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| José Luis Heredia |
Miguel Ángel Sánchez / 08·04·2016
José Luis Heredia, hasta ahora director General de la entidad y aspirante a uno de los más altos cargos del rectorado -principal órgano de La Caja- cobró de una empresa de Miguel Rifá 1,2 millones de euros por un secarral sin valor de poco más de media hectárea situado en Vera. Rifá es uno de los principales deudores de Cajamar. Hacienda le acusa de descapitalizar sus sociedades para defraudar 130 millones de euros en impuestos.
A los tres les fue bien en sus negocios inmobiliarios. Los tres son los altos cargos de Cajamar que durante la época dorada del ladrillo alternaron sus tareas profesionales de concender préstasmos y gestionar los intereses de la cooperativa de crédito, con otras a nivel privado relacionadas con el boom del ladrillo en nuestra comarca.
Sus nombres son bien conocidos por las múltiples informaciones y artículos de opinión que sobre ellos viene publicando desde julio de 2015 ACTUALIDAD ALMANZORA.
Juntos, el director General José Luis Heredia, el subdirector General Bartolomé Viúdez y el responsable de la Zona Levante Francisco Alonso, constituían sociedades o se asociaban con empresarios que recibían millonarios préstamos de Cajamar.
Estas sociedades en las que participaban accionarialmente se creaban para desarrollar proyectos urbanísticos que mientras los ‘cajeros’ eran parte de la mercantil no llegaban a desarrollarse. A las pocas semanas de constituir la nueva sociedad, los empresarios que recibían sustanciosos créditos de La Caja compraban a Heredia, Viúdez y Alonso sus partipaciones. El negocio resultaba tan suculento para quienes vendían como difícil de justificar para los adquirientes. A no ser que la ganancia no estuviese en la operación en sí, sino en el mantenimiento de estrechas relaciones con quienes dirigían La Caja al objeto de mantener el grifo abierto. ¿A qué otra conclusión se puede llegar ante la actitud muda de Cajamar?
La novedad que hoy traemos a estas páginas es que el director General, José Luis Heredia, se embolsó en una de esas operaciones la extraordinaria cifra de 1,2 millones de euros. Los dineros los entregó una sociedad en la que aparecía como miembro destacado el empresario Miguel Rifá.
Rifá obtuvo de Cajamar cientos de millones de euros que, al menos en 2009, la revista de economía Expansión afirmaba no habían sido devueltos. Rifá está también investigado por Hacienda por el presunto fraude de 130 millones de euros en impuestos. La defraudación, sostienen los funcionarios, se llevó a cabo a través de “un plan preconcebido”. Y añaden en su informe, “nos encontramos ante un defraudador de varios impuestos y en cuantías muy altas”, que “no puede alegar falta de liquidez para no pagar porque se ha demostrado que se lleva el dinero al extranjero”.
UN SECARRAL
Este es el perfil que tiene Hacienda del empresario que le soltó 1,2 millones de euros al director General de Cajamar por un secarral de poco más de media hectárea en Vera. La operación, que se hizo amparada por el secreto notarial y la distancia -fue en Roquetas-, incluía también otros 1,2 millones de euros para Bartolomé Viúdez, tal y como hemos informado en ediciones anteriores. Viúdez vendió a la misma sociedad de Rifa el mismo día y en la misma escritura, un terreno de idénticas dimensiones y calificación, es decir, otra porción de 7.000 m2 que era parte de un suelo yermo de 4,4 Has localizado en la salida de Vera, próximo a la carretera con Garrucha, casi a la altura de Vera Hotel pero en la margen contraria de la vía.
Las 4,4 Has. eran el único activo que poseía Vera Gestión del Patrimonio SL, una empresa fundada en Vera el 6 de septiembre de 1996 por unos vecinos de la localidad y que el 6 de febrero de 2004 fue adquirida por 300.000 euros por cinco personas a título particular. A saber: Diego Rodríguez Valero, la cara del Grupo DRV; Petronila Sánchez, una empresaria de Vélez Rubio; y los tres altos cargos de Cajamar. Los administradores solidarios eran Rodríguez Valero y la señora Sánchez. Los de Cajamar quedaban así en una discreta posición y sus nombres lejos de cualquier mirada curiosa.
