De los setenta a los setenta y cinco “Murió franco, se fue Jacinto y las leyes seguían en el limbo”. Urbanismo en Mojácar (6)

CLEMENTE FLORES

10·03·2016

EL PRIMER QUINQUENIO de los setenta fue en España un tiempo de grandes cambios. La década de los sesenta, partiendo del Plan de Estabilización de 1959 y sobre todo con los dos primeros Planes de Desarrollo, había proporcionado cambios económicos y sociales como anteriormente no se habían conocido. 

Con crecimientos sostenidos del PIB de más del 7% anual, comenzaron a producirse fracciones en la sociedad, debidas a que las demandas sociales de apertura de las nacientes clases medias chocaban con el inmovilismo político del régimen de Franco. En el año 1969, dentro del gobierno existían enfrentamientos entre los ministros “aperturistas” del Régimen, como Fraga o Solís, y los “inmovilistas” del Opus Dei, que se hicieron ostensibles y públicos cuando salió a la luz el escándalo Matesa, donde estaba implicado, al parecer, algún ministro del Opus. (A los españoles, menores de cincuenta años que nos lean les debe de extrañar leer que Fraga o Solís eran los aperturistas del momento). ¡Qué distinto se ve el campo de día y de noche! 

A finales de octubre de aquel año tuvo lugar una remodelación a fondo del Consejo de Ministros para conseguir, según el Vicepresidente Carrero Blanco, “un gobierno unido y sin desgaste”. El cambio de gobierno supuso un triunfo para los “inmovilistas tecnócratas” pertenecientes o afines en su mayoría al Opus Dei. 

En el nuevo gobierno, la cartera de Vivienda correspondió a Vicente Mortes, brillante Ingeniero de Caminos con experiencia política y una meritoria trayectoria profesional. 

Pese a que en el nuevo gobierno tecnócrata abundaban los defensores de la planificación a gran escala, en materia de urbanismo, y desde el punto de vista teórico, la actuación gubernamental supuso un retroceso con relación a la ley del suelo de 1956. 

El gobierno duró hasta junio de 1973, cuando Franco cedió, por primera vez, el puesto de Presidente del Gobierno a Carrero Blanco, que nombra vicepresidente a Fernández Miranda. 

Era un momento crítico por las contradicciones entre un modelo económico liberal, dirigido por tecnócratas “conservadores”, y un modelo político dictatorial anquilosado, incapaz de evolucionar y dirigido ahora por “aperturistas”. 

El 20 de diciembre es asesinado Carrero Blanco y dos años después muere Franco. El asesinato de Carrero y la certeza de que la figura de Franco desaparecería a corto plazo, junto a los cambios económicos y culturales que se habían producido en la sociedad española, hizo que en esos últimos años al Régimen le saliesen críticos y discrepantes, incluso desde dentro. 

La Iglesia, con Tarancón al frente, el mundo universitario con algunos catedráticos en primera fila de las manifestaciones, los movimientos obreros, fundamentalmente con el sindicato clandestino Comisiones Obreras (se legalizó en Mayo del 77) y algunos movimientos regionalistas vascos y catalanes, caldeaban el ambiente levantando muchos miedos sobre el profundo cambio, tan cercano como inevitable, que se veía venir. 

Cambios en la política urbanística 

La vuelta de los ministros “planificadores” a la cúspide del poder y la personalidad de Mortes, con una enorme fe en sí mismo, al frente de Vivienda, parecían dar a entender que se produciría un reforzamiento de la Ley del Suelo de 1956, que en términos generales había fracasado y que en el caso de Mojácar, como ya hemos escrito, por su grado de cumplimiento, era como si nunca hubiese sido dictada. 

No he vivido nunca en el extranjero y no sé lo que supone incumplir las leyes en cada país, pero en el mío, que es España, no dejo de asombrarme al ver cómo sistemáticamente se incumplen y desconocen las leyes y cómo es la Administración, en sus distintos estamentos, la que no tiene ningún pudor en saltárselas a la torera. 

