“Los problemas económicos que se ciernen sobre Huércal son consecuencia de la gestión errática del PP”

Antonio López Olmo acusa al equipo del popular Domingo Fernández como responsable de ese previsible agujero en las arcas municipales. Lo achaca a una gestión que califica no sólo de “nefasta” y “errática”, sino de rozar “la ilegalidad”

Antonio López Olmo

Javier Irigaray / 07·04·2016

El alcalde de Huércal Overa lamentaba que “los despropósitos del gobierno socialista van a acabar pasando al pueblo una alta factura”. 6,2 millones de euros, para ser precisos. Sin embargo, desde el PSOE, Antonio López Olmo acusa al equipo del popular Domingo Fernández como responsable de ese previsible agujero en las arcas municipales. Lo achaca a una gestión que califica no sólo de “nefasta” y “errática”, sino de rozar “la ilegalidad”.

 El gobierno de Huércal Overa espera un aluvión de sentencias correspondientes a actuaciones que tuvieron su origen bajo el mandato del socialista Luis García Collado. Ya han empezado a llegar. La última en hacerlo obliga al Ayuntamiento que preside el popular Domingo Fernández a devolver 511.549 euros a la mercantil Ballabona Golf por la entrega efectuada a cuenta del convenio que debía haber hecho posible un campo de golf rodeado de viviendas en el paraje huercalense del mismo nombre. Esta es, según el actual alcalde, una muestra de un rosario que sumará la cantidad de 6,2 millones de euros para las magras costillas de las arcas locales y para lo que el Consistorio ya se ha prevenido adhiriéndose al denominado ‘Fondo de Impulso Económico’, promovido por el Gobierno de España para administraciones locales con problemas financieros, y que consiste en una suerte de ‘póliza’ de préstamo al 0% de interés.

Como acostumbra a suceder en la vida, detrás de todo presunto desaguisado siempre existe, también presuntamente, un responsable. Y como suele ocurrir, éste cambia de nombre y apellidos en función de quién sea el interpelado.

Así, recordará el lector que desde el PP no dudaban en señalar como causante de tamaño estropicio a la gestión llevada a cabo por los anteriores munícipes socialistas.

¿Y qué alega el PSOE huercalense? Pues su portavoz, Antonio López Olmo, que participara, además, en los equipos de gobierno de Luis García Collado, habla de “gestión nefasta y errática”, pero con apellido ‘popular’.

El edil socialista pormenoriza en esta información todos los casos mencionados por el actual regidor huercalense, y da su versión de lo acontecido en cada uno de ellos. Cualquier parecido entre ambas versiones será, como en ciertas películas, mera coincidencia.

Inversiones y Gestiones Huércal Overa

Afirmaba el actual equipo de gobierno que la sociedad del exalcalde Diego Ortega es acreedora, según sentencia dictada en 2011 por el juez Jesús Rivera, de una indemnización de 2,3 millones de euros por lucro cesante “como consecuencia de la persecución a la que se sometió” a su gerente, el mencionado Diego Ortega.

El motivo fue impedir la culminación del edificio del antiguo Convento, frente a la Casa Consistorial, mediante sucesivas paralizaciones basadas en informes municipales que concluían que la obra no respondía con rigurosa exactitud al proyecto, lo que imposibilitó la terminación del edificio y la posterior venta de las viviendas. El fallo está recurrido y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictamine en firme.

Pues bien, el relato de López Olmo desvela que “tres informes de arquitectos reflejaron un exceso de altura de 90 cms. en la parte posterior del edificio. Eso suponía un exceso de edificabilidad equivalente a 3 apartamentos, así que tuvimos que abrir un expediente de disciplina urbanística”.

El expediente llegó a los tribunales de los contencioso administrativo y, allí, “el juez de primera instancia dijo que tirar [dicho exceso] supondría un gasto mayor y abrió la puerta a su legalización mediante un procedimiento que debía iniciar Diego Ortega con la petición de una licencia, algo que no llegó a hacer”, declara el concejal socialista. “Nosotros –abunda- paralizamos la obra porque era necesario regularizarla conforme al ordenamiento”. Sin embargo, Diego Ortega recurrió a los tribunales y “el juez Rivera dictó una sentencia que, por primera vez, concede una licencia de obras con un exceso de edificabilidad”, aunque “he de reconocer que el fallo fue fruto de un error cometido por los abogados que nombramos nosotros en su día”.

