Anuario 2016: Abril.

Los gobiernos municipales de izquierdas valoran romper con Galasa y el Consorcio de Basuras

Helen Prior

ACTUALIDAD ALMANZORA / 19·01·2017 

El alcalde de Serón y portavoz socialista en Diputación, Juan Antonio Lorenzo, apuntaba ya que la modificación de los estatutos que el PP se proponía presentar en la Junta General de accionistas de Galasa del 16 de mayo, suponía “mostrar a muchos ayuntamientos la puerta de salida porque nos obligaría a asumir proporcionalmente una deuda de 37 millones de euros”.

Simultáneamente, el pleno de Garrucha hacía un corte de mangas a Galasa al tiempo que un guiño a Codeur, tras cuestionarse seguir en “entes supramunicipales donde los derechos e intereses de los ciudadanos están al margen de los intereses públicos”.

Lorenzo afirmaba que existía un gran malestar en los consistorios dirigidos por la izquierda, aunque sostenía que, si bien reconocía que algunos [como Garrucha] estudiaban “alternativas” a Galasa y al Consorcio, “no se puede hablar de movimientos en bloque”.

Por su parte, Galasa anunciaba que no aceptaría la marcha de ninguno de sus municipios socios sin antes abonar la parte que les corresponde de la deuda. Según el portavoz del PP de Garrucha, Juan Francisco Fernández, “en nuestro caso sería 5,2 millones de euros”.

Precisamente, el 21 de abril, RADIO ACTUALIDAD organizó un encuentro entre representantes de los dos principales partidos para abordar la situación de Galasa.

Se dieron cita dos exconsejeros delegados, Mariano Viúdez (PP) -1995/1999- y Miguel Fernández (PSOE) -2009/2011-; uno de los alcaldes socialistas que vivió desde dentro la fundación de la empresa en 1988, el antuso Bartolomé Soler Cano; y un regidor del PP que lo fue hasta el pasado mayo de 2015, el garruchero Juan Francisco Fernández.

Populares y socialistas estaban de acuerdo en que la empresa no puede permanecer en una dinámica de endeudamiento que genera pérdidas, sólo en la comarca del Levante, por valor de dos millones de euros cada año. Luego están los lastres que han supuesto las incorporaciones de pueblos del Almanzora, donde los costes son también inferiores a las tarifas que pagan los usuarios; los compromisos adquiridos con Acuamed para cofinanciar obras; y el mayor precio que tiene el m3 que suministra la desaladora de Carboneras sin que las tarifas se hayan acomodado a los nuevos costes.

Además, PP y PSOE disputaban si los nuevos estatutos deben suponer una renuncia de los consistorios a las competencias sobre el abastecimiento de sus pueblos y a la fijación de tarifas.

El 13 de abril Facebook censuró una fotografía del artista turrero Rodrigo Valero por tercera vez en menos de un año y bloqueó su cuenta. El asunto fue denunciado horas más tarde de que ocurriera en Versovia, el suplemento digital de cultura de ACTUALIDAD ALMANZORA. En muy poco tiempo fue compartido por miles de personas, convirtiéndose en un fenómeno ‘viral’ al tiempo que conseguía el efecto inverso que se proponían sus censores. El artista lamentaba “que haya gente tan enferma como para ver algo sucio en el arte y en imágenes hermosas”. 

HAY QUE TENER AGALLAS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía daba la razón al exalcalde de Huércal Overa Diego Ortega en el litigio que mantenía con el Consistorio por la paralización de las obras del Edificio de las Monjas. El expolítico debía ser indemnizado con 2,1 millones de euros y relataba que la causa de este “estropicio” fue la “persecución política que sufrí de los gobiernos que dirigió Luis García Collado” (PSOE).

El Alto Tribunal describía que en sentencias y autos dictados desde 2008 se instó al Ayuntamiento a levantar la orden de paralización decretada en 2005 en una de las obras promovidas por Ortega, el ya citado edificio de Las Monjas, pero el fallo recogía “la inequívoca voluntad del Consistorio de mantener la suspensión” en una “actuación improcedente”.

