El Ayuntamiento de Huércal Overa podría enfrentarse a pagos inmediatos por valor de 6 millones

“Los despropósitos del anterior gobierno socialista van a acabar pasando al pueblo una alta factura”, lamenta el alcalde 

Domingo Fernández, alcalde de Huércal Overa

Miguel Ángel Sánchez / 22·03·2016

Inversiones y Gestiones Huércal Overa, 2,3 millones más intereses desde 2007 (la cifra se iría a 3,3 millones); Técnicas Reunidas, alrededor de 1,5 millones; Ballabona Golf, 511.549, euros; particulares residentes en San Francisco, 300.000 euros; Tisán Sureste, 250.000 euros; Las Cuatro Torres, 230.000 euros; Jarquil, 106.485 euros; Ferrovial, 40.053 euros. Total, 6,2 millones de euros. 

Empresas y cantidades forman parte de una pesada lista de reclamaciones económicas que penden sobre el Ayuntamiento de Huércal Overa y cuyo pago –en algunos casos ya se ha hecho efectivo- sería inmediato, puesto que la orden de abono provendría de los tribunales de justicia. 

A tan oscuro escenario económico se enfrenta hoy el Consistorio huercalense. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y cómo piensa responder el gobierno municipal? 

La noche del 24 de mayo de 2011 trajo una de las sorpresas electorales en la comarca. El hegemónico PSOE, liderado por Luis García Collado, perdía su mayoría. El PP le aventajó en 500 votos. Los populares, con 4.547 papeletas, obtenían 9 concejales, y los socialistas, con 4.057, 8 ediles. El gobierno quedaba en manos de la derecha. 

Domingo Fernández, el nuevo alcalde, revalidaba contra todo pronóstico cuatro años después, en 2015, habida cuenta del obstáculo que suponía el quebranto de su partido tras configurar notables nombres del PP huercalense la candidatura de Ciudadanos. 

Pero aquéllas victorias no han estado exentas de cierto sabor a hiel, dados los problemas económicos que desde entonces han venido emergiendo y que a día de hoy se sustancian en una deuda pendiente con los bancos superior a los 7 millones de euros a los que, dependiendo de varias sentencias pendientes, se sumarían los más de 6’2 millones citados. 

El problema es que algunas de estas sentencias podrían dictarse en cualquier momento –alguna ya se ha formulado en primera instancia y el gobierno estudia recurrirla- y los 6,2 millones habrían de abonarse de inmediato, tan rápido como la parte demandante solicite la ejecución del fallo. 

“En el peor de los escenarios, los huercalenses vamos a tener que pagar más de 6 millones de euros, lo que nos hace retroceder, y mucho, en los avances conseguidos en lo que concierne al saneamiento de las arcas municipales. Para esto nos ha valido tanto esfuerzo”, deplora el regidor Domingo Fernández. 

El temor a que sobre el Ayuntamiento caiga una lluvia de reclamaciones económicas respaldadas por sentencias judiciales “que se derivan de las gestiones anteriores a 2011 hechas por los socialistas”, hizo que en agosto del pasado año el pleno aprobara adherirse al programa ‘Fondo de Impulso Económico’ que promueve el Gobierno de España, a través de cuál se contemplan créditos al cero por ciento de interés para administraciones locales con problemas financieros. 

“Ahora no tenemos esos problemas, pero es muy probable que lleguen y hemos de ser previsores”, señala Fernández. La cantidad que solicitada por el Ayuntamiento y concedida por el Fondo Estatal es de 5 millones. Con ellos se hará frente a las reclamaciones de empresas como Ferrovial, Tisán Sureste, Técnicas Reunidas, Ballabona Golf o Inversiones y Gestiones Huércal Overa SL, del exalcalde Diego Ortega. A Jarquil, ya se le ha pagado. 

Pero vayamos por partes. Ballabona Golf cuenta con una sentencia favorable en primera instancia que obliga al Ayuntamiento a devolver a la mercantil los 500.000 euros que entregó cuando firmó el convenio urbanístico. El compromiso pasaba por incluir en el PGOU una amplia franja del paraje de La Ballabona para construir residenciales y un campo de golf. El acuerdo no fue aceptado por la Junta y la empresa quiere su dinero. El Ayuntamiento estudia si recurrir la sentencia o pagar. 

