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“La juez Alaya nos ha hecho sufrir durante años una muerte civil en vida”

La Audiencia Provincial de Sevilla anuló el pasado 16 de noviembre la fianza que la juez de Instrucción nº 6, Mercedes Alaya, había ordenado sobre el que fuera consejero de Innovación Martín Soler Márquez


Martín Soler Márquez

Miguel Ángel Sánchez / 23·12·2015


La Audiencia Provincial de Sevilla anuló el pasado 16 de noviembre la fianza que la juez de Instrucción nº 6, Mercedes Alaya, había ordenado sobre el que fuera consejero de Innovación Martín Soler Márquez. Alaya llegó a embargar al exsecretario general de los socialistas almerienses un automóvil de la marca Audi, dos inmuebles y dos plazas de garaje para cubrir la garantía procesal de más de 4 millones impuesta por su presunta responsabilidad sobre las ayudas y avales concedidos por la agencia IDEA en el marco del caso de los ERE. Ahora, la alta instancia judicial sevillana le ha exonerado de la fianza y Soler rompió para RADIO ACTUALIDAD un silencio de cinco años.

- Cuatro millones de euros es una fianza muy alta, aunque no tanto como la impuesta a otros imputados.
- Ha habido una desproporción de vicio en el proceso de la instrucción de este caso y, de hecho, a la exconsejera Magdalena Álvarez le pusieron una fianza de 29 millones, a algunos exconsejeros 800, y a cargos intermedios 10, 12 ó 15 millones, si bien es verdad que la Audiencia Provincial de Sevilla ha ido desmontando todos y cada uno de los argumentos de la instructora, la juez Alaya, anulando las fianzas. La jueza aplicaba un criterio variopinto que no tenía ninguna correspondencia con la realidad. En mi caso concreto, lo importante es que la Audiencia Provincial de Sevilla ha suspendido y levantado las medidas cautelares, las ha anulado formalmente y ha entrado, además, en el fondo del auto, proclamando que yo no tengo nada que ver con ninguna de las acusaciones que había planteado la magistrada.
- ¿Es un paso previo a la desimputación?
- Seguimos imputados 52 personas, desde los presidente Chaves y Griñán hacia abajo, buena parte de los equipos de gobierno de esos años. En mi caso, por haber sido durante 11 meses consejero de Industria e Innovación. El sumario tiene todavía algunas lagunas y habrá que esperar. Lo importante en lo que a mí respecta es que la Audiencia ha entrado en el fondo y ha cuestionado y anulado las medidas. La conclusión es que esto ha tomado un camino de racionalidad y que, si hay personas que se han podido aprovechar, es a ésas a las que hay que perseguir y, si ha ocurrido algún delito, lo tiene que demostrar la justicia. Pero a quienes únicamente hemos tenido una responsabilidad política colateral, pero directamente ninguna, nos tienen que dejar tranquilos porque, de no ser así, la justicia estaría protegiendo al culpable y desprotegiendo a los que no hemos hecho nada. Esta situación de meses y años es sufrir una muerte civil en vida que daña tu imagen y tus relaciones profesionales para que, al final, quede en nada.
- A usted le acusaba la juez Alaya de haber seguido empleando los discutidos mecanismos de financiación de empresas a sociedades implicadas en el caso de los ERE falsos.
- Cuando es justo lo contrario. En primer lugar, está por ver que el sistema de transferencias de financiación sea irregular. Eso hay que demostrarlo, porque es el mismo que usa la administración para transferir fondos a RTVE, RENFE, Correos y otras empresas públicas. Resulta difícil creer que lo que es legal en Madrid, Valencia o Cataluña no lo sea en Andalucía.
Por otra parte, la Audiencia señala que, siendo yo consejero de Innovación, el presupuesto de 2010 ya fue el primero en el que se cambió el sistema de transferencias de financiación a encomiendas de gestión. Fue mi equipo el que cambió el sistema de transferencia siguiendo recomendaciones de la Intervención General, aunque la fórmula para hacer llegar las ayudas a las empresas no deja de ser algo accesorio.
- Algún motivo habría para que la Intervención General recomendase el cambio.
- Ya estaba en cuestión el sistema y, para que nadie tuviera ninguna responsabilidad, se decidió cambiarlo. Pero está por ver que el anterior fuera irregular y, en todo caso, estaríamos hablando, todo lo más, de una falta administrativa, nunca de un delito penal. Se ha dado el caso, incluso, de confundir jurisdicciones. Asuntos administrativos no pueden ser nunca objeto de juicio penal.
- ¿Por qué cree usted que han sido imputados todos ustedes?
- Yo creo que ha existido una obsesión por criminalizar todo un periodo político de quince años de gobierno socialista en Andalucía, un periodo en el que se habrán hecho algunas cosas mal, pero estoy convencido de que no han existido irregularidades. Quiero decir que cualquier acción es opinable. Ahora, de ahí a que durante 15 años se hayan estado cometiendo delitos... eso es lo que puso en marcha una magistrada que perdió el sentido de la proporción, jugó a hacer política con la acusación particular del PP, poniendo en tela de juicio 15 o 18 años de gestión en los que tienen que caer todo el mundo, desde el chófer hasta dos presidentes de la Junta.
