Adela Segura, responsable socialista en la provincia de Política Municipal, afirma que los socialistas tratarán de impedir en los plenos de los ayuntamientos la subida del precio del agua aprobada por la Junta General de Accionistas de Galasa
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Adela Segura |
Javier Irigaray / 25·07·2016
Los socialistas tratarán de impedir la subida del precio
del agua de Galasa en los plenos de los ayuntamientos. Segura afirma que son
éstos quienes tienen la competencia para hacerlo, y no los órganos de la
empresa pública provincial. Además, advierte que si la decisión adoptada por la
Junta de Accionistas el pasado 5 de julio se ve plasmada en el recibo, el PSOE
llevará a los responsables ante los tribunales.
- Las nuevas tarifas del agua llegan con incrementos que
ustedes no aceptan.
- Así es, y nos mostraremos contrarios en tanto que se
aclaren las informaciones que la propia empresa nos ha facilitado con retraso y
cuentagotas. Nosotros sostenemos que el agua debe costar lo que vale, y los
precios se deben actualizar cuando existen indicadores que lo demuestran,
teniendo en cuenta todas las variables que inciden en el coste del servicio,
desde la compra del agua hasta el mantenimiento de las redes. El estudio de
todo eso debe ser preceptivo para decidir cualquier incremento que, en este
caso, se aproxima, como media, al 44%. Eso significa que un hogar que consuma
25 m3, la variación en el recibo será de 20 euros. El bolsillo de los usuarios
es algo muy serio en momentos como el actual, cuando los vecinos no están para
muchas alegrías.
- Eso parece más una opinión que un argumento.
- El 31 de marzo tenían que estar las cuentas de Galasa
presentadas en el Consejo de Administración. A estas alturas del año sólo se
han presentado excusas. ¿Cómo se atreven a exigir a un consejero de la empresa
que dé su visto bueno a una subida de tarifas si ni siquiera le han dicho, ni
ellos mismos saben, por dónde van las cuentas? Esto es muy grave. Es como si
usted tiene un coche con un agujero en el tanque de gasolina por el que va
perdiendo combustible y, en lugar de arreglar el depósito, le enchufa la manguera
del surtidor, que ya pagarán los vecinos. Hay que ser más responsables. No nos
vamos a negar a actualizar las tarifas, pero siempre que esa actualización
venga respaldada por un estudio serio de los costes. Además, existen otra serie
de datos que de momento no vamos a difundir, pero que nos hacen presumir que
podrían estar incurriendo en graves irregularidades. Por eso le pedimos al presidente
de la Diputación y de Galasa, el señor Amat, que sea responsable, que no se
gaste un millón de euros en un acceso para Roquetas, que es muy necesario, pero
que ha servido para tapar una de las vergüenzas del gobierno de Rajoy en la
provincia, en vez de emplearlo para mejorar el servicio de abastecimiento de
agua a los ciudadanos del Levante y el Almanzora.
- ¿Y lo de llevar la subida a los plenos de los
ayuntamientos”
- El consejo de administración de Galasa lo componen
actualmente ocho miembros del PP y tres del PSOE. Ahí, lo único que podemos
hacer los socialistas es decir ‘no’, por eso hemos decidido llevar la subida
propuesta a los ayuntamientos, porque son quienes tienen la competencia para
establecer y modificar los precios. Fue una competencia que el Partido Popular
pidió a los pueblos que se la cedieran a Galasa y ni allí donde gobierna el PP le
han hecho caso. Ahora vienen con la subida en el Consejo de Administración y en
la Junta de Accionistas cuando ninguno de esos órganos tiene esa potestad. Hay
que llevar el debate a los pueblos y que se retraten los representantes de los
vecinos, que expliquen las razones por las que están a favor o en contra de
subirles el recibo del agua. Yo no creo que ningún alcalde sea tan
irresponsable como para aprobar esa subida a sus paisanos y poder mirarles a la
cara después. Además, Javier Aureliano ha dicho a los pueblos del Almanzora que
tienen convenios firmados con Galasa, que si no están de acuerdo, que se vayan.
Un auténtico disparate. No se van a ir porque hay una ley que los ampara.
- ¿Y si Galasa decide aplicar las nuevas tarifas en
pueblos que no la aprueben? ¿Acudirán a los tribunales?
- Por supuesto. Si se empeñan en hacer valer la subida en
contra de la voluntad de los vecinos y del criterio de la ley, nuestra
obligación es defender a los ciudadanos en los juzgados si es necesario.
