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Anuario 2015. Septiembre

Aznar, tricampeón del campeonato de Andalucía de rallyes






ACTUALIDAD ALMANZORA / 08·02·2016



Aún quedaban dos pruebas para completar la temporada, pero el cuevano José Antonio Aznar ya se había asegurado matemáticamente el campeonato de Andalucía de Rallyes de 2015. Nuestro paisano terminó en la segunda posición del rallye de Sierra Cádiz, resultado más que suficiente para asegurar su tercer título consecutivo en la especialidad. 

La nueva reválida superada con sobresaliente la obtenía estrenando su nuevo Porsche GT3 '2011', vehículo procedente de los circuitos cuya preparación no estaba totalmente terminada, por lo que el objetivo de José Antonio y su equipo en la salida de la competición gaditana era probar el coche por primera vez buscando su puesta a punto. Aun así, ganó. 

“Queremos el puerto seco” 

En septiembre nos concedía una entrevista el portavoz del grupo popular en el Congreso, el diputado por Almería Rafael Hernando, en la que exponía que la intención del gobierno era que el deseado puerto seco de Pulpí “salga adelante”. Argumentó que el hecho de que la construcción de una base logística ligada al ferrocarril de alta velocidad, para exportar productos de la zona, hubiese salido de la iniciativa privada “demuestra el empuje de los empresarios y la utilidad de la infraestructura”. 

Respecto a otra petición de los regantes a la búsqueda de atenuar las cuotas anuales que amortizan el coste del trasvase del Negratín, Hernando dijo que el asunto “se está estudiando” y que pronto esperaba “buenas noticias”. 

Heredia y Viúdez especularon 

Siguiendo con el conjunto de informaciones publicadas en torno a las actividades privadas ligadas al mundo inmobiliario de la comarca ejercidas por altos cargos de Cajamar, este mes, y a la vista de la múltiple documentación que habíamos recopilado, aseverábamos que el director general José Heredia, el subdirector general Bartolomé Viúdez y el jefe de la zona Levante Francisco Alonso “especularon en Huércal Overa y Vera de la mano de Rodríguez Valero”, el empresario que representaba al grupo DRV. 

Y en apoyo de lo anterior, datos. Los directivos de La Caja registran Dopucasa SL el 10 de agosto de 2004. Cada uno aporta 40.000 euros para dotarla de capital. Días más tarde, el 13 de agosto, a través de Dopucasa entran en sociedad con Rodríguez Valero y Cía. constituyendo Huertos del Castillo SL de Huércal Overa. Aportan 120.000 euros. Dos meses y siete días después, el 20 de octubre de 2004 y sin que Huertos de Castillo haya movido un ladrillo, Heredia, Viúdez y Alonso venden sus acciones a Rodríguez Valero y éste las revende a Gruinver 6 SL, de la que era también socio. 

Por otro lado, el 20 de agosto de 2004, Dopucasa SL formaliza la escritura de constitución de una segunda sociedad con Valero. Su nombre es Nieva Golf Inmobiliaria SL -número de protocolo 4.073- y Dopucasa aporta 90.000 euros a un capital social que suma 450.766 euros. De nuevo, al igual que ocurre con Huertos del Castillo, los de Cajamar venden enseguida. El 21 de septiembre de 2004, tan sólo un mes y un día después de crear Nieva Golf, y sin mover un ladrillo, se deshacen de sus participaciones, que son adquiridas en su totalidad otra vez por la ‘Gruinver’ de Rodríguez Valero. 

La cuarta operación de los de Cajamar se sustancia en la compra de una sociedad, también sin actividad, cuyos activos son unos terrenos de escaso valor situados entre Vera y la playa. 

Aunque la citamos en cuarto lugar, lo cierto es que la compra de Vera Gestión del Patrimonio SL fue la primera incursión de los tres directivos en el mundo inmobiliario comarcal. La adquisición tuvo lugar el 6 de febrero de 2004 en una de las notarías de Vera con el número de protocolo 344. 

Diego Rodríguez Valero embarca a sus amigos de la Caja y a una conocida de éstos, Petronila Sánchez, natural de Vélez Rubio, como Heredia, en una operación que podía salir redonda si se aprobaba el PGOU veratense. Los activos de Vera Gestión se reducían a poco más de 4 Has. de secano que nunca se recalificaron por el Ayuntamiento como urbanizables destinadas a residencial. 

Diversas fuentes consultadas por este medio conocedoras de lo que ocurrió en Vera Gestión del Patrimonio se limitaban a declarar que, pese a todo, la operación “resultó muy satisfactoria” para al menos dos de los socios ligados a Cajamar. 

Mientras Rodríguez Valero montaba empresas con sus significados amigos, la Caja que éstos dirigían abría la mano generosamente y proporcionaba sustanciosos créditos a las empresas de Valero, que más tarde resultaban, en su mayor parte, fallidos. 

Todas las sociedades, excepto Dopucasa, tenían su sede social en la veratense calle del Mar número 3, la misma de DRV. 

