“La Junta dio su visto bueno al proyecto de expropiaciones que le presentó ADIF”

La senadora popular Maribel Sánchez acusa a la administración autonómica de haber exigido la adopción de las medidas compensatorias que justifican esas expropiaciones, haber dado su visto bueno a las que se están realizando y rechazar las alternativas propuestas por los afectados

16 de septiembre de 2016. Representantes del PP de Almería reunidos con responsables del Ministerio de Fomento y ADIF. Maribel Sánchez, primera por la izquierda.

 Miguel Ángel Sánchez / 18·10·2016

Mientras la Junta de Andalucía niega su competencia y responsabiliza a ADIF y al Ministerio de Fomento de las expropiaciones que han emprendido para una reserva en Los Lobos que compense el hábitat perdido por la tortuga mora con motivo de las obras del AVE Murcia-Almería, la senadora popular acusa a la administración autonómica de haber exigido la adopción de las medidas compensatorias que justifican esas expropiaciones, de haber dado su visto bueno a las que se están realizando y de rechazar las alternativas propuestas por los afectados “sin tomarse la molestia de examinarlas a fondo”.

- El Ministerio de Fomento ha levantado las actas de expropiación para una zona compensatoria del hábitat que se ha desprovisto a la tortuga mora con motivo de las obras del AVE y lo que ha conseguido levantar ha sido a todo un pueblo.

- La verdad es que nos pilló a todos por sorpresa que no estuviera ya resuelto este asunto. Desde que supe que se estaba trabajando en las actas de expropiación he estado en contacto permanente con el Ministerio de Fomento y con ADIF. Ayer [martes 20 de septiembre], el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció que el 30 de septiembre vendrá a Almería el secretario general de infraestructuras, Manuel Niño, acompañado por responsables de ADIF, para mantener una reunión con el alcalde de Cuevas del Almanzora, representantes de los demás grupos municipales y, por supuesto, de los afectados para escuchar sus problemas. El Gobierno de España es consciente del drama que están viviendo esas familias y, por eso, quiere acercarse y hablar con ellos en vez de obligarles a desplazarse a Madrid. El objetivo es buscar entre todos la solución más acertada y aceptada.

- Que bajen hasta aquí es un gesto pero ¿cómo es posible que después de la reunión celebrada hace un año en Madrid, de la que tan satisfechos volvieron el entonces alcalde y diputado Jesús Caicedo y los representantes de los afectados, nos hayamos encontrado de sopetón con que todo sigue igual o peor?

- Somos conscientes de que aquí ha pasado algo y por eso estamos muy preocupados. El pasado 16 de septiembre nos reunimos el diputado Juan José Matarí y yo con ADIF y con el Ministerio de Fomento, acompañados por nuestro secretario general de Almería, Javier Aureliano García. Estuvimos con el secretario de Estado, Julio Gómez Pomar, y con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño. Les trasmitimos nuestra preocupación y les hicimos ver la necesidad de una solución que minimice los perjuicios que puedan generar las expropiaciones que, por otra parte, son necesarias para el comienzo de las obras del AVE. Notamos que fueron sensibles al problema. El Ministerio se ha comprometido a tener en cuenta las alegaciones presentadas. Se ha comprometido a estudiarlas, pero exigimos también que la Junta de Andalucía esté presente en ese estudio. Reclamamos su presencia porque, al fin y al cabo, como máxima autoridad medioambiental, es quien tiene que dar en última instancia el visto bueno al proyecto. Aquí hemos pecado todos, si no las circunstancias serían otras, pero lo que todo el mundo ha de tener muy claro es que hoy se está hablando de expropiaciones porque la Junta de Andalucía exigió al Ministerio y a ADIF un proyecto de medidas compensatorias para la defensa de lo que sea. Se habla de la tortuga mora, pero el animal no va a estar en una zona vallada, va a vivir en libertad, sin embargo, como la administración autonómica exigió al Ministerio y a ADIF este proyecto, hay que proteger unos terrenos. Es el motivo de las expropiaciones. Ese es el punto uno.

