El señalado de ser testaferro de Fernández y sobornar a Gloria Ruiz compró la deuda de Cacoub y le quebró

El empresario Juan Parra acabó siendo propietario de una de las mejores propiedades del francés a través de Promociones e Inversiones el Jaroso y Tocantins SL

Imagen de archivo de Juan Parra, presunto testaferro de Cristóbal Fernández

ACTUALIDAD ALMANZORA / 15·07·2015

El estudio del ‘caso Cacoub’, empresario francés que reclama al Ayuntamiento de Carboneras 11 millones de euros por lo daños que durante dos décadas y media le habría causado el exalcalde Cristóbal Fernández, llegando a provocarle la ruina económica, va aportando numerosos detalles que arrojan sombras sobre la gestión del que fuera 30 años regidor del pueblo. 

En el punto de mira informativo aparecen hoy los empresarios Juan Parra y Raúl Seco. A Juan Parra, originario de Cuevas y afincado en Carboneras, se le acusó en 2003 de ser el testaferro de Fernández. Lo hizo otro empresario, Pedro Fernández, quien presentó querella ante el juzgado número 1 de Vera contra el alcalde y otros por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación de inmuebles públicos. La querella se sustentaba en la venta de dos propiedades rústicas municipales, la Torre del Rayo y la Loma de la Cañada (63 Has.), a un conjunto de personas, con la promesa de Fernández de reclasificarlas más tarde. La operación, aprobada por el pleno, tasaba el precio del m2 a sólo 3 euros. Las plusvalías vendrían después, con la reclasificación. De ello se hizo eco el diario ABC en su edición digital del 21 de mayo de 2003, días antes de las elecciones municipales. 

Años antes, concretamente en junio de 1997, Parra fue también señalado por haber dado un maletín con 22 millones de pesetas a la entonces concejal del PP Gloria Ruiz, a fin de que ésta respaldara la moción de censura presentada por el grupo socialista que dirigía Cristóbal Fernández contra el alcalde Antonio Hermosilla. Hermosilla puso el hecho en conocimiento del juzgado. El marido de Gloria Ruiz, Cristóbal Sánchez, ratificó esta versión ante la titular del juzgado número dos de Vera. 

Ninguno de los dos asuntos prosperó en la vía judicial, pero ahí están las hemerotecas para recordar episodios que ligan a Parra con el exalcalde Cristóbal Fernández. 

Ahora Juan Parra vuelve a aparecer en escena en el ‘caso Cacoub’. Al francés, el Ayuntamiento le ocasionó la quiebra de una de sus empresas, Carboneras Playa SL, y le generó un quebranto económico por el que hoy exige una millonaria compensación. La petición de dicha quiebra al juzgado, en el año 2002, se justificó, como ya quedó explicado en informaciones anteriores, en el impago del IBI de 146 fincas, cuando en realidad el francés sólo poseía 22. El hecho de que un Ayuntamiento inste la quiebra de una empresa es absolutamente inédito; un caso, quizá, único en España, como también lo es el que rodea a la finca 3236 de Carboneras. 

Otra empresa de Cacoub, Colina Mar SA, era propietaria, entre otros, de un magnífico terreno situado junto al cruce de Endesa y lindando con la primera línea de playa, la finca 3236 de 3,7 Has. Este terreno fue embargado por Unicaja y adquirido el 13 de febrero de 2002 en subasta pública por Raúl Seco, socio de Juan Parra. 

Las penurias económicas de las empresas de Cacoub habían comenzado muchos años antes. El Ayuntamiento dirigido por el alcalde Fernández había decidido colocar curiosos carteles informativos en las propiedades del francés recomendando a cualquier comprador pasar antes por el Consistorio para informarse. Más aún, las declaraciones públicas del primer edil y las acciones de su gobierno no eran precisamente positivas respecto a Alain Cacoub y sus intereses empresariales. Cacoub sufrió una expropiación forzosa de terrenos para edificar un instituto que finalmente no llegó a realizarse por errores en la ficha descriptiva del solar que elaboró el Ayuntamiento. En mayo del año 2000, las oficinas del francés fueron derribadas a golpe de pala cuando éste se encontraba en Francia. Los escombros y cuanto había dentro acabaron en un vertedero. 

Pero volvamos a la finca 3236. Adquirida por Raúl Seco en subasta pública el 13 de febrero de 2002 al no poder hacer frente Alain Cacoub al préstamo contraído con Unicaja, acaba inscrita en el Registro de la Propiedad el 9 de septiembre de ese mismo año. Transcurridos 23 días, el 3 de octubre de 2002, Raúl Seco vende la finca por 132.000 euros a Promociones e Inversiones el Jaroso SL, sociedad fundada y administrada por Juan Parra, su socio y vecino; ambos tienen chalés levantados sobre una misma parcela en las afueras de Carboneras. 

El 8 de octubre de 2002, cinco días después de que Seco inscribiera la finca en el Registro, tanto Seco como Parra pasaron a tener una importante participación en Tocantins Inversiones SL; una nueva mercantil que se había creado meses antes en Valencia -el 18 de febrero de 2002-. Los dos empresarios carboneros y la hija de José Luis Martínez, entonces abogado del Ayuntamiento de Carboneras, suscriben el 50% de las acciones de Tocantins SL. El 12,5% es para Seco, otro 12,5% para la hija del abogado y el 25% para Juan Parra. 

