Driblan la ley municipal de liberaciones con contratos parciales que rozan la jornada completa

Los gobiernos de Mojácar y Pulpí cubren su cupo de tres políticos liberados y formalizan acuerdos al 99 y al 90% de la jornada laboral para otros concejales

Imagen de un Pleno en Mojácar

Inma G. Mellado / 08·07·2015  

El Gobierno mojaquero ha esquivado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de una forma cuanto menos original, patentando la figura política del ‘casi liberado a tiempo completo’. Con un contrato al 99%, tiene una jornada, en teoría, de 7 horas y 53 minutos al día, cobra unos 700 euros menos al año que el concejal a tiempo completo y, sobre todo, no computaría como liberación exclusiva, limitada por la nueva normativa a un máximo de tres políticos para un municipio de la población de Mojácar.

No es el único caso en la comarca. Una decisión similar, esta vez unánime, ha tomado el pleno de Pulpí. El gobierno municipal tendrá un edil liberado al 90% -7 horas y 12 minutos al día-, aunque con el mismo sueldo que si trabajara a jornada completa -30.500 euros-.

Pese a las similitudes, el ejemplo de Mojácar es mucho más llamativo, no sólo por apurar hasta un atrevido 99%, sino porque además aprueba retribuciones para los siete miembros del Gobierno liderado por la popular Rosa María Cano, lo que supone un gasto anual de 200.000 euros, un 20% más que el pasado mandato.

“No damos crédito a esta manera de actuar que además usa trucos para esquivar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el mismo partido que gobierna en Mojácar”, ha declarado el portavoz del PSOE mojaquero, Manuel Zamora.

La formación política, que cuenta con dos representantes en la Corporación municipal, ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra estas decisiones que “evidencian que la austeridad que dicen abanderar los populares es absolutamente falsa”.

La alcaldesa, Rosa María Cano, tendrá, impuesto por Ley, un sueldo bruto de 43.000 euros anuales -50.000 cobraba el pasado mandato-. Los otros dos concejales con dedicación exclusiva, Agustín Montoya –Obras Públicas, Cementerio y Patrimonio- y Raquel Belmonte –Cultura, Juventud, Festejos y Servicios Sociales- percibirán 33.285 euros.

Ana María García, que se encargará de Educación, Deportes, Sanidad y Gestión catastral, ingresará 32.550 euros, 735 menos que sus compañeros con jornada completa.

Curiosamente, dos de las áreas más importantes para un municipio turístico como Mojácar, Playas y Turismo, serán gestionadas por concejales con dedicación parcial. Además de Playas, Diego García tiene asignados Servicios, Parques, Jardines y Medio Ambiente. Emmanuel Agüera es concejal de Turismo, Seguridad, Protección Civil, Tráfico y Transporte. Ambos cobrarán 24.963 euros al año –unos 1.700 euros brutos al mes-.

La séptima edil, María Luisa Pérez, tendrá una retribución de 8.321 euros y se ocupará de Relaciones con los extranjeros.

Los sueldos de los siete concejales mojaqueros fueron aprobados en pleno, con los votos en contra de la oposición, el pasado 23 de junio. La sesión conformó también la contratación de un cargo de confianza, la secretaria personal de la alcaldesa, con 27.163 euros. Se trata de la persona que intenta cerrar la compra del voto a una vecina en una grabación de 2011 que circuló por las redes sociales en las semanas previas a las elecciones del 24M y que ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía.

Además del PSOE, han criticado el gasto político del Consistorio los otros dos grupos de la oposición, Somos Mojácar y Unión Mojaquera.

“Estos sueldos están muy por encima de la media y se deberían reducir, porque los cargos públicos lo que tienen que hacer es dar ejemplo y no arrogarse privilegios”, dice Jessica Simpson, de Somos Mojácar.

Entiende la alcaldesa, sin embargo, que son salarios “dignos” para los representantes municipales y el propio pueblo de Mojácar. “Echamos muchísimas horas, yo trabajo de diez a doce horas al día, la hora me sale a diez euros. Yo lo encuentro digno, menos sería indigno”, argumentó la regidora, quien desechó debatir un sueldo más acorde con la situación económica que sufre la ciudadanía, tal y como le apuntó el representante del PSOE.