- Desde el Partido Popular recuerdan que en el Levante
los municipios cedieron en 1988 a Galasa las competencias sobre el agua, el saneamiento
y las tarifas, y que ustedes, en 2009, gobernaban la Diputación y, por ende la
empresa, y subieron las tarifas sin contar con ningún ayuntamiento.
- Aquella fue una subida insignificante, apenas unos
céntimos, y si hay un acuerdo que nadie denuncia, no pasa nada. Que se deje de
cuentos el vicepresidente de la Diputación Javier Aureliano. Si yo fuera él y
me enterara que se pierde la mitad del agua por las tuberías, agarro el
detector de fugas y me deshojo por los pueblos buscándolas.
- Hábleme de esas pérdidas.
- Los datos que nos han proporcionado son muy explícitos.
Galasa está comprando el doble de agua de la que factura, pero nos dicen que ese
déficit son ‘pérdidas’ que llegan al 44%. Tres millones de euros al año. Eso es
insoportable y no se puede defender diciendo que yo, la secretaria de Política
Municipal del PSOE en Almería, se ha pegado un tiro en el pie porque las fugas
se producen en la red de baja, que es potestad de los ayuntamientos. ¿Quiere
decir Javier Aureliano, el escudero del señor Amat, que los alcaldes son unos
irresponsables? Me resulta difícil creer ese caudal de pérdidas, porque
significaría que cada pueblo escondería una ‘venecia’ en su subsuelo. Él sabe
que los municipios tienen delegado el mantenimiento de su red en Galasa. ¿Cómo
no se ha actuado ante unas pérdidas de ese calibre? Nosotros pedimos un plan de
inversiones porque el bolsillo de los usuarios es el último recurso al que debe
acudirse. Ahí tiene Diputación una doble responsabilidad. El mantenimiento de
las redes depende de su ente instrumental Galasa por delegación de los
ayuntamientos, pero, hasta ahora, no ha alertado de esa supuesta fuga tan
enorme y, en segundo lugar, si las infraestructuras propiedad de los
ayuntamientos tienen un problema grave, la Diputación debe socorrer y amparar a
los que tienen menos de 20.000 habitantes. Ni se ha hecho una cosa ni se ha
hecho otra. La Diputación ni invierte ni advierte. Esto tiene todos los visos
de una administración presuntamente desleal.
- ¿Y cree justo que los vecinos de ayuntamientos que han
invertido en mejorar sus redes de tuberías acudan en auxilio de los que han
preferido gastarse el dinero en otras cosas que lucen más?
- Creo en la responsabilidad de los alcaldes. A mí no me ha
dicho ninguno que Galasa le haya advertido nunca que en su pueblo hubiera que
cambiar ninguna tubería. Los ayuntamientos son responsables de sus
infraestructuras, pero también es competencia de la Diputación. Ningún alcalde
se va a negar a reponer una conducción en mal estado, y la Administración
Provincial debe estar ahí para ayudar al municipio de turno. Yo he sido
alcaldesa y sé que una rotura en una cañería se nota inmediatamente y su
arreglo no se puede dejar para otro día. Gabriel Amat y su escudero quieren
hablar de todo menos de gestión y responsabilidad. Es increíble. Primero le
echaron la culpa a la Junta. Después a Acuamed y las inversiones a cuenta de
unos contratos que nadie firmó. Ahora son los pueblos, pero detrás de todo esto
se esconde la voluntad de Javier Aureliano de intentar tapar su desastrosa
gestión. Los socialistas estamos siempre dispuestos a colaborar para solucionar
problemas, pero no seremos cómplices de tapar una gestión nefasta.
- Para terminar, ¿ve justa la diferencia de precios entre
lo que se cobra en el Levante y lo que pagan los vecinos del Almanzora?
- Nosotros somos partidarios de que se haga un estudio del
coste en cada municipio. Pensamos que en el Levante debe haber una tarifa
lineal porque todos se nutren de la desaladora de Carboneras, pero en el
Almanzora estamos hablando de otros López, porque unos pueblos aportan agua,
otros la venden, a ninguno llega la de la desaladora... Cada uno tiene una circunstancia
diferente. Los hay donde Galasa aporta el agua en alta pero la distribución en
baja la realiza otra empresa. Por eso sostenemos que es necesario un estudio
pormenorizado de los costes en cada pueblo. Otra cosa es que se determine la
necesidad, por los motivos que sean, de establecer un precio solidario, que
deberá estar debidamente fundamentado y ser oportunamente explicado.
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