio supondría un nuevo contratiempo para el ente que gestiona las basuras en el norte de la provincia de Almería desde el año 2000.

Urbaser en el juzgado

El exalcalde de Turre, Arturo Grima, anunció la voluntad del PP local de llevar a los tribunales el contrato firmado en su día por el regidor socialista Francisco Ortega con la empresa Urbaser. Grima argumentaba la existencia de un informe de Secretaría en el que la funcionaria apuntaba su extrañeza a que se hubiera adjudicado el concurso a una sociedad “cuya oferta económica era claramente superior a la presentada por la otra mercantil interesada”.

El hecho aparecía reflejado en un informe de gestión encargado por Grima durante el pasado mandato en el que los auditores señalan múltiples irregularidades.

Amérigo acusa

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, tildaba de “machista” al alcalde Salvador Hernández manipulando lo ocurrido durante un pleno celebrado el 17 de noviembre.

El regidor carbonero mandaba callar a la bancada socialista que le interrumpía en el uso de la palabra con la expresión “cállense que está hablando un hombre” que, en una grabación, el PSOE local sometió a una “burda manipulación” (Ideal sic) atribuyéndole “cállese que está hablando un hombre” para que pareciera que el alcalde se dirigía a una concejala y, de ese modo, poder tildarle de machista.

Además, decía Ideal, “lo hicieron en vísperas del Día Contra la Violencia de Género. En el vídeo que se puede ver en Youtube se aprecia claramente que Salvador Hernández recrimina la actitud a todo el grupo y no a una concejala, como quiso hacer entender el PSOE. Manipulación burda”.

Solución para la Residencia de Huércal

Visama Restauración, S.L., una empresa de largo recorrido en la gestión de residencias geriátricas, estaría interesada en comprar a Gerial su participación en la sociedad Indalo Artevida, concesionaria del servicio de la Residencia de Huércal Overa. La sociedad compradora pondría a la Residencia al corriente en el pago a trabajadores y proveedores y cancelaría la hipoteca de 2,6 millones de euros que pesa sobre el centro.

El éxito de la operación pondría fin a la incertidumbre que planea sobre el geriátrico que, a la vista de la situación, tuvo que ser intervenido meses atrás por el Ayuntamiento, que es quien tiene las competencias sobre el servicio.

Para mayor controversia, UGT interponía una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social por el impago de las nóminas de los trabajadores.

Visama es una empresa que pertenece al Grupo Gadea, recientemente adquirido por la multinacional norteamericana Albany Molecular Reseach Inc (AMRI), con sede en el estado de Nueva York, por 174 millones de dólares.

600.000 euros a las costillas del SAS

El TSJA condenaba en noviembre al Servicio Andaluz de Salud a pagar 600.000 euros, “100 millones de pesetas”, por adjudicar en 2009 un contrato a una empresa de ambulancias que no reunía los requisitos que estipulaba el pliego de condiciones del concurso. Señala Jacinto Lizarán, representante de UGT, que la responsabilidad del ‘desaguisado’ “que pagaremos los contribuyentes” cae sobre quienes componían la Mesa de Contratación, y especialmente sobre la máxima autoridad del Área Sanitaria Norte de Almería en el momento de la concesión, Gracia Fernández, hoy delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en nuestra provincia y culpable máxima, según el sindicato socialista, del descalabro para las cuentas públicas. 

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