Decir que se pusieron de acuerdo 200 personas para delinquir es un auténtico disparate. En ese disparate han colaborado muchos agentes sociales y medios de comunicación y ha resultado contaminado lo que tenía que haber sido una investigación centrada en quiénes se han podido aprovechar, recuperar el dinero y meterlos en la cárcel. Pero la jueza ha preferido jugar a la política ascendiendo en lo que ella misma denomina la pirámide. Lo único que pretendía era derribar un gobierno que ganaba elecciones democráticamente. Y ello mediante acusaciones y actuaciones judiciales que en muchos casos, como se demostrará, han sido prevaricadoras.
- ¿Considera usted que va a haber importantes responsabilidades en este caso? ¿Hay alguna parte de fondos públicos malempleados?
- Eso lo desconozco. Se investiga una época que arranca en el año 1994. Yo fui consejero durante sólo 11 meses, desde abril de 2009 hasta marzo de 2010. Además, mis tareas no tenían nada que ver con los ERE, simplemente, la agencia IDEA estaba adscrita a mi Consejería. Era la que hacía los pagos por orden de la Consejería de Empleo a las empresas y a los trabajadores en fase de prejubilación. Por tanto, desconozco el origen y si se hizo mal o bien y lo que pido es que la justicia actúe con rapidez, que centre sus investigaciones donde se han podido producir esas presuntas irregularidades, que lleve a juicio a sus responsables lo más rápidamente posible y que a los demás nos deje tranquilos para que nuestra imagen pública, personal y profesional quede al margen de esta situación. Aquí se ha producido una vulneración de muchos derechos de ciudadanos, entre ellos el mío, a los que se nos han imputado actuaciones de manera totalmente infundada. Es el caso de una ayuda a Avantia, una empresa a la que no conozco, que fue otorgada 7 meses después de que yo dejara el gobierno, como explica la Audiencia Provincial. Sin embargo me la atribuyen a mí. En cualquier democracia esto se hubiera resuelto en 24 horas y aquí han pasado 17 meses. Habrá que pedir responsabilidades a las autoridades judiciales que han permitido este disparate.
- ¿De dónde ha sacado los 4 millones que le pedían para la fianza?
- No los he sacado. La jueza aplicó un 5% sobre el presupuesto empleado por la agencia IDEA, que era de unos 60 millones de euros, al que añadió un tercio de mejora, lo que hace una fianza de 4 millones de euros totalmente desproporcionada. Una vez fijada, tienes que depositar bienes por valor de esa fianza y si, como es mi caso, no los tienes, te embargan el coche, la casa en la que vives y la plaza de garaje. Eso es lo que ha ocurrido. Como el valor de todo es de 200.000 euros, yo seguía debiendo el resto. Es un dinero que nunca ha estado. Sólo una cifra judicial que, en este caso, ha sido anulada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que la ha considerado injusta.
- ¿Cómo se vive una situación de este tipo?
- Esto sólo se puede soportar porque uno tiene fe ciega en su inocencia, la conciencia absolutamente tranquila y porque tengo una familia y unos amigos que están convencidos de la verdad. También he de decir que no he recibido ninguna recriminación por parte de ningún ciudadano. Quienes se han acercado a mí en algún lugar público o me han llamado por teléfono, y han sido decenas y decenas de personas, todos me han transmitido su confianza y seguridad de que se estaba cometiendo una injusticia. No tengo capacidad para devolver tanto apoyo personal como he recibido.
- ¿Se ha sentido defraudado por alguna persona que no le ha descolgado el teléfono o apoyado durante este tiempo?
- No, en absoluto. Todo el mundo con el que he seguido relacionándome por motivos políticos, personales o profesionales se ha portado conmigo con una normalidad absoluta, como siempre lo han hecho. Dejé la vida pública hace cinco años y, por tanto, mi nivel de relaciones en ese mundo ya no es el mismo. He recibido apoyos de todos los dirigentes del Partido Popular de la provincia y, por supuesto, de los de mi partido. La lista sería interminable, pero tal vez sea más importante el afecto mostrado por personas anónimas que me han reconocido por la calle.
- ¿Ha cambiado su opinión de lo que es la derecha al recibir apoyo de miembros del Partido Popular?
- Yo no hablo de derechas o izquierdas. Esto no es cuestión de ideologías, sino de talante de personas que te dan su aliento sabedoras de que no pueden esperar nada a cambio. Es muy gratificante.
- Llegó a hablarse de usted como sucesor de Manuel Chaves…