En muchos casos el mal arranca de las mismas leyes, que se hacen y redactan de espaldas a la realidad social, económica y cultural donde han de aplicarse. 

Luego, cuando estas leyes, “lógicamente”, se incumplen, se sacan conclusiones equivocadas porque nadie se atreve a poner el dedo en la llaga y reconocer el error. Al querer corregir el mal causado, se introducen reformas de las leyes que se acaban convirtiendo en un pastiche, resultando peor el remedio que la enfermedad. Cuando es la Administración quien incumple la parte de los compromisos que le corresponden, unas veces por falta de medios económicos y otras por incapacidad técnica, los particulares tampoco se creen obligados a cumplir los suyos. 

La Ley del Suelo de 1956 exigía para empezar a funcionar, la redacción y aprobación de una serie de Planes de Ordenación a distintos niveles. Los ayuntamientos y otros estamentos de la Administración no adquirieron ningún tipo de compromiso con la nueva ley, porque no estaban preparados ni disponían de medios para hacer ningún tipo de Plan. Aparte de que la Administración en general y los Ayuntamientos en concreto carecían de medios, ocurría que ninguno tenía mentalidad planificadora porque, entre otras cosas, históricamente, hemos practicado la improvisación y se ha valorado más el ingenio improvisado que la previsión sistemática. 

Con nuestra manía de café para todos, la ley no distinguía entre el problema del crecimiento de las grandes ciudades del país, que se hacía ampliando el núcleo urbano avanzando hacia el extrarradio, y el de otras ciudades, como el caso que comentamos de Mojácar, que se hacía formando nuevos núcleos sin continuidad física con el núcleo original y, por supuesto, sin justificación técnica, económica, social o medioambiental. La ley se cumplió mal, pero en nuestra tierra no sólo se incumplió sino que, hasta el momento que estamos comentando, se funcionó como si nunca se hubiese promulgado. 

El crecimiento urbano acelerado vino a poner de manifiesto que no sólo éramos deficitarios en conocimientos teóricos de urbanismo, sino que tampoco se conocía la metodología legal de la gestión urbanística. 

Cuando Mortes llegó al Ministerio en 1969, se encontró que los mayores problemas urbanísticos eran los generados por el mercado del suelo, ya que la gestión de las plusvalías estaba en manos privadas, que retenían el suelo edificable generando una escasez asfixiante con objeto de subir los precios. 

Se culpó a la legislación de haber creado el problema de escasez del suelo, por imponer planes rígidos, estáticos e inoperantes, frente a la dinámica diaria que exigía liberalismo y fluidez, y desde el Ministerio se actuó contra el espíritu de la ley, en aras de atender las demandas de suelo edificable. 

Con las decisiones tomadas, como luego veremos, se introdujo una irracionalidad mayor, que suponía dar un paso atrás, pues se renunciaba en parte al control y gestión del proceso urbano de creación de suelo urbano. 

Pasar del urbanismo-reglamento al urbanismo-operativo, era ponérselo en bandeja a quienes querían controlar, y de hecho controlaban el mercado inmobiliario y especialmente el mercado del suelo edificable, monopolizándolo y especulando cuanto podían. 

La solución elegida fue aumentar a toda costa la oferta de suelo atrayendo recursos privados y para conseguirlo, se crearon los ACTUR (actuaciones urbanas urgentes) a través del Decreto-Ley 7/1970. 

Los ACTTUR estaban pensados para grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, y con ellos se pretendía crear grandes unidades urbanísticas dotadas de todos los servicios y con reserva de suelo para futuras instalaciones productivas. 

Uno de los ACTUR más conocidos es Tres Cantos, situado a 20 km. de Madrid, que se creó por Decreto-Ley 1331/1971 en el término de Colmenar Viejo. Desde 1991 es un municipio independiente que en una superficie que se aproxima a la mitad de la de Mojácar, alberga unos 45.000 habitantes. 

