Anuario 2015. Junio

Los vínculos del subdirector de Cajamar con el entramado DRV

La pesadilla de las microalgas.- El fin de semana de los días 20 y 21 de junio, casi un centenar de visitantes de tres playas de nuestra comarca experimentaron síntomas alérgicos que fueron constatados en los servicios de urgencias de la zona. Sanidad identificó como causa a unas microalgas –dinoflagelados-, pero el tiempo de reacción de la administración en ofrecer información y la cercanía de una fábrica de productos químicos Deretil –que en nota de prensa expresó que “Nuestro sistema imposibilita cualquier vertido”- contribuyeron a la proliferación de rumores que se extendieron por toda la comarca y fuera de ella. Balance: 90 afectados y el sector turístico herido al inicio de la campaña.   

ACTUALIDAD ALMANZORA / 28·01·2016

En junio ofrecíamos a nuestros lectores una amplia información sobre la constitución de los nuevos Ayuntamientos y los pactos de gobierno en varios de nuestros pueblos, y una nueva información exclusiva y de calado que daría mucho ‘juego’ informativo en sucesivas entregas. 

Largos meses de trabajo recopilando datos nos permitían afirmar que altos cargos de Cajamar estuvieron fuertemente ligados a la gran promotora surgida en el Levante Almeriense al abrigo de la burbuja inmobiliaria, la mercantil que representaba el antense Diego Rodríguez Valero, DRV Expertos Inmobiliarios de Almería SL, que acabó en la quiebra dejando tras de sí una larga mancha de impagos. 

La primera de las pruebas la encontrábamos en la escritura firmada el 13 de agosto de 2004 en una notaría de la zona, con el número de protocolo 3.993, en la que quedaba reflejada la constitución de la sociedad limitada Huertos del Castillo de Huércal Overa. Junto a Rodríguez Valero aparecían como socios Antonio García Salcedo –hoy exdirector de la principal sucursal de Cajamar en Huércal Overa y trasladado a Purias-, “en representación de su esposa”; y Francisco Alonso Guerrero, jefe de la zona Levante de Cajamar, que comparecía en su calidad de administrador de la mercantil Dopucasa SL, entre cuyos accionistas figuraban el propio Alonso y Bartolomé Viúdez Zurano, por entonces jefe territorial de Almería de Cajamar y hoy subdirector general de la entidad. 

Viúdez y Alonso, unas veces a través de Dopucasa y otras como personas físicas, aparecían como accionistas en un conjunto de sociedades, todas dedicadas al ladrillo y la especulación, siempre muy cerca de Diego Rodríguez Valero y sus empresas. Huertos del Castillo de Huércal Overa SL era una de ellas. Tan es así que la sede social de ‘Huertos’ era la mismo que la de DRV, la Calle del Mar 3 de Vera. 

Dopucasa se constituyó en el domicilio de Alonso –en la Era del Lugar de Antas- el 10 de agosto de 2004, tres días antes de integrarse en el proyecto Huertos del Castillo. 

Sin embargo los altos cargos de Cajamar vendieron pronto sus acciones en Huertos del Castillo a Rodríguez Valero, que compró en representación de una de las empresas que administraba, Gruinver-6 SL. Posteriormente Gruinver edificó un gran bloque de viviendas en la entrada de Huércal Overa con plazas de garaje y bajos comerciales que acabó entregando a Cajamar en dación de pago, no sin antes haber obtenido créditos de la entidad por valor de varios millones de euros que muy probablemente fueron aprobados por Alonso con el visto bueno de su superior Viúdez. 

En 2008, Huertos del Castillo reflejaba en sus balances 14.930.609,64 euros. 

Nuevos ayuntamientos 

El 13 de junio tomaban posesión de sus cargos los nuevos concejales surgidos de las elecciones del mes anterior y se elegían los alcaldes. 

En la comarca cuatro consistorios precisaban pactos para garantizar la gobernabilidad: Turre, Cuevas del Almanzora, Vera y Carboneras. En todos ellos menos en Carboneras había ganado el PP, aunque con mayoría simple. 

El resultado de las negociaciones de las fuerzas mayoritarias con los partidos bisagra proporcionaba al PSOE la incorporación a los gobiernos de Turre, Cuevas y Vera. No así en Carboneras donde se reeditó la coalición de los cuatro años anteriores entre Gicar y PP con la alcaldía para el Gicar. 