Mediaron a favor de Valero 

Por otro lado ese mismo mes publicábamos que Heredia y Viúdez mediaron para que otra empresa se quedara con parte de la deuda de su socio Valero. De hecho convencieron al administrador de Madrid Gestión SA para que se subrogase el crédito del residencial Coto de Vera que Cajamar había concedido a Gruinver 6, prometiendo a Madrid Gestión rescatarla a los dos años si las ventas iban mal. Transcurridos esos dos años, el administrador de la empresa madrileña, Alberto Garrido, denunció en un burofax enviado a miembros de la más alta dirección de la entidad, que Heredia y Viúdez no cumplieron lo acordado y le abocaron a la ruina. 

Garrido contaba en su misiva que “el 28 de noviembre de 2008, y ante la inminente declaración de insolvencia de las sociedades Gruinver 6 SL y Promociones Real de Nieva SL –filial de la primera-, Cajamar se adjudicó una serie de terrenos rústicos y urbanos en Vera en dación en pago por la deuda de 10.341.895,00 euros y 4.699.548,00 euros, respectivamente, más el IVA correspondiente”. A su vez, Gruinver 6 tenía, además, otro préstamo promotor con Cajamar por importe de 6.750.590,75, “del que se habían utilizado 5.877.002,14”, que “llevaba varios meses sin pagar las cuotas de intereses”. Es decir, Gruinver soportaba una deuda con Cajamar de 20.918.445,14 euros. 

El mismo día 28 de noviembre de 2008 en el que Cajamar cobra en terrenos la deuda de Gruinver, se firma escritura de compraventa en una notaría de Vera mediante la cual, Madrid Gestión SA –que era socia de Gruinver pero que un conjunto de desavenencias enturbiaban las relaciones entre los accionistas- “adquiere para sí la rama de actividad de Gruinver 6” ligada al residencial Coto de Vera. De esta forma, Madrid Gestión SA se subroga el crédito de Gruinver con Cajamar ascendente a 5.877.002 euros. 

Transcurridos los dos años, Garrido, que no había vendido casi ningún apartamento –incluso había devuelto a los de Cajamar 60.000 euros por cabeza por la supuesta señal que éstos habían dado años antes para quedarse con uno de los pisos- se dio de bruces con una realidad que no esperaba. Heredia y Viúdez no cumplieron su parte del acuerdo verbal y Coto de Vera no fue tomado en dación de pago. A día de hoy sigue siendo propiedad de Madrid Gestión a la espera de que La Caja embargue. 

La totalidad de la deuda bancaria de Gruinver y sus sociedades filiales –Nieva Golf Inmobiliaria SL, Promociones Real de Nieva SL y Gruinver Fuente Abad SL, era de 62 millones de euros con diversas entidades financieras. Con Cajamar, los préstamos hipotecarios ascendían a los ya citados 20.918.445,14 euros. 

Transcurridos más de tres meses y publicadas seis informaciones por ACTUALIDAD ALMANZORA, Cajamar seguía sin pronunciarse sobre las actividades especulativas de sus directivos. 

Amenazados 

El lunes, 14 de septiembre, el portavoz socialista en el Consistorio carbonero, José Luis Amérigo, acusaba al alcalde, el independiente Salvador Hernández, de amenazar a los seis concejales del PSOE. 

La amenaza se desprendía de una notificación del regidor en la que comunicaba su intención de interponer “las medidas legales que correspondan” si los socialistas seguían solicitando información municipal. 

Amérigo calificó la acción de “vergonzosa y antidemocrática” e hizo público que “en ningún momento Hernández va a provocar que paremos en nuestra labor de fiscalización y control a la coalición de gobierno PP-GICAR”. 

Recordó que el alcalde está imputado en un proceso penal en el que se piden hasta diez años de inhabilitación pública por negar información a la oposición de forma sistemática. 

El regidor negaba la mayor. “Ni ahora ni nunca he amenazado al grupo municipal socialista ni a su portavoz”. “Lo que buscan es justificar ante la parroquia su falta de trabajo emponzoñando la vida política municipal y la gestión del Ayuntamiento”. 

“Seré alcalde” 

Por aquellos días, el portavoz del grupo andalucista de Antas, Diego Castaño, analizaba las consecuencias de la decisión adoptada por la dirección regional del PA de no presentarse a nuevas elecciones, a la vista de los pobres resultados que la formación venía obteniendo los últimos años. 

“Los andaluces no han estimado necesario que exista un partido nacionalista andaluz que vele exclusivamente por Andalucía”. Y añadía, “tengo muy claro que de decantarnos por algún partido, a ciencia cierta que no sería por el PP. O sea, que blanco y en botella”. 

Castaño giraba su mirada hacia el PSOE y tras sentenciar que “si me presento en una lista en las próximas elecciones locales será de número 1”, porque “de no ser así, no seré candidato”, asestaba un contundente y seguro “seré el próximo alcalde de Antas”. 

Trabalón, absuelto 

La Audiencia Provincial tumbaba el principal argumento judicial de la Junta contra el exalcalde de Zurgena Cándido Trabalón y sus concejales. 

