Aún colea el escándalo de la UE-6 de Garrucha

ADOLFO PÉREZ

15·03·2016

COMO INTERESADO EN los asuntos municipales de Garrucha me ha llamado la atención la noticia publicada en este periódico en el sentido de que el Ayuntamiento ha debido poner a disposición del juzgado la finca de su propiedad, llamada Vistalegre, para cubrir los 2,4 millones de euros de la fianza exigida por la promotora Hermanos Muñoz a fin de responder como garante civil subsidiaria en caso de condena al ex alcalde Andrés Segura Soler, al ex concejal Martín López Peña, al secretario del Ayuntamiento, Juan Luis Pérez Tornell, y otros. Tal situación se debe a una querella criminal por amenazas interpuesta contra ellos en el juzgado por dicha promotora, como ahora veremos. 

Se trata del último coletazo del sonado fraude de la UE-6. Ya saben, la UE-6 es una parcela de 21.100 m2 situada junto al castillo de Garrucha, que dio lugar a una estafa urbanística consistente en haber aumentado falsamente la superficie de la parcela en 5.592 m2 con el fin de construir en ella 28 viviendas de más. Pienso que la propiedad de la finca municipal no corre peligro, pero no me agrada verla vinculada a una causa judicial y menos de tipo penal. 

De la noticia del periódico se hace eco el secretario del Ayuntamiento, Juan Luis Pérez Tornell, con una aclaración sobre la misma referida a unas hipotéticas responsabilidades penales de las personas citadas más arriba, o sea, la cuerda de presos que dice en su escrito. 

Uno de los argumentos que utiliza Juan Luis es el párrafo de una sentencia judicial que, entre otras cosas, dice que los Hermanos Muñoz no han acreditado que sufrieran intimidación (amenaza) alguna cuando firmaron un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Garrucha. En dicho convenio los Hermanos Muñoz se obligaban a pagarle al Ayuntamiento algo más de dos millones de euros (2.017.918 euros) a cambio de recibir la licencia de primera ocupación de las citadas 28 viviendas construidas de más. 

Claro que, como es bien sabido, no siempre la verdad judicial coincide con la verdad real, ya que cuando uno ha sido amenazado y no lo puede demostrar la partida la tiene perdida, lo que pienso que aquí va a suceder. Sin embargo, cuesta trabajo creer que los hermanos Muñoz firmaran sin resistirse un convenio de tanto dinero, tan perjudicial para ellos, máxime teniendo en cuenta los antecedentes del asunto. 

¿Y por qué digo que pienso que van a perder? Según la información de que dispongo, creo que veraz, la querella interpuesta en el juzgado por los Hermanos Muñoz contra la personas citadas más arriba no hunde sus raíces en el origen y desarrollo de la estafa, sino que arranca a partir de negarse ellos a firmar el convenio de los dos millones de euros exigidos por el Ayuntamiento, o sea, no han cogido el toro por los cuernos, que era lo procedente para tener alguna posibilidad de ganar el pleito. Parece como si los hermanos Muñoz fueran ‘los únicos malos’, y no, no es así porque en el pastel hay otros figurantes a tener en cuenta. Desconozco si cuando compraron la finca eran conocedores de su cabida real o, por el contrario, los timaron. Al respecto llama la atención que el gerente de la empresa, Mateo Muñoz, declarara que en los planos que tenía de la UE-6 figuraba una extensión de 21.100 m2 y no los 26.692 m2 de la ficha urbanística, razón por la que estimó necesario que se rectificaran los planos, cosa a la que en el Ayuntamiento se negaron. (Era evidente que no podía figurar en el plano una realidad que no existía.) 

Todo comenzó cuando en octubre de 2001 el Ayuntamiento de Garrucha, a propuesta de los propietarios de la UE-6, aceptó oficialmente que la cabida de la parcela era de 26.692,50 m2 en vez de los 21.100 m2 que en realidad tenía (y tiene), como así constaba en el expediente municipal. El incremento de la cabida en los falsos 5.592 m2 suponía el aumento del volumen edificable, o sea, 28 viviendas de más. Las diligencias judiciales llevadas a cabo pusieron de manifiesto la realidad de la estafa, quedando al descubierto toda la trama y sus actores. Sin embargo, el expediente nunca llegó al juzgado porque había desparecido del Ayuntamiento, y a pesar de eso la causa fue archivada. 

El escándalo y la intervención judicial dieron lugar a que desde el Ayuntamiento se adoptaran medidas tendentes a ‘arreglar’ el desaguisado. Dada la gravedad de la situación, y ante la exigencia del promotor de que se le diera la licencia de primera ocupación para las 134 viviendas construidas, el equipo de gobierno municipal exigió a Hermanos Muñoz que firmara un convenio mediante el que reconocía los 21.100 m2 de la UE-6, además de comprometerse a abonar al Ayuntamiento la cantidad de 2.017.918 euros, en concepto de reversión de los beneficios obtenidos por las 28 viviendas construidas de más. Entonces se le entregaron al promotor las licencias, pero poco después los hermanos Muñoz se negaron al pago de ese dinero alegando que habían sido coaccionados y que su causa era ilícita por inmoral y reprobable jurídicamente, dado que la licencia de las obras era legal (cosa cierta). Tal actitud dio lugar a que perdieran el pleito en los tribunales de lo contencioso administrativo, como señala el secretario Pérez Tornell en su aclaración, a lo que Hermanos Muñoz respondió por la vía penal, que es donde está ahora el asunto. 

Me parece injusto que sean los Hermanos Muñoz los que paguen la reparación de la legalidad urbanística vulnerada, mientras que los demás actores de la trama se vayan de rositas. Ya sólo faltaría que después del millonario pelotazo peligrara en todo o en parte la finca Vistalegre del Ayuntamiento, la joya de la corona como suele decirse. No quiero ni pensarlo.