El PP de Turre llevará al juzgado el contrato de limpieza viaria que firmó el socialista Ortega

El que fuera primer teniente, Rodrigo Sánchez, niega las presuntas irregularidades señaladas en un informe de Secretaría de 2012, que ahora son desveladas por el ex alcalde y líder de los conservadores Arturo Grima, hoy jefe de la oposición

Arturo Grima

 Javier Irigaray / 18·11·2015

“El contrato con Urbaser será uno de los asuntos que llevaremos al juzgado”. Así de rotundo se expresaba el popular Arturo Grima, anterior alcalde de Turre, cuando le preguntamos por la concesión del servicio municipal de limpieza, que su equipo rescindió cuando gobernó durante el pasado mandato. 

“La de Urbaser no era la oferta más barata –abundaba Grima-. Existe un informe de Secretaría que refleja que una empresa ofertó 100.000 euros menos al año y no se le dio el contrato. Ya está en manos de nuestros abogados”. 

El anterior regidor se refería al documento firmado el 23 de julio de 2012 por la secretaria municipal, María del Mar Larré García, en relación al expediente por el que se contrató en el verano de 2009 el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines. 

La funcionaria relataba en su informe, realizado a instancia del propio Grima, una serie de defectos en la contratación de Urbaser. 

Entre esas observaciones, apuntaba su extrañeza a que se hubiera adjudicado el concurso a una sociedad “cuya oferta económica era claramente superior a la presentada por la otra mercantil interesada”. Indicaba la secretaria que debían ofrecer una explicación de por qué lo hicieron “aquéllos que formaron la Mesa de Contratación”. 

Siendo llamativo tal extremo, no es el único que, según Larré, podría haber vulnerado el ordenamiento legal. 

Así, la secretaria reflejó en su memoria que los pliegos del expediente de contratación no aparecen acompañados por el preceptivo informe del secretario que en aquel momento ejercía en el Ayuntamiento. 

También observaba que no existía “acuerdo de delegación expresa del Pleno en la Junta de Gobierno Local ni en el alcalde para la adjudicación del contrato”. 

Además, la secretaria echaba en falta algún acta de la reunión de la Mesa de Contratación, así como un informe de valoración de las distintas ofertas presentadas, pues afirmaba que “tan sólo existe un folio manuscrito sin sellar ni firmar ni fechar en el que se hace referencia a la apertura de los sobres de los licitadores interesados y al importe de las ofertas económicas”. 

Tampoco encontró Larré el criterio empleado para puntuar las ‘mejoras’ contenidas en las ofertas, sorprendiéndose, incluso, que se admitiera como tal la construcción de una instalación para almacén adscrito al servicio de limpieza cuando, en realidad, lo que hizo la mercantil fue arrendar el existente al Ayuntamiento. 

La oferta de Urbaser comprometía a la empresa a aportar 400.000 euros al Ayuntamiento para que éste realizara ‘mejoras’ en el servicio, no habiendo encontrado la secretaria rastro alguno de que, tres años más tarde, se hubiera realizado ninguna inversión en ese capítulo. 

Muy curioso es, también, lo relativo a las fechas de los documentos que integran el expediente y la falta de referencia expresa a la adjudicación definitiva del contrato, que podría llevar a pensar por una parte a que la adjudicación provisional hubiera tenido efecto “antes de la constitución de la Mesa de Contratación” y, por otra, a que “o existieron dos adjudicaciones provisionales, o las fechas son erróneas, o bien no existe adjudicación definitiva del contrato, sino la tácita elevación a definitiva de la adjudicación provisional”. 

Todos estos “vicios en el expediente de contratación”, según la secretaria María del Mar Larré, podrían ser causa de su “nulidad”. 

Arturo Grima manifestaba, de entrada, no entender “porqué tienen que encomendarse a empresas privadas que deben ganarse su legítimo beneficio industrial los servicios que puede prestar un Ayuntamiento con sus propios medios”. 

A partir de ahí, el exalcalde contaba a ACTUALIDAD ALMANZORA que “cuando recuperamos el servicio, a los turreros nos costaba prestarlo unos 260.000 euros al año, incluyendo nóminas de los trabajadores y productos necesarios, mientras que el contrato con Urbaser importaba 568.000”. 

Añadió que “la empresa vio los cielos abiertos cuando le propusimos acabar con el contrato, porque desde que se lo adjudicó la Corporación que presidían el socialista Francisco Ortega y el independiente Rodrigo Sánchez (hoy en el PSOE), sólo cobraron 18 ó 20.000 euros en dos años de los 1,2 millones que le correspondían”. “Tuvimos que ser nosotros –aclaraba Arturo Grima- quienes, gracias al plan Montoro, pudimos liquidar la deuda contraída con ellos”. 

