Investigan al Ayuntamiento de Cuevas por la contratación de cuatro letrados

La Fiscalía cree que el Gobierno de Caicedo pudo incurrir en una presunta prevaricación al contratar abogados “externos” de forma “directa” entre los años 2002 y 2012

ACTUALIDAD ALMANZORA / 03·07·2015

La Fiscalía ha formulado denuncia ante los juzgados de Vera para que se dirima si existió prevaricación en la contratación “directa” de “cuatro” letrados “externos” entre los años 2002 y 2012 por parte del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

La denuncia, que se recibió en el Consistorio el miércoles, 1 de julio, tiene 95 folios y solicita al juzgado instructor que se haga cargo del procedimiento de varias diligencias, así como que solicite a las Cortes Generales que informen sobre si el exalcalde y diputado nacional, Jesús Caicedo (PP), ostenta la condición de aforado.

En su escrito, el Ministerio Público indica que, entre 2002 y 2012, el Ayuntamiento cuevano habría contratado “de forma directa” a cuatro letrados “externos” para llevar la dirección técnica de diversos procedimientos judiciales en los cuales el Consistorio “era parte”.

Estas contrataciones podrían haberse realizado “con omisión de la normativa aplicable”, en concreto la legislación que regula los contratos de sector público, y “prescindiendo”, asimismo, de los “servicios jurídicos de la Diputación”.

La denuncia señala que, de acreditarse y concretarse “estas irregularidades administrativas”, podrían constituir un delito de prevaricación en base al artículo 404 del Código Penal. Atendiendo a ello, la Fiscalía pide la práctica de numerosas diligencias para su comprobación y “averiguación de los responsables”.

Así, solicita al juez que se pida al secretario-interventor del Ayuntamiento que aporte a la causa copia de los expedientes administrativos tramitados entre los años 2002 y 2012 “de forma ordenada y numerada” en relación a los cuatro letrados externos, y concreta que “en los casos de que no conste o esté incompleto”, acompañe “cuantos acuerdos y documentación obren al respecto sobre el encargo del servicio y su pago”.

Hace hincapié en la necesidad de que se aporte el informe del interventor “previo a la contratación” y, en su defecto, “se certifique que no existen esos informes” y se precise “el motivo por el cual no se hizo expediente administrativo de contratación”.

El Ministerio Público interesa, en esta línea, que se pida al Ayuntamiento que certifique “todos los pagos que realizó a estos letrados, especificando el motivo”; y que informe si tiene “servicio jurídico propio, y cuántos letrados y personal municipal lo componen”.

Por otra parte, insta a que el juzgado indague sobre “si el Consistorio “tiene contratado el servicio de asistencia jurídica” de la Diputación y, “en su caso si esto supone un costo económico” para las arcas municipales, si se ha “utilizado o no durante los citados años”, y si se “contrataron más letrados externos al margen de los investigados, además del importe económico que se les hubiese abonado”.

Por último, la denuncia busca que se comunique todo a la Intervención General del Estado para que emita un informe pericial “cuyo objeto sea determinar si esta práctica infringe o no la normativa administrativa aplicable y, en su caso, qué irregularidades se han podido cometer”.

El origen, un dossier elaborado por el PSOE

Todo apunta a que la denuncia de la Fiscalía tiene como origen un dossier elaborado por el PSOE y remitido al Ministerio Público en febrero de 2015.

Pero las sospechas de los socialistas –hoy en el Gobierno- arrancan en 2012, cuando, a raíz del Plan de pago a proveedores, reciben un listado de deudores en el que figuran “importantes cifras”, de hasta 100.000 euros, en materia de servicios jurídicos.

“Entonces solicitamos un pleno extraordinario para hablar del tema, pero no llegó a celebrarse porque el secretario facilitó un informe que revelaba anomalías en el sistema de contratación”, recuerdan los socialistas, que añaden que sus sospechas fueron ya evidentes al ver que el fedatario público no firmaba las resoluciones del alcalde para el nombramiento de abogados externos, “argumentando que estaba en desacuerdo”.

La documentación enviada al fiscal refleja que entre 2002 y 2015 el Ayuntamiento cuevano gastó aproximadamente 1 millón de euros en servicios jurídicos externos. Casi la mitad de esa cantidad corresponde a un bufete de Águilas “que podría tener algún tipo de relación con alguien cercano al exalcalde Jesús Caicedo”.

“Para los gastos que superan los 18.000 euros –aclara el PSOE- es necesario un expediente de contratación. Aquí hablamos de cifras mucho más elevadas”.

En el PP se reservan valorar la noticia hasta que tenga en sus manos la documentación del juzgado.