Galasa: de derrota en derrota hasta la victoria final

La lucha de populares y socialistas en sus máximos órganos de gestión es enfurecida y ha llevado a la empresa pública hasta el borde del colapso

El 5 de febrero de 1994, la Coordinadora del Agua reunió a cerca de 2.000 personas en Vera que marcharon hasta las oficinas de Galasa para protestar por el precio y la calidad del agua.

Miguel Ángel Sánchez / 06·06·2016

La historia de Galasa (1988-2016) se asemeja a una carrera de obstáculos. Su entrada en escena en la cotidianidad de nuestra comarca, fue tan aplaudida como abucheada. El público sentado en el patio de butacas se dividió a los pocos minutos de empezar la obra. Y así, con etapas de pitos y aclamación, hasta ahora. 

Nacida con el noble e imperioso objetivo de garantizar el abastecimiento y, con ello, el desarrollo del turismo y el bienestar de los habitantes del Levante, pronto se vio cuestionada en las formas, que no en el fondo, convirtiéndose en un verdadero campo de batalla en el que las fuerzas políticas locales, y sus extensiones provinciales, dirimían y dirimen sus diferencias. 

El resultado de casi 30 años de tensiones políticas en la empresa no puede ser más desdichado. Tenía todo a su favor: el respaldo de las administraciones, el control único y absoluto sobre un servicio básico y la potestad para aplicar una gestión tranquila en ausencia de competencia. Sin embargo, la realidad de la mercantil es trágica. La lucha de populares y socialistas en sus máximos órganos de gestión es enfurecida. Los balances reconocen una deuda de casi 38 millones de euros y su incapacidad para hacer frente a pagos tan simples como el recibo de la luz ha desembocado en el corte del suministro a sus oficinas centrales de Vera, que desde el 10 de mayo se valen de un generador externo para que las bombillas alumbren y la informática no colapse. 

¿Pero cuándo empezó realmente la desventura? Seguramente en la propia génesis de la empresa, aunque a la hora de hacer arqueo es necesario fijar un punto de partida. 

ALMERÍA, 9:00 AM 

Almería, Palacio de la Diputación. Son las 9 de la mañana del 25 de febrero de 2009. Se reúne el Consejo de Administración. Preside el socialista Juan Carlos Usero, presidente de la Diputación. En la gran mesa de la Sala de Juntas se sientan también el diputado Joaquín Álvarez Fernández (PSOE); el consejero delegado de la empresa Juan Parra Fortes (PSOE); José Añez Sánchez, diputado del PAL; el vicepresidente de la Diputación Luis Pérez Montoya (PSOE); la diputada garruchera María López Cervantes (PSOE); el alcalde de Garrucha Juan Francisco Fernández (PP); y el concejal carbonero Miguel París (PSOE). Suman ocho de los 11 miembros que componen el órgano. 

Con voz pero sin voto están también presentes el secretario del ‘Consejo’, el cuevano Miguel Fernández (PSOE), el gerente Juan Ignacio Moya, el jefe de administración José Carlos Martín y el asesor jurídico de la empresa, el abogado macaelense Antonio Segura Pérez. 

En la reunión, que contemplaba el tratamiento de siete puntos, entre ellos la modificación de estatutos y la actualización de tarifas, salen a colación los alarmantes resultados económicos de 2008. El boom inmobiliario y su abundancia era cosa del pasado; la caída de los ingresos resultaba preocupante. 

HABLA MOYA 

“Es necesario solicitar una operación de financiación a una entidad bancaria para cubrir el déficit de 2008”, expone el gerente Juan Ignacio Moya. Moya era el primero en intervenir y, como técnico y profundo conocedor de la empresa desde su constitución en 1988, su opinión es escuchada con atención. Otra cosa es que se le haga caso. 

El gerente prosigue mientras los demás le siguen atentos: “La causa principal se deriva de la situación económica general, que ha disminuido la previsión de ingresos por los servicios prestados, concretándose en una disminución del consumo de agua durante 2008 del 5,99% en comparación con 2007. Esto ha supuesto una merma en la previsión de ingresos de un 11,92%”. 

La traducción de estos porcentajes a dinero no dejó indiferente a nadie. En 2008, Galasa había dejado de ingresar respecto a lo que apuntaban sus presupuestos nada más y nada menos que 1.662.368,41 euros por el concepto de agua facturada. Poco para lo que vendría en años posteriores. 

