El administrador concursal denuncia “fraude” en la gestión de Key Mare

El responsable nombrado por el juzgado para dirigir el procedimiento concursal de la mercantil, detecta “irregularidades contables de relevancia” y apunta que “numerosos bienes y derechos patrimoniales” salieron de la empresa de manera “fraudulenta” dos años antes de suspender pagos 

Cuando en septiembre de 2013 la sociedad presentó voluntariamente concurso de acreedores, el valor de su activo ascendía a 167.621.406 euros y su pasivo a 121.812.143 euros.

Redacción / 17·10·2016

El responsable nombrado por el juzgado para dirigir el procedimiento concursal de la mercantil, detecta “irregularidades contables de relevancia” y apunta que “numerosos bienes y derechos patrimoniales” salieron de la empresa de manera “fraudulenta” dos años antes de suspender pagos. 

El administrador concursal de Key Mare nombrado por el juzgado ha pedido al juez de lo Mercantil la declaración de “concurso culpable” para los miembros del consejo de administración de la constructora, así como para el máximo responsable de la gestión y dirección del grupo, al hallar “irregularidades contables de relevancia” y considerar que “incumplió el deber” de solicitar al juzgado, en su debido momento, la suspensión de pagos. 

Argumenta que el consejo “conoció o debió conocer” la situación de insolvencia que atravesaba la sociedad, sin embargo dos años antes de acogerse a este proceso salieron “numerosos bienes y derechos de patrimonio” de forma “fraudulenta”. 

En el escrito dirigido al juez requiere para los miembros del consejo de administración la inhabilitación para administrar bienes ajenos y también para representar o administrar a cualquier persona durante un periodo de entre ocho y diez años. 

Más aún, el informe de calificación insta al juez a que los consejeros paguen el 50 por ciento de la deuda empresarial, que considera achacable a su actuación y que fija en un mínimo de 12 millones de euros. Esta cifra “representa algo menos de los gastos generales de mantenimiento de la actividad durante los dos años de retraso en la solicitud de concurso”, que en 2012 ya arrastraba números rojos superiores a 76 millones de euros. 

El administrador concursal señala de manera más directa al presidente de Key Mare, G.S.G., atribuyéndole la mayor culpa y proponiendo que responda a más parte de la deuda que el resto de consejeros por tener “más responsabilidad, dedicación y capacidad de decisión en los aspectos de gestión”. Le reclama un mínimo de 2 millones de euros. 

En cualquier caso, considera que el consejo de administración “actuó con desinterés”, lejos de lo que debe ser “un diligente empresario”. Las alegaciones esgrimidas por los consejeros en su defensa, declarando que “no conocían la situación económica tan precaria de Key Mare” ni sus deudas con la Agencia Tributaria, de casi seis millones de euros, no las ha creído el administrador concursal. 

No obstante, el consignatario judicial ha subrayado que el papel de “auténtico administrador de hecho” era “el responsable del área económica”, a quien identifica como P.R.M. y le imputa “irregularidades relevantes en la contabilidad”, la “salida fraudulenta de patrimonio” y el retraso en la presentación y auditoría de las cuentas anuales. 

La calificación concursal recoge que desde 2008 “las pérdidas de la empresa iban incrementándose año a año”, por lo que “debía haberse solicitado la declaración de concurso [o suspensión de pagos] para evitar el agravamiento de la insolvencia y las cargas hipotecarias”. Y ello en base a la evidencia de que en el momento en el que finalmente la sociedad se acogió al procedimiento concursal, en 2013, los activos de la sociedad habían quedado “esquilmados”. 

INSOSTENIBLE DESDE 2011 

Abunda el informe dando por hecho que es “complicado creer que un gigante de más de 170 millones de activo, con más de 70 trabajadores y más de 130 millones de pasivo comienza a incumplir sus obligaciones de pago con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, con proveedores y con entidades financieras, y que el consejo de administración no tenga conocimiento de nada”. En este sentido establece que la deuda se hizo “insostenible” al menos desde marzo de 2011. 

«Medió dolo o culpa grave del consejo de administración y del apoderado general en la generación y agravación de la insolvencia”, puesto que ante la crisis inmobiliaria “en lugar de aceptar la situación y reducir riesgo y gastos”, los responsables de Key Mare “quisieron escapar manteniendo el ritmo de salarios y gastos de los años del beneficio emprendiendo una huida hacia delante”. Para ello se recurrió a la compra de más suelo “con campañas de marketing y publicidad agresivas para promover y vender nuevas promociones” que finalmente “se daban en pago al banco y que ningún beneficio reportaban a la empresa, manteniendo los gastos generales y salarios como un efecto analgésico e hipnótico que sepultara la aflicción de acercarse al abismo, al concurso de acreedores”. 

Cree el administrador que incluso se buscaba por parte de los responsables “mantener la calidad de vida de antaño” y la posibilidad de que la empresa “pagara los gastos personales que venía atendiendo”, entre los que destaca el mantenimiento de una “finca de recreo de socios y consejeros” en Hellín, que suponía un desembolso de 140.000 euros. 

Otros datos que recoge el informe indican que la sociedad “aumentó su presupuesto de gastos de 2012 en más de un millón de euros tras dos años de pérdidas de más de diez millones de euros anuales”. La subida del presupuesto incluyó un aumento generalizado de sueldos. 

Key Mare presentó voluntariamente concurso de acreedores en septiembre de 2013, momento en el que el valor de su activo ascendía a 167.621.406 euros y su pasivo a 121.812.143 euros, con una lista de acreedores superior al medio centenar y una plantilla de 71 trabajadores. Posteriormente, en enero de 2015, se dictó auto de apertura de liquidación, cuyo plan fue aprobado en junio del mismo año. 

Fuentes cercanas a Key Mare atribuyen los problemas de la empresa al responsable del área económica, P.R.M., que fue despedido hace unos años y contra quien la sociedad ha presentado varias denuncias que la justicia sustanciará en los próximos meses. 

LA OPOSICIÓN EXIGE CESES

El portavoz del PP, Juan de la Cruz Belmonte, ha pedido al equipo de gobierno de Vera que tome medidas contra el consejero de Codeur –G.S.M.- y representante del grupo Key Mare –poseedor del 49% de las acciones de la sociedad semipública- a tenor de las acusaciones vertidas por el administrador concursal. 

“Deberían cesarlo o al menos situarlo lejos de los órganos de decisión de Codeur. Si no lo hacen reforzarán nuestras sospechas sobre la naturaleza de los vínculos del gobierno de Vera con Key Mare, un socio poco de fiar”. 

Belmonte adelantó que “cuando ganemos las próximas elecciones, la gestión del agua en el municipio será 100 por 100 pública para evitar estas cosas”.