Ortega, que recordó que hubo en 2011 una oportunidad de llegar a un acuerdo amistoso que no llegó a concretarse “porque el alcalde Domingo Fernández no quiso”, advertía ahora que “no es tiempo para rebajas. Pero siempre he sido generoso. Sólo hay que saber encontrarme”, y dejaba un mensaje al regidor Fernández: “En política hay que tener agallas y entonces [cuando negociamos la salida amistosa] lo más fácil era darle una patada a Diego Ortega, porque así se lo aconsejaban muchas voces”.

  

LA TRAGEDIA DE LOS PRIOR

El juzgado número tres de los Contencioso-Administrativo de Almería estimó parcialmente el 25 de abril la demanda por responsabilidad civil presentada por la pareja británica contra el Consistorio veratense, que tendría que pagar 425.185,43 euros, la mitad de lo que pedían los Prior -602.083 euros por daños materiales y 200.000 por daños morales-. El fallo no gustó a ninguna de las dos partes, que presentaron sendos recursos ante el TSJA.

La magistrada, según los informes periciales que obran en el expediente judicial, valoró en 12 puntos el daño moral sufrido y, de acuerdo al baremo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para Leonard Prior ordenó el pago de 7.442,16 euros como compensación a los 8 años de sufrimientos que le ha causado la pérdida de su vivienda. A Helen, su mujer, le corresponden 1.751,85 por el mismo concepto. 3.000 días de ansiedad, miedo, incertidumbre e insomnios, se ventilaron a razón de unos 17 euros mensuales.

Vecinos de La Morena, en Huércal Overa, presentaron el 29 de abril alegaciones contra la ampliación de una granja de cerdos junto a sus casas. El Ayuntamiento confirmó la existencia de una solicitud para ampliar una explotación hasta una capacidad de 2.500 cerdos y que la licencia  dependerá de si se ajusta o no a la ley.

“ACOJONAMIENTO” EN TURRE

El 7 de abril saltaba la noticia en RADIO ACTUALIDAD, aunque tuvo su origen el 26 de febrero, cuando el alcalde de Turre, Martín Morales, retiró las competencias delegadas de asignación de ayudas de emergencia pero, sobre todo, las relativas a la gestión de proyectos urbanísticos, que se hallaban hasta entonces en manos de la cabeza de lista socialista y, según el pacto de gobierno,  alcaldesa en febrero de 2017. Detrás del decreto estaba la decisión del regidor de cambiar el sistema de gestión urbanística de la urbanización Cabrera, en la Sierra, que no compartían sus socios por “acojonamiento”, dijo Morales. El asunto daría mucho que hablar en los meses siguientes.

Y AMAGO DE DENUNCIA

El Ayuntamiento de Turre decidió retirar el contencioso que mantenía contra la Junta por un presunto incumplimiento del convenio suscrito para la construcción del Paseo de Almería, un procedimiento iniciado hace casi dos años por el equipo de gobierno del Partido Popular. El exalcalde Arturo Grima acusaba al regidor Martín Morales, de Somos Turre, de haber sucumbido a la presión de sus socios de gobierno socialistas y amenazó con llevar a los tribunales a quienes secundaron esta decisión. Morales se sintió ofendido por las sospechas de su antecesor en el cargo y argumentó haber seguido los consejos de la secretaria municipal y los servicios jurídicos de Diputación. 

  

BOICOT AL PP EN VERA

Aunque no facilitó nombres de manera explícita, Belén Carnicer, que fue concejal de Obras y Servicios en el equipo de gobierno de José Carmelo Jorge Blanco -2011/2015-, señaló a “los dos funcionarios más importantes” del Ayuntamiento como una “quinta columna” contra la gestión del regidor popular.

“Nunca entenderé por qué durante nuestro mandato las cosas no se resolvían tan rápido como cuando gobiernan los andalucistas. El interés que mostraron algunos trabajadores en que las cosas no funcionaran era para que perdiera las elecciones el mejor alcalde de Vera”, aseguró.

