El juzgado abre diligencias por presunta prevaricación contra el alcalde de Vera y 3 de sus concejales

Ha admitido la querella del PP contra los ediles y los dos consejeros de Key Lanzarote en Codeur “por un supuesto incumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y haber tomado decisiones lesivas para los intereses de la empresa mixta”. Vázquez advierte que “no van a conseguir nada”, y “que se vayan preparando”

Los concejales del Grupo Popular interpusieron la querella en diciembre de 2015. En la foto, el exalcalde José Carmelo Jorge Blanco entrega el bastón al andalucista Félix López.

Miguel Ángel Sánchez / Javier Irigaray / 23·02·2016

La sala nº 3 de Vera ha admitido la querella del PP local contra cuatro ediles del actual equipo de gobierno y los dos consejeros de Key Lanzarote en Codeur “por un supuesto incumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y haber tomado decisiones lesivas para los intereses de la empresa mixta”. El andalucista Vázquez acusa al PP de que “lo único que buscan es hacer ruido” y les hace dos advertencias: la primera es que “no van a conseguir nada”, y la segunda “que se vayan preparando”. 

Un auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera emitido el pasado 26 de enero ha ordenado, según ha informado el representante del Partido Popular Juan de la Cruz Belmonte, abrir diligencias previas que determinen si incurrieron en un delito de prevaricación el alcalde de la ciudad, Félix López, el portavoz y también andalucista Francisco Vázquez, y los ediles socialistas, sus socios en el equipo de gobierno, Isabel de Haro y Pedro Francisco Gallardo. También investigará si Gabriel Sánchez y Diego García, representantes de Key Lanzarote en el consejo de administración de la sociedad mixta Codeur, cometieron un delito societario. 

La acción del juzgado es consecuencia de una querella interpuesta en noviembre de 2015 por el Partido Popular de Vera y, para poder comprender su contenido y alcance debemos hacer un poco de historia y remontarnos unos cuantos años atrás. 

Las elecciones municipales celebradas en mayo de 2011 supusieron la llegada al poder local del PP liderado por José Carmelo Jorge Blanco, y eso implicaba, además, la gestión de Codeur, la empresa mixta en la que el Ayuntamiento ostenta el 51% de las acciones y, por tanto, el control de sus decisiones. 

Nada más llegar a la sociedad que gestiona las aguas en la ciudad, los populares empezaron a encontrar lo que Juan de la Cruz Belmonte califica como “sorpresas”, que acabaron desembocando en los tribunales. 

La primera de ellas se materializó en una demanda que Codeur presentó ante el juzgado nº 2 de Vera en marzo de 2013. Se trataba de una reclamación de cantidad motivada por la deuda que adquirió el Grupo Key Mare con la sociedad mixta como consecuencia del impago de un préstamo que ésta le había realizado por valor de 459.215. En este préstamo intervinieron como representantes de Codeur los consejeros delegados el concejal Francisco Vázquez y el empresario Gabriel Sánchez, este último a su vez, consejero delegado de la empresa a la que se hacía el préstamo, por lo que, según los querellantes, pudo existir un “conflicto de intereses”. 

La segunda iniciativa judicial tiene como fecha de partida el 20 de noviembre de 2014, jornada en la que el pleno veratense, comandado por el Partido Popular, aprobó el mandato a sus consejeros en Codeur para que la empresa mixta emprendiera acciones de responsabilidad civil societaria en el juzgado de lo mercantil contra sus antecesores, entre otros el actual alcalde, Félix López y su concejal y portavoz Francisco Vázquez, y contra Gabriel Sánchez y Pedro Rius del Grupo Key Mare. Para el entonces portavoz del Grupo Popular, Juan de la Cruz Belmonte, “podrían haber cometido daños a la sociedad mixta, puesto que acordaron repartirse en septiembre de 2010 cerca de un millón de euros a cuenta de futuros beneficios, lo que puso en serio riesgo la viabilidad de Codeur”. En esta misma acción judicial, Codeur denunciaba el contrato blindado de alta dirección acordado por los citados consejeros en abril de 2008, que benefició a quien fuera primer gerente de la empresa, Javier Lamas. Este hecho, a la postre y como consecuencia del despido del mencionado directivo por parte del nuevo consejo de administración dirigido por el PP, supuso a las arcas de Codeur el desembolso de 235.000 euros. 

Las dos acciones judiciales referidas fueron puestas en marcha por la empresa mixta durante el mandato del Partido Popular en Vera, es decir, entre mayo de 2011 y mayo de 2015. 

Los últimos comicios municipales y el pacto entre socialistas y andalucistas volvieron a colocar a Félix López en la alcaldía y a los populares en la oposición. 

