“López Peña acordó pagar 500 millones de pesetas por 2.797 m2 destinados a zona verde”

Bernardo Simón ha denunciado que el socialista Martín López Peña se comprometió  a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios de una parcela de 2.797 m2 de extensión sin asignación de edificabilidad en el PGOU “porque se le iba a dar un uso de parque”

Camino de acceso a la chimenea de El Calvario en Garrucha

Miguel Ángel Sánchez / 29·04·2016

El que fue concejal de Urbanismo de Garrucha con el PP durante los años 2007- 2011, Bernardo Simón, ha denunciado que su antecesor, el socialista Martín López Peña, se comprometió en un “borrador de convenio” a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios Unidad de Ejecución 14 –de 2.797 m2 de extensión-, una parcela urbana colindante con la chimenea de El Calvario y, curiosamente, sin asignación de edificabilidad en el PGOU “porque se le iba a dar un uso de parque”. 

La negativa de Simón a oficializar el acuerdo supuso, según cuenta, que los dueños denunciaran al Ayuntamiento por haber invadido su propiedad asfaltando un camino de tierra que da acceso al mirador del municipio. Como consecuencia de todo, la justicia ha condenado al Consistorio a pagar 38.000 euros que la actual alcaldesa del PSOE, María Antonia López, arroja sobre las espaldas del PP atribuyéndose el mérito de haberlos pagado; un extremo que el exalcalde popular Juan Francisco Fernández desmiente, documentando que los dineros ya fueron abonados por él. 

¿Es razonable que un Ayuntamiento se comprometa a pagar 500 millones de pesetas por 2.797 metros cuadrados de suelo destinados a zona verde? Eso es lo que había acordado el gobierno socialista de Garrucha hace una década con los propietarios de una parcela, según ha desvelado el edil independiente Bernardo Simón. 

“Cuando uno está gobernando, no es recomendable echar gasolina al fuego”, aconsejaba Simón a María Antonia López en los micrófonos de RADIO ACTUALIDAD. 

Aludía el concejal a la nota de prensa que días antes había difundido la alcaldesa arremetiendo contra el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, en el que Bernardo Simón ostentaba la responsabilidad de Urbanismo, por haber perpetrado “la cacicada de ocupar unos terrenos y hacer un camino sin pedir permiso alguno”. 

Ese hecho habría desembocado, según los socialistas, en la condena al Consistorio al pago de unas costas de 38.000 euros por la “ocupación ilegal de la finca de El Calvario” (la Unidad de Ejecución 14), cuya extensión es de 2.797 m2. 

Añadía María Antonia López que ahora está tratando “de arreglar la situación como lo hacen las personas, primero asumiendo la sentencia de un juez y después pidiendo disculpas e intentando llegar a un acuerdo, porque no podemos quedar sin acceso a la chimenea de El Calvario, que es una de las señas de identidad de nuestro pueblo”. 

Además, la regidora tranquilizaba a los garrucheros informándoles que el dinero para hacer frente a la condena está “consignado gracias al ahorro generado desde la llegada del nuevo equipo de gobierno socialista”. 

Pero los señalados por la alcaldesa como responsables del desaguisado, integrantes del equipo de gobierno popular entonces y hoy concejales de distinta adscripción, tienen una versión bien diferente de los hechos. 

Para empezar, Bernardo Simón, que, como ya hemos dicho, fue el titular de Urbanismo del PP durante el periodo 2007-2011, revelaba que “un día se presentaron en mi despacho representantes de la familia Jiménez Yáñez, propietarios de la UE 14, y me mostraron un presunto convenio en el que el Ayuntamiento se comprometía a comprar por 500 millones la finca. Teniendo en cuenta la dimensión de la parcela, el metro cuadrado destinado a zona verde salía a 178.763 pesetas. Me dijeron que habían llegado a ese acuerdo con mi antecesor en el cargo, Martín López Peña (PSOE)”. 