Los magistrados ratificaron la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal nº 4 de Almería, que absolvía de un delito de prevaricación al exalcalde y al resto de su Corporación por conceder licencias para construir cinco viviendas en El Cucador. Con ello, la alta instancia judicial daba un portazo al argumentario de la Junta y la Fiscalía en todo el cúmulo de procesos que mantiene contra el que fuera regidor andalucista. El reconocimiento explícito de las Normas Subsidiarias Provinciales como instrumento suficiente para otorgar licencias de obras en el municipio, que no tenía normativa urbanística propia, suponía un respaldo contundente a la actuación de las corporaciones presididas por Trabalón y cuestionaba la principal prueba de la acusación en una treintena de procedimientos abiertos contra la política urbanística desarrollada en Zurgena durante los varios mandatos de los andalucistas. 

“Lo importante es que no nos absuelven por lástima, sino respaldando lo que nosotros venimos diciendo desde el principio”, valoró el exalcalde. 

Denuncia al gobierno 

El portavoz del gobierno de Vera anunció que el Ayuntamiento llevaría al Ejecutivo central ante la Audiencia Nacional para exigir que se ejecuten las obras en el río Antas incluidas en el Plan Hidrológico aprobado en 2001. Se refería a las inversiones necesarias para evitar futuros desbordamientos. 

La decisión llegaba precedida de disputas sobre qué administración tenía que llevar a cabo esta actuación. Para unos, la Junta, para otros, el gobierno Central. “Si el Estado no iba a hacer la laminación del río que no la hubiese declarado de Interés General en el Plan Hidrológico”. 

Las últimas inundaciones acaecidas el 28 de septiembre de 2012 se cobraron la vida de cuatro personas, dos en la desembocadura del río Antas, en Vera. Eso y miles de viviendas, coches y enseres dañados, además de gran parte de las infraestructuras básicas averiadas o arrastradas por la marea. Las pérdidas se estimaron muy por encima de los 100 millones de euros. 

Multas en Mojácar 

La ordenanza antirruido de Mojácar, aprobada en 2013 por el Ayuntamiento y conocida en casi medio mundo por imposiciones tan curiosas como multar por estampar la fecha del dominó en la mesa, volvía a ser protagonista en medios de comunicación, y de nuevo en un tono a caballo entre la crítica y la burla. En esta ocasión fue la prensa sevillana haciéndose eco de las multas que la Policía Local impuso a ocho chicas procedentes de la población sevillana de Carmona, que decidieron pasar unos días de veraneo en la localidad mojaquera en julio. 

“Hay vacaciones de ensueño para no olvidar y de pesadilla, donde lo más importante es pasar página cuanto antes”, relataba ABC Sevilla en una crónica del 19 de septiembre. Si nada lo impide, las jóvenes tendrán que pagar 4.808 euros, 601 euros cada una, por “charlar” en la terraza del apartamento que alquilaron. 

Los progenitores de las afectadas informaron sobre su intención de llevar el asunto a los tribunales. Eso como última opción a la vista del fracaso de otras gestiones: “el alcalde de Carmona, el popular Juan Ávila, telefoneó a su homónima en Mojácar, Rosa María Cano, también del PP, sin éxito. No sacó nada en claro, ella defendió a sus agentes y los expedientes administrativos incoados”. 

“No es que me alegre que esto haya salido en la prensa, pero tampoco me disgusta. La gente tiene que tener claro que aquí hay una ordenanza”, replicó la alcaldesa. 

El padre de una de las chicas sostiene que sólo charlaban en la terraza. La alcaldesa asegura que “el escándalo se escuchaba desde dos manzanas antes”. 

Turre, auditada 

Tras conocerse las agrias conclusiones de un informe de gestión encargado en el anterior mandato -2011/2015- por el alcalde del PP, Arturo Grima; informe que analizaba la actuación de sus antecesores socialistas durante el periodo 2008/2011, el nuevo regidor de la plataforma Somos Turre, que gobierna en coalición con el PSOE, avanzó que “no taparé las vergüenzas del PSOE” y que denunciará a excargos públicos municipales socialistas ante la Fiscalía por su gestión entre 2008 y 2011, siempre que un organismo público confirme que pudieron cometer prevaricación y malversación de fondos. Grima, era más contundente: “Si el bolígrafo cuesta un euro y lo pagas a cuatro, pienso que la diferencia te la has llevado y ya está”. 

Por su parte, uno de los concejales señalados por la ‘auditoría’, el ex primer teniente de alcalde del PSOE, se dirigió a su adversario Grima para decirle que lo suyo “es puro circo” y que todas las decisiones que se tomaron en aquella época fueron respaldas por el secretario. 

200.000 más de adelanto 

El Ayuntamiento de Huércal Overa anticipaba en septiembre otros 200.000 euros a la residencia de mayores para pagar nóminas atrasadas. Era la 5ª vez que el consistorio se veía forzado a adelantar fondos ante los constantes retrasos de la Junta en el pago mensual de las camas concertadas. El alcalde, Domingo Fernández, dijo que “la situación se ha vuelto a complicar en los últimos meses porque la Junta adeuda ya 403.581,73 euros a trabajadores y proveedores”.

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