Pero había más. El propio gerente continúa su exposición y comunica a los consejeros que “la paralización de la construcción ha impedido que durante 2008 nuestra empresa alcanzase los objetivos presupuestarios en cuanto a nuevas altas que se facturan directamente a los promotores de nuevas viviendas y urbanizaciones”, lo que suponía otro 1.571.305,06 euros menos respecto a las previsiones presupuestarias. 

“Además –prosigue Juan Ignacio Moya mientras observa los rostros serios de los consejeros- hemos tenido que hacer frente a gastos extraordinarios como el incremento del coste de la energía que utilizamos en nuestras instalaciones de alta tensión, lo que ha supuesto un incremento medio de los gastos por este concepto del 79%, alcanzando en algunos casos el 100%”. A resultas de ello, la tesorería de Galasa había quedado resentida de tal manera que en sólo cinco meses, “desde agosto hasta diciembre de 2008, hemos tenido que realizar desembolsos extraordinarios para el pago de electricidad por importe de 370.561,73 euros”. 

La suma de todos estos conceptos arrojaba un déficit de 3,6 millones de euros. 

Lo que iba adquiriendo tintes de tragedia económica no había acabado. Ese balance económico de 2008 que se estaba analizando aquel 25 de febrero de 2009 en el Palacio de la Diputación por el Consejo de Administración traía más sobresaltos. 

Por conducto extraordinario Galasa había tenido que hacer frente a pagos por valor de 54.789,92 euros para analizar la calidad de las aguas “en la cuenca del Almanzora”; y también a las primeras cuotas de la compra al Estado de la finca y naves que la empresa tiene en Cuevas del Almanzora, que supuso la petición de un préstamo de 1 millón de euros, mas “un desembolso extraordinario de 444.893,98 euros” para hacer frente a los gastos de formalización del crédito, impuestos, gastos de registro, mensualidades de amortización del préstamo, etc. 

“En resumen –describía Moya a los consejeros- la disminución de ingresos más los gastos extraordinarios ha supuesto una merma financiera en 2008 de 4.103.919,10 euros”. 

¿Cómo se lidió esta situación? Debieron pensar los miembros del Consejo. Moya no esperó a que le preguntasen: “Con un aplazamiento del pago de 645.238,96 euros a la Confederación Hidrográfica del Segura por la compra de agua; con otro aplazamiento de pago de 1.592.295,95 euros a Acuamed, también por la compra de agua; financiando a corto plazo mediante las pólizas de crédito que tenemos con Cajamar, La Caixa y Banco de Santander, por 1.400.000 euros; con un descubierto en las cuentas de Cajamar y Unicaja por importe de 497.888,69 euros; y aplazando el pago de algunas facturas a proveedores”. 

SILENCIO EN LA SALA 

Juan Ignacio Moya acaba su exposición y el silencio se impone en la Sala de Juntas. Los segundos se hacen eternos. Nadie sabe qué decir. El informe es demoledor. 2008 se había cerrado con un déficit de 4,1 millones. A ese ritmo no quedarían ni los despojos. 

Es el presidente Juan Carlos Usero quien se ve en la obligación de decir algo pero no acierta más que a abrir un turno de intervenciones. “¿Alguien quiere hacer alguna observación?”. Ninguno de los presentes abre la boca. De nuevo el silencio, que no por pesado y espeso disfraza la realidad. 

A nadie se le escapa que el devastador balance económico de 2008 es el síntoma inequívoco de lo mal que van las cosas en Galasa y que se precisan medidas urgentes. Pero no se toman. El Consejo se limita a aprobar una leve e insuficiente subida de las tarifas que todos saben no detendrá la hemorragia. Las profundas consecuencias de tanta ineficacia se encargó de ponerlas de manifiesto el tiempo. En los años posteriores empeoró la situación. A 31 de diciembre de 2015 la deuda de la empresa ascendía a 37,6 millones de euros. Y lo que es peor, a pesar de los dolorosos ajustes de sueldos, los gastos son similares a la época de bonanza pero el presupuesto ha pasado de 17 millones en 2006, a 11 millones en 2016. 

La propia Diputación se veía obligada, el pasado viernes, 27 de mayo, a librar fondos urgentes por valor de 1,9 millones de euros para que se pudiesen hacer frente a los pagos más elementales; el de la electricidad entre otros. Se trata de un préstamo respaldado en el pleno por todos los partidos. 

