El interventor se opone a que Codeur endose al Ayuntamiento impagos por valor 3,4 millones

Considera impropio que Codeur se desentienda de la morosidad y la endose a la contabilidad municipal mientras se ha quedado con los intereses generados por los más de 60 millones recaudados desde 2005

El gobierno de Vera tiene sobre la mesa dos informes. Uno de Secretaría que avala su decisión –cuyo contenido no ha sido difundido-, y otro de Intervención que la cuestiona. A la izquierda, Pedro Soler, secretario, junto a Guillermo Mañas, interventor. 

Miguel Ángel Sánchez / 12·09·2016

En síntesis, el funcionario considera impropia la fórmula usada por el equipo de gobierno para permitir a la mercantil semipública, fundada por el Consistorio y Key Mare para desarrollar y cobrar a los propietarios de suelo las obras de urbanización de la costa, que se desentienda de la morosidad y la endose a la contabilidad municipal. Añade que si el Ayuntamiento ha consentido a Codeur quedarse con los intereses generados por los más de 60 millones recaudados desde 2005, justo sería reclamárselos ahora. 

El informe del interventor, Guillermo Mañas, teniendo una argumentación simple, no está exento de complejidad en su desarrollo. Trataremos de explicarlo. 

El 23 de febrero de 2016, la Junta General Universal de Codeur, basándose en un informe emitido por Garay Abogados SL, con el posterior visto bueno de la auditora de la empresa, Abante Audiest Auditores SAP, tomó la decisión de endosar al Ayuntamiento una deuda de 3,4 millones, cifra resultante, a fecha 1 de enero de 2015, de los impagos de propietarios de suelos en los que Codeur desarrolla desde 2005 el ambicioso plan de dotar de infraestructuras básicas los terrenos urbanos de la costa. 

El denominado Plan Especial del Costa fue precisamente el motivo por el que el Consistorio creó Codeur, asumiendo el 51 por ciento de sus acciones y aceptando como socio a la promotora Key Mare. No hubo, por lo tanto, una adjudicación municipal de servicios, pero fue perfectamente legal. 

Codeur se encargaba a partir de ese momento de dotar de calles, alumbrado, redes de abastecimiento, etc, a más de seis millones de metros cuadrados situados por encima de la carretera costera que une a Vera con Cuevas. Los propietarios pagarían obligatoriamente sus correspondientes cuotas y el municipio dispondría de suelo equipado suficiente para, llegado el momento, facilitar el crecimiento urbanístico de su litoral. En caso de impago, se respondería con las propiedades, que serían embargadas y subastadas. 

Desde el citado 2005 Codeur ha gestionado no menos de 60 millones de euros abonados por los particulares afectados, siendo su responsabilidad el cobro de los mismos y la contratación de las tareas ligadas al Plan Especial a las empresas que mejor oferta presenten. Por hacer este trabajo, la mercantil ha cobrado, merced a un convenio suscrito con el Ayuntamiento, unos honorarios de 3,747.630 euros más IVA. 

Queda claro que aún siendo el Ayuntamiento el accionista mayoritario, la gestión del Plan concierne sólo y exclusivamente a Codeur, registrando ésta en su contabilidad todos los movimientos, asumiendo los riesgos y ganancias que conlleve. A tenor del reiterado reparto de beneficios, cabe suponer que las cosas han ido bien. Baste señalar los cuantiosos intereses bancarios generados por el movimiento de los ya citados 60 millones de euros. 

Pero el pasado 23 de febrero, la Junta Universal de Codeur abordaba la solución contable más apropiada para el problema que generaban las cuotas no pagadas desde 2005 por las sociedades Pladul e Iniciativas 2000, beneficiarios del Plan Especial, y que ascendían a 3.487.806,33 euros. 

Al Partido Popular llegan los ecos de la decisión que se adoptó, que no fue otra que trasladar dicha deuda a la contabilidad municipal, eximiendo a Codeur de la responsabilidad de su cobro y de la repercusión que tal deuda tendría sobre la empresa. 

Los populares se dirigen al interventor municipal y le solicitan un informe. El funcionario, uno de los dos únicos habilitados nacionales que hay en Almería –el otro es el interventor de la Diputación- pide al alcalde copia de los acuerdos adoptados en Codeur relacionados con sus cuentas de 2015 y elabora un documento cuyas conclusiones, firmadas en 3 de agosto, resultan interesantes. 