Así las cosas, en diciembre de 2015, el PP presentó una querella por presunta prevaricación y delito societario contra el nuevo regidor Félix López (PA) y sus concejales Francisco Vázquez (PA), Isabel de Haro (PSOE) y Pedro Francisco Gallardo (PSOE), así como contra Gabriel Sánchez y Diego García del Grupo Key Mare. La prevaricación afectaría a los 4 primeros, los políticos, y la de delito societario a estos mismos y a los dos restantes. La prevaricación sería a resultas del acuerdo plenario adoptado el día 24 de junio, en el que se nombraban consejeros de Codeur, entre otros, a Félix López y Francisco Vázquez”. 

“Tal decisión –abundaba el portavoz popular- se tomó sin que existiera ningún informe técnico que la respaldara y pese a nuestras advertencias desde la oposición, de que se estaba conculcando la Ley de Sociedades de Capital, que dice en uno de sus artículos que todo administrador inmerso en un proceso de responsabilidad social que afecta a su sociedad no podrá ostentar tal cargo ni en el presente ni en el futuro hasta que se pronuncien los tribunales de justicia”. Este supuesto, según Belmonte, afectaba a Félix López y Francisco Vázquez “por las diligencias cursadas en el juzgado mercantil a raíz de la denuncia que había presentado la empresa mixta Codeur” en marzo de 2013. 

De momento, la querella sólo afecta a 4 de los 9 miembros de la Corporación que componen el actual equipo de gobierno y votaron a favor del nombramiento de los actuales consejeros municipales en Codeur, pero el PP no descarta que, “en función de como se vayan desarrollando las diligencias en el juzgado, acabe extendiéndose a los cinco restantes”. 

Además de la designación de consejeros, otro de los aspectos en que se basa la querella es que al día siguiente de ser nombrados, “los nuevos consejeros municipales acordaron junto a los de la parte privada, retirar los procesos abiertos en el juzgado de lo mercantil y en el nº 2 de Vera en los que aparecían como encausados Félix López, Francisco Vázquez y Gabriel Sánchez”. El PP interpreta que, con esta acción, “lesionaron los intereses de Codeur”. 

“Nadie nos comunicó nada” 

Francisco Vázquez, portavoz del equipo de gobierno de Vera y consejero de Codeur niega la mayor. “Para empezar –aseguró- no estamos investigados como va diciendo el PP. Se trata sólo de una querella que un juez ha admitido a trámite y contra la que hemos puesto un recurso. Ahora veremos si nos llaman a declarar o archivan el asunto. De momento no hay nada más”. 

“Y no van a conseguir nada –advierte Vázquez- porque, entre otras cosas, no es verdad lo que dicen. Ni a mí ni a Félix nos comunicó ningún juzgado, ni Codeur ni nadie que nos hubieran puesto ninguna demanda, así que no sé qué delito hemos podido cometer. Lo único que buscan es hacer ruido”. El concejal apostilla su declaración con un segundo aviso a los populares que adelanta la preparación de una respuesta del gobierno a la querella de la oposición: “Que se vayan preparando”. 

Los 12 despidos en Codeur podrían constituir una “infracción muy grave” 

De esa manera concluye el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social firmado por Dolores Parra de la Asunción. 

La funcionaria inició su investigación el pasado 16 de diciembre a partir de las denuncias interpuestas ante la Inspección por los trabajadores despedidos en Codeur tras el cambio de gobierno en Vera. Así manifiesta en su acta haber constatado que “se han producido diez despidos basados en causas objetivas y otros dos disciplinarios” entre julio y octubre de 2015, “en periodos inferiores a 90 días”. 

Para la inspectora, tal número de despidos en una empresa del tamaño de Codeur y en ese periodo de tiempo podría considerarse “un fraude de ley”. La funcionaria concluye su informe aduciendo que “la empresa ha incurrido en una infracción laboral tipificada como muy grave”. 

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Vera calificaba los hechos como “un Ere fraudulento” y añadía que “podría significar una multa de hasta 180.000 euros para la empresa mixta municipal, es decir, para el bolsillo de los veratenses”. 

Por su parte, el andalucista Francisco Vázquez aseguraba que “Codeur no tiene aún conocimiento de nada de esto. Habrá que preguntarse por qué lo sabe la prensa antes que el presunto acusado. Yo sólo puedo decir que los despidos los realizó el anterior gerente, Juan Martín, que lo pusieron ellos. Además no hubo dos despidos disciplinarios, sino sólo uno, el del propio Juan Martín. Lo echamos por inútil. Estuvo vendiendo agua depurada sin tener los permisos de la Junta. Eso es algo muy grave”.