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La finca municipal Vistalegre responderá ante cualquier responsabilidad de Segura en la UE-6

La justicia exige al Consistorio una fianza de 2,4 millones para cubrir, en el caso de que sea condenado como garante subsidiario, la indemnización exigida por la promotora Hermanos Muñoz 


El exalcalde Andrés Segura sigue atento las explicaciones de Martín López durante uno de los plenos que suscitó la UE-6



Miguel Ángel Sánchez / 09·02·2015

Durante el pleno celebrado el pasado día 28 de enero, la regidora María Antonia López dio cuenta del decreto de Alcaldía por el pone a disposición del juzgado la finca Vistalegre, la mejor de las propiedades municipales. 

El motivo es la exigencia judicial que obliga al Ayuntamiento a depositar una fianza de 2,4 millones de euros para cubrir subsidiariamente posibles responsabilidades en la causa que se instruye en Vera, a instancias de la promotora Hermanos Muñoz Fernández, contra el ex alcalde Andrés Segura, su concejal de Urbanismo Martín López Peña, el entonces abogado del Ayuntamiento Juan Manuel Llerena, el arquitecto municipal, el secretario y dos técnicos en Urbanismo de la Diputación Provincial.  

Ante la indisponibilidad de fondos en la citada cuantía para hacer frente a la garantía requerida por el juez, la regidora ha optado por aportar un terreno público. 

El asunto tiene que ver con la unidad de ejecución número 6 (en adelante UE-6). Una pésima delimitación de la finca propiedad de Hermanos Muñoz SL, que había adquirido previamente a la mercantil Costa Cálida junto al convenio urbanístico firmado por ésta en 2001, y que permitía construir 134 apartamentos, dio lugar a una de las mayores y más largas controversias conocidas en Garrucha. 

El hecho es que los 134 apartamentos previstos y que finalmente construyó Hermanos Muñoz, tras obtener la correspondiente licencia de obras el 3 de septiembre de 2003, serían el resultado del aprovechamiento de una finca de 26.692 m2, tal y como se recogía en la aprobación inicial de las Normas Subsidiarias el 25 de mayo de 2001, cuando en realidad las mediciones posteriores arrojaron que el terreno sólo constaba de los 21.100 m2 que reflejaba la ficha urbanística. La consecuencia es que con todo ya edificado, en septiembre de 2004 un grupo de vecinos residentes en calles adyacentes a la UE-6 –junto al castillo Jesús Nazareno- denunciaron la discordancia en las dimensiones y exigieron al entonces gobierno socialista dirigido por Andrés Segura las medidas correspondientes para reponer la legalidad urbanística. Ello suponía dejar provisionalmente en el limbo 28 viviendas –consideradas como exceso de edificación- y la pretensión municipal de no dar licencia de primera ocupación a ninguno de los 134 apartamentos hasta que se firmara un nuevo convenio, en el que la promotora se comprometiera a resarcir al Ayuntamiento con 2,1 millones de euros. 

La empresa, que tenía prácticamente ultimada la obra y pendiente de entregar no menos de 15 viviendas a compradores, se vio obligada a aceptar la imposición del gobierno de Garrucha obteniendo así la licencia de primera ocupación de las 106 casas ‘legales’ y supeditando la consecución de esa misma licencia para las 28 restantes a la entrega de los 2,1 millones, cifra resultante de lo que presuntamente eran los beneficios de la promotora por el ya dicho exceso de edificación. El nuevo convenio fue firmado el 11 de agosto de 2006. 

Hasta aquí una descripción muy genérica de una polémica que destapa en septiembre de 2004 ACTUALIDAD ALMANZORA, citando la fuentes vecinales denunciantes del caso, y en la que hemos pasado por alto las sucesivas paralizaciones de obra sufridas por la empresa; las consultas realizadas a diversos organismos, entre ellas al Consejo Consultivo de Andalucía –que validaba la licencia original para las 134 viviendas, recordando que es acorde a la superficie que aparecía en las Normas Subsidiarias-; la comunicación de los hechos a la Fiscalía por parte del sindicato Manos Limpias y el PP local, una marea de declaraciones de los vecinos denunciantes, el gobierno municipal y la propia promotora; la pretensión municipal de que la piscina comunitaria de la UE-6 fuese pública para compensar a los garrucheros; la extravagante idea de que los apartamentos de más se convirtieran en trasteros; las revisiones de la licencia aprobadas en pleno; el subsiguiente cruce de denuncias judiciales; el fallo del TSJA legalizando las 28 viviendas de la discordia, y así un largo etcétera de situaciones más propias de quien se ve sobrepasado por un problema y no sabe cómo hacerle frente, que de una actuación de gobierno coherentemente razonada y sin las salpicaduras de los constantes virajes que se acometían desde el Ayuntamiento atendiendo al decir de la calle y a las informaciones que se iban publicando. Noticias, en definitiva, que ponían en el punto de mira la limpieza del convenio original y, con ello, el comportamiento y decisiones de las autoridades locales. 

Querella criminal 



Así, el 15 de enero de 2007, Hermanos Muñoz Fernández SL, entendiendo que sus intereses habían sido gravemente afectados, interpone querella criminal contra el entonces alcalde Andrés Segura, su edil de Urbanismo Martín López Peña, el abogado municipal Juan Manuel Llerena, el arquitecto del Ayuntamiento José María Echarete, los arquitectos de los servicios de apoyo a municipios de la Diputación Provincial Martín J. Pérez Ferrer y Raquel Santiago, y contra el secretario del Consistorio. 

