Ayuntamientos de Galasa

ADOLFO PÉREZ

21·06·2016

Como la intención de este artículo es escribir sobre algunos aspectos de la relación que mantienen con Galasa los ayuntamientos que forman parte de ella, no se piense que mi propósito sea sentar cátedra sobre las dificultades por las que atraviesa la empresa, se trata más bien de mi aportación en su defensa. Son reflexiones de un conocedor de la vida municipal, durante muchos años alcalde de Garrucha y miembro fundador de Galasa. 

Mi objetivo es que tales reflexiones lleguen hasta los responsables municipales, con el deseo de que les sirvan cuando encaren los problemas que se ciernen sobre la empresa del agua. 

Es ocioso recordarle a los alcaldes del Levante el problema que representa la escasez de agua en la comarca, hasta el punto de abastecernos con la desalada del mar. En tiempos anteriores al año 1993 los alcaldes de entonces, entre ellos el que suscribe, sabemos lo que significaba la escasez de agua para abastecer a la población. Los resignados alcaldes, ante la penuria de agua nos hacíamos de ella como podíamos, de pozos por allí y pozos por acá (en Garrucha nos abastecíamos en 1992 y 1993 con el agua de un pozo del río Aguas no apta para todos los usos domésticos). Y ése era el panorama cuando en el año 1988 el presidente de la Diputación Provincial, Tomás Azorín (socialista), nos propuso a los doce municipios de la comarca del Levante la creación de Galasa con el fin de acabar con la carencia del agua a domicilio. Se trataba de una de las mejores iniciativas llevadas a cabo en nuestra provincia. 

Ni que decir tiene que los doce municipios nos sumamos con entusiasmo a tal iniciativa, que nos liberaba de tan enojoso problema. Al comienzo de 1989 se celebraron los plenos municipales de adhesión a Galasa, aprobando todos -sin reparo alguno- sus estatutos, lo contrario de lo que ahora sucede. Todos nos adherimos entonces gustosamente al proyecto, máxime cuando se trataba de un servicio tan básico que no podíamos prestar debido a que carecíamos de la capacidad de llevarlo a cabo. Aclaro que once de los doce municipios que fundaron Galasa estaban gobernados por el PSOE. O sea, todo en Galasa era PSOE: Diputación y ayuntamientos, menos yo que era independiente. Siendo así, no se comprende que ahora los ayuntamientos socialistas de la empresa se hayan puesto estupendos con el tema de la autonomía municipal, que no deja de ser una simpleza; más bien se trata de ponerle palos a la rueda del PP puesto que la autonomía municipal no ha sufrido menoscabo alguno. 

Galasa comenzó a funcionar en 1993 y poco después apareció la Coordinadora, de infeliz recuerdo, con la historia de las tarifas altas, a la vez que cuestionaban la calidad del agua. Su ofensiva duró hasta las elecciones locales de 1995, en las que se llevó por delante a algún alcalde (no es mi caso), que era de lo que se trataba. Como es bien sabido, en todo momento me mantuve al lado de Tomás Azorín porque era lo leal y razonable. 

A partir de entonces, y durante un tiempo, Galasa marchó a velocidad de crucero, pero cuando en la Diputación y los ayuntamientos se alternaron los gobiernos de otro signo político comenzó una lucha sorda entre populares y socialistas por la gestión de la empresa, dando lugar a que año tras año la situación se haya ido deteriorando hasta llegar al pésimo estado actual, agravado aún más con la entrada en Galasa de bastantes municipios del Valle del Almanzora cuyos ayuntamientos han suscrito con la empresa contratos que casi no se cumplen. Se da el caso de pueblos de esa comarca donde apenas se cobra el agua o tienen tarifas irrisorias, y eso se debe a una política de bajo nivel, la del populismo, donde ha primado más la política electoral que la buena gestión empresarial. 