- Cuando llegó el momento de la sustitución del presidente Chaves con su marcha a Madrid como vicepresidente, se plantearon varias opciones y nombres. Algo razonable y legítimo. Aquella situación se resolvió eligiendo la mejor de las opciones posibles, que era Pepe Griñán, que lo demostró ganando las elecciones. Fue una etapa resuelta con inteligencia y prudencia. Se puso al mejor. Yo no he tenido otra ambición que hacer aquello que mi partido me ha ido proponiendo. Fui delegado provincial de Medio Ambiente y secretario general de mi partido, ambas cosas sin pedirlo. A partir de ahí, inicié una vida política muy intensa en la que los puestos han ido llegando porque me los han propuesto o pedido fruto de acuerdos, pero nunca por medio de conspiraciones, traiciones o deslealtades. Como consejero de Agricultura y de Industria, he manejado más presupuesto que los gobiernos de Marruecos y Argelia juntos, llegué a lo máximo que podía aspirar y me siento más que satisfecho y colmado en mi aspiración pública. Pero reconozco que llega un momento en el que te tienes que ir por voluntad propia o por que el partido así lo sugiere, entonces te despides y sales, sin ruido, por la puerta grande, asumiendo la nueva realidad. No pasó otra cosa. Nadie habrá escuchado de mí ni un solo reproche. Es la primera entrevista que concedo en cinco años y he tenido docenas de peticiones. No he criticado a nadie ni conspirado contra nadie. He vuelto a mi vida de ciudadano normal, a mi profesión. Y en eso estoy. Me fui sin ningún tipo de rencor y feliz, pues pienso que lo natural en la vida política es que, al igual que existe un principio, tenga, también, un fin. Ahora hay otros que lo están haciendo bien, y son los que tienen que gestionar el partido y las distintas administraciones. Si me piden colaboración se la prestaré.
- Dice que la actual dirección socialista en Almería lo está haciendo bien.
- La dirección del partido siempre intenta hacerlo lo mejor posible, la actual y la que haya. No se pueden comparar periodos de tiempo diferentes, pues cada realidad tiene un enfoque, su planteamiento y unos problemas distintos y yo quiero recalcar que la dirección de ahora, desde mi punto de vista, lo está haciendo con mucha dedicación y trabajo. No es fácil y mi apoyo, como militante, lo tienen. Están desarrollando una actuación correcta. La que merece Almería.
- ¿Descarta usted volver a la política?
- En la vida es muy difícil decir que no por principio, porque las circunstancias cambian. Sí digo con rotundidad que mi vida está enfocada al ámbito de lo privado y profesional. Hace cinco años puse límite a mi vida pública y en este momento no tengo ninguna voluntad de volver a lo público. Llegué en un momento muy delicado para el partido en Almería e hice todo lo que pude en cuanto a trabajo y dedicación. Esa etapa está superada y segundas partes nunca fueron buenas. No volveré a tener ningún cargo vinculado a la política.
- ¿El resto de colaboradores de su entorno han sido tratados igual que usted?
- Eso tendrá que preguntárselo a ellos. Cada uno tendrá su particular percepción. Son etapas que pasan, acaban y cada uno vuelve a su vida profesional. Nadie dijo que esto fuera para toda la vida.
- Su paisano, compañero y amigo Diego Asensio salió de una forma un tanto traumática de la Secretaría General de Almería.
- No se portaron bien con él ni con aquella ejecutiva. No era merecedor de aquella dimisión forzada. Hubo una ingerencia de personas que debían haber permanecido al margen en virtud del cargo que ocupaban y que provocaron unas dimisiones que eran interesadas. Pero aquello ya pasó y pelillos a la mar. En los estatutos también está previsto que dimita una ejecutiva y forzar la dimisión de un secretario general. Yo no estuve de acuerdo, no lo creí adecuado y sigo pensando que no había razones.
- ¿A usted lo echaron o se fue?
- Me fui. Pude haber continuado en el gobierno, pero creí que era lo que tenía que hacer.
- Desde su perspectiva actual ¿cómo aborda los casos de corrupción?
- Ante una sospecha de corrupción, el propio partido tiene que denunciarla y, de no ser así, que lo hagan los ciudadanos o la Fiscalía actúe de oficio. La corrupción hay que perseguirla esté donde esté. Soy partidario de denunciar, juzgar y condenar a quien se lo merezca. La separación de poderes es una garantía. Al poder político hay que controlarlo en el Parlamento y en los juzgados y hay que actuar cuando se produzca cualquier irregularidad. Pero nunca deben pagar justos por culpables. Para evitarlo, la justicia ha de ser rápida. No se puede tratar a todo el mundo igual, no es lo mismo el señor Bárcenas, que tiene 40 millones en Suiza, como que aquí se haya dado una ayuda irregular a un trabajador, un dinero que no se ha llevado nadie. Ni Chaves ni Griñán tienen cuentas en Suiza, como sí las tienen Rato y la gente de la Gürtel. Aquí, en Andalucía, se está juzgando la gestión inadecuada de unos fondos públicos, eso es el asunto de los ERE, que si alguien se ha aprovechado tendrá que devolver, pero es un asunto menor que se ha exagerado para que parezca equivalente a los problemas de corrupción del Partido Popular. Sí a la investigación, sí a los juzgados, pero que se deje tranquila a la gente que no ha hecho nada.

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