Sólo el acceso a la escritura de constitución de Vera Gestión del Patrimonio SL o a la de la venta de sus acciones a Miguel Rifá podían delatar las actividades paralelas que enriquecieron a los de La Caja. Nadie a día de hoy en la entidad ha considerado oportuno aclarar si el Consejo Rector estaba al corriente de todo esto y, en ese caso, si tales actividades se consideran compatibles con sus cargos. No sólo eso. Ninguna persona u órgano con responsabilidad en Cajamar ha precisado si existen sospechas que relacionen la aprobación de préstamos con las operaciones especulativas que llenaban de dinero los bolsillos de sus directivos.
Muy al contrario, en la cooperativa de crédito han optado por el más sepulcral de los silencios pese a que los estatutos obligan al Consejo Rector, el máximo órgano, a “velar muy especialmente por la buena imagen de la CAJA, saliendo al paso de cualesquiera noticias, rumores o filtraciones infundadas, tendenciosas o sesgadas que puedan dañar aquella imagen, el prestigio, la solvencia, la seriedad o el carácter cooperativo de la Entidad, o la honorabilidad o independencia de cualquiera de sus órganos o de los miembros de éstos”.
A tenor de cómo se desarrollan los acontecimientos dentro de Cajamar; a la vista de la próxima Asamblea General fijada para el 27 de abril, en la que se elegirá al nuevo Consejo Rector, en La Caja no parecen importar las gruesas informaciones que venimos publicando. La prueba está en que en la candidatura para esta alta magistratura de la entidad aparece como aspirante a vicepresidente segundo José Luis Heredia, y Bartolomé Viúdez como vocal. ¡¡Y el Consejo Rector saliente la apoya!!
2,4 MILLONES
Uno y otro, prosiguiendo con nuestra narración, se embolsaron el 17 de marzo de 2007 un total de 2,4 millones de euros –a razón 1,2 millones por cabeza- pagados por una de las sociedades participada por Miguel Rifá, uno de los actuales grandes deudores de Cajamar.
En representación de Rifá y otros, acudió a la notaría de Juan Sergio López de Uralde, en Roquetas de Mar, Matías Segura García, que ostentaba los poderes de Madul Playa SL, mercantil que era la administradora única de Inversiones Italán. Inversiones Italán SL está participada por ocho socios, entre ellos Predios del Sureste, uno de los buques insignias de Miguel Rifá. También posee acciones en ‘Italán’ la mercantil Sudafricana de Hoteles SA, en la que Rifá también tiene intereses en forma de participaciones.
Este es el núcleo de la información. ‘Italán’, es decir, Rifá, empresario que disfrutó durante años de cuantiosos créditos de Cajamar, compra por un valor desmedido dos porciones de 7.000 m2 de secano cada una, a dos altos cargos de la Caja sin que la publicación de este hecho haya generado una sola reacción en el seno de la cooperativa de crédito más importante de España.
Recientemente, el comocido socialista madrileño Antonio Miguel Carmona dijo, refiriéndose a Bankia y al escándalo que tiene atrapado al ex viceprediente del Gobierno Rodrigo Rato por los contratos millonarios de la entidad a amigos del político durante la época en la que éste dirigió el banco, y las mordidas que sacaba de ello, que “no quiero ni pensar que lleguemos a descubrir que se cobraran comisiones por el mero hecho de realizar el objeto social para el que se creó Bankia, es decir, dar créditos”.
No llegaremos en esta información a hacer juicios de valor –para eso están la secciones de opinión, y los tribunales en su caso-, pero es un hecho que el silencio de Cajamar invita a pensar a cada cual lo que quiera.
