Anuario 2016: Mayo

El nuevo presidente de Cajamar no se entera o no le dejan

Eduardo Baamonde, nuevo presidente de Cajamar. 

ACTUALIDAD ALMANZORA / 20·01·2017

El vicepresidente segundo del Consejo Rector, José Luis Heredia, cobró en 2007 de una sociedad de Miguel Rifá, uno de los mayores deudores de la entidad que entonces recibía abultados créditos, 1.232.070 euros por la venta 7.000 m2 de suelo yermo en Vera. Igual y por el mismo procedimiento que Bartolomé Viúdez, su número dos.

La ausencia de explicaciones invitaba a pensar que el nuevo presidente, Eduardo Baamonde, designado el 27 de abril en asamblea, bien por imposición, bien por decisión propia, incorporó a Heredia y Viúdez al Consejo Rector de La Caja para salvaguardar sus imágenes públicas. Dicho de otra manera, se les apartó de las labores ejecutivas, donde habían decidido la concesión de créditos a empresas vinculadas a ellos, y se les encontró acomodo en el máximo órgano de la entidad, dando apariencia de ascenso.

Por otro lado, el presidente saliente, Juan de la Cruz Cárdenas, no estimó oportuno aclarar a sus 1,4 millones de cooperativistas y a los 4 millones de clientes si las actividades privadas ligadas a la construcción de sus hombres de confianza eran compatibles con los estatutos y el código ético de Cajamar.

El mutismo de la entidad pasma, por cuanto Heredia y Viúdez se enriquecieron con sus negocios privados formando parte de sociedades ligadas al ladrillo, al tiempo que esas mismas empresas recibían cuantiosos préstamos que aprobaban los dos directivos que, de forma reiterada, más tarde no se devolvían en su totalidad. En el mejor de los casos retornaban en términos de activos tóxicos -terrenos e inmuebles devaluados-.

  

LA TRÁGICA HISTORIA DE GALASA

Galasa nació con el imperioso objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en el Levante y, con ello, el desarrollo del turismo y el bienestar de sus habitantes, pero pronto se vio cuestionada en las formas, que no en el fondo, y se convirtió en un campo de batalla en el que las fuerzas políticas locales dirimían sus diferencias.

Con todo a su favor, la realidad de la mercantil tomó camino de tragedia. La lucha de populares y socialistas en sus máximos órganos de gestión era en mayo enfurecida, en medio de un deuda desproporcionada y el reconocimiento de socialistas y populares de que no habían gestionado bien la empresa en sus épocas de alternancia al frente de la sociedad.

Ese mismo mes se filtraba a ACTUALIDAD ALMANZORA el acta del Consejo de Administración celebrado en febrero de 2009, donde se conoció que la empresa había cerrado el ejercicio anterior con pérdidas de 4,1 millones. El presidente Juan Carlos Usero abre un turno de intervenciones pero ninguno de los consejeros abre la boca a pesar de que el gerente acababa de notificarles que los pueblos del Almanzora generaban un déficit anual de 1,5 millones y los del Levante 2; que los ayuntamientos debían 4,5 millones; que en Fines, el consumidor abona 0,35 céntimos por cuota fija y 0 euros por los primeros 12 m3 consumidos en el mes. Nada que ver con las tarifas aplicadas en nuestra comarca.

Por otro lado, la Junta de Andalucía convenió con Galasa el pago íntegro de los 89 millones de la tubería del Levante, pero sólo había abonado 5,5.

Era evidente que el problema fundamental de la empresa consistía en una gestión tiznada de política que arrinconó los criterios de buena gestión.

Curiosamente, los consistorios fundamentaban una nueva trifulca no en aspectos esenciales que recondujeran el barco Galasa, sino en que no se les reconoce aquello a lo que renunciaron voluntariamente en 1988: su competencia sobre la gestión del ciclo integral del agua y, con ello, el derecho del Consejo de Administración a asignar las tarifas.