El socialista aprovechó para recordar que la decisión de paralizar fue tomada por la Comisión de Gobierno “con un voto particular mío que proponía que la paralización únicamente afectara a la porción de obra en la que se localizaba el exceso de altura”.

Pese a que la sentencia del magistrado Rivera se extiende describiendo cómo el gobierno socialista “empestiñó” (acorralar, no dejar escapar) a Diego Ortega, Olmo niega que hubiera persecución política “por mucho que lo diga el juez”.

Si el TSJA da la razón al exalcalde, el Ayuntamiento tendría que indemnizarle con unos 3,4 millones de euros, resultado del principal, 2,3 millones, más los intereses desde 2007.

Técnicas Reunidas

La empresa promotora y adjudicataria de la gestión de la piscina municipal y el área deportiva complementaria exigía cada año un millón de euros al Ayuntamiento según los populares. El motivo era cubrir los costes de mantenimiento del servicio, lo que no conseguía con las cuotas aportadas por el exiguo número de socios que usaban la instalación. “A Técnicas Reunidas no le salían las cuentas y se largó corriendo sin cumplir el contrato”, aducía a finales del pasado año la teniente de alcalde Maribel Sánchez. 

Pero la versión socialista es bien diferente. “El gobierno popular –afirma López Olmo- se negó a reunirse con la empresa, como hacíamos nosotros, que llegábamos a acuerdos y conseguíamos que la piscina continuara abierta”.

“La Junta, Técnicas Reunidas y nosotros, como gobierno municipal, logramos –recuerda el edil del PSOE- que Huércal Overa contara con la mejor piscina de Andalucía, pero la nefasta gestión del PP forzó el cierre de sus puertas y abocó al Ayuntamiento al proceso judicial en que está inmerso”.

“Todos los gastos de la piscina –añadió- corrían por cuenta de la empresa adjudicataria, siempre y cuando se mantuvieran las condiciones de la adjudicación y el número de usuarios fuera el previsto. Hoy, la piscina funciona, pero con cuantiosos gastos para el Ayuntamiento”.

En relación a este extremo, el concejal de la oposición admitió no disponer de los datos, pero aseguró “que ahora el servicio no le cuesta menos a los huercalenses y me extraña que la empresa hubiera emprendido un cambio de actitud tan radical como la conducta que manifiesta el actual equipo de gobierno, ni me consta que le haya exigido ninguna aportación al Ayuntamiento ni que haya facturado, tampoco, ningún servicio fuera de lo estipulado en el contrato”.

Admite el portavoz socialista que la entrada a la piscina es ahora “muy asequible”, si bien “el servicio está costando entre 300.000 y 500.000 euros a los huercalenses”.

Al socialista no le consta ningún incumplimiento del contrato por parte de la empresa, y de existir “se habrá producido durante el gobierno del PP”.

Técnicas Reunidas reclama en vía judicial una fuerte indemnización que podría rondar el millón y medio de euros.

Ballabona Golf

El proyecto consistía en construir sobre 3.000 Has de terrenos de cultivo un campo de golf y viviendas, “como en su día hizo Desert Spring en La Algarrobina, y otras empresas en lugares diversos de la comarca”, explica López Olmo.

Tras la firma del convenio, la promotora entregó 511.549 euros a cuenta pero, según el actual equipo de gobierno, la Junta no aceptó la recalificación prevista en el convenio y la empresa exigió la devolución del dinero anticipado.

Mas para López Olmo, cuando Luis García Collado entregó el bastón de mando, estaba todo prácticamente listo: “quedaba únicamente adaptar el convenio a la nueva normativa que exigía la Ley de Campos de Golf que se estaba redactando entonces y entraría en vigor a finales de 2011. El campo de golf ya estaba aprobado en marzo de ese año y contaba con todos los parabienes de las distintas administraciones, sólo estaba pendiente decidir la edificabilidad que habría que asignarse al suelo. Eran 6 millones de euros de ingresos para el Ayuntamiento sólo por la licencia de obras. El PSOE perdió las elecciones en mayo de 2011 y ya no se produjo ninguna reunión más para facilitar el desarrollo del proyecto. Ignoro si la empresa se dirigió a la Junta o al Ayuntamiento, pero sí puedo decir que el equipo de gobierno del PP no hizo ninguna gestión al respecto”.

