“Si antes del 1 de diciembre no hay acuerdo sobre Galasa, tendremos cierre y ruina”

El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, describe la situación de la empresa pública provincial Galasa. "El PSOE debe poner sobre la mesa su propuesta -dice-. Sin unanimidad habrá cierre y ruina"

Javier Aureliano García

Miguel Ángel Sánchez / 22·09·2016

No se asusten y lean con atención. El vicepresidente de la Diputación hace una descripción de la situación de Galasa que inquietará hasta al más sereno de los lectores. Si antes del 1 de diciembre los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo, la sociedad pública que abastece de agua a la comarca deberá ser liquidada, repartiendo entre sus accionistas -ayuntamientos e Institución Provincial- no menos de 60 millones en deudas. Los más de 100 trabajadores se irían directamente a la calle. “Nosotros hemos hecho todo lo posible para evitarlo, ahora es el PSOE el que debe poner urgentemente sobre la mesa su propuesta y que sea aceptada por todos. Sin unanimidad habrá cierre y ruina”. 

- ¿Está cerca el acuerdo PP-PSOE sobre Galasa para reflotar la empresa?

- A mí me gustaría ser cauto. Estamos en negociaciones. Esa apreciación de estar cerca de alcanzar un acuerdo ya la tuve hace meses, pero quedó en nada. Desde el Partido Popular y el equipo de gobierno de Diputación no sabemos en qué más podemos ceder. Le hemos ofrecido todo al PSOE. De hecho, el Partido Socialista está teniendo reuniones con los técnicos de Galasa y de Diputación sin ninguna presencia ni interferencia política por nuestra parte. Les ofrecimos que, si no les gustaba nuestra hoja de ruta, pusieran ellos encima de la mesa una suya para que Galasa no se tenga que cerrar, pero me temo que nunca han tenido voluntad de hacerlo. Hoy (9 de septiembre) se han sentado con los técnicos, pero siguen sin dar a conocer una propuesta. Se oponen a la nuestra, pero no plantean ninguna alternativa. Han tenido la misma información y las mismas reuniones con los técnicos que nosotros, pero con una diferencia, nosotros hemos presentado un plan y ellos no. Tengo la esperanza, aunque muy vaga, de que podamos llegar a un acuerdo. Es fundamental y estamos condenados a entendernos, pero no estoy seguro de que la otra parte lo vea igual, a pesar de que nosotros hemos puesto todo lo necesario para conseguirlo.

- ¿Duda que los socialistas valoren el fundamental papel que juega Galasa como lo hacen los ciudadanos de esta comarca?

- Tengo la impresión de que el PSOE aún no es consciente del problema que tiene la empresa y de la urgencia de su solución.

- A mí me parece que los alcaldes del PP, PSOE e IU saben perfectamente lo que está en juego y no quisieran enfrentarse al complicado problema de tener que buscar una alternativa a Galasa para abastecer a la población.

- Los alcaldes puede que sí, pero el órgano de dirección del PSOE no y, por eso, es una impresión, tratan de alargar, de aletargar el problema esperando que se solucione sólo, como si no fuera con ellos o creyeran que, al final, vendrá un marciano desde el espacio exterior para resolverlo in extremis. Repito, hemos tenido muchas reuniones, les he explicado las consecuencias que pueden sobrevenir a los ayuntamientos, y les hemos aclarado la situación en que quedarían los trabajadores. El Partido Socialista salió muy alegremente a decir que los cien empleados de Galasa pasarían a ser plantilla de la Diputación, algo que, por ley, no puede ser. Irían automáticamente a la calle. No pueden entrar en ninguna administración sin aprobar una oposición, independientemente de que, en materia de personal, existe una tasa de reposición de puestos de trabajo muy estricta.

- ¿Tanto riesgo existe de que la sociedad Galasa pase a situación de liquidación?

- Ahora mismo, tal y como están las cosas, Galasa está más cerca del cierre que de continuar abierta. Si en los primeros días de octubre los ayuntamientos no aprueban en sus plenos la subida de tarifas, quedaría disuelta el día 1 de diciembre. El PSOE también lo sabe, pero parece no querer verlo. Ese es el problema al que me enfrento cuando hablo con ellos. Siento que no me escuchan. Si Galasa cierra, con la deuda que tiene acumulada más los gastos que añadiría el cierre, incluidas indemnizaciones a trabajadores, pasaría de los 60 millones de euros, que habría que repartir entre los accionistas, no porque lo diga yo, sino porque lo hará un juez. Huércal Overa tendría que poner 3,5 millones de euros, la Diputación 25, Garrucha 1,8... y así, cada pueblo en función de sus acciones. Sería la ruina de los Ayuntamientos de la comarca. El PSOE creó Galasa hace casi un cuarto de siglo, pero la actitud de quienes ahora lo dirigen puede acabar con ella, con las consecuencias que tendrá tanto para los trabajadores, que habrían de ser despedidos, como para los ayuntamientos, porque habrán de seguir prestando el servicio que hoy ofrece Galasa mediante una concesión administrativa, o gestionarla con sus propios medios. Un auténtico despropósito. Nosotros hemos presentado nuestra solución mientras que ellos siempre se han escondido agazapados detrás de la excusa de que les faltan datos. Los técnicos de Galasa y de Diputación siempre han estado a su servicio exactamente igual que si fuesen el equipo de gobierno. Nos hemos quitado de enmedio esperando una propuesta suya para estudiar y aprobar, pero llevamos meses esperando y no han presentado ni una. Sin embargo, exhiben una actitud de confrontación permanente, con ruedas de prensa en las que dicen que les vamos a meter a los ciudadanos la mano en sus bolsillos o que los trabajadores se van a integrar como funcionarios en la Diputación. Sólo dicen disparates, a sabiendas de que sus alcaldes y, por tanto, los vecinos de esos pueblos, tienen un problema de dimensiones colosales, porque van a estar endeudados hasta las cejas. Esos ayuntamientos van a ver embargados sus ingresos provenientes del Estado y de la Junta. Eso significa su ruina. No podrán prestar los servicios de su competencia ni realizar ningún tipo de inversión. Por otra parte, los trabajadores de Galasa podrán impugnar los presupuestos de los municipios que no contemplen el pago de la indemnización que le corresponda. Será un lío tremendo.