Un hecho similar se da con Tisán Sureste, propietaria de unos terrenos próximos a la barriada de La Concepción. Tras la firma del convenio urbanístico Tisán entregó a cuenta de la futura recalificación 250.000 euros que ahora exige porque lo suyo también quedó fuera del Plan General. 

Por otro lado, en la pedanía de San Francisco unos particulares han ganado la partida al Ayuntamiento tras demostrar que no se actuó correctamente al incluir sus propiedades en el PGOU como suelo para equipamientos. Resultado: el erario ha de satisfacerles ahora, en ‘cómodas mensualidades’, un total de 300.000 euros. 

Reclamaciones de menor cuantía, pero no por ello menos importantes, tienen presentadas contra el Consistorio Jarquil -106.485,99 euros ya abonados- y Ferrovial -40.053,52 euros-. Ambas empresas hicieron obras de mejora en la Oficina Comarcal de Servicios Sociales y la Oficina Comarcal Agraria. “El visto bueno lo dio el anterior alcalde. Firmó las modificaciones y creyó que las pagaría la Junta, pero la Junta se niega a pagar y el dinero se exige al Ayuntamiento”, refiere el primer edil. 

“Otro de los graves errores cometidos por el anterior gobierno del PSOE fue el intento de expropiación del emblemático edificio de las Cuatro Torres” –añade el alcalde-. Los procedimientos aplicados “no fueron correctos y hemos tenido que pagar 230.000 euros”. 

Y POR LLEGAR… 

No obstante lo anterior, lo peor está por conocerse. O quizá no. Depende de la decisión que tomen los tribunales sobre las reclamaciones millonarias que defienden Técnicas Reunidas y, especialmente, el más temible requerimiento de indemnización, el que promueve Inversiones y Gestiones Huércal Overa SL. 

Técnicas Reunidas aspira, por el concepto de liquidación de contrato, a conseguir del Ayuntamiento una cuantía que ronda el millón y medio de euros. Promotora de la piscina municipal y su área deportiva, y posteriormente responsable de la explotación, “venía requiriendo año a año 1 millón de euros” al Consistorio por pérdidas en sus balances. Los costes de mantenimiento, etc. no llegaban a ser sufragados por las cuotas de los socios que hacían uso de las instalaciones. 

El actual gobierno, al poco de ganar las elecciones en 2011 y previa consulta al Consejo Consultivo de Andalucía, da el no por respuesta y Técnicas Reunidas abandona Huércal Overa. “No le salían las cuentas y se largó corriendo sin cumplir el contrato que firmó con el gobierno del PSOE, que es quien la trajo al pueblo”, recuerda Maribel Sánchez, teniente de alcalde. 

El asunto ‘anda’ todavía por los tribunales y podría salirle muy caro a las arcas públicas, puesto que la ya de por sí importante cifra de 1,5 millones de euros no es más que una estimación que maneja el Ayuntamiento en el caso de que las pretensiones de la mercantil se vean refrendadas por la justicia. 

Y llegamos a la cuestión mayor. La indemnización que demanda la sociedad Inversiones y Gestiones Huércal Overa SL, cuyo principal accionista es el exalcalde Diego Ortega. 

En 2007, la sociedad presentó una reclamación de 2,3 millones por lucro cesante “como consecuencia de la persecución a la que se sometió” a su gerente Diego Ortega, relata Maribel Sánchez. 

La sentencia dictada en 2011 por el juez Jesús Ribera describía una acción premeditada por el Ayuntamiento –entonces dirigido por el PSOE- para impedir la culminación del edificio del antiguo Convento, frente a la Casa Consistorial. Sucesivas paralizaciones basadas en informes municipales que concluían que la obra no respondía con rigurosa exactitud al proyecto –sobrepasaba algunos centímetros la altura prevista-, impidieron la terminación del edificio y la posterior venta de las viviendas. 

El juez dictaminó procedente la reclamación de los 2,3 millones exigidos y añadió los intereses desde 2007. El nuevo gobierno del Partido Popular, tras varias conversaciones con Ortega que parecían conducir al acuerdo de solventar el asunto con 1,1 millones, pero que finalmente no se firmó, optó por recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Si como se presume, el Alto Tribunal ratifica la sentencia el Ayuntamiento deberá desembolsar –con intereses incluidos desde 2007 hasta ahora- una cantidad próxima a los 3,3 millones de euros. 

El PSOE responderá la próxima quincena.