Y Pulpí

El pleno que aprobó las retribuciones de los concejales del Gobierno pulpileño, por otra parte, se celebró el 23 de junio. Serán cinco liberados de nueve, aunque la edil Ángeles Martínez, también diputada, cobrará su salario de la Diputación de Almería.

El alcalde, Juan Pedro García, percibirá 44.971 euros brutos anuales, mientras que los otros dos ediles con dedicación exclusiva, Juan Bautista López –Cultura y Turismo- y Pedro Jesús Martínez –Obras y Servicios- tienen una remuneración de 30.555 euros, la misma cantidad que Serapia García, con régimen de dedicación parcial al 90%. María del Mar Sánchez, con una jornada del 60%, recibirá 21.000 euros.

El alcalde ha defendido que el gasto político es inferior al del anterior mandato y que tanto los sueldos como las liberaciones –exclusivas y parciales- tienen informes favorables de los técnicos municipales, además de haber sido “aprobadas unánimemente por el pleno de la Corporación”.

Tampoco en Mojácar hay reparos del interventor. Sin embargo, el regate a la Ley hecho por los dos gobiernos podría tener en un primer momento encaje en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pero surgen dudas sobre que esté en consonancia con el espíritu de la normativa. “Yo creo que es legal, el secretario-interventor también y la corporación ha dado un sí unánime a las liberaciones, pero si mañana un tribunal entiende lo contrario y establece jurisprudencia, nosotros lo acataremos como no podría ser de otra manera”, declara el regidor de Pulpí, Juan Pedro García.

Y es que, efectivamente, la Ley acota claramente el número de liberaciones políticas a tiempo completo y, aunque recoge otras alternativas a tiempo parcial, abriendo las posibilidades a altas laborales de un 25, un 50 y un 75% de dedicación, no excluye taxativamente las opciones escogidas por Mojácar y Pulpí. Quizá a alguien le venga a la memoria el dicho popular de “hecha la ley, hecha la trampa”.

En definitiva, si la normativa trataba de poner freno a la fiebre de liberaciones políticas en los ayuntamientos de España y a las crecientes cuantías de las nóminas de los representantes municipales, tratando de acomodarlas razonablemente a las capacidades económicas de cada consistorio tomando como referencia el numero de habitantes, la realidad es que poco han cambiado las cosas en relación a cómo estaban.

1,6 millones de euros para 56 liberados

En total, los once pueblos que conforman la comarca tendrán en el mandato que acaba de arrancar 56 políticos liberados -35 con dedicación exclusiva y 21 a jornada parcial-, lo que supondrá un gasto de 1,6 millones de euros. 

A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el conjunto de los ayuntamientos del Levante no puede hablarse de ahorro. Al contrario, hay un concejal a sueldo más que en el mandato 2011-2015 y se eleva el gasto en casi 100.000 euros.

Durante los próximos cuatro años, tres consistorios tendrán a todos los ediles del Gobierno liberados. Se trata, además de Mojácar, de Carboneras, con siete nóminas y un desembolso de 194.000 euros; y Huércal Overa, que mantiene nueve liberaciones.

En Cuevas del Almanzora, el nuevo Gobierno del PSOE libera a ocho ediles –frente a cinco durante el mandato del PP-, que costarán unos 280.000 euros al año que suponen un incremento de 140.000 más. La misma tendencia sigue la coalición PA-PSOE en Vera –seis concejales con dedicación exclusiva y 187.000 euros-.

Sí ahorrarán, por otra parte, los ayuntamientos de Antas -4 liberados y 85.000 euros-, Los Gallardos -2 liberados y 55.000 euros-, Garrucha -4 liberados y 104.000 euros-, Pulpí -5 liberados y 157.000 euros-, Turre -5 liberados y 69.000 euros- y Bédar. Es en esa localidad, posiblemente, donde más se deja notar la aplicación de la nueva normativa, al haber perdido población con respecto a 2011 y situarse por debajo de los 1.000 habitantes. De dos liberados se pasa a uno, el alcalde, que además lo estará sólo al 75% de la jornada, con un sueldo de 30.000 euros brutos al año. “Es lo que marca la ley, pero desde luego que trabajo más de 6 horas al día”, dice el regidor, Ángel Collado (PSOE).