Las pruebas
Y expuestos los hechos centrémonos en las pruebas:
Heredia, Viúdez y Alonso compran, junto a Petronila Sánchez y Diego Rodríguez Valero, Vera Gestión del Patrimonio por 300.000 euros el 6 de febrero de 2004, dotándola de un capital social de 3.600 euros. El único activo de Vera Gestión eran 4,4 Has de secano. Pocos días antes, el empresario madrileño Alberto Garrido, un socio de Gruinver 6 SL, la mayor maquinaria inmobiliaria del ‘Grupo DRV’, accedió curiosamente a dar 300.000 euros a su socio Diego Rodríguez Valero. Valero argumentó que los dineros eran para comprar unos terrenos, entendiendo el de Madrid que la cantidad que se le requería era una aportación idéntica a la que también iban a hacer cada uno de los socios de Gruinver. El desembolsante supo más tarde que nadie más había hecho aportaciones dinerarias y jamás llegó a ver los ‘presuntos’ terrenos. Fue entonces cuando elevó quejas a Valero y en el seno de Vera Gestión del Patrimonio se accedió el 9 de marzo de 2007 –en Junta General Universal de los socios- a que Alberto Garrido pasase a formar parte del accionariado, no sin antes exigirle otra importante cantidad. Todo se formalizó mediante una ampliación de capital el 12 de marzo de 2007 en una notaría de Vera con el número de protocolo 892. Alberto Garrido apoquinó otros 270.396 euros. De esta manera, los cinco socios iniciales –Heredia, Viúdez, Alonso, Valero y Petronila- dejan de tener un 20% cada uno para ostentar el 16%. A partir de ese momento Garrido, que suscribe la ampliación y adquiere el 20% de las acciones, es el mayor accionista de una empresa cuyos activos, en realidad, no valen nada, fiando todo a una futura recalificiación por parte del Ayuntamiento de Vera que nunca se produjo. Al menos en los términos esperados ya que las 4,4 Has sí se clasificaron en el Plan General pero no como urbanizables para uso residencial, sino para uso terciario o industrial.
Todo esto ocurría en marzo de 2004. Un mes antes, el 21 de febrero, la propia Vera Gestión del Patrimonio, mientras negociaba la entrada de Garrido, elaboró un documento de andar por casa en el que valoraba su secarral en 1.352.000 euros. Es decir, que si el 6 de febrero de 2004, fecha en la que los tres de la Caja y sus dos socios compran Vera Gestión, las 4,4 Has valían 300.000 euros; sólo 15 días más tarde, el 21 de febrero, a Alberto Garrido le vendieron –apoyándose en el documento doméstico- el 20% de unos terrenos revalorizados graciosamente en más de un 400%.
Evidentemente no eran metros cuadrados lo que se vendían, sino acciones, pero dichas acciones otorgaban derechos sobre el mismo porcentaje de la única propiedad de que disponía la sociedad.
Sociedad muerta
Desde esas fechas de 2004 hasta el 17 de marzo de 2007, día en el que el director General de Cajamar y su subdirector General venden a una empresa de Miguel Rifá sus respectivos 16% en Vera Gestión del Patrimonio por un total de 2,4 millones de euros –la mitad para cada uno-, la sociedad no ha experimentado movimientos. No hay trabajadores, no hay actividad… Los balances en el Registro Mercantil son un calco año tras año y así hasta 2010, fecha en la que se depositan las últimas cuentas anuales.
De esta manera y sin despeinarse, en medio de una época loca en la que el dinero corría en bundancia de mano en mano y en la que el precio del suelo se disparaba con la sola esperanza de una recalificación que no siempre llegaba, como en esta ocasión, un fuerte empresario como Miguel Rifá hizo ricos a dos altos directivos de Cajamar pagando por un escaso terreno de 14.000 m2 de secano 400 millones de las antiguas pesetas que, incluso siendo urbanizable o urbano, jamás habría alcanzado ese valor.
¿Y el ‘Zona’ Francisco Alonso? ¿Por qué se compró a sus compañeros y a él no? Con Alonso las cuentas estaban más que saldadas. No había lugar a envidias ni a la más mínima sensación de discriminación. El responsable de la Zona Levante de Cajamar había vendido un año antes de que sus jefes cerraran la redonda operación unos terrenos de secano heredados en Turre. Los adquirió la ya citada Gruinver 6 SL, del ‘Grupo DRV’. Alonso “cobró con pagarés avalados por la propia Cajamar” 1,4 millones de euros (232.820.000 de pesetas) por 8,6 Has de secano que nunca se llegaron a clasificar. Ahí están para verlos, no muy lejos del cementerio municipal.
Aunque los terrenos de Francisco Alonso no eran ni de lejos los mejor situados, Gruinver le pagó el m2 más caro que al resto de los propietarios que vendieron.
Otros enlaces de interés:
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Heredia y Viúdez mediaron para que otra empresa se quedara con parte de la deuda de su socio Valero Hasta tres sociedades inmobiliarias fundaron el director y el subdirector General de Cajamar con Diego Rodríguez
Seguro que a todo el que tenga que caer, en su momento, se le quitara el suelo. Mas temprano que tarde.
ResponderEliminar¡Ahora toca que lo paguemos todos!