  

Cándido Trabalón

EL ‘COSTURERO’ DE LOS HERMANOS MARX

Según el exalcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, “el ‘Caso Costurero’ es una historia mediática que se inventaron determinados individuos de la Junta de Andalucía”. Con 25 encausados, viene a ser un compendio de denuncias a instancias de la Junta de Andalucía y la Fiscalía, por la política urbanística que se aplicó en Zurgena durante los años 2005-2007.

La legalidad de las licencias otorgadas esos años se viene aclarando en los juzgados de los contencioso administrativo y de los penal, resultando, hasta ahora, absueltos tanto el alcalde, Cándido Trabalón, como el resto de la Corporación que votó a favor de las mismas. En el ‘Costurero’ se ventila si técnicos, empresarios y políticos se conjuraron para conceder permisos de construcción a cambio de prebendas, pero asegura Trabalón que es una auténtica chapuza: “La Guardia Civil registró el Ayuntamiento sin orden judicial, la trascripción de las escuchas telefónicas no tiene nada que ver con lo que realmente se ha dicho en las conversaciones y el almacén en el que se custodiaban muchos documentos del pueblo de Zurgena se anegó destruyendo el material incautado”. Ni los Hermanos Marx.

  

NEPOTISMO A LA GARRUCHERA

Lo denunciaba la oposición. La novia de un sobrino del primer teniente de alcalde y titular de Urbanismo, José Antonio Gallardo, sustituía a la arquitecta del Ayuntamiento, pese al informe que contra su incorporación emitió el fedatario municipal. Tanto PP como GIGA acusaron también al gobierno local de favorecer al taller en que trabaja el hijo de José A. Gallardo. Además, sospechaban que la alcaldesa quería poner como juez de paz a “Carmen Muñoz –esposa del Jefe del Puerto y destacada socialista- o al exalcalde Andrés Segura para gozar de mayor comodidad”, señalaba el popular Juan Francisco Fernández.

La peregrina alcaldesa de Garrucha, María Antonia López, camino de El Rocío.  

PIDIENDO EXPLICACIONES A MARI TOÑI

Adolfo Pérez era alcalde de Garrucha en 1988, cuando el socialista Tomás Azorín impulsó Galasa desde la presidencia de la Diputación con el fin de asegurar el suministro de agua en los pueblos del Levante. A Pérez le extrañó que fuera precisamente la actual regidora de su pueblo, militante del PSOE, quien buscaba desde el pasado abril liderar un movimiento de alcaldes para poner “patas arriba” el proyecto comarcal de abastecimiento ideado por Azorín, y que podría acabar con Garrucha fuera de Galasa si la recién creada Comisión de Estudios promovida por el gobierno de la Villa así lo concluye.

Para el exregidor, “el problema aquí no es otro que la Diputación Provincial está controlada por el Partido Popular y el PSOE quiere tener la sartén por el mango”. Por aquellos días, la alcaldesa estaba de romería en El Rocío, junto a su homóloga de Mojácar, Rosa María Cano, mientras en la Diputación se reunían los alcaldes para buscar una salida a la empresa de abastecimiento que impidiera su cierre el 1 de diciembre de 2016, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Ancianos septuagenarios que bajan de sus barquillas saltando de piedra en piedra por la escollera del Puerto de Carboneras entre escombros, deposiciones humanas y la más absoluta carencia de servicios, ni siquiera unos aseos. El puerto carece de casi todo, sin embargo, la Autoridad Portuaria subía la tasa a los ancianos en un 34,4% por los derechos de uso de unos atraques que ellos mismos se tienen que fabricar.  

DENUNCIANTE ANÓNIMO EN CARBONERAS

El alcalde de carboneras, el independiente Salvador Hernández, respondía a las acusaciones de un denunciante anónimo, asumidas por la Fiscalía, que le sitúan en el centro de un presunto escenario de cohecho y malversación de caudales públicos. Los socialistas, en la oposición, se personaban en la causa.

