“Aquí hay que justificar por qué se gastó el Ayuntamiento 1 millón de euros en abogados”

Félix Rico, edil socialista en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y 2º Tte de Alcalde, entiende que el gobierno de Jesús Caicedo podría haber incurrido en ilegalidades al adjudicar estos contratos a dedo

Félix Rico

Javier Irigaray / 27·07·2015

La denuncia formulada por la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Cuevas por el importante gasto que hizo durante el periodo 2002-2015 en abogados externos, ha derivado en la apertura de diligencias en un juzgado de Vera, que requiere al secretario la aportación de toda la información posible para esclarecer el asunto. Los socialistas, que comunicaron estos hechos al ministerio Público en febrero de este año, entienden que el gobierno de Jesús Caicedo podría haber incurrido en ilegalidades al adjudicar estos contratos a dedo.

El grueso de los fondos públicos desembolsados tenían como destino la defensa del Consistorio ante los contenciosos planteados por la Junta de Andalucía contra la decisión municipal de ampliar el Suelo Urbano Consolidado, con el fin de facilitar la construcción de unas mil viviendas durante la etapa dorada del ladrillo.

 - ¿Han tenido ustedes algo que ver con la denuncia de la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Cuevas por una presunta prevaricación?

- Los cinco concejales que componíamos el Grupo Socialista durante el anterior mandato presentamos una denuncia ante la Fiscalía. Fue en febrero de este año cuando decidimos hacerlo, todo a raíz de estudiar el listado de facturas que se pagaron con cargo a la Ley de pago a proveedores, la famosa Ley Montoro. Observamos que entre esas facturas había numerosos importes correspondientes a servicios jurídicos externos contratados por la Corporación. Dada la cuantía de estos importes, algunos superiores a 100.000 euros, entendimos que tales contrataciones tenían que haber sido objeto de licitación. Recopilamos documentación y comprobamos que no había existido licitación administrativa. A pesar de las recomendaciones verbales que habíamos hecho al equipo de gobierno, seguían contratando servicios jurídicos de la misma forma. Decidimos poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y, al parecer, el fiscal ha presentado denuncia y un juzgado de Vera ha abierto diligencias.

- ¿Existió algún informe del secretario contrario a esas contrataciones?

- Lo desconocemos. Nosotros investigamos facturas fechadas a partir de 2002, le pedimos información al secretario y éste emitió un informe denunciando que el proceso de adjudicación no se estaba realizando correctamente. De hecho, a partir de entonces, el secretario del Ayuntamiento no ratificó ninguna de las resoluciones de Alcaldía en que se nombraron letrados. Entre 2002 y 2014 el Ayuntamiento gastó casi un millón de euros en contratar servicios jurídicos externos, cuando tiene a su disposición un gabinete de la Diputación Provincial de Almería muy capacitado. Al contrario, se contrató de forma directa costando a las arcas municipales un millón de euros.

- ¿Tiene el Ayuntamiento de Cuevas servicio jurídico propio?

- Supongo que entre los profesionales que forman la plantilla municipal hay licenciados en derecho, pero servicio jurídico propio, no. Ni tiene por qué tenerlo, pues los Ayuntamientos poseen un soporte supramunicipal, la Diputación, que tiene un gabinete al servicio de los ayuntamientos de la provincia.

- ¿La denuncia de ustedes describe una situación o señala nombres concretos?

- La que pusimos los cinco concejales del anterior grupo socialista ante la Fiscalía iba formulada contra el alcalde como responsable de toda la maquinaria. El juzgado ha solicitado toda la documentación relacionada con el pago de estos servicios jurídicos a la actual Corporación, porque, aunque el equipo de gobierno sea distinto, la entidad sigue siendo la misma, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

- El anterior alcalde, Jesús Caicedo, está convencido de haber actuado bien.

- Nosotros no lo vimos tan bien hecho como dice Jesús Caicedo. Tanto es así que teníamos dos opciones, presentar una querella criminal o poner una denuncia ante la Fiscalía. Optamos por la segunda y la Fiscalía ha visto posibles indicios de delito. Nuestra obligación en la oposición era fiscalizar la acción de gobierno y comprobar que todos los procedimientos que llevaba a cabo el Ayuntamiento se hacían correctamente. Nos pareció que no se había actuado así en este asunto.