DÉFICITS COMARCALES 

La negativa de los políticos a incrementar las tarifas entre 2009 y 2015 ha venido generando más déficits. Cada año el servicio en los pueblos del Almanzora hace perder 1,5 millones de euros. El dato es brutal teniendo en cuenta de que hablamos de sólo 10.000 usuarios o contadores. En nuestra comarca, los 50.000 usuarios o contadores causan un desequilibrio de 2 millones de pérdidas anuales. Siendo ambas cifras elevadas, la desproporción es evidente. Si Galasa contase en el Almanzora con el mismo número de clientes que en el Levante, las pérdidas en la otra comarca ascenderían a 7,5 millones/año. No en vano, mientras que en nuestros pueblos se aplican tarifas uniformes, desde Albox hasta Serón cada pueblo que abastece Galasa tiene su propio convenio con la empresa. Nos topamos con los más escandalosos en Lúcar, donde cada usuario paga mensualmente 0’35 céntimos por el concepto de cuota fija y 0,31 céntimos por cada m3 consumido, y en Fines, donde el consumidor abona 0,35 céntimos por cuota fija y 0 euros por los primeros 12 m3 consumidos en el mes. Por el contrario, en el Levante pagamos 4,38 euros/mes por la cuota fija y 0,57 céntimos por cada m3 consumido en el primer tramo –hasta 10 m3/mes-. 

No obstante, si los déficits que originan los del Almanzora arrancan desde el mismo inicio del acuerdo, es decir, los vínculos con Galasa nacieron viciados, los dos millones de euros en pérdidas que nuestra comarca endosa a la empresa cada año no vienen de lejos, sino de tiempos recientes. El desfase se produce a raíz de que se empezase a suministrar agua desalada de la planta de Carboneras; un hecho que se inició en octubre de 2014. 

TUBERÍA DEL LEVANTE 

Hay sin embargo otros aspectos que han terminado por dejar a la empresa en KO técnico. El 4 de agosto de 2011, la ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar inauguraba las nuevas conducciones que comunicaban la desaladora de Carboneras con el resto de pueblos del Levante. El objetivo era mejorar la calidad del agua y garantizar el abastecimiento. El presupuesto de la obra ejecutada por Acuamed, que incluía la tubería principal y ramales para algunos de los pueblos, fue de 89 millones de euros. La Junta de Andalucía había conveniado con Galasa el pago íntegro de la inversión, sin embargo, a día de hoy sólo ha desembolsado 5,5 millones de euros. Dado que el compromiso adquirido por el gobierno regional establecía el pago anual de 3 millones de euros durante 30 años, la deuda que acumula con nuestra empresa pública supera los 15 millones que, a la vista de la dificultad de cobrarlos y el tiempo transcurrido sin recibir las cuotas pactadas, han llevado a los servicios contables de la empresa a colocarlos en el apartado de pérdidas. 

Galasa, tras reclamar sin éxito las cantidades adeudadas, ha interpuesto la correspondiente denuncia ante el Tribunal Económico Administrativo, que la ha admitido a trámite. 

Como vemos, los males de la empresa son muchos y de distinta procedencia. Echando mano de la memoria, recordamos que otro de los golpes que recibió fue en diciembre de 2006, fecha en que Vera anunció oficialmente sus preparativos para irse de Galasa. Su gobierno optó por rescatar el servicio y ponerlo en manos de la también pública –o mejor semipública o mixta- Codeur. Si el largo quinquenio dorado del ladrillo trajo un crecimiento exponencial de viviendas en la comarca, Vera experimentó este fenómeno como ningún otro en la zona. En el ámbito del abastecimiento se constató en miles de nuevas viviendas adquiridas como segunda residencia que reportaban importantes flujos de dinero por altas y cuotas fijas de casas que sólo consumían durante unos pocos meses al año. Es decir, se ingresaba sin generar gastos. 

Galasa hubo de encajar como pudo la pérdida de Vera. Nadie sonríe cuando deja de ingresar 1 millón de euros de beneficios. Aquello supuso una prueba de supervivencia de la que aún hoy se sigue resintiendo la empresa. 