Ése mismo día, Raúl Seco, en representación de Tocantins, vuelve a comprar la finca 3236 por 180.000 euros a quien poco tiempo antes se la había vendido, Promociones e Inversiones el Jaroso SL, la sociedad de Parra. La actividad de Tocantins SL no se detiene ahí. 

La sociedad, ahora integrada por los dos socios de Valencia (50%) y Raúl Seco, la hija del abogado del Ayuntamiento y Juan Parra con el otro 50%, cierra acuerdo con Unicaja el 22 de octubre de 2002 -14 días después de la compra de la finca 3236- para quedarse con la deuda que Alain Cacoub, a través de su mercantil Colina Mar SA, mantenía con la entidad. Comprar la deuda del francés cuesta a Tocantins SL 1.171.974 euros. A partir de ese momento, Tocantins SL es la dueña de los créditos de Cacoub sustituyendo a Unicaja en todos los procedimientos judiciales de cobro. 

Llegado este momento no resulta baladí subrayar lo insólito que resulta que Unicaja vendiese la deuda de Cacoub a Tocantins SL–es decir, a Parra, Seco y a la hija del abogado del Ayuntamiento-, rechazando una cifra netamente superior puesta sobre la mesa por otro vecino de Carboneras, Andrés Cayuela. 

Pese a ello, a los nuevos acreedores de Cacoub no les resulta fácil cobrar. Pusieron en quiebra a Colina Mar SA el 30 de abril de 2004 y le interponen cuatro querellas criminales pidiendo en su conjunto entre 10 y 14 años de cárcel para el francés. Tres son desestimadas, la cuarta sigue viva. 

Extraordinarios beneficios 

Los resultados económicos que Tocantins SL obtuvo por la venta de la finca 3236 sólo pueden calificarse de extraordinarios. 

El 11 de junio de 2003, Tocantins SL segrega dos parcelas, una de 740 m2 y otra de 1.091 m2, y las vende a una promotora de Granada que edificó en Vera durante los años dorados del ladrillo, Prolacón SL, por 781.315 euros. Ello sin hacer ningún gasto en urbanización. Dicho de otra manera, por la venta del 4,6% de la finca ingresaron 6,5 veces el valor por el que la adquirió en su totalidad Raúl Seco el 13 de febrero de 2002 –recordemos que fueron 120.000 euros-. 

El 30 de septiembre de 2004, el Ayuntamiento dirigido por Cristóbal Fernández, promueve y consigue en la Comisión Provincial de Urbanismo una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para reclasificar la mayor parte de la finca 3236. Así, 33.825 m2 pasan de no urbanizables a urbanizables sectorizados. Años atrás, siendo propietario Cacoub, esos terrenos contaban con esa calificación pero el Ayuntamiento dirigido por Cristóbal Fernández los había desclasificado a rústicos. 

El 23 de diciembre de 2004, en la antesala de la Nochebuena, Tocantins SL hace una nueva venta parcial de su preciada propiedad. Segrega 27.025 m2 y los vende a Casa Plus Almería SL por 5.450.000 euros, de nuevo sin una sola inversión en la urbanización de los terrenos. 

Una idea del valor que por aquellos días tenían esos 27.025 m2 la da la posterior operación de crédito suscrita por Casa Plus Almería SL, por valor de 7.420.000 euros, que fue avalada por su recién adquirida propiedad en Carboneras. 

La mina de oro en que se había convertido la finca 3236 no dejaba de dar beneficios a Tocantins SL. El 23 de junio de 2005 vuelve a segregar una parcela de 6.800 m2 y la vende a Bayamako Invest por 1.622.032 euros. 

Finalmente, el 24 de mayo de 2007, Rifeire SLU adquiere parte de los restos, 650 m2, por 110.000 euros. 

En definitiva, un terreno comprado originalmente por Raúl Seco en 120.000 euros, acaba reportando en distintos porcentajes a los socios valencianos, Juan Parra, Raúl Seco y la hija del entonces abogado del Ayuntamiento –José María Martínez- 7.963.347 euros. 

De la originaria 3236 quedan aún por vender 1.191,46 m2. Están embargados por deudas que con la Hacienda Pública y la Agencia Tributaria de Andalucía mantienen Bayamako Invest y Rifeira SLU, curiosamente empresas gerenciadas por Juan Parra y Raúl Seco y, a su vez, ligadas a las transacciones comerciales que de la finca 3236 hizo Tocantins SL, de la que ambos eran socios. Bayamako y Rifeira deben más de dos millones al fisco, según las notas del Registro de la Propiedad. 

No deja de llamar poderosamente la atención que al empresario y arquitecto Alain Cacoub el Ayuntamiento le instase una quiebra necesaria por deber 50.000 euros –cantidad que en un 90% provenía de fincas que no eran de su propiedad, algunas ni siquiera existían y otras pertenecían a terceros en distintas provincias de españolas- y quienes obtuvieron de sólo una de sus propiedades 66 veces el valor de lo invertido tengan cuentas pendientes tan abultadas con Hacienda. 

A juicio del lector queda aplicar o no el término de híper pelotazo nacional a toda esta operación, no ya por sus números, sino por el porcentaje de la ganancia. 

Aún así, hoy Tocantins SL –Juan Parra ha pasado a poseer el 92,5% de esta sociedad- sigue reclamando al francés 2,5 millones de euros, cifra que justifican en la compra de la deuda que Alain Cacoub tenía con Unicaja.