El punto dos consiste en que si este proyecto está en marcha hoy es porque la Junta, como máxima autoridad en materia medioambiental en la Comunidad Autónoma, es la que otorgó en su día el visto bueno definitivo al proyecto que le presentó ADIF. Pudo haber dicho que no, pero no lo hizo. El año pasado hubo muchas reuniones en Madrid, entre ellas una muy importante con su acta firmada por todos los asistentes. Se celebró el 29 de octubre de 2015 en la delegación provincial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asistieron muchos representantes de la Consejería y el director de las obras del tramo Pulpí-Cuevas del Almanzora como responsable de ADIF. Esa acta firmada por los enviados de la Consejería dice textualmente que “ADIF-Alta Velocidad informa sobre las nuevas propuestas de ubicaciones recibidas por parte de plataformas sociales, Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y particulares”. Es decir, el 29 de octubre pasado ADIF informó a la Junta sobre las alternativas propuestas por los afectados y por el Ayuntamiento y así lo firmaron sus representantes.

El acta continúa diciendo que “según la opinión de la Consejería de Medio Ambiente, a priori, las alternativas de los afectados, por sí solas, no se ajustarían a lo requerido en la declaración de impacto ambiental”. O sea, que sin tomarse la molestia de examinarlas a fondo, decidieron que no les valían las propuestas de los vecinos. No se trata de buscar culpables, pero estamos viendo quién ha metido la pata en muchas ocasiones aunque ahora anda dándose golpes de pecho culpando al Ministerio.

- Entonces, según usted, todos tienen algo de responsabilidad pero la Junta la tendría especialmente.

- Sí, la Junta es la máxima autoridad en materia de Medio Ambiente, dio el visto bueno al proyecto de expropiación que se está llevando a cabo y firmaron en un acta que ‘a priori’ no les valían las propuestas de los vecinos que ADIF puso encima de la mesa el año pasado. Hay que ser consecuentes. Nosotros nos estamos moviendo para que los vecinos de Los Lobos y Guazamara puedan dormir tranquilos, porque nos consta que han perdido el sueño por un proyecto que tenemos que conseguir les perjudique lo menos posible. Esa zona, además, cuenta ya con muchísimos terrenos catalogados como Lugares de Interés Comunitario (LIC), pero ahora resulta que a la autoridad medioambiental no les parecen suficientes y hay que proteger más territorio. Por eso exigimos que la Junta de Andalucía esté presente en los levantamientos de las actas de expropiación, que dé la cara a los vecinos, no se eche a un lado, y junto al Ministerio y a ADIF respondan a esas alegaciones. La Junta no puede eludir su parte de responsabilidad. Tendrá que asumirla, pues ha sido quien, como máxima e indiscutible autoridad ambiental, ha exigido que deba haber más zona protegida precisamente aquí, en Los Lobos y, por otra parte, si tan solidaria es con los vecinos ¿por qué dio su visto bueno a la expropiación de esos terrenos? ¿Por qué rechazaron las propuestas de los vecinos el pasado 29 de octubre? No pueden decir que no lo hicieron. Firmaron el acta.

- El doctor Andrés Jiménez, profesor de biología de la Universidad de Elche y autor del estudio original elaborado hace una década, visitó el área afectada a mediados de septiembre pasado y dijo que el paisaje actual no se parecía en nada al que había cuando realizó su informe.

- Es importantísimo que el informe que entregue ahora refleje lo que ha dicho tras su visita y que todas las alegaciones que aporten los vecinos lo incluyan entre su documentación. Debe ser un profesional contrastado quien sugiera dónde debe localizarse la reserva.

- ¿Entonces, se va a sentar alguien de la Junta con ADIF y el Ministerio de Fomento para determinar la ubicación definitiva de los terrenos a expropiar?

- También tengo una carta de ADIF al director general de Medio Rural y Espacios Naturales de la Junta de Andalucía del pasado 8 de febrero, donde le dice que el proyecto se encuentra en trámite de información pública, que se han recibido una serie de alegaciones que podrían aportar posibilidades de mejora al proyecto y, por ello, se han incorporado y esperan la designación de un interlocutor por parte de la Junta para ver qué solución adoptan entre las dos administraciones. Nadie ha respondido. De todos modos, no pierdo la esperanza de que acaben sentándose una vez que parece que ya se han dado cuenta de la gravedad y de la repercusión del problema.

- Eso suena más a deseo que a seguridad.

- No se trata sólo de un deseo. ADIF y el Ministerio de Fomento se lo han pedido por escrito. Lamento la actitud de la Junta. He estado reunida con afectados y sé de padres de familia y abuelos que piensan que los van a echar de sus casas para que entre la tortuga. Eso no podemos permitirlo los representantes políticos. Es complicado. Los trámites administrativos son muy complejos, pero hay que trabajar, ser positivos y no tirar la toalla. No olvidemos que estamos aquí para hacer la vida más fácil a los vecinos.