- ¿Despierta en ustedes suspicacias algún abogado o despacho de abogados concreto?

- No recuerdo el nombre de los bufetes contratados, pero sí que había abogados que cobraban más de 300.000 euros. Apuntamos en la denuncia que el que más cobraba era un bufete de Águilas que facturó unos 500.000 euros y estaba integrado, entre otros, por un familiar del alcalde.

- ¿Cree que alguien ha intentado lucrarse con este asunto?

- Yo no me puedo pronunciar, eso es algo que tendrá que determinar la justicia. Lo que sí sé es que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a licitar una serie de servicios administrativos y contempla unas peculiaridades particulares cuando existen vínculos familiares. Son cuestiones e incompatibilidades que hay que tener en cuenta. Esto no es una empresa privada. La administración ha de cumplir escrupulosamente los trámites legales.

- ¿Qué función concreta tenían estas contrataciones?

- El 90% de los servicios jurídicos de los que estamos hablando se han contratado para defender asuntos urbanísticos debido a la caótica y pésima gestión que se hizo del urbanismo en Cuevas del Almanzora. Nosotros, a principios de enero, cuando empezaron a salir las primeras sentencias que condenaban al Ayuntamiento a pagar las reclamaciones de cantidades a promotores que las solicitaban, pedimos un pleno extraordinario para saber cuántos contenciosos había pendientes, qué cantidad de dinero se nos reclamaba, qué nos había costado en servicios jurídicos la gestión urbanística... Si esa gestión se hubiera hecho de otra manera, nada de esto habría pasado. Recuerdo que le preguntamos al equipo de gobierno de entonces por qué se había actuado así en temas urbanísticos y nos contestaron que siempre habían sido asesorados por los técnicos. Pero cuando Jesús Caicedo entró a gobernar el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, había un técnico municipal, un arquitecto que formaba parte del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, al que por negarse a firmar la Delimitación de Suelo Urbano Consolidado que, como técnico, entendía que no se ajustaba a derecho, lo apartaron, lo tuvieron aislado varios años del Área. Este trabajador obtuvo varias sentencias favorables por acoso laboral hasta que acabaron despidiéndolo. Esto, personalmente, me parece más grave que el asunto de los servicios jurídicos. El técnico que se opuso a firmar la Delimitación de Suelo Urbano Consolidado –en base a la cual se construyeron centenares de viviendas en Cuevas del Almanzora-, fue apartado y despedido por la Corporación para poder avanzar en un planeamiento urbanístico que ha resultado ser ilegal y que ha ocasionado al Ayuntamiento casi 40 millones de euros en reclamaciones de cantidad que aún tenemos pendientes en los juzgados, más un millón de euros en la contratación de servicios jurídicos. Si buscamos el porqué de contratar esos servicios jurídicos, llegamos a esta cuestión, que para mí es más grave.

- En aquel momento se habló de una motivación política en apartar del Área de Urbanismo a Rodolfo, que había sido concejal, además de un significado miembro del PSOE. No era de la confianza del equipo de gobierno.

- La acción política que ha de desarrollar una Corporación, además de transparente ha de ser legal. En una plantilla de más de cien trabajadores siempre habrá personas de diferentes signos políticos. En el caso de este señor, además de haber sido concejal socialista, era arquitecto y formaba parte de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento. El propio secretario interventor decía en un acta recogida por la inspección de trabajo, que fue utilizada por el juez que condenó al Ayuntamiento por despido nulo, que a este señor se le apartó de su puesto de trabajo por negarse a firmar la Delimitación de Suelo Urbano Consolidado y, como consecuencia de esto, el Ayuntamiento originó una serie de acciones urbanísticas que nos han costado muchísimo dinero. Hay documentos oficiales y sentencias que corroboran lo que estoy diciendo.

- En realidad, ¿a quién está investigando el juzgado en este asunto?

- Se investiga al Ayuntamiento y al anterior equipo de gobierno. Aquí hay que justificar por qué se gastó el Ayuntamiento 1 millón de euros en abogados.