El regidor intuía que la demanda “la ha parido Cristóbal Fernández para ensuciar y alterar la política municipal”. En ella se señalaba que el contrato de permuta de unos terrenos firmado en 2013 entre el Ayuntamiento y Holcim SA podría haber producido un perjuicio a las arcas públicas de 28,2 millones de euros, por lo que el alcalde de Carboneras y el entonces director de la planta de Holcim SA en la localidad y representante de la mercantil, José Nars, podrían haber incurrido en presuntos delitos de cohecho y de malversación de caudales públicos.

La denuncia precisaba que los terrenos de propiedad municipal fueron valorados en el contrato en 865.000 euros y los de propiedad de la cementera en 529.000 euros, "sospechando el anónimo denunciante que el valor real de los terrenos municipales alcanzaba la cifra de 29.440.882 euros y los de la empresa, 1.222.200 euros.

El alcalde proclamaba su honestidad y encargó a los servicios de Diputación la valoración de esos mismos terrenos, desde la seguridad de que coincidiría con la hecha por el Ayuntamiento.

MODIFICACIONES AL PGOU DE PULPÍ

El gobierno popular de Juan Pedro García formalizó desde que tomó posesión en 2011 trece modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana. El responsable de Urbanismo, Pedro Jesús Martínez, aseguraba en mayo que todas han facilitado el desarrollo económico del pueblo, pero lamentaba que ninguna contó con el voto favorable de los concejales del PSOE. En este sentido recordó la promovida para dar acomodo al gran proyecto comarcal del puerto seco ligado a la alta velocidad, o la solicitada por una de las grandes empresas del municipio, con importantes relaciones comerciales internacionales, para ampliar sus instalaciones.

ECONOMÍA POR ENCIMA DE LA LEY

Bartolomé Soler Cano, el exalcalde de Antas que vendió unos terrenos comunales inalienables, según el TSJA, se mostraba “orgulloso” de su decisión y señalaba al actual secretario, “que mantuvo sin actualizar el inventario de bienes municipales, como culpable de que el alto Tribunal condenara al consistorio a indemnizar a la empresa con 1,5 millones de euros por haber invertido en un suelo que nunca se le debió haber vendido.

El hoy portavoz socialista y compañero de partido de Soler Cano, Antonio Pérez, aseguraba que “yo volvería a vender a Spancrete SL los terrenos, porque el empleo y la actividad económica deben prevalecer por encima de la ley, los albardinales, el esparto y los lagartos”.

Sin embargo, para el líder del Grupo Andalucista, Diego Castaño, “la venta fue una chapuza que no contó ni siquiera con el apoyo de todos los concejales del equipo de gobierno. Todo huele a chanchullo premeditado”. El andalucista opinaba que “un bien comunal no se puede entregar para favorecer a una empresa privada”, y que todo fue un “paripé” por parte de Spancrete “para embolsarse el dinero de créditos y subvenciones. A ese tipo de empresas yo las catalogo como mafiosas”.

Más de un centenar de personas y representantes políticos –andalucistas, PSOE, IU y Podemos-, se manifestaron el 19 de mayo en la Plaza Mayor de Vera para pedir mayor seguridad jurídica en España y justicia para los Prior, el matrimonio de jubilados británico cuyo caso simboliza la situación de 2 millones de residentes en España. “El Registro de la Propiedad tiene que ser más fiable que el ‘top manta’”, exigía el abogado de AUAN, Gerardo Vázquez. FOTO PEPE ALONSO. 

AZNAR GANA EL COSTA DE ALMERÍA

El piloto cuevano volvió a ganar esta prueba clásica del automovilismo, en su LI edición, haciendo historia: batiendo a sus rivales en los ocho tramos cronometrados, algo que nadie había logrado nunca. En 2015 también se alzó con el laurel.