“Todo huele a chanchullo premeditado”

Para el portavoz andalucista en el Ayuntamiento de Antas “la venta de terrenos comunales a Spancrete fue una chapuza que no contó ni siquiera con el apoyo de todos los concejales del equipo de gobierno socialista de entonces”

Diego Castaño

Javier Irigaray / 17·06·2016

El andalucista Diego Castaño no ve las cosas como el socialista Antonio Pérez. De hecho, para el concejal del PA, “todo lo que rodea a Spancrete huele raro y a chanchullo premeditado” del que deberían dar alguna explicación el gobierno municipal de entonces, la Junta de Andalucía y hasta Cajamar. 

“La Junta –dice- debe justificar por qué concede subvenciones a empresas como ésta, que tiraba más producto del que vendía, y alguien de la Caja tendrá que aclarar por qué le otorgó un préstamo estratosférico con garantía hipotecaria muy superior al valor de lo que se ponía como garantía”. 

Al contrario de lo que sostiene el actual PSOE, para el andalucista los terrenos de la discordia nunca debieron venderse. “El fin nunca justifica los medios –afirma-. Yo trabajé en esas tierras de peón poniendo tomateras. Es una tierra muy buena que, antes de venderla a Spancrete estaba destinada a fines sociales. Los hijos del pueblo podían solicitar una parcela para cultivarla”. 

“La venta de los terrenos fue una chapuza que no contó ni siquiera con el apoyo de todos los concejales del equipo de gobierno. Sólo cuatro votaron a favor, de los once que formaban la Corporación, en una demostración del poco interés por el diálogo que tenía el alcalde Bartolomé Soler”. 

“Además –recuerda- se hizo en contra de la opinión pública. Se recogieron firmas de rechazo y yo firmé”. 

“Tenía que haber buscado el consenso para encontrar otros terrenos que no hubieran causado este conflicto. Un Ayuntamiento tiene instrumentos para no hacer las cosas tan mal, y prueba de que aquello se hizo mal es que hoy estemos hablando de una terrible sentencia que nos condena a los vecinos a pagar más 1,5 millones de euros. Si no se dialoga con la oposición, la política acaba en los juzgados”. 

La sentencia “condena a Antas a estar diez años sin servicios ni inversiones, una forma de injusticia, del mismo modo que otra es que estas cosas salgan al cabo de 16 años, cuando el alcalde y los concejales que han perpetrado el desaguisado se han ido y otros tienen que hacer frente al problema, aunque mi intención –aclaró- es ser alcalde y no me voy a amedrentar por situaciones como ésta”. 

Castaño sostiene que “un bien comunal no se puede entregar para favorecer a una empresa privada”, y que todo fue un “paripé” por parte de Spancrete “para embolsarse el dinero de créditos y subvenciones. A ese tipo de empresas yo las catalogo como mafiosas”.