La tragedia de los Prior

LENOX NAPIER

11·05·2016

MUCHO SE ESCRIBE estos días acerca de Leonard y Helen Prior, que sin quererlo se convirtieron, por incidencias de la vida, en los británicos más famosos que viven en España. Sí, los Prior, la pareja cuya casa fue demolida en Vera por un error de cálculo cobarde y estúpido en enero de 2008. 

Los Prior vivían tranquilamente en una casa que no estaba en zona inundable. Tampoco en un espacio natural protegido de belleza singular, ni a la orilla de la playa invadiendo el espacio marítimo-terrestre, ni ocupando la zona de seguridad lindante con una carretera o la vía del tren. No aparecía en ningún plan de expropiación atendiendo a eso que llaman interés general y que permite a los gobernantes hacer lo que les viene en gana. Los Prior eran -y son- una simple pareja británica que se había retirado a España después de una vida profesional en Inglaterra. Querían gozar de sus últimos años disfrutando de un vaso de vino mientras contemplaban los maravillosos amaneceres y las mágicas puestas de sol que ofrece este rincón de España. 

No está claro el porqué fue su casa, y no otra, la elegida por una caterva de políticos de segunda para dar no se qué escarmiento al urbanismo descontrolado que ellos mismos habían permitido no precisamente en Vera, sino en otros municipios del Almanzora. Tal vez la respuesta esté en que eran extranjeros, que asustados por una inoperante, aunque temible y destrozona banda de gobernantes, simplemente huirían a su país de origen maldiciendo su mala suerte. Y aquí paz y después gloria. ¿A quién importa la desgracia de estos incautos ingleses? ¡Que se marchen! 

Pero no lo hicieron. Con su vivienda demolida y los escombros retirados, sin un ladrillo que recordara que en ese lugar estuvo el hogar de dos personas mayores, se instalaron en el garaje –paradójicamente legal, como la piscina- que las inclementes máquinas dejaron en pie. Ese pequeño espacio, el garaje, se convirtió en su casa, abastecida por una manguera y alimentada con un generador de electricidad. Como tantos otros extranjeros jubilados venidos a Andalucía, que a posteriori corrieron suertes parecidas, los Prior inauguraron la lista de agraviados por el soberbio mazo de la injusticia de los hombres cuyo poder emana del pueblo pero no beneficia al pueblo. Y desde el garaje, les impusieron otra vida peor, pero no el silencio. 

El caso de los Prior fue contado por la prensa, las radios y las televisiones británicas una y otra vez. La humillación, la injusticia tenía que conocerse precisamente allí de donde parten la mayoría de gentes que vienen a pasar sus años finales a España. Millones de pensionistas que leen, oyen y ven los medios de comunicación de Gran Bretaña y Europa tuvieron noticia de la aciaga suerte de dos débiles e inocentes personas mayores. Quién sabe si muchos cambiaron de planes tras saber de la inseguridad jurídica que planea sobre este país que recibe cada año a decenas y decenas de millones de turistas, muchos de ellos con la intención de quedarse y poner en circulación los millones de euros que suman sus pensiones, aportando vida y prosperidad a pueblos sin fortuna que sufren la despoblación. 

Y ahora, una vez más, Leonard y Helen Prior son actualidad, aunque en esta ocasión por un feliz acontecimiento: el sistema judicial ha culpado al Ayuntamiento de Vera de las desgracias del matrimonio británico y le obliga a indemnizarles. Pero los políticos municipales no son, a mi juicio, los responsables del hecho. Mucho menos, como todos sabemos, los autores materiales del asalto. Pero sí fue el Ayuntamiento el que dio la licencia de obras que incompresiblemente la Junta consiguió que un tribunal declarara ilegal. Ahora, ocho después de que se escuchara el ronco rugido de las excavadoras y no dejaran piedra sobre piedra, un juzgado de primera instancia –por tanto es recurrible-, ordena al Consistorio a pagar alrededor de la mitad del dinero -425.185 euros- reclamado por la pareja -800.000 euros-. 

