El Ayuntamiento de Turre decidió retirar el contencioso que mantenía contra la Junta con los votos de socialistas y Somos Turre. El portavoz del PP amenaza con llevarlos ante los juzgados
Aspecto actual de la Avda. de Almería de Turre |
Lo advertía el exalcalde del PP Arturo Grima. El Ayuntamiento de Turre decidió retirar el contencioso que mantenía contra la Junta por un presunto incumplimiento por parte de la administración autonómica del convenio suscrito para la construcción del Paseo de Almería, un procedimiento iniciado hace casi dos años por el equipo de gobierno del Partido Popular, que acusa al alcalde Martín Morales, de Somos Turre, de haber sucumbido a la presión de sus socios de gobierno socialistas y amenaza con llevar a los tribunales a quienes han secundado esta decisión. Morales se siente ofendido por las sospechas de su antecesor en el cargo y contrapone que ha seguido los consejos de la secretaria municipal y los servicios jurídicos de Diputación.
El Pleno del Ayuntamiento de Turre decidió el pasado 28 de abril retirar el procedimiento contencioso administrativo que había incoado contra la Junta de Andalucía por el presunto incumplimiento del convenio firmado para construir un paseo en la Avenida de Almería, travesía y escaparate del pueblo.
La incoación de acciones judiciales contra la administración autonómica fue aprobada durante el pasado mandato, concretamente el 26 de junio de 2014, en un pleno que se celebró sin la asistencia de los concejales socialistas, y que salió adelante con los votos a favor de los seis ediles con que contaba entonces el Partido Popular.
Ahora, la propuesta de retirar tales acciones se aprobó gracias a la mayoría conformada por cuatro socialistas y dos representantes de Somos Turre, con la oposición de los cinco ediles del Grupo Popular.
Pero, a tenor de las declaraciones del jefe de la oposición a RADIO ACTUALIDAD, Arturo Grima, el paseo de la Avenida de Almería de Turre por los tribunales estaría lejos de acabar. “Vamos a estudiar el caso y, si podemos, pondremos una querella y llevaremos a los juzgados a quienes han atentado contra el interés de los turreros con esta decisión”.
Sin embargo, el alcalde Martín Morales restaba importancia al asunto -“No hemos cometido el crimen del siglo”-, y explicaba que su equipo de gobierno ha retirado el contencioso porque tanto la secretaria del Ayuntamiento como los servicios jurídicos de la Diputación así lo han recomendado, porque existe “más de un 90% de posibilidades de que lo perdamos, y eso supondría un coste para las arcas municipales de más de 120.000 euros, que podrían superar los 180.000 en caso de que recurriéramos la sentencia”.
Explicaba el regidor que los abogados de Diputación informaron de que el Ayuntamiento no habría cumplido la cláusula 4ª del convenio en vigor -“el único firmado, el que contempla una inversión global de 3,25 millones de euros. Todo lo demás es circo, un diálogo de sordos”-.
Esa cláusula obliga al Ayuntamiento a entregar el proyecto de las obras de acuerdo con el presupuesto acordado, mientras que el equipo de gobierno de Arturo Grima, “a pesar de los numerosos requerimientos que en sentido contrario ha hecho la Junta desde 2012”, enviaba una y otra vez un proyecto que se correspondía con un presupuesto de seis millones de euros, por lo que siempre le era devuelto, explica Morales.
“El presupuesto de 6 millones de euros –aclara el concejal popular Grima- no lo hice yo, lo acordaron los socialistas, aunque de manera verbal con la Junta y siempre previo a unas elecciones locales. Yo me limité a proseguir con el recorrido de ese acuerdo”.
Por su parte, el alcalde calificaba como “despilfarro” los 80.000 euros gastados en ese proyecto “que no era el acordado”, y no quería arriesgarse a tener que pagar los 120.000 ó 180.000 euros correspondientes a las costas de un proceso que los servicios jurídicos daban prácticamente por perdidos en caso de seguir adelante.