  

500 MILLONES PARA LA UE-14

Quien fuera concejal de Urbanismo de Garrucha con el PP durante los años 2007-2015 y ahora portavoz del GIGA, Bernardo Simón, denunciaba que su antecesor, el socialista Martín López Peña, se comprometió a pagar 500 millones de pesetas a los propietarios de la Unidad de Ejecución 14 –de 2.797 m2 de extensión-, una parcela urbana colindante con la chimenea de El Calvario y sin asignación de edificabilidad en el PGOU “porque se le iba a dar un uso de parque”.

La negativa de Simón a oficializar el acuerdo supuso, según contaba, que los dueños denunciaran al Ayuntamiento por haber invadido su propiedad asfaltando un camino de tierra que da acceso al mirador del municipio. Como consecuencia de todo, la justicia condenó al Consistorio a pagar 38.000 euros que la actual alcaldesa del PSOE, María Antonia López, arrojaba sobre las espaldas del PP atribuyéndose el mérito de haberlos pagado; un extremo que el exalcalde popular Juan Francisco Fernández desmentía documentando que ya fueron abonados por él el 18 de febrero de 2015.

El festival culinario DEGUSTHO reconoció los 60 años de la familia Carretero al frente de Restaurante Mi Casa, un referente antuso en la cocina del Levante. En sólo tres ediciones, el evento gastronómico se ha convertido en un hito que atrae en cada edición a cocineros con estrellas Michelin junto a los mejores chefs de la provincia. FOTO PEPE ALONSO.  

OJO POR OJO EN VERA

El portavoz del gobierno de Vera, Francisco Vázquez (PA), anunció a los concejales del PP, tras la  interposición por éstos de una demanda contra parte del equipo de gobierno, entre ellos el alcalde y el propio Vázquez, que serían respondidos con la misma munición e idéntico calibre “al que han usado”, y aprovechó para contar los desenlaces de iniciativas judiciales promovidas por los populares, que tenían al actual alcalde y al propio Vázquez en la diana.

“Para nosotros -explicó- es muy importante que el pueblo de Vera sepa que el juzgado ha decidido no admitir ni siquiera a trámite la querella que nos puso el exgobierno del PP al alcalde y a mí por presunta prevaricación administrativa”.

La querella se sustentaba en que tanto el regidor Félix López como su portavoz habían pasado a representar al Ayuntamiento en el Consejo de Administración de Codeur con el respaldo de la mayoría del pleno. Ello, según el PP, “contravenía la legislación mercantil, que impide a cualquier persona desempeñar altas responsabilidades en una empresa mientras se encuentra inmersa en procesos judiciales promovidos por esa misma mercantil”.

Vázquez dejó entrever algunas pistas sobre posibles denuncias contra los ediles populares: “Debían saber que es delito vender el agua reciclada sin los permisos de Sanidad y de la Junta, o adjudicar y pagar informes que no se han hecho, o fragmentar el presupuesto de obras para dárselas a dedo a la misma empresa”.

El Ayuntamiento de Mojácar recibió el premio de la mutua que tiene contratada a pesar de que los empleados municipales “no disponen ni siquiera de un botiquín en condiciones”, algo que es precisamente competencia de la mutua de accidentes que entregaba el premio y responsabilidad también del Consistorio, que es cliente de la mutua.

“TÚ QUÉ MIRAS, GILIPOLLAS”

Purificación García, alcaldesa de Cantoria, expulsó del salón de Plenos durante la sesión que se celebraba el 28 de abril a su marido, que había irrumpido en la sala insultando al portavoz de la oposición, el edil popular José María Llamas, que denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Albox. “Mi percepción es que venía presuntamente bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias. Con la cara desencajada, caminó hasta la primera fila y me gritó: ‘y tú que miras, gilipollas’, y empezó a insultarme”. Llamas solicitó una orden de alejamiento contra el cónyuge de la regidora, a quien califica de “violento” y al que la Guardia Civil requisó una pequeña cantidad de cocaina cuando se encontraba en un prostíbulo siendo el candidato del PSOE en 2015 a la alcaldía. El hecho supuso que el partido le sustituyera como cabeza de cartel por su esposa, que finalmente ganó las elecciones y le consignó un puesto de asesor municipal.

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