Pero el mayor de los daños no proviene de la subida de los precios de la electricidad, ni de la incorporación de nuevos pueblos en el Almanzora con acuerdos gravosos para la empresa, ni de los incumplimientos de la Junta respecto a la financiación de las obras de la tubería del Levante, ni del aumento de los costes del agua que provenía de la desalación, ni de la suma deudas que se iban adquiriendo con los regantes por la venta de agua, que superan el millón de euros, ni tampoco la morosidad de los ayuntamientos que no pagan el agua que consumen. El problema fundamental ha sido una gestión tiznada de política que ha arrinconado los obligatorios criterios de buena gestión. 

Hoy, los motivos para que los partidos se vuelvan a enredar en las viejas y desagradables disputas son la necesaria adecuación de las tarifas, la inaplazable modificación de los estatutos para adecuarlos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a la Ley de Autonomía Local de Andalucia (LAULA), y la pretendida pérdida de la soberanía municipal sobre un servicio clave. Es curioso que transcurridos 29 años desde su fundación, los consistorios accionistas de Galasa –es notorio que son los gobernados por socialistas- fundamenten la nueva trifulca, con amenazas de abandono, en que una Galasa dirigida por el PP no les reconoce aquello a lo que renunciaron voluntariamente en 1988: la potestad del Consejo de Administración y la Junta General, donde las entidades locales están perfectamente representadas, para fijar tarifas y modificar estatutos. 

Cualquier razón sirve para abofetear al contrario. Y lo importante sin resolver. Pero de Galasa no se puede prescindir tan fácilmente. ¿Quién y cómo la sustituiría? La empresa ha encajado tantas derrotas que justo es reconocerle el derecho a celebrar su triunfo. Si se transformara en ser humano repetiría las palabras de un infatigable boxeador cuyo deterioro físico oculta una formidable fortaleza. Amoratado a puño y, en apariencia, sólo en apariencia, a punto de desvanecerse, responde a su preparador cuando éste le insinúa tirar la toalla, convencido de que su pupilo ni va a ganar el combate ni va a soportar la paliza: “Déjalo que pegue, lo estoy cansando”. 

Acuérdense. Habrá acuerdo. 

La llegada de Ares 

Ares, el dios de la guerra en la mitología griega, Marte para los romanos, harto de las anodinas y aburridas guerras del Peloponeso y las campañas por la Galia y Partia, abandonó aquellas tierras por la mucho más atractiva residencia Galasa. Aquí sí que se zurran, pensó. 

El precio y la calidad del agua soliviantó en 1993 a las oposiciones municipales y a sus seguidores, el proyecto quedó cuestionado y cuatro alcaldes ‘fundadores’ perdieron sus sillones en las elecciones de 1995. 

Hasta entrados los años 2000, tensa calma. Y tras la simulada quietud, la tempestad verdadera. “¡Quieren privatizar la empresa!”, fue el toque de a rebato de algunos ediles antes de asestar una nueva lanzada en el costado de la mercantil, quizá temerosos de que una privada no aceptaría inoportunas sugerencias de asesores con carné, nombre y apellidos, ni asumiría que los ayuntamientos morosos contrajeran deudas por valor de 4,5 millones de euros, que es lo que a día de hoy deben. 

Un buen gobierno de Galasa no habría permitido desequilibrios entre los ingresos y los gastos, ni habría firmado convenios leoninos con las estatales Acusur y Acuamed. A los regidores de Turre y Albox se les habrían puesto las cosas tan claras como el agua. O pagáis u os las arregláis con vuestros vecinos, porque el grifo se cierra. 

Habría rechazado a pueblos que exigían acuerdos que sólo satisfacían a una de las partes, la municipal. Como si Galasa no fuese, a la postre, de todos. La revisión de las tarifas no dependería de las citas electorales, sino de unas justas necesidades presupuestarias. La concertación de los puestos de trabajo, sus sueldos y su revisión nunca sería la contrapartida a un cúmulo de decisiones erróneas y caprichosas que buscan votos en vez del eficiente servicio. 

Las llamadas de la autoridad, en sus múltiples formas y condiciones, a la empresa: “a éste no le cobres”, “a éste me lo colocas”, “a éste engánchale el agua”, “a aquél no le cortes”, nunca se habrían producido. Por fortuna éste sí es un asunto relativamente superado. 

Y de ninguna manera la mayor empresa pública de esta comarca debería 37,6 millones de euros ni trabajaría en sus oficinas centrales con luz de generador alimentado por gas-oil porque Endesa se cansó de que le devuelva los recibos.