La exigencia de devolución de los 511.549 euros que la mercantil entregó a cuenta y ahora quiere recuperar llega respaldada por una sentencia judicial firme.

Tisán Sureste

Se trata de un caso similar al anterior. Al quedar los terrenos que Tisán posee en la pedanía de La Concepción fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la empresa reclama los 250.000 euros que entregó a cuenta de la recalificación.

“Esta parcela –aclaraba el representante de los socialistas huercalenses- estaba situada junto a la de Ballabona Golf y la LOUA impedía su desarrollo en idénticas condiciones, pero llegamos a un acuerdo con la sociedad para dedicarla al sector terciario, es decir, al desarrollo de actividades económicas relacionadas con los servicios, fundamentalmente con los relacionados con el ocio y el turismo, algo posible gracias a su situación junto a la A-7. A partir de ahí, no nos consta que el actual equipo de gobierno haya realizado ninguna gestión”.

Señala López Olmo que “cuando nosotros dejamos de gobernar, sólo faltaba adaptar el convenio al POTALA. De haberse hecho las gestiones oportunas, hoy sería una realidad y habría generado ingresos para Huércal Overa, pero los del PP parecen reacios a desplazarse a Sevilla para defender los asuntos de los huercalenses. Se han instalado en un estado de dejación total y absoluta”.

Ferrovial

La constructora acometió unas obras de mejora en el edificio que alberga la Oficina Comarcal de Servicios Sociales, financiadas por la Diputación. Las modificaciones fuera de proyecto que posteriormente se aprobaron importaron 40.053,52 euros que, según el concejal López Olmo, “correspondían a peticiones realizadas por la propia Diputación y obligaron a parar las obras durante dos meses. El deuda, por tanto, no es del Ayuntamiento, sino de la Diputación”. En este extremo coinciden populares y socialistas, pero los del PP recuerdan que tales modificaciones fueron firmadas por el entonces alcalde socialista Luis García Collado, lo que supone que Ferrovial exija los dineros al Consistorio.

Jarquil

Este caso tiene que ver con la actual sede de la Oficina Comarcal Agraria. “Las modificaciones u obras complementarias ajenas al proyecto original –explica el representante socialista- contaban con el visto bueno del delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía y suponían una nueva distribución de los despachos. La aportación de los fondos, 106.485,99 euros, debió correr a cargo de la Junta. La persona que autorizó su pago en el Ayuntamiento tendrá que explicar por qué no abonaron estos modificados la Diputación, en el caso ‘Ferrovial’, y la Junta en éste”.

Las Cuatro Torres

Y de nuevo otra sentencia indemnizatoria para una empresa del exalcalde Diego Ortega. López Olmo reconoce que “pudo llegarse a un acuerdo con Ortega, pero eso no ocurrió por discrepancias relativas a los diferentes criterios entre promotor y Ayuntamiento sobre los aprovechamientos del edificio”.

“Se trata de una construcción emblemática de Huércal Overa –arguye el socialista- y el Consistorio decidió intervenir porque amenazaba ruina. Comenzamos el procedimiento de expropiación atendiendo al interés general. El Consejo Consultivo de Andalucía respaldó nuestra decisión y dio por bueno el justiprecio que los técnicos habían estimado, pero desde la Secretaría del Consistorio se erró en el procedimiento a seguir, lo que dio lugar a su nulidad”.

En eso, al menos, López Olmo coincide con el alcalde actual, quien también sostiene que los procedimientos aplicados por los socialistas “no fueron correctos”. El resultado es que Las Cuatro Torres siguen en manos de particulares y de las arcas públicas han salido 230.000 euros para indemnizar los daños causados.

Conclusión

A modo de resumen, Antonio López Olmo afirma que “independientemente de las sentencias, los problemas que se ciernen sobre Huércal Overa son consecuencia de la gestión errática del gobierno popular, que roza la ilegalidad”.

“En el apartado de los convenios –añade- han sido incapaces de dar el último empujón. Tienen muchos asuntos pendientes que no se solucionan por su forma de actuar.

Es el momento de dejar de llorar y empezar a trabajar por Huércal Overa. Se limitan a huir hacia adelante acusando a la oposición de matar a Manolete en una maniobra de pura distracción”