Así pues, en principio, los Prior serán compensados con la suficiente cantidad como para comprar una casa más pequeña en alguna otra parte. Pero cuando se rondan los ochenta años el tiempo tiene otro valor. El más que probable recurso del Ayuntamiento prorrogará la entrega de los dineros al menos otros cuatro o cinco años. Reverso de la moneda es también el de los costes judiciales tras ocho años de litigio. Resultan extraordinariamente altos y deben ser compartidos por el matrimonio y el Ayuntamiento, lo que restará una cantidad importante a la indemnización. 

Mientras tanto, Andalucía parece presentarse ante la industria del turismo residencial casi orgullosa de sus 300.000 viviendas 'ilegales'; como si nadie no se hubiese enterado de la construcción de tanto edificio destinado a la especulación en la región más grande y empobrecida de España. Qué pocos de esa multitud de constructores ocultos detrás de simples empresas de 3.000 euros de capital social han sido condenados por sus desmanes, y muchos menos políticos por su indecencia al mirar hacia otro lado. 

Una situación tan alocada como deplorable, surgida de una clara dejación de las obligaciones de vigilancia urbanística, no surge de la noche a la mañana. Los problemas llegaron después, cuando las viviendas no se terminaban y los promotores huían enriquecidos con las entregas a cuenta que hacían, desde su inocencia, los extranjeros; o cuando los compradores entraban en sus aparentes flamantes viviendas y se encontraban con graves defectos en las estructuras y sin nadie a quien reclamar; o con la carencia total o parcial de servicios básicos; o sin la licencia municipal que avalara la legalidad de la obra. Eso si es que no llegaba antes la policía para levantar acta por encontrarse el edificio en zona inundable, o si de golpe aparecía el cartero con un certificado del juzgado informando de que se abría una causa con riesgo de demolición. A los Prior les negaron hasta esa información, y mientras un juez decidía su futuro, ellos permanecían en la ignorancia. Tuvo que intervenir hasta el Tribunal Constitucional ordenando la repetición del juicio. Lástima, demasiado tarde. La casa ya estaba en el suelo. 

En nuestra comarca se conocen muchas de estas historias, no digamos ya en el Almanzora o en el resto de Andalucía. Una administración que obliga a poner un chip a cada una de las cabras que pastan por los campos se declara desbordada por la fiebre de la construcción que ha traído 300.000 viviendas ilegales a la región; las mismas que tiene la ciudad de Málaga. 

Y como resultado, cada afectado viviendo su propia historia de terror. Todos sus ahorros, los de una vida entera, al retrete, y con ellos sus sueños. De todo esto ha tenido conocimiento la opinión pública europea, de donde procede la mina inagotable de clientes. Eso creemos en España. 

Andalucía, una región que soporta la mayor tasa de desempleo en Europa, que sigue presentando los peores índices de bienestar de la UE es, sin embargo, el lugar ideal para retirarse, como si fuese una especie de Florida americana. Porque Florida cuenta con unas condiciones climáticas muy parecidas a las de Andalucía, pero al contrario de aquí, allí han sabido aprovecharlas y el desempleo no supera el 5%. El 5% frente a más del 30% en Andalucía. Teniendo en cuenta cómo se trata en uno y otro sitio al turismo no sorprende. 

Pero no nos detengamos en la tragedia de los Prior. Dediquemos un momento de reflexión al presente y al futuro de Almería. ¿Cuántos empleos se han perdido o nunca se crearán por la desidia y la incapacidad de quienes nos gobiernan? ¿Cuánta inversión en formato de pensiones se ha perdido en esta provincia por las acciones e inacciones de la Junta de Andalucía y quienes mal se llaman ‘ecologistas’? 

Si se supieran las cifras resultaría vergonzante y tan aterrador como el horror padecido por los muchos Prior que han querido venir a vivir a Andalucía, a los que un día la comunicación de un juzgado les hizo saber que su casa es ilegalizable, o una retro llegó con la orden judicial de echar su vivienda abajo. Previa denuncia de la Junta, claro, y como resultado de no aplicar correctamente la legislación por parte de nadie. 

Benditos consejeros, delegados provinciales, parlamentarios, diputados, alcaldes y concejales. Y encima se ponen estupendos cuando les pone delante un ‘micro’.