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Un observatorio para defender el Ayuntamiento

OBSERVATORIO CIUDADANO MUNICIPAL DE VERA

23·02·2016

Queremos aprovechar este pequeño espacio para explicar cuál es nuestra posición respecto a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana aprobada en el Ayuntamiento de Vera hace unos meses. No obstante, antes de eso, y a modo de presentación, vamos a dar un pequeño rodeo. Desde hace algunos años, prácticamente desde el inicio de las crisis financiera que aterrizó en España en el 2008, la corrupción se suele situar como una de las principales preocupaciones que compartimos colectivamente. “Todos los políticos son iguales” o “todos son unos corruptos” se han convertido no sólo en lugares comunes, sino que, sobre todo, constituyen uno de los sustratos principales de la desafección y el desinterés hacia la cosa política. La impresión que compartimos se podría formular de esta manera: “no creo que los políticos y sus partidos vayan a solucionar mis problemas; con suerte, durante el tiempo que ocupen un cargo público, no robarán demasiado”. 

Más o menos ésta es la descripción que nos hacemos de la corrupción. Se trataría de un fenómeno incrustado en la misma raíz de la política de tal manera que, gobierne quien gobierne, siempre se malversará el erario público, siempre se crearán tramas de clientelismo político-empresarial y siempre viviremos en un perpetuo estado de opacidad y corrupción. El desinterés hacia lo político aparece entonces no como un mal colectivo, sino como un bien individual; no como una de las primerísimas condiciones de la corrupción, sino como un modo de evitarla. Las personas que formamos parte de la red de Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM) hacemos una lectura un poco distinta, casi -como se puede intuir- contraria. Creemos firmemente que dos de los elementos que posibilitan que la corrupción funcione como forma e instrumento de poder son la opacidad de las instituciones y el desinterés de la ciudadanía. 

La corrupción -sí- es inherente a la política, pero a una forma política muy concreta: una política muy poco o nada democrática, es decir, una organización del poder oligárquica. Ese régimen político se define por dos notas muy claras. Por un lado, por la no intervención de la ciudadanía en los asuntos colectivos. El “gobierno de unos pocos” (eso viene a significar 'oligarquía') trata constantemente de convertir los problemas colectivos, las cuestiones que nos atañen como pueblo, en asuntos domésticos; en problemas que tienen que ser resueltos, precisamente, a la vista de unos pocos. Un posible lema que nos podría resultar familiar sería: “cuanto menos sepa la gente, mejor”. Sin embargo, por otro lado, esa 'no intervención' tiene que ser acompañada necesariamente por instituciones de poder y de gobierno opacas; por estructuras que han de ser invisibles a los ojos de la ciudadanía. Dicho de otra manera, aunque usted desee saber cómo tejen y destejen la madeja de los problemas políticos, se lo vamos a poner muy difícil. Tan difícil se lo vamos a poner que se le van a quitar las ganas de intervenir en la vida política de su autonomía, de su provincia o, por supuesto, de su municipio. Ese par -no intervención y opacidad- son dos de los ingredientes de ese rosario de tramas que llamamos corrupción. 

Frente a esta situación, ¿qué hacemos en el Observatorio Ciudadano Municipal de Vera? Combatirla. Pero, ¿cómo? Primero, no renunciando a la institución pública más cercana, nuestro Ayuntamiento. Aquí nos gustaría recordar una distinción elemental, pero que muchas veces se pasa por alto. Nos referimos a la diferencia que existe jurídica y políticamente entre el Ayuntamiento como entidad público-administrativa (como organismo al que acudimos cuando tenemos un problema en nuestra calle o con el pago del IBI) y, ya dentro de este, la Junta de Gobierno Local que es, materialmente, el órgano que elabora toda la política legislativa que después se aprobará en pleno. Si nos trasladamos al ámbito autonómico la diferencia que estamos planteando es la misma que existe entre la Junta de Andalucía y el partido que 'puntualmente' ocupa el gobierno de la autonomía, es decir, el PSOE. Esta diferencia no se suele tomar demasiado en serio porque en la práctica -se dice- la Junta y el PSOE son lo mismo. Este ha sido y es uno de los principales éxitos del partido que lidera en nuestra tierra Susana Díaz: convencer a la gente del común de que “la Junta es el PSOE y el PSOE es la Junta”. Se podría decir que en el plano municipal funcionan mecanismos más o menos parecidos. Desde el Observatorio lo que pretendemos es que, ocupe quien ocupe la casa consistorial, dicha institución sea permeable y transparente para la ciudadanía. En este sentido preciso los OCM's nos erigimos como un contrapoder ciudadano. 

Por eso celebramos que hace unas semanas, en este mismo medio, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vera, Francisco Vázquez, sostuviera que iba a hacer pública la auditoría realizada a la empresa mixta “Codeur”. Sin embargo, tememos que las palabras del edil andalucista sean solamente una 'declaración de intenciones'. De hecho, queremos aprovechar lo que podría ser un inicio de cambio de política legislativa (a favor, en cierto sentido, del espíritu de la Ley de Transparencia) para expresar nuestra preocupación por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana aprobada inicialmente en pleno ordinario el pasado mes de noviembre. 

La 'Ordenanza Mordaza', como así la han llamado en otros municipios en los que se ha intentado aprobar, supone un contundente golpe a algunos de los derechos fundamentales de nuestra Constitución como son, por ejemplo, el de participación en el espacio público o el de libre manifestación. Al menos así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sentencia 1692/2013. O, dicho de otra manera, aprobar una ordenanza de esas característica es todo lo contrario a hacer de nuestro Ayuntamiento una institución participativa y accesible a las gentes del pueblo; se trata, más bien, de blindarse frente a ellas. Por eso mismo el pasado 4 de enero registramos en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) una batería de argumentos con una alegación única que, en el fondo, trata de impugnar en bloque toda la Ordenanza de Convivencia. 

Esperamos sinceramente que el anuncio del señor Vázquez no consista en aprovechar uno de los problemas más acuciantes de nuestro municipio, como es la gestión de la empresa mixta Codeur, para representar la enésima disputa doméstica entre los partidos que ocupan el pleno del Ayuntamiento, sino que se trate de un viraje en la política de participación y transparencia en nuestro municipio. En este sentido, esperamos -casi con impaciencia- respuesta a las 14 instancias presentadas el pasado verano, así como un portal de transparencia municipal donde sean accesibles, entre otros documentos, los presupuestos municipales. Mientras tanto, desde la ciudadanía, seguiremos defendiendo el Ayuntamiento.

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