El alcalde de Turre pide al fiscal que valore las “amenazas” del exregidor de Los Gallardos

“Te vamos a inhabilitar, recuerda que eso te impedirá ejercer como funcionario público y tú eres maestro”, advirtió Segundo Ramírez a Martín Morales

Segundo Ramírez

Javier Irigaray / 13·12·2016

Martín Morales (IU), alcalde presidente del Ayuntamiento de Turre, ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía las “amenazas” que declara haber recibido del promotor Segundo Ramírez, exregidor socialista de Los Gallardos. “Como ciudadano de a pie quizás no lo haría, pero Segundo se estaba dirigiendo en ese momento al alcalde, porque yo asistí a la reunión en esa calidad, y no puedo tolerar que el intento de coacción a la máxima autoridad del municipio quede impune”. 

Los hechos tuvieron lugar durante la última reunión de la comisión delegada de la Junta de Compensación de Cabrera, el pasado 2 de noviembre. La sesión ya había comenzado con un aviso al alcalde por parte de Segundo Ramírez, uno de los promotores, que le espetó nada más empezar “tú serás alcalde, pero yo soy el presidente de la Junta de Compensación”. 

A partir de ahí, y “tras todo un rosario de ofensas” que, según Morales, “decidí encajar sin responder para no tensionar el encuentro”, Ramírez le soltó: “te vamos a inhabilitar en cuanto salgas del Ayuntamiento, y recuerda que eso te impedirá ejercer como funcionario público y tú eres maestro”. 

Al escuchar estas palabras, el alcalde preguntó a Ramírez si le estaba amenazando, a lo que el interpelado contestó: “No es una amenaza, sólo una advertencia”. 

El escenario en que se produjo la escena fue el de la primera reunión de la comisión delegada celebrada tras la firma del Decreto de Alcaldía que busca cambiar el sistema de gestión urbanística de Cabrera de Junta de Compensación a Cooperación, y después de la convocatoria del abortado Pleno municipal en que Martín Morales buscaba, el pasado 18 de octubre, aprobar que se enviara al Consejo Consultivo de Andalucía el informe de los servicios jurídicos de Diputación que dictaminaba la ilegalidad del convenio aprobado por la asamblea de la Junta de Compensación en 1993; un acuerdo en el que, en opinión de la primera autoridad turrera, se encuentran los orígenes del conflicto urbanístico que el ahora alcalde del pueblo trata de solucionar involucrando al Ayuntamiento en contra de toda la Corporación, incluido su equipo de gobierno. 

El Decreto de Morales supone que ahora es el Consistorio quien decide y ejecuta la urbanización del Polígono 1 de la Sierra (la urbanización Cabrera), para lo que recabará el dinero correspondiente a los promotores en función de los metros cuadrados que éstos posean. 

El convenio de 1993 establece que los promotores pagarán la urbanización de los terrenos, mientras que los residentes se hacen cargo del mantenimiento, pero lo cierto es que el plazo, según la ley, para terminar el desarrollo urbanístico de la zona expiró el 30 de noviembre de 2002, hace 14 años, y, mientras tanto, muchos vecinos viven en suelo urbanizable, no urbano, que carece de suministros básicos como electricidad o agua corriente, accediendo a ellos mediante enganches ilegales o fraudulentos. No menos importantes son los ejemplos de residentes que viven en casas sin la preceptiva licencia de primera ocupación. 

AUAN intenta arbitrar 

En medio de un estado de crispación generalizado entre los propios residentes de la Sierra y con un alcalde que tiene al resto de la Corporación en contra, la asociación AUAN (Abusos Urbanísticos en el Almanzora No) convocó el pasado 10 de octubre una reunión para intentar mediar y poner paz en el conflicto abierto entre promotores, residentes, el alcalde y el resto de los concejales de Turre, con el objetivo de informar a los residentes de Sierra Cabrera de una manera independiente sobre la situación legal en que se encuentran sus viviendas, cuáles son sus derechos, sus deberes, qué significa y cómo les afecta tanto la situación anterior de gestión por medio del modelo de junta de compensación, como la emprendida por el alcalde, de cooperación. 

Pero la reunión, moderada por el abogado de la asociación, Gerardo Vázquez, y por Maura Hillen, presidenta de la misma, comenzó de una forma muy distinta a la prevista por los organizadores, con una pelea entre dos de los asistentes, continuó con dos facciones enfrentadas a voz en grito y finalizó con los presentes enrocados en las mismas posturas con las que habían llegado y con los mismos problemas sin resolver y sin visos de hacerlo. 

“Aquello me recordaba a los fondos de un estadio de fútbol en un partido de máxima rivalidad, más que a una reunión de personas sensatas. Nunca sospeché tanta energía en personas de tan avanzada edad”, asegura sorprendido el letrado. 

El abogado duda seriamente “que los afectados sepan y entiendan que no viven en suelo urbano, sino en un terreno urbanizable. Espero que, por su bien, sean conscientes de ello”. 

Explica Vázquez que eso “significa que en esas parcelas hay que poner servicios e infraestructuras, y alguien tiene que hacerlo y pagarlo. Y, además, alguien tiene que obligar a ponerlos a quien está obligado y no lo hace. Los promotores dicen que lo harán ellos pero ¿está eso suficientemente garantizado? Hasta ahora no lo han hecho”. 

“Los promotores –añade- no han culminado el desarrollo urbanístico que tenía que haber terminado el 30 de noviembre de 2002. La cuestión es que a quienes han comprado allí les puede afectar la subrogación de las obligaciones urbanística que pretende el alcalde. Unos tienen licencia de primera ocupación y otros no. Es una situación compleja que han de resolver entre todos, pero si empiezan una guerra y acaban en los juzgados, el resultado no será nada bueno para nadie”. 

Explica Vázquez que “el alcalde decidió cambiar el modo de gestión de junta de compensación por el de cooperación amparado en unos informes de la Diputación, del técnico municipal y de la secretaria, que aseguran que ha existido un incumplimiento en los plazos de urbanización de esa zona, lo que justificaría, según el alcalde Morales, ese cambio; mientras que la otra parte, escogiendo párrafos concretos de esos mismos informes, aduce que no hay dinero para hacerlo. Pero yo creo que el problema que subyace es quién paga por la urbanización, quién por mantenerla y cuándo se va a pagar. Con frecuencia se complican las cosas, por eso hay que ir a la base, porque si no lo hacemos no se resuelven”. 

No obstante, la situación actual tiene bastantes visos de provisionalidad. En febrero de 2017, cuando llegue a la alcaldía la socialista María Isabel López, merced al pacto entre Somos Turre (IU) y PSOE, “revertirá el decreto”, afirma el abogado de AUAN-. “La futura alcaldesa dijo en la reunión que los informes del Ayuntamiento apuntaban que el Consistorio, en tanto tramita la recaudación a los promotores, no tiene dinero presupuestado para adelantar los fondos con los que acometer el mantenimiento y la urbanización. Ése es el problema que ven tanto María Isabel como Arturo Grima” –jefe de la oposición (PP)-. 

“Yo les pido que hablen –concluye el letrado-. Pero si veo que pierdo el tiempo, AUAN no pinta nada”.