A esa situación hay que añadir la mala gestión empresarial que se traduce en unas pérdidas de entre 15 y 20.000 euros al mes, lo que previsiblemente acabará con la rescisión del contrato de manera inminente
Inmaculada G. Mellado / 24·11·2015
A esa situación, que ha obligado al
Ayuntamiento a adelantar 320.000 euros en los últimos meses, se une una mala
gestión empresarial, que se traduce en unas pérdidas mensuales de 15.000 y
20.0000 euros y que provocarán previsiblemente la rescisión del contrato a
final de año.
El Ayuntamiento de Huércal Overa está
dilatando hasta cuatro meses el pago a sus proveedores como consecuencia de los
problemas de tesorería que le acarrea al erario municipal el tener que
adelantar a la residencia de mayores Ángeles Parra el dinero que “a menudo” no le
abona en tiempo y forma la Junta de Andalucía, según ha denunciado a este medio
el alcalde, Domingo Fernández.
Desde abril, el Consistorio ha
desembolsado 320.000 euros. El último abono, de 121.000 euros, se aprobó en
Junta de Gobierno el pasado 11 de noviembre para asegurar que los trabajadores,
unos 80, puedan cobrar la nómina de octubre, además de para garantizar los
servicios que presta el centro, de titularidad municipal y gestionado, aunque
temporalmente se le ha retirado la concesión por sus problemas de tesorería, por
la empresa Centro Residencial Indalo Artevida SL,.
Explica el primer edil que “esta
situación [la del impago de la Junta y el adelanto de fondos municipales] nos
asfixia, tenemos que tirar de pólizas y, cuando ya no tenemos de qué tirar, nos
vemos obligados a pedir a los proveedores que aguanten un poco”. No obstante,
recuerda Fernández que, cuatro años atrás, las empresas que trabajaban para el
Ayuntamiento cobraban sus facturas con demoras de dos años. “Lo que queremos
evitar a toda costa es pasar de los cuatro meses que tardábamos en pagar, a
seis o siete en la actualidad”, apostilla el regidor.
No es nueva la compleja tesitura
económica de la residencia Ángeles Parra y sus repercusiones en la hacienda
municipal, pero quizá sí la primera vez que se palpa tanto en la calle. Lo
están notando los proveedores y, ha denunciado Ciudadanos, ha tenido su reflejo
incluso en la feria de octubre. “Se ha notado en el nivel de las actuaciones y,
por tanto, en la afluencia de público. Nosotros lo que le pedimos al alcalde es
que convoque ya a la junta de portavoces para poder dar cuanto antes una
solución”, ha declarado el portavoz del grupo municipal de C’s, Ginés Navarro,
que insiste en que ya lo han solicitado en varias ocasiones.
Por lo pronto, el equipo de Gobierno que
dirige el popular Domingo Fernández, que garantiza que los problemas de
liquidez no afectarán al pago de las nóminas de los empleados del Consistorio,
negocia con la Diputación Provincial de Almería un adelanto de sus impuestos. Y
aquí se encuentra la Administración local con otra traba que el alcalde
atribuye de nuevo a la Junta. “La Diputación adelanta hasta un 80% de lo que
cobra, pero como a nosotros la Junta nunca nos paga en tiempo y forma el IBI
del pantano, esa cantidad no entra en la previsión de cobro de la Diputación y
por tanto, no se nos adelanta. Eso es lo que estamos negociando ahora”, ahonda
el regidor. Los impuestos de la presa de Cuevas, que el Ayuntamiento
huercalense comparte con el Consistorio cuevano suponen para Huércal Overa unos
650.000 anuales.
“El problema es la mala gestión de la
Junta de Andalucía, que muchas veces deja a los ayuntamientos con la soga al
cuello. Yo quiero ser leal con las administraciones, pero tengo que salir a los
medios de comunicación y contar lo que está pasando”, dice Fernández, que no
descarta más retrasos ‘autonómicos’ en la mensualidad de diciembre destinada a
la residencia. “He hablado con la nueva delegada del Gobierno, Gracia
Fernández, que hasta hace unos días era delegada de Salud, y me decía que se
iba a pagar. Esperemos que sea así”.
Pero las demoras del Ejecutivo regional
no son el único problema de la residencia de ancianos Ángeles Parra,
intervenida por el Consistorio desde mayo de este 2015 y cuyo contrato será previsiblemente
rescindido a final de año. Y es que, pese a estar ocupada al 90%, genera
pérdidas de entre 15.000 y 20.000 euros mensuales, debido, entre otros motivos,
a los elevados tipos de interés de la hipoteca de 2,6 millones de euros que suscribió.
“Estamos esperando un informe final del
interventor antes de tomar la decisión definitiva, pero probablemente será la
resolución del contrato. Tenemos que renegociar el tipo de interés, con lo que
podríamos ahorrar hasta 200.000 euros anuales y frenar la hemorragia, porque si
no nos arriesgamos a acabar muy mal”, avanza el alcalde de Huércal Overa.
Tan mal, quizá, como acabó la residencia
Veraparaíso de Vera, con idéntico modelo de gestión que la de Huércal Overa y cerrada,
en noviembre de 2014, casi de un día para otro.
El caso
de Pulpí
Hay una
tercera residencia en la comarca, el Cortijo Colorao, de Pulpí. A ese centro
geriátrico, la Junta de Andalucía adeuda al menos cinco mensualidades, asegura
el concejal de Hacienda, Juan Martínez, que informa que la plantilla está
cobrando sus nóminas “gracias a que el Ayuntamiento acordó un ‘confirming’
con Cajamar de 600.000 euros, a través del que se adelantan los pagos”. La
operación, eso sí, genera intereses a la empresa adjudicataria del servicio, Gerial, una compañía del
mismo grupo que la que rige la Ángeles Parra de Huércal Overa. Es decir, los
gastos del confirming no recaen sobre el ayuntamiento, que es quien lo ha
suscrito, sino sobre la empresa, que es quien se beneficia.
Sin embargo,
la residencia de Pulpí tiene una singularidad que podría tener consecuencias
muy negativas para el municipio, ya que el Ayuntamiento, en época de la
socialista María Dolores Muñoz, avaló a la mercantil con 1,2 millones de euros a
cambio de lo cual aceptó el 20% de las acciones. Esto, además de ser un hecho
insólito pues una administración pública no debe avalar jamás a un privado,
vincula al consistorio con la mercantil para lo bueno y para lo malo. En esta
caso más bien para lo segundo, puesto que la deuda de Cortijo Colorao alcanza
los 7 millones de euros sólo a bancos.
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