El primero es que muestra su sorpresa por “la imputación” de los casi 3,5 millones de euros al Ayuntamiento, hecho que no comparte porque una decisión así no puede tomarse sin los preceptivos informes de la Intervención municipal. 

En segundo lugar, incide en que la asunción por parte del Consistorio de la deuda –con efectos retroactivos al 1 de enero de 2015-, supone un descuadre económico respecto a la cuentas municipales aprobadas, ejecutadas y liquidadas ese año, al no estar contabilizada oficialmente. De lo que se desprende que los presupuestos municipales de 2015 no reflejan la realidad de la Hacienda municipal. 

El interventor reconoce que, si bien es Codeur la que ostenta el mandato del Ayuntamiento para gestionar enteramente tanto el Plan Especial de la Costa como la recaudación de las cuotas con las que financia las obras en curso, es el Consistorio el responsable último del cobro de los impagados, pues sólo la administración local, y no su empresa mixta, está habilitada para iniciar el cobro a través de procedimientos ejecutivos de embargo. Aunque esto no significa que tenga que asumir contablemente las deudas que los propietarios generen a su mandada Codeur. 

En síntesis, el informe del funcionario cuestiona de principio a fin el proceso del endose de la deuda y lo argumenta con una larga lista de reparos, estableciendo que si hasta el día de la fecha en que la Junta Universal decide transferir los 3.487.806,33 euros al Ayuntamiento, era Codeur, mediante convenio, la responsable contable de ello, la modificación de esta fórmula es posible pero se requieren acuerdos municipales que no se han tomado, y que en caso de hacerlos, lo justo sería que la deuda asumida por el municipio fuera compensada por Codeur con el abono de los intereses que ha ingresado con el movimiento de los 60 millones de euros cobrados a los propietarios de los terrenos, “que habrían de ser depositados en la Tesorería Municipal”. 

En conclusión, para el interventor el actual convenio para desarrollar el Plan Especial de la Costa firmado entre el Ayuntamiento y Codeur no permite al equipo de gobierno adoptar la decisión política de aceptar la susodicha deuda. Siendo Codeur una mercantil participada mayoritariamente por el Consistorio, es una entidad jurídica independiente y sólo llegado el caso de su liquidación, los socios asumirían proporcionalmente a sus participaciones las cargas o beneficios de la empresa. 

“Ha generado dos graves problemas al pueblo” 

Juan de la Cruz Belmonte, portavoz del PP.- “El equipo de gobierno ha generado dos graves problemas al pueblo. Uno es que ha aceptado que los veratenses asuman una descomunal deuda que afecta sólo y exclusivamente a Codeur, sin pedir los informes previos y preceptivos de los servicios de Intervención del Ayuntamiento; y la otra es que asumiendo esta carga, que se imputa al presupuesto de 2015, provocan que las cuentas municipales de ese año, ya cerradas, sean falsas. Ya veremos qué dice el Ministerio de Economía y Hacienda y el Tribunal de Cuentas”. 

“Esta acción pone de nuevo en evidencia que el alcalde Félix López y el Sr. Paco Vázquez están tan sometidos al socio privado de Codeur dando lugar a situaciones que rayan en la caricatura”. 

“Por cierto, a ver si nos cuentan dónde está la parte de los 667.000 euros que le corresponde al Ayuntamiento en el último reparto de beneficios”. 

“José Carmelo debió emprender el embargo” 

Francisco Vázquez (PA), portavoz del gobierno.- “Hasta el interventor reconoce que la deuda debe computarla y cobrarla el Ayuntamiento. Pasado el periodo de cobro voluntario nos corresponde a nosotros, y no a Codeur, iniciar el proceso ejecutivo”. 

“Fue el exalcalde José Carmelo (PP) quien debió emprender el procedimiento de embargo y no lo hizo. Se lo avisó el gerente de Codeur que echaron. Hemos tenido que ser nosotros los que lo hagamos para no perder el dinero. Los reparos del interventor, si son acertados, se subsanarán, pero los informes de Secretaría y los servicios jurídicos de Codeur son favorables”. 

“El efecto de los 3,4 millones en los presupuestos municipales de 2015 se podrá arreglar, puesto que su liquidación está aún en periodo de exposición pública. 

Sólo cuando Codeur cerró sus cuentas de 2015, en marzo de 2016, se ha podido actuar”.