En Turre, Socialistas y Somos Turre acordaban repartirse la alcaldía dos años para cada uno iniciando el mandato como regidor Martín Morales, de la citada plataforma ciudadana. En Vera, el andalucista Félix López volvía a ser primer edil tras cuatro años en la oposición, cediendo la primera tenencia de alcaldía a la socialista Isabel de Haro. Y en Cuevas el concejal de Ciudadanos Indalecio Modesto, clave en la votación, optaba finalmente tras largos contactos con las dos fuerzas empatadas a concejales (PP 8 y PSOE 8) facilitar la presidencia de la Corporación al socialista Antonio Fernández. 

El resto de pueblos quedaban en manos de los ganadores absolutos de la carrera electoral del 24 de mayo. El PSOE dirigiría Bédar, Los Gallardos, Zurgena y Garrucha, mientras el PP lo haría en Mojácar, Antas, Pulpí y Huércal Overa. 

Dos hechos quedan para el anecdotario. El primero, que los dos representantes de Unión Mojaquera, defraudados por los resultados, no recogieron su acta de concejal. El segundo, rodeado de incógnitas, que los andalucistas de Vera denunciaron el ofrecimiento de dinero a uno de sus miembros electos para que no votara a su cabeza de lista, Félix López, para alcalde. Anunciaron que el asunto, “con pruebas”, estaba en manos de la Fiscalía. 

Arriada de banderas 

Llama la atención que para los nuevos gobiernos de izquierdas en Vera y Garrucha fuese una prioridad arriar la bandera de España que los anteriores gobiernos del PP habían colocado en la entrada de los pueblos. 

Si el sábado 13 de junio tomaban posesión, el lunes 15 ya no estaban las banderas. En el caso de Garrucha y para que pasase más desapercibido, la insignia nacional se sustituyó por la del municipio. 

Llegan las liberaciones 

Tras constituirse los nuevos ayuntamientos llegaba el momento de conocer los decretos de alcaldía con el nombramiento de tenientes de alcalde, el reparto de competencias de gobierno, la designación de los representantes municipales en organismos y empresas públicas y la asignación de sueldos. 

Los gobiernos de Mojácar y Pulpí driblaron el cupo marcado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de un máximo de tres políticos liberados y formalizaron acuerdos al 99 y al 90% de la jornada laboral para otros concejales del gobierno. La ley pone tope a la liberación total pero no a la parcial. En cualquier caso, un experimentado secretario de la comarca consultado por ACTUALIDAD ALMANZORA no reparó en tildar la decisión como “un fraude de ley”. 

En total, los once pueblos que conforman la comarca contabilizaban 56 políticos liberados -35 con dedicación exclusiva y 21 a jornada parcial-, lo que suponía y supone un gasto de 1,6 millones de euros anuales. 

Los siete ediles del PP mojaquero fueron liberados con un gasto que superaba en un 20% el del anterior mandato. 

Indemnizar antes de derribar 

Junio traía una gran noticia para los propietarios de viviendas ilegales con procesos judiciales en marcha. El Senado aprobó, con el voto casi unánime de sus miembros, una modificación de la Ley para asegurar el cobro de las indemnizaciones a quienes tengan derecho a ellas antes de que se produzca la demolición de sus casas. En la práctica significa que no se derriba hasta que se cobra. 

La decisión impide en lo sucesivo nuevos casos como el de los Prior, un matrimonio inglés cuya vivienda fue edificada en Vera con la preceptiva licencia municipal y demolida al ser anulada la misma. La pareja lleva siete años viviendo en un garaje luchando por cobrar una indemnización que los tribunales le reconocen. 

Cierre de camas 

Con la llegada del verano el SAS volvía a cerrar plantas en el hospital de Huércal Overa afectando a un total de 38 camas durante los meses de julio, agosto y septiembre. En relación a 2014, se dejaban fuera de servicio un 30% más de plazas que incidían directamente en entre 12 y 13 puestos de trabajo en enfermería, además de un número indeterminado en personal de limpieza, etc. 

El Servicio de Andaluz de Salud aplica a esta decisión el término de “reserva”. El de “cierre” es empleado por los sindicatos.