- ¿Vera también tendría que contribuir al pago de la deuda de Galasa?

- Y Albox también. Son accionistas, aunque la empresa no gestione allí el ciclo integral del agua y, como socios, del mismo modo que participarían del reparto de beneficios si los hubiera, entrarán en el prorrateo de las pérdidas, que es lo que hay.

- ¿Por qué se juega todo a la carta de la unanimidad de los accionistas y no de la mayoría?

- Los juristas nos recuerdan que la sentencia de 17 de junio de este año, concerniente al municipio de Vera, trata a Galasa como un medio propio de cada ayuntamiento. Es decir, aunque exista una decisión mayoritaria, ésta tiene que ser ratificada por cada localidad. Si la decisión se hubiera tomada antes, bastaría con la decisión de la mayoría, pero ahora existe una jurisprudencia que es necesario acatar. Esto significa que si la actualización de las tarifas y la modificación de los estatutos son aprobadas por los plenos de todos los pueblos, no habría ningún problema, pero si hay solamente uno que no lo hace, las cuentas ya no cuadrarían, por eso el acuerdo ha de ser refrendado por todos y cada uno de los ayuntamientos afectados. Sin unanimidad habrá que cerrar la empresa. Diputación y Partido Popular se están dejando la piel, quieren salvar Galasa desde lo público, mientras que el Partido Socialista está abocando a que los gobiernos municipales tengan que encomendar el ciclo integral del agua a empresas privadas. Resulta paradójico que seamos los más liberales quienes estemos defendiendo lo público, los derechos de los trabajadores de Galasa a tener su empleo, así como a que los ciudadanos reciban un servicio de calidad que es susceptible de mejorar, pero que difícilmente se podrá conseguir cuando tenemos un déficit de 3,5 millones de euros al año. Hemos conseguido suministrar agua potable en el Levante después de 23 años en que no era apta para la ingesta. Por cierto, el 80% de los recibos van a contemplar un incremento de entre un 15% y un 20% en su factura, un euro y medio o dos cada bimestre. Recordemos que eso ya lo subió la Junta de Andalucía cuando instauró el canon de infraestructuras sin que hubiera ningún acuerdo ratificado por ningún pleno. Aquella subida la aplicó la Junta por Decreto con la excusa de que iban a invertir lo recaudado, pero al cabo de tres años no han gastado ni un sólo euro en la provincia de Almería. Estamos contemplando la posibilidad de interponer un contencioso, porque el dinero de la tasa cobrada a los almerienses tiene un carácter finalista y debe invertirse en obras que hacen mucha falta aquí. Aunque lo urgente ahora es darle una respuesta al Ministerio de Hacienda el día 1 de diciembre. Si la empresa no ha conseguido encontrar el equilibrio y sigue teniendo pérdidas, quedará disuelta por ley.

- Pero esta ley de estabilidad presupuestaria no es nueva. Lleva años aprobada.

- Sí. Hemos apurado todos los plazos y éste es ya el último. El 1 de diciembre empezaría el procedimiento de liquidación de la empresa en caso de que no se demuestre el equilibrio entre ingresos y gastos. Se pondrá un administrador judicial que no perdonará ni un solo euro de deuda.

- ¡Vaya panorama! Esto parece un cuento de miedo...

- En absoluto en un cuento. Estoy siendo radicalmente sincero. Es la verdad y nadie podrá rebatir lo que estoy diciendo. El PSOE nos pidió que cambiáramos los bloques a la hora de facturar el agua y los cambiamos. Nos dijo que había pérdidas de agua en los municipios y la Diputación ha puesto encima de la mesa un plan de inversiones dotado de 30 millones de euros para resolver unas fugas que debían solucionar los municipios. Exigieron que sacáramos los estatutos de los acuerdos y aceptamos hacerlo. Ahora les hemos preguntado qué más quieren y nos han contestado que tienen que ver más cosas. Hemos puesto a los técnicos a su disposición para que construyan una propuesta alternativa a la nuestra. Aún la estamos esperando. ¿Qué pretenden los socialistas? No lo sé. Ahora es cierto que están intensificando las reuniones con los técnicos y eso me induce a pensar que están elaborando su propuesta. Puede ser, pero no lo sé.