Y, a renglón seguido admitía que a pesar de ser una actuación vital de la que se viene hablando desde mediados de los años 80, el Paseo “va para largo”, porque el Ayuntamiento aún no dispone de la titularidad de los terrenos ni de la liquidez necesaria para hacer frente a unas expropiaciones cuantificadas en, al menos, un millón de euros, motivo por el que el alcalde, en aras de la seguridad de los peatones, ha decidido emprender las obras de una acera con cargo a los planes provinciales. “No tendrá encaje en el proyecto definitivo del Paseo –reconocía-, pero permitirá que los vecinos puedan andar con seguridad”.
Sobre la oferta de continuar siendo alcalde hasta el final del mandato con el apoyo del PP que le hizo Arturo Grima durante el Pleno, siempre que mantuviera el contencioso en los juzgados, Morales se sintió “ofendido”. “El contencioso no tiene ninguna importancia –concluyó-. Sólo tiene relevancia para él, pues cree que le sirve para ocultar que en cuatro años no consiguió avanzar nada. Lo puso a sabiendas de que nunca lo iba a ganar”.
Por su parte, Grima confesaba que la retirada de la acción judicial contra la Junta ha sido “la decepción más grande” que se ha llevado en su vida política, y explicaba que el Partido Popular decidió interponer el contencioso porque estaban “cansados de los incumplimientos” de la administración andaluza con respecto a la principal avenida de Turre.
No dudaba el exalcalde en apreciar “presiones del PSOE” en la decisión de no seguir adelante con el procedimiento por parte del Ayuntamiento. “En alguna reunión le habrán dicho a Martín que le harán una acera a cambio de retirarlo –aventuraba no sin cierta sorna-, pero que tenga muy claro que al quitar la demanda, ha perdido sus cartas. No se pueden dar estas facilidades a la Junta después de tantos años de lucha”.
Diez años de convenio sin Paseo
El convenio para construir un Paseo en la Avenida de Almería de Turre fue firmado en 2006 por el socialista José Navarro y la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, también del PSOE, Concepción Gutiérrez.
Dicho acuerdo contemplaba la ejecución de un proyecto que debía ajustarse a un presupuesto de 3,25 millones de euros aportados en un 60% por la Consejería y el 40% restante por las arcas del municipio que, además, habrían de hacerse con la titularidad de los terrenos.
A principios de 2011, en plena precampaña electoral, comenzaron a sucederse declaraciones y notas de prensa que hablaban de un presupuesto de seis millones de euros para la Avenida de Almería.
La Diputación, gobernada entonces por PSOE y PAL, decidió sumarse al convenio aportando 1,4 millones de euros de la parte que correspondía al Ayuntamiento. Esa cantidad suponía el 30% de un proyecto cercano a los seis millones. La entidad provincial adoptó esa decisión en un Pleno que contó con el apoyo prácticamente unánime de toda la Corporación. El único diputado que no votó a favor fue Juan Pablo Yakubiuk, de Izquierda Unida, coalición a la que entonces pertenecía Martín Morales, hoy alcalde tras encabezar la plataforma de izquierdas “Somos Turre”.
Poco antes de las elecciones municipales de mayo de 2011 llegó al Ayuntamiento la autorización de la Junta para que iniciara las obras, usando la parte del presupuesto que correspondía al municipio, pero no pudieron acometerse porque aún no se disponía de la titularidad de los terrenos.
Los comicios auparon a la alcaldía al Partido Popular de Arturo Grima, que ordenó la redacción de un proyecto adecuado a los seis millones de euros de los que se hablaba durante la campaña, al tiempo que la Diputación, que pasó a ser gobernada por el PP, incluía en sus presupuestos la cantidad de 1,4 millones, lo que continúa haciendo hasta ahora.
Sin embargo, la Junta de Andalucía devolvía al Ayuntamiento el proyecto tantas veces como le era remitido, y requería al Consistorio la aportación de uno ajustado al protocolo firmado de 3,25 millones de euros.
El 26 de junio de 2014, un Pleno presidido por el popular Arturo Grima decidía incoar un procedimiento contencioso administrativo contra la administración autonómica por el presunto incumplimiento del convenio suscrito.
El pasado 28 de abril, otro Pleno, esta vez dirigido por el alcalde Martín Morales, de Somos Turre, que lo es gracias al apoyo de los cuatro ediles del PSOE, ha decidido retirar el procedimiento.
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