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El ayuntamiento aumenta su previsión de ingresos por sanciones un 428% con respecto a 2012
ACTUALIDAD ALMANZORA / 24·07·2014
En tan solo dos años, el capítulo correpondiente a los ingresos por sanciones de los presupuestos del consistorio mojaquero ha pasado de los 65.000 euros de 2012, a los 343.000 previstos para este ejercicio.
El dato ha sido hecho público por el concejal opositor Gabriel Flores, de Unión Mojaquera, quien teme que el equipo de Gobierno obligue a la policía local a entregarse a una orgía sancionadora durante el verano. Flores ha recordado igualmente la, a su juicio, imagen negativa que de cara a los visitantes ofrecen episodios como el del "botellón de agua", y ha lamentado el daño que este tipo de actuaciones provocan en un municipio cuya economía gira, casi exclusivamente, entorno al turismo.
El edil ha denunciado también el caso de unos jóvenes que fueron multados el pasado fin de semana, con 601 euros cada uno, por escuchar música a un volumen excesivo, y ello, pese a haber atendido desde un primer momento las indicaciones de la policía local para bajarla.
Tanto el incremento del número de denuncias como la sucesión de casos de sanciones polémicas serían, para Flores, fruto de la controvertida "ordenanza anti-ruido", en cuya aplicación estaría encontrando pretexto la voracidad recaudatoria del actual gobierno del Partido Popular.
Conincide en el diagnóstico Manolo Zamora, concejal del PSOE, quien también responsabiliza a la "ordenanza anti-ruido" de las situaciones que se están produciendo en la playa de Mojácar. Para el socialista, "una multa es una inversión en mala publicidad", y manifiesta su temor porque la actual política sancionadora termine minando la principal fuente de ingresos del municipio, razón por la que reclama "un trato menos agresivo hacia los visitantes".
El dato ha sido hecho público por el concejal opositor Gabriel Flores, de Unión Mojaquera, quien teme que el equipo de Gobierno obligue a la policía local a entregarse a una orgía sancionadora durante el verano. Flores ha recordado igualmente la, a su juicio, imagen negativa que de cara a los visitantes ofrecen episodios como el del "botellón de agua", y ha lamentado el daño que este tipo de actuaciones provocan en un municipio cuya economía gira, casi exclusivamente, entorno al turismo.
El edil ha denunciado también el caso de unos jóvenes que fueron multados el pasado fin de semana, con 601 euros cada uno, por escuchar música a un volumen excesivo, y ello, pese a haber atendido desde un primer momento las indicaciones de la policía local para bajarla.
Tanto el incremento del número de denuncias como la sucesión de casos de sanciones polémicas serían, para Flores, fruto de la controvertida "ordenanza anti-ruido", en cuya aplicación estaría encontrando pretexto la voracidad recaudatoria del actual gobierno del Partido Popular.
Conincide en el diagnóstico Manolo Zamora, concejal del PSOE, quien también responsabiliza a la "ordenanza anti-ruido" de las situaciones que se están produciendo en la playa de Mojácar. Para el socialista, "una multa es una inversión en mala publicidad", y manifiesta su temor porque la actual política sancionadora termine minando la principal fuente de ingresos del municipio, razón por la que reclama "un trato menos agresivo hacia los visitantes".
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