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Las Normas Subsidiarias y la playa

CLEMENTE FLORES MONTOYA 

07·07·2016

En un país donde, la sanidad no es salud sino gastos, y la enseñanza no es sabiduría sino presupuestos, las playas no podían aspirar a ser ecosistemas sostenibles sino solamente a convertirse en solares para negocios. 

Mojácar hoy, cuando se cumple algo más de medio siglo de la llegada de los primeros turistas, vive casi exclusivamente del turismo. Esos primeros turistas que llegaron decidieron quedarse porque encontraron un paraíso perdido y un remanso de tranquilidad en un rincón exótico de la costa mediterránea. Hoy Mojácar ofrece fundamentalmente un turismo de “sol y playa” a miles de visitantes, algunos interesados en conocer cómo era esa Mojácar de hace medio siglo y otros ‘aves nocturnas’ que afluyen en manada para hacer botellón. Unos y otros ocupan la mayor parte del tiempo tomando el sol en la playa. (En la entrega Nº 2 de esta serie ya hicimos algunas referencias al tema de las playas que hoy ampliamos). 

En la evolución económica del municipio, la playa ha pasado a ser un recurso fundamental que se ha ido adaptando a los nuevos usos a base de iniciativas tomadas sobre la marcha. Con el tiempo, la playa ha ido transformándose desde su situación de partida en un recurso escaso y no renovable al que se le demandan nuevos usos. 

Por su entidad, en cualquier estudio sobre el planeamiento y el desarrollo urbano de Mojácar, es indispensable conocer la historia de la evolución de la playa que ha sufrido un proceso de privatización continuado plagado, como toda historia, de vaivenes, marejadas y calmas chichas. 

El mar y sus playas a lo largo de la historia, han jugado papeles muy distintos en la vida de cada generación. Las playas han sido consideradas en todas las culturas un patrimonio común y como tal es una figura jurídica que ya contemplaba el derecho romano que Alfonso X el Sabio recogió en Las Partidas. 

En épocas más próximas, a partir de 1488, cuando fueron conquistados los pueblos del levante almeriense por las tropas cristianas de los Reyes Católicos, se desató una ansiedad persistente por delimitar los pueblos buscando concretar los pastos comunales para “alquilar” a ganados trashumantes. 

En sus litigios con Vera, casi nunca pacíficos, los mojaqueros por medio de su alcalde Rodrigo de Carrión, aceptaron en 1517 dejar en común una extensa franja de terreno, lindante con el mar, que recorría el municipio de Mojácar de norte a sur, para que por ella pudiesen circular pastando los ganados hasta llegar a Almería. Esta franja común que iría de mojón en mojón pasando por delante de Cueva Negra, fue un acuerdo refrendado por el concejo el día 27 de enero de 1517. Este acuerdo nunca se discutió, anuló o derogó. Y coincidió en que a partir de esa época el mar y la costa se volvieron peligrosos debido al posible ataque y saqueo de los piratas turcos y norteafricanos, que apresaban y esclavizaban a los rehenes prisioneros exigiendo altos rescates por ellos. Casi trescientos años convivieron los mojaqueros con esta amenaza, hasta que Jorge Juan firmó un tratado con el marroquí Sidi Ahmet el Gacel en 1767. Por eso no existían pueblos junto a la orilla del mar, sino al interior, como Mojácar, Vera o Níjar. 

Las playas eran lugares donde a veces se escondían los piratas para llevar a cabo sus asaltos y por eso se consideraban lugares peligrosos para transitar o permanecer. Los terrenos cercanos al mar, salvo en contados casos, no se cultivaban ni nadie se preocupó por reclamar ninguna propiedad sobre ellos. El siglo XIX, con el crecimiento de la población y la desaparición de la piratería, se intensificó la pesca y, aunque no había puerto ni refugio alguno para barcos, se formó en Mojácar un “barrio de pescadores”. 

Cuando después de la guerra civil los pescadores mojaqueros que solían varar sus barcas en la arena de la playa, fueron abandonando el pueblo para vivir en los asentamientos cercanos, la playa fue quedándose solitaria bajo la vigilancia de un par de puestos de carabineros que visitaban el pueblo algún domingo que subían a misa. 

El pueblo vivía de espaldas a la costa y los mojaqueros sólo bajaban a la playa en romería pagana por San Pedro y Santiago. En esos días muchas familias acudían en grupos con sus asnos y mulos cargados con bártulos y comidas a pasar el día hasta que cayera la tarde. Durante el verano algunos grupos de jóvenes bajaban del pueblo para “mocear” las tardes de domingos y fiestas, y los niños buscaban para jugar las tueras, con aspecto de sandía y tamaño de una naranja, que eran los frutos de una planta rastrera, la Citrullus colocyntis, que se encontraba en los terrenos donde la arena de la playa se mezclaba con la tierra. 

Sobre el año 1953, bajo la dirección del ingeniero José María Gil Egea, que actualmente vive en Madrid, se construyó la “carretera” de Garrucha a Carboneras, que al llegar a Macenas abandonó el antiguo camino de la costa para cruzar por el Sopalmo. 

Para los nativos, la playa era un lugar inútil porque a nadie se le ocurría tomar el sol en un tiempo en que las mujeres, siguiendo la moda, se tapaban la cara para no ponerse morenas, conservando la tez blanca, además, como signo de distinción social. 

La mayor parte de los hombres nunca habían aprendido a nadar y los que lo habían hecho, en general habían aprendido de niños, bañándose furtivamente en alguna balsa para riegos. 