Martín Morales, actual alcalde y por entonces en la oposición, se refiere a la fecha de adjudicación como “agosto fatídico”. 

Confirmaba Morales las cifras sobre el coste actual del servicio de limpieza. “Ahora sale por unos 270.000 euros al año entre nóminas y consumibles”. 

Recordaba el regidor que “en el concurso había dos empresas, Eulen y Urbaser. La oferta de Eulen era más barata, pero la de Urbaser estaba mucho mejor a nivel de planificación. Daba la impresión de que Eulen se había presentado sin ganas, como si creyera que el contrato estaba ya dado”. “Yo voté en contra de esa adjudicación –añadió- y, más tarde, presenté una moción para rebatir el acuerdo”. 

“A mí me queda la sospecha –barruntaba Morales- de que se trataba de una estrategia para que el Ayuntamiento se desprendiera de gastos y adquiriera liquidez, porque la realidad es que los gobernantes locales no pagaron ningún recibo y, además, Urbaser alquiló la nave de obras y el Ayuntamiento recibió un dinero por la barredora que luego tuvo que devolver al recuperar el servicio”. No sólo eso, “en el capítulo de mejoras –ahonda Martín Morales-, el Ayuntamiento obtuvo una cantidad importante cuya cifra no recuerdo con exactitud”. 

“Traspasar la gestión de lo público a una empresa, para un político, es reconocer su propia incompetencia. Yo pensaba que el entonces concejal encargado de la Limpieza, al tener que gestionar mucho menos, se iba a bajar el sueldo, pero no fue así”, ironizaba el alcalde. 

Como cabía esperar, el parecer del socialista Rodrigo Sánchez, teniente de alcalde en aquel momento en calidad de independiente, es diametralmente opuesto al de sus dos oponentes políticos, si bien en la actualidad el PSOE está coaligado en el gobierno con el partido de Martín Morales, Somos Turre, con el beneplácito del propio Sánchez, que hoy, fuera del Ayuntamiento, es parlamentario andaluz y dirige el socialismo turrero desde sus responsabilidades en la ejecutiva provincial socialista. 

“La gestión privada ofrece una gran ventaja, que es la operativa del servicio. Con Urbaser el pueblo estuvo mucho más limpio que durante los años que gobernó Grima, y no es cierto que fuera más caro, porque todos los costes estaban perfectamente calculados”, matiza Sánchez. 

“El punto de vista de Arturo era totalmente populista.”, ahonda Rodrigo. Y lo explica: “A Turre le costó muy caro, muchísimo, rescatar el contrato sólo para que los trabajadores vieran que quien les pagaba era el señor Grima”. 

“El procedimiento de adjudicación se hizo correctamente –afirmó categórico el que fuera teniente de alcalde- y lo ganó Urbaser porque era la mejor oferta. Hubo otra que propuso una baja temeraria que no cubría los costes del servicio, además de que no realizó un análisis sobre cómo iba a prestarlo. Que todo se hizo de acuerdo con la más estricta legalidad lo prueba que no haya ninguna acción en el juzgado”. 

“En cuanto a lo que anda diciendo Grima que tuvo que pagar atrasos a Urbaser, nosotros también tuvimos que sufragar facturas que él no había abonado cuando fue alcalde y, ahora, Martín Morales está haciendo lo mismo. Por desgracia, los pagos de los Ayuntamientos van con cierto retraso. Cuando tienes problemas de tesorería, lo que haces es aplazar pagos. Arturo, sin ir más lejos, ha dejado una deuda de más de un millón de euros con Galasa porque no ha pagado ni un recibo”. 

“Una empresa privada tiene medios que un Ayuntamiento no dispone –aclaraba Rodrigo Sánchez- y responde con mayor agilidad ante un problema que una administración, que ha de seguir escrupulosamente un procedimiento para cualquier contratación que, en determinados momentos, es más una rémora que una garantía. 

El incremento del coste fue tan sólo el que acarreaba el beneficio industrial, muy poco si tenemos en cuenta lo que mejoró el servicio”. 

“¿Cómo puede decir Arturo que con decisiones como la que él tomó de rescatar el servicio ha ahorrado dinero al pueblo de Turre, si lo cogió con una deuda de 6 millones y lo ha dejado en cuatro años con una de 10 y pico? ¿Dónde está el ahorro? En el fondo, lo que quería Arturo era controlar el servicio y que ahí trabajara quien él quisiera”, concluía el líder del PSOE turrero.