- ¿Esto es resultado de un reciente encuentro entre el presidente de la Diputación Gabriel Amat y el secretario general del PSOE de Almería Sánchez Teruel?

- Tuvimos una reunión con el señor Sánchez Teruel, en la que yo también estuve presente, y le explicamos la situación de Galasa.

- ¿Él era consciente de cómo estaba la cosa?

- No.

- ¿Cree que estaba siendo malinformado?

- Sí. Por supuesto.

- Es decir, que no es lo mismo hablar con Sánchez Teruel que con Juan Antonio Lorenzo o Adela Segura.

- ¡En absoluto! La interlocución con el Partido Socialista era muy complicada porque yo hablaba con su portavoz en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, pero al día siguiente daba una rueda de prensa Adela Segura echando por tierra todo lo hablado con él. Muchos alcaldes socialistas me mostraban su acuerdo, pero les llegaban instrucciones distintas desde el partido. He citado a alguno de ellos institucionalmente para tener una entrevista y les han prohibido asistir desde la dirección del PSOE. Es muy complicado llegar a un acuerdo con ellos. Por rascar cuatro votos en la provincia anteponen los intereses del partido por encima de los de los vecinos. El 7 de septiembre estuvimos cerrando el convenio colectivo con los 1.500 trabajadores que tiene Diputación, es el segundo que cierro en cuatro años y ambos han sido por unanimidad. He participado en muchas negociaciones muy complicadas, pero ninguna lo ha sido tanto como ésta, y no ya por el problema en sí de la situación de Galasa, sino por los interlocutores. No puede ser que estemos hablando en una negociación, lleguemos a una serie de acuerdos y, al día siguiente, el Partido Socialista ofrezca una rueda de prensa para decir todo lo contrario. Eso nos llevó, por auténtica desesperación, a hablar con su secretario general. Yo lo noté que no estaba bien informado. He observado que en el PSOE cada uno va a lo suyo en función de si es del Levante o del Almanzora. No tienen un criterio político común. Tenemos que ser maduros y ponernos los dos grandes partidos de acuerdo para que el problema del agua no sea usado nunca para enfrentamiento político. La cosa es mucho más simple de lo que parece. Se trata únicamente de equilibrar la tasa que se cobra por el agua, no de hacer negocio con ella, ni mucho menos privatizarla. ¡Que se pague por cada litro de agua lo que cuesta que salga por el grifo! Ni un céntimo más ni menos, y queremos hacerlo desde lo público. Galasa no es de nadie, es de los vecinos, y sus representantes tenemos que estar a la altura que esperan de nosotros. Entendemos que nuestra propuesta no les guste. Está bien, ¡a la basura! Que nos presenten la suya, pero ya, porque estamos fuera de tiempo.

- Entonces, ¿las tarifas que se aprobaron en la Junta de 9 de julio no se van a aplicar?

- Están aprobadas, aunque no valgan. Pueden servir ante un juez para demostrar que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nosotros somos serios y tenemos que seguir nuestra hoja de ruta. ¿Que mañana nos traen una propuesta? La aprobaremos siempre y cuando equilibre la empresa, pero no podemos perder el tiempo. Tan sencillo como eso pero, de momento, no la he visto. Nosotros ya hemos presentado un plan para estabilizar Galasa a 1 de diciembre, que asegura los empleos desde lo público y servirá para mejorar y potenciar la compañía. Hemos puesto encima de la mesa un plan de inversiones de 30 millones de euros en cinco años para mejorar las infraestructuras y, además, a los ayuntamientos que se gasten su parte de los planes provinciales en mejorar la red de tuberías con el fin de rebajar las importantes pérdidas de agua que se registran, la Diputación les aportará un 30% más a fondo perdido. A Galasa se le ha criticado mucho, se la ha vilipendiado. Si no salía agua por el grifo era culpa de Galasa. Si se cortaba una calle, también. Se ha criticado a sus técnicos, pero yo le digo que a Galasa se le tiene que querer y vamos a ponerla en valor para que todos los vecinos del Levante se sientan orgullosos de tener una empresa que es suya y les presta un servicio de calidad. Esa es nuestra voluntad. Tendremos que corregir los fallos y los vicios, que es verdad que tiene, como el hijo que ha ido creciendo dejado a su libre albedrío.

- No ha sido el ciudadano quien, si me permite la expresión, ha profanado Galasa.

- No, no. Hemos sido los políticos, que la hemos usado para lo que nunca debimos, pero ya es hora de tener altura de miras.

- Entonces, el 1 de diciembre es la fecha límite.

- Así es. Si no hay acuerdo unánime que equilibre las cuentas de la empresa, habrá que cerrarla. Cada socio, Diputación y Ayuntamientos, tendrá que poner la parte que le corresponda para saldar la deuda que los juzgados dictaminen.

- Le confieso que antes de hablar con usted era más optimista.

- Bueno. Ojalá me equivoque.