Los terrenos lindantes con las playas, como hemos dicho, tampoco tenían valor agrícola debido en parte a su propia naturaleza, a la ausencia de suelo porque no habían sido cultivadas y a la mala influencia de la brisa salina. 

Cuando los turistas llegaron a Mojácar y pensaron en vivir junto al mar, sólo tuvieron que elegir el sitio porque, la playa era para los mojaqueros una zona marginal sin interés sobre la que nadie, pese al cuento de la existencia de escrituras sobre terrenos que “lindaban con Orán, mar por medio”, tenía reconocidos derechos de propiedad. 

El turismo puso en valor las playas y antes de descubrir los ecosistemas costeros, los mojaqueros aprendieron que las playas podían transformarse en solares. Su privatización, que comenzó entonces, es una labor ininterrumpida que llega hasta hoy. Los linderos y mojones que separan en la costa lo público de lo privado, se mueven sobre la playa como se mueven las arenas de las dunas cuando arrecia un fuerte viento. 

Antes de que llegara la Ley de Costas, en 1963 se realizó, en Mojácar, un deslinde de la zona marítimo-terrestre bastante benévolo con lo que se había construido, y en 1966 se redactó el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias, grafiándose el plano de la Colada de Vera que corría por la costa de Mojácar. 



1969 Ley de Costas 



En 1969 se aprueba la primera Ley de Costas en España. Hasta ese momento en el país existían más de un centenar de leyes en vigor, dispersas y fragmentadas, de las que al menos una docena estaban en franca contradicción. En su cumplimiento estaban implicados al menos seis ministerios. La Ley hacía una definición “subjetiva” de dominio público, porque las playas estaban formadas por “pedregales con superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica” y la zona marítimo-terrestre llegaba “hasta donde sean sensibles las mareas, o las mayores olas en los temporales ordinarios”. 

Era una definición subjetiva. ¿Quién puede definir exacta y objetivamente “los temporales ordinarios” o las cualidades de una vegetación “escasa o característica? 

Aunque la Ley reconocía la existencia de terrenos de propiedad particular enclavados en las playas, les sometía a diversas servidumbres (de salvamento 20 metros, de vigilancia 6 metros, y de paso para acceso a las playas, lo necesario). 

En el caso de Mojácar, la ley no vino a cambiar nada, ni mucho menos suponía un problema porque a nadie le interesaba que se cumpliese. 

La siguiente Ley de Costas no llegaría hasta 1988 fundamentándose en el artículo 132.2 de la Constitución, cuando ya las Normas Subsidiarias de Mojácar estaban aprobadas. 

¿Qué consideración se hizo de las playas en las Normas Subsidiarias? De entrada se habían olvidado de ellas, aunque la Comisión Provincial, en su aprobación de 29-5-1987, recogió en la resolución 5ª: “En los Planes pertinentes de las Normas se reflejará el deslinde de la zona de dominio público marítimo, declarando fuera de ordenación los edificios que existan fuera de la misma cualquiera que sea su uso o finalidad, con las salvedades y a resulta del desarrollo del Plan Especial de la Zona costera”. 

Ni que decir tiene que esta resolución ha sido, después, interpretada y cumplida de forma dispar, interesada y antojadiza, que se ha construido cuanto se ha querido en la zona de dominio público y que el Plan Especial de la Zona Costera no se llevó a cabo. 

Nadie debería llamarse a engaño con la resolución de la Comisión que, a nuestro juicio, era sólo una cortina de humo ya que el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Almería señalaba que el planeamiento urbanístico debería “garantizar la existencia de espacios libres suficientes entre las zonas susceptibles de ser urbanizadas y el dominio público marítimo, delimitando una franja de protección de la anchura que resulte necesario y en ningún caso inferior a 50 metros. Hasta tanto no se haya realizado esta delimitación, se establece una franja de protección de 100 metros contados a partir de la línea exterior de la zona marítimo terrestre”. 

Hoy serían impagables las ventajas obtenidas si se hubiera redactado el Plan Especial de la Zona Costera, o si se hubieran incorporado y recogido en las Normas Subsidiarias el contenido normativo del Plan Especial de Protección del Medio Físico sobre zonas de estacionamiento de vehículos en el litoral o sobre autorizaciones de vertidos en el mar. 

Cuando ahora tengo delante el Decreto-ley 5/2012 de medidas urgentes en materia de urbanística (a buena hora mangas verdes) y para protección del litoral de Andalucía, y leo en su preámbulo “que el progresivo proceso de ocupación del suelo por la urbanización, las infraestructuras y las actividades económicas han conllevado, en algunos casos, la pérdida de ecosistemas valiosos, el deterioro del paisaje y el incremento de la carga contaminante vertido al litoral…”, y luego contemplo los casos recogidos concretamente sobre Mojácar, puedo mentalmente recitar una larga lista de mamarrachos irresponsables que han circulado por la política. 

Con el silencio y la omisión, una vez más, un velo de impunidad vino a proteger a los ventajistas que “funcionan” al margen de la ley. Pasado el tiempo en un país donde, la sanidad no es salud sino gastos, y la enseñanza no es sabiduría sino presupuestos, las playas no podían aspirar a ser ecosistemas sostenibles, sino solamente a convertirse en solares para negocios.

Nota: El Plan Especial de Protección sigue vigente en la actualidad. (BOJA nº50 de 12-3- 2007).


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