Hemos visto manifestaciones de vecinos con pancartas y dando gritos carentes de sentido, tales como “el agua es del pueblo, no de Galasa”, con la exigencia de unas tarifas a precio de saldo. No hace al caso tratar sobre la propiedad del agua, pero lo que no admite discusión es que para ponerla en el grifo de los usuarios tiene su coste (energía, desalación, depuración, productos químicos, conducción, averías, nóminas, vehículos, gastos de funcionamiento, etc.). Coste que ha de pagarse, y que guste o no ha de repercutir realmente en las tarifas de consumo, y no hay otra. Pero lo que no puede ser es pretender que el agua siga saliendo por los grifos haciendo caso omiso del coste y del problema empresarial generado, causa directa de los más de 37 millones de euros que se adeudan, sin que se sepa cuál será el límite. Se trata de un grave problema generado por los que están obligados a cumplir con su deber y no lo hacen, bien por ideas políticas o por conseguir el voto de los incautos; son los palos en la rueda. En vez de actuar así, por acción u omisión, todos esperamos que los políticos responsables de Galasa se obliguen lealmente a reflotarla sin hipotecas políticas. 

Ahora, según creo el problema inmediato consiste en la reforma de los estatutos de la empresa para adecuarlos a la legislación vigente, en especial a la ley andaluza de la autonomía municipal. Y en esta ley es donde surge el obstáculo a salvar, pues según parece los alcaldes socialistas andan agitados por el tema de la autonomía municipal (lo que más bien parece una broma), y no están por la labor de facilitar las cosas a pesar de contar con informes jurídicos que avalan la modificación propuesta por la Diputación. Sin embargo, en el año 1989 los doce ayuntamientos (once socialistas) aprobamos los estatutos de Galasa sin que ninguno de los doce les pusiera objeción alguna. Si en 1989 no hubo problemas, ¿por qué los hay ahora? Habrá que sospechar, con fundamento, que se trata de dificultar la gestión de la Diputación, hoy gobernada por el PP. Es evidente, pues, que la Diputación con su 51% de las acciones no puede aprobar unos estatutos sin el consenso con los ayuntamientos, o sea, estamos ante una inadmisible política de bloqueo de bajo vuelo. 

Pero con una deuda de esa magnitud y las decisiones empresariales en manos de políticos de uno y otro lado, siempre en guerra sin cuartel, es imposible que Galasa salga adelante. Sin embargo, no queda más remedio que seguir abasteciendo de agua a la población, razón por la que no veo mejor solución que privatizar la empresa, dándole una solución razonable al pago de la deuda. De ese modo la gestión se llevaría por cauces estrictamente empresariales, donde todo el mundo pagara lo que de verdad vale el abastecimiento, y sin interferencias de los políticos de turno. Con la privatización se pondría fin al debate político sobre el servicio municipal del agua, de forma que los alcaldes se liberarían de las tensiones que se produjeran. 

En cuanto a la deuda preciso será refinanciarla para intentar conseguir una rebaja en su cuantía e intereses, además de alargar el plazo de liquidación, Una vez determinada la deuda que corresponde a cada municipio sería preciso aplicar en el recibo de los usuarios una cuota de amortización a largo plazo lo menos gravosa posible, junto con la posibilidad de que los ayuntamientos aporten de su presupuesto la cantidad que estimen conveniente. 

Tanto para acordar la privatización de Galasa como la forma de liquidación de la deuda es deseable que en los ayuntamientos se alcance el consenso entre las fuerzas políticas que forman la corporación municipal, ya que se trata de asuntos donde conviene que así sea pues son asuntos que exceden del debate político ordinario. 

Guste o no es muy posible que la privatización sea el final. Y si ésa no es la solución de Galasa, ¿qué otra cabe cuando no se vislumbra un cambio de las circunstancias que la rodean? No obstante, si alguien conoce la fórmula para que la empresa marche como debe que lo exponga; siempre que prime la buena gestión, sin interferencias políticas, donde todos paguen las tarifas reales y se amortice la deuda. Ya que abandonar Galasa, dejarla caer, además de demencial sería una deslealtad a una gran obra. Pensar en poner rumbo a lo desconocido con una población detrás a la que abastecer de agua sería de una enorme temeridad. Hay que tener presente que la población que elige a sus gobernantes exige de ellos que estén a la altura de las circunstancias, que resuelvan los problemas con talento y sentido común.