“Respondí –explica Simón- que la adquisición de sus terrenos no constituía una prioridad en aquel momento y, pocos días más tarde, pusieron una denuncia contra el Ayuntamiento por haber ocupado sin su permiso la parcela. Se referían a que habíamos asfaltado un camino de tierra que se había hecho durante el periodo de gobierno del PSOE para rehabilitar el alto del Calvario y su antigua chimenea minera. Así que todo vino como consecuencia de nuestra negativa a suscribir un borrador de convenio acordado por el gobierno que estuvo antes que nosotros”. 

Sin embargo, lo que más sorprendió a Bernardo Simón fue descubrir que el gobierno socialista “cambió la calificación de esos terrenos, que iban a ser expropiados para hacer un parque, y convirtieron ese suelo en urbano no consolidado, lo que multiplicaba en mucho su valor cuando su destino era ser parte de un futuro parque público”. “Recalificar un terreno al que no se le había asignado aprovechamiento urbanístico ninguno –reflexiona Simón-, si no es un pelotazo, al menos da que pensar”. 

Y es que la Chimenea del Calvario, según el ordenamiento urbanístico de Garrucha, debía integrarse en un parque periurbano que afectaba a tres propiedades. 

Añadía Simón que “los propietarios de la UE 15, la parcela colindante a la UE 14, en donde está el residencial el Mirador de Garrucha, fueron quienes ejecutaron el camino con el conocimiento y permiso del gobierno del PSOE, porque tuvieron que hacer un muro de contención para la urbanización y permitir el acceso para la rehabilitación de la chimenea”. 

Maritoñi, desmentida 

Si la versión de Bernardo Simón pone en entredicho la contada por la alcaldesa, que aboca toda la responsabilidad sobre un alcalde “cacique” de PP, la que hace el aludido, el exalcalde popular Juan Francisco Fernández respecto al pago de los 38.000 euros desacredita totalmente a la regidora, que en nota de prensa especificó que el dinero para hacer frente a la condena “está consignado gracias al ahorro generado desde la llegada del nuevo equipo de gobierno socialista”. 

Fernández contrapone: “La mayor parte la dejé pagada yo antes de abandonar la Alcaldía en junio de 2015, y el último pago, 5.800 euros, se realizó en agosto –con los socialistas ya en el poder-, porque eran entregas bimensuales”. 

A renglón seguido, el exprimer edil enumera: “El 18 febrero de 2015 el Ayuntamiento que yo dirigía pagó 17.511,93 euros; el 16 de abril, 5.837,31 euros; para el 30 de junio estaban consignados 5.837,31 euros; y el 24 de agosto fueron los socialistas los que liquidaron los 5.837,31 restantes”. 

“El camino –subraya el líder garruchero del PP- se ubica en una Unidad de Ejecución, la UE 14, que es la única del municipio que no tiene aprovechamiento lucrativo. ¿Por qué se califica así un solar en el que no se puede edificar nada al encontrarse afectado por la carretera de circunvalación de Garrucha y por el parque de Las Palmeras? La única explicación posible es el interés por obtener algún beneficio ilícito por parte de algunas personas sobre unos derechos que otorga el Ayuntamiento”. 

Y aclara: “Cuando nosotros entramos en 2007 encontramos un camino a medio ejecutar –la mitad pavimentado y la mitad de tierra- que se había hecho para poder acceder a la chimenea del Calvario y rehabilitarla con un proyecto del PRODER. Nos limitamos a extender una capa de tres centímetros de asfalto en la parte que había quedado sin terminar. Luego aparecieron los propietarios del terreno exigiendo el cumplimiento de un acuerdo verbal que alcanzaron con la señora Maritoñi y su gobierno, por el cual el Ayuntamiento se comprometía a comprar la UE 14 de 2.797 m2 por 500 millones de pesetas. Nuestra negativa a suscribirlo derivó en la denuncia y la posterior sentencia desfavorable para el Ayuntamiento”.