La novedad urbanística de los ACTUR era que su Plan Parcial y su Proyecto de Urbanización podían tramitarse al margen del Plan General saltándose así la Ley del Suelo. 

Otra iniciativa a través de la Subdirección General consistió en realizar Instrucciones para facilitar a las Comisiones Provinciales de Urbanismo la redacción de Normas Provinciales donde no existían, y su revisión si estaban redactadas. 

En realidad lo que se estaba intentando era suprimir la obligación incumplida de realizar Planes Nacionales y Provinciales y sustituir estos últimos por unas simples Normas. 

Por Orden de 3 de noviembre de 1971, el Ministerio de la Vivienda aprobó, con algunas modificaciones, las Normas de Ordenación Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento para los municipios de Almería, que en municipios como Mojácar, que no tenían Plan de Ordenación, debían “aplicarse íntegramente”. 

De acuerdo a la nueva política del Ministerio y como había sucedido en el caso de los ACTUR, contrariamente a lo que exigía la Ley del Suelo, las normas permitían desarrollar Planes Parciales sin necesidad de que existiese Plan General. 

¿Qué sucedía en Mojácar? 

Mojácar siguió creciendo de espaldas a las leyes urbanísticas sin que su Ayuntamiento cambiase un ápice su forma de gestionar. 

Nadie en instancias superiores intentó coordinar o asesorar al caótico Ayuntamiento, ni le obligó a cumplir las mínimas disposiciones legales. Culpar de lo que pasó al alcalde de Mojácar es querer buscar un chivo expiatorio de un proceso donde los funcionarios comarcales y las autoridades provinciales no cumplieron con las funciones que legalmente le correspondían. 

Me gustaría que el lector recapacite sobre los problemas que hoy nos ahorraríamos con haber cumplido al menos tres de las condiciones que el Ministerio impuso al aprobar las normas provinciales en 1971: 

- Que las edificaciones se retiren del eje de las carreteras comarcales una distancia mínima de 14.75 metros. 

- Que en todas las urbanizaciones que lindan con la zona marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de salvamento de 20 metros desde el límite interior de la zona marítimo terrestre… deberá destinarse a espacio libre de uso público. 

- El ancho mínimo de la calzada será de 9 metros y las aceras en vías de circulación rodada tendrán un ancho mínimo de 1.60 metros. 

Cuando finalizó el período (1975) había solamente tres edificaciones bajo la carretera entre El Río Aguas y El Duende, sólo una antigua en El Cantal y seis en el resto de la Playa, incluyendo las dos del restaurante Virgen del Mar. 

Lindando con la carretera de la costa se habían levantado algunas edificaciones a las que nadie limitó la altura, como el Hotel Indalo, llamado entonces Hotel de la Luz, con siete plantas, y los apartamentos de Laing en La Cueva del Lobo, vendidos casi íntegramente a empleados de la empresa. 

Detrás de éstos últimos comenzó su aventura inmobiliaria Ric Polansky, urbanizando a su antojo Los Lomos del Cantal. Creo que nunca llegó a ver aprobado su Plan Parcial de Los Lomos, simplemente porque era el antiurbanismo puesto en práctica. Cerca del Parador estaba planteándose la Urbanización Vista de Los Ángeles y se había construido algo en La Rumina. Sin nadie que coordinase, cada cual empezó a construir como le vino en gana donde quiera que hubiese adquirido un terreno. 

Cuando Franco dijo aquello de que lo “dejaba todo atado y bien atado”, no debía estar pensando en Mojácar. Allí (o aquí) la anarquía, la impunidad, la especulación y la codicia corrían como jineteras en estampida. A partir de entonces la Mojácar que encontraron los primeros turistas sólo puede encontrarse en la publicidad. Cuando Franco se fue, Jacinto dejó el cargo.