Expectación ante la definitiva resolución del Supremo sobre el Algarrobico

El Alto Tribunal anunció que dará a conocer durante este mes hasta cuatro fallos sobre los recursos que las diferentes partes han presentado

Javier Irigaray / 08·09·2015

Greenpeace difundía el pasado 1 de septiembre un informe en el que recuerda que hay dos docenas de pronunciamientos judiciales en favor de su demolición, cuatro de ellos del Tribunal Supremo. 

La Asociación Greenpeace han comenzado septiembre dando a conocer en rueda de prensa su visión sobre el recorrido del famoso hotel por los juzgados. Durante los próximos días, el culebrón judicial de El Algarrobico entrará en lo que, a todas luces, puede ser su recta final. Los ecologistas esperan que los fallos pendientes del Tribunal Supremo terminen por condenar al derribo la construcción.

Atrás quedarán 24 sentencias en favor de la demolición del edificio de 21 plantas y 411 habitaciones promovido por Azata, y otras 2 dictadas en contra. Éstas últimas emitidas el pasado 2014 por una sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) presidida por el juez Toledano, el mismo que en 2010 firmó un fallo que declaraba el suelo del hotel no urbanizable y protegido. Es decir, que Toledano ha opinado una cosa y la contraria.

Fuentes del Tribunal Supremo avanzaron que sería en el transcurso del presente mes de septiembre cuando se darían a conocer sus veredictos sobre los recursos presentados contra distintas sentencias dictadas por el TSJA. De hecho, dos estarían ya emitidas desde junio, pero el Supremo ha decidido dar a conocer las cuatro al mismo tiempo. 

 

En su comparecencia ante los medios, Greenpeace analizó lo que denomina “ilegalidades y mentiras en torno al hotel de El Algarrobico” echando mano al “turbio historial de la promotora Azata del Sol”.

Otros 8 ‘Algarrobicos’

En su estudio, la organización dice haber identificado hasta ocho casos en los que el conglomerado empresarial de Azata, que incluye hasta 20 empresas, ha realizado “operaciones similares a la de El Algarrobico que vulneran la normativa ambiental y urbanística”.

Dichas operaciones apuntadas por Greenpeace serían:

1- La Lobilla, en Estepona, un proyecto para construir el mayor centro comercial de España, que se modificó para evitar que afectara a una zona protegida y fue firmado por un alcalde encarcelado por el caso Astapa.

2- En Boadilla del Monte, Madrid, un plan para construir más de 200 chalés talando un bosque de 1.500 encinas centenarias. El alcalde está imputado en el caso de la Gürtel y el arquitecto por fraude fiscal, blanqueo y estafa.

3- En Mercamadrid, el Ayuntamiento de Madrid le alquiló unas naves que no usa pagando por ellas 50.000 euros al mes.

4- En Costa Ballena, Rota, ha construido un hotel en un paraje de arroyos y humedales, para lo que tuvo que ser modificado el PGOU del municipio.

5- En  Marbella es uno de los socios señalados en el caso Malaya.

6- El llamado ‘caso Las Malotas’, en Salamanca, atañe a unos planes para la construcción de un polígono industrial en un suelo destinado para VPO.

7- En Tarifa, el ‘Plan de Cortijo’ afecta a un complejo residencial de lujo frente a la playa de Zahara de los Atunes, con un gran impacto social y ambiental.

8- Por último, los ecologistas señalan a Majadahonda, donde el nombre de Azata aparece vinculado a operaciones de cambio de suelo otra vez ligada a de la trama Gürtel.

Pero volviendo a la noticia que se espera de los tribunales, el Supremo se pronunciará los próximos días sobre la legalidad del hotel, es decir, si los terrenos son urbanizables o no, si la licencia municipal es correcta y si hay posibilidad de que los terrenos vuelvan a ser propiedad de la Junta de Andalucía. A la espera de los pronunciamientos, Greenpeace lo tiene claro y recuerda que el hotel “ya es ilegal con 24 pronunciamientos judiciales en su contra” y pide la demolición inmediata.

La organización ecologista denuncia en su informe que desde 1998, cinco años antes de que comenzaran las obras, Azata “ya sabía por notificación del Ministerio de Medio Ambiente que estaba vulnerando la Ley de Costas y, a  pesar de esto, pide hasta 70 millones de euros de indemnización y está siendo defendida por el Ayuntamiento de Carboneras”, lo que sería, según Greenpeace, una muestra más de la “irracionalidad de la administración”.

Según los conservacionistas, “el hotel ya puede ser considerado ilegal, pues existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo que confirman que incumple la Ley de Costas y que en 2012 niega a Azata ser indemnizada”.

Pero el pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) daba un giro al proceso y legalizaba la licencia de obras tras justificar, con una sentencia emitida meses antes, que el suelo era urbanizable.

Greenpeace las analiza: “Las contradictorias sentencias del TSJA de 2014 han creado una inseguridad jurídica sin precedentes, que incluso incumplen el derecho comunitario, pues los terrenos están protegidos en el marco de la red Natura 2000 europea. El edificio incumple además leyes nacionales como la Ley del Suelo o la de Biodiversidad”, declaraba José Ignacio Domínguez, abogado de varias organizaciones ecologistas. “Somos optimistas ante los próximos fallos pues el Supremo acordó en 2011 proteger el Algarrobico como área natural, por tanto, y con reiterada jurisprudencia, el Alto Tribunal no debería dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme porque afecta a la seguridad jurídica”, concluía Domínguez.

Por su parte, Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, reincidió en el hecho de que “desde que las obras comenzaron, hace ya 12 años, 24 pronunciamientos judiciales avalan la ilegalidad del hotel frente a dos que han creado una inseguridad jurídica al contradecir una sentencia del 2013, del mismo TSJA, que permite inscribir los terrenos de El Algarrobico en el Registro de la Propiedad a nombre de la Junta de Andalucía”.

“Ante este galimatías jurídico –señalaba Marcos-, el Tribunal Supremo debe resolver si el suelo es urbano o no”.

No obstante, insistió, que “independientemente de lo que resuelva el Supremo el hotel ya es ilegal porque vulnera la Ley de Costas y al igual que ha ocurrido en otras partes del país, es deber de la administración demoler inmediatamente”. Añadió que “una vez más, podríamos ver cómo en nuestro país se protege a constructoras que desprecian las leyes ambientales y urbanísticas, si gracias a los vaivenes judiciales de la Junta de Andalucía y del Estado se permite abrir el hotel o indemnizar a Azata”, indicó Marcos.

El informe de Greenpeace destaca, además, las cifras de crecimiento de la afluencia turística a los espacios naturales de Andalucía, que se han multiplicado por 10 desde el año 2004 en contraposición a la de los hoteles de 4 y 5 estrellas, que acumula años de caída. Además, la organización verde recuerda que el entorno dañado por la construcción del hotel puede ser restaurado. Según un estudio realizado por la asociación de arquitectos n’Undo junto con la organización ecologista, con el desmantelamiento por fases del edificio se podrían reciclar los materiales al 98% y generar hasta 400 empleos en la comarca.