“Sin perjuicio de calificación más acertada y ajustada a Derecho, según el posterior resultado que vayan ofreciendo las investigaciones, los hechos relatados son constitutivos, indiciariamente, de los siguientes delitos: 

A) Un delito de prevaricación del que serían autores D. Andrés Segura Soler, D. Martín López Peña, D. Juan Manuel Llerena Hualde y el secretario. 

B) Un delito continuado de coacciones, del que serían autores los querellados D. Andrés Segura Soler, D. Martín López Peña, D. Juan Manuel Llerena Hualde, D. Martín Jesús Pérez Ferrer y Dña. Raquel Santiago Sánchez. 

C) Un delito continuado de amenazas condicionales, del que serían autores los querellados D. Andrés Segura Soler, D. Martín López Peña, D. Juan Manuel Llerena Hualde, D. Martín Jesús Pérez Ferrer y Dña. Raquel Santiago Sánchez. 

D) Un delito de exacciones ilegales, del que serían autores los querellados D. Andrés Segura Soler, D. Martín López Peña, D. Juan Manuel Llerena Hualde y D. Martín Jesús Pérez Ferrer”. 

Tanto Andrés Segura como Martín López habrían “prevaricado muy claramente”. “Intentaron revisar dos veces el permiso de construcción y luego se nos amenazó con no darnos licencia de primera ocupación”. 

José María Echarete, ex arquitecto del Ayuntamiento, “fue quien cuantificó en el nuevo convenio lo que nosotros teníamos que pagar al Ayuntamiento, a cuenta de lo que decían que era un exceso de edificación. Y estableció que eran 2,1 millones de euros; pero se excedió en todo, puesto que no tuvo en cuenta el coste que suponía para nosotros la obra de los 28 apartamentos. Es decir, que según él, esos 2,1 millones de euros eran los que nosotros íbamos a tener de beneficio”. 

Juan Manuel Llerena, exabogado del Ayuntamiento, por colaborar “en toda esta trama”. “Primero nos pide 3 millones de euros y como nos negamos, nos amenaza con la denuncia a nuestro arquitecto. También hizo informes a medida para que nos anulasen la licencia”. 

Martín J. Pérez Ferrer y Raquel Santiago, arquitectos de la Diputación: “Ambos han colaborado con el alcalde haciendo informes a la carta para que no nos dieran las licencias. Eso sí, una vez que nos sometemos al nuevo convenio, entonces todas esas pegas desaparecieron”. 

Y el secretario del Ayuntamiento: “Debió informar a la Corporación de que los acuerdos que iba adoptar para anular la licencia y revisarlo todo eran ilegales. Nosotros le insistimos para que lo advirtiera al pleno, pero no lo hizo. Él se ha excusado diciendo que Andrés Segura le ordenó que callara”. 

La querella, presentada en enero de 2007, sigue aún, 9 años después, en fase de instrucción en los juzgados de Vera, una realidad que resultaría escandalosa en cualquier país de nuestro entorno pero que en España, desgraciadamente, lejos de pasar por extraordinario no deja de ser un ejemplo más de cómo funciona la justicia. 

Si no surgieran inconvenientes ni se realizaran y prosperaran nuevas acciones de dilación, el juicio se celebraría el 24 de enero de 2017. Tras ello llegaría la sentencia y el garantizado recurso ante la Audiencia Provincial de la parte o partes insatisfechas, quedando todo a la espera de un posterior fallo en firme que aún tardaría al menos otros seis meses. Eso siempre que nadie decida seguir apelando ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.


3 comentarios :

  1. Existe una Sentencia previa del TSJA, de hace un año aprx. que absuelve a todos los acusados "que han actuado siempre con arreglo a la ley y en defensa del interés general ".Esa es la razón por la que el Ayuntamiento avala -y el juzgado acepta -a los acusados por la empresa Muñoz.

    De no existir la citada Sentencia, el juez no habría permitido tal aval.

    Una buena noticia para los acusados.

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    Respuestas
    1. Ya, pero si dicen eso en el artículo, ¿en qué queda el artículo? En nada. Y entonces, ¿qué? ¿Admitimos que Actualidad Almanzora es un panfleto sin mucha credibilidad ni tino alguno? Pues eso.

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  2. Pero ¿cual es el móvil del presunto delito? ¿Qué pretendían los acusados? Porque en ningún momento se les acusa de querer nada en beneficio propio y es poco creíble que hicieran una banda organizada...!con el único fin de que el Ayuntamiento ingresara dinero!¿porqué iban ha hacer eso?
    El asunto es mucho más sencillo:
    Unos vecinos ponen una denuncia en el Ayuntamiento afirmando que los hermanos Muñoz estaban construyendo 28 viviendas ilegales y el Ayuntamiento mandó un inspector para comprobar lo denunciado por los vecinos. La denuncia resultó ser cierta y el Ayuntamiento procedió en consecuencia. No hay más.
    Lo realmente llamativo de este asunto es que han pasado más de nueve años y todavía quedan varios para su conclusión.
    Estas cosas no sólo pasan en España, también suceden en algunos países que, por su clima tropical, son exportadores de bananas.

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