Anuario 2015. Abril

El abogado Irujo: “Juan Parra era el testaferro de Cristóbal Fernández” 

Fazenda Bom, una de las ‘cuatro fincas brasileñas’, es un espacio paradisíaco de 32 Km2 con 6 Km. de playas de fina arena, 200.000 árboles cocoteros, almacenes, una casa colonial, una fábrica de agua de coco, 70 kilómetros de cercas y 17 lagunas de agua dulce. El abogado Irujo sostiene ante el juez que un tercio es del exalcalde Cristóbal Fernández, que se esconde tras el testaferro Juan Parra. 

La imagen está tomada desde una altura de 18 kilómetros.

ACTUALIDAD ALMANZORA / 25·01·2016

“Es de destacar que aunque formalmente Juan Parra Oller era titular del 25% del capital de Tocantins SL, de hecho actuaba por la mitad de dicha cuota en la sociedad como testaferro de don Cristóbal Fernández Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Carboneras”. Lo mantiene el abogado valenciano Daniel Irujo en una querella presentada en 2014 contra su socio Juan Parra, a la cual tenía acceso en abril de 2015 ACTUALIDAD ALMANZORA. La relación societaria arrancaría, según el documento, 13 años antes. 

“La persecución” que decía haber sufrido el empresario y arquitecto Alain Cacoub, dirigida por Fernández desde el Ayuntamiento, tenía como objetivo quedarse con sus propiedades a través de Tocantins SL, participada por Juan Parra, si bien “la mitad [de las acciones de Parra] era de don Cristóbal Fernández Fernández”. 

De un lado, el Consistorio noqueaba al arquitecto Cacoub instando la quiebra de sus empresas por deudas del IBI de inmuebles que ni siquiera eran propiedad del francés, y por otro Tocantins SL compraba las deudas bancarias de las sociedades de Cacoub para más tarde ejecutarlas quedándose con el patrimonio del arquitecto. Así se actuaba, según el testimonio que Irujo mantiene ante un juez. 

En la operación participaban, entre otros, María Dolores Martínez –hija del abogado del Ayuntamiento- (12,5% de Tocantins), Raúl Seco Mirones (12,5%) y Juan Parra Oller, tras cuyo 25% se ocultaría Fernández. 

Daniel Irujo sostiene que su vinculación societaria con Cristóbal Fernández se extendía a empresas como “Bayamako Invest SL, Rifeire SL, Pitanga Catú SL, Promoprogreso 2.000 SL y otras sociedades en Brasil”. 

El letrado hace una minuciosa descripción del papel del entonces alcalde en este entramado empresarial señalando que participaba en las reuniones de los accionistas, viajaba con ellos y hasta cruzó varias veces el Atlántico para ocuparse de las propiedades que poseían en Brasil. Todo ello indicando fechas y lugares. 

En las páginas 18 y 19 de la querella interpuesta contra Juan Parra y la que era abogada del Ayuntamiento, Julia Rubio, Daniel Irujo mantiene que “en octubre de 2013, los señores Juan Parra y Cristóbal Fernández viajaron a Brasil mostrando a los encargados de las empresas determinadas copias de documentos diciendo que […] los propietarios eran ellos dos, Juan Parra y Cristóbal Fernández a medias, aunque formalmente sólo iba a figurar el primero”. 

Otra de las sociedades que Irujo vincula a Fernández es Fazenda Bom Agrocomercial LTDA, poseedora de al menos cuatro grandes fincas en Brasil. La mayor de ellas, la Fazenda Bom, próxima a la ciudad de Trairí, es un espacio paradisíaco de 32 Km2 con 6 Km de playas de fina arena, 200.000 árboles cocoteros, almacenes, una casa colonial, una fábrica de agua de coco, 70 kilómetros de cercas y 17 lagunas de agua dulce. “Una tercera parte de Fazenda Bom Agrocomercial LTDA era mía y los otros dos tercios del Cristóbal Fernández y Parra”, explica Irujo al juez. El total de las cuatro fincas suman 42,5 Km2, casi la mitad del término municipal de Carboneras. 

Era evidente que la confesión del abogado valenciano llegaba tras serias desavenencias. En mayo de 2014, la esposa de Irujo interpuso denuncia por amenazas. La mujer sostuvo que durante una tensa reunión, Cristóbal Fernández dijo: “Juan [Parra] no arregla las cosas con abogados, sino que manda a personas, y si no lo ha hecho ya es por la amistad que nos une”. 

Voto por correo 

Y de Brasil, volvemos a la comarca. Tras la publicación en ACTUALIDAD ALMANZORA de una conversación telefónica de Valentina Mir, secretaria de la alcaldesa de Mojácar, con una vecina, fechada en los días previos a las elecciones municipales de 2011, en la que la mano derecha de la regidora asume una serie de favores para la mujer al tiempo que le insta a que le haga llegar el voto por correo, el equipo de gobierno respondía en pleno, a preguntas de la oposición, desconocer el hecho. Pese a que la grabación circuló por internet -13.000 reproducciones- y fue publicado por este periódico, el teniente de alcalde dijo que seguía “poco” las redes sociales y que “ni lo vi [oí] en su momento ni lo he visto [oído] ahora. No lo hemos visto [oído] ninguno”. 

La oposición se apresuró a aportar el documento sonoro a una denuncia presentada ante la Fiscalía y la Junta Electoral de Zona, en la que se describía supuestas compras de voto por parte del gobierno local (PP). Aquello no llegó a ninguna parte. El socialista Manuel Zamora declaró que “cuando un político compra un voto se convierte en un despojo con escaño”. 

Suciedad en el puerto 

En Garrucha, el alcalde advertía de las “graves consecuencias” que la eliminación del servicio de marinería por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía podía tener para el turismo náutico y la economía local. “El panorama es espantoso, con acumulación de basuras, suciedad por doquier generando un problema de salud pública y nadie que ayude a los navegantes que recalan en el puerto; cualquiera se iría antes a Águilas”, denunciaba el regidor. 

La Junta reconocía el problema pero no se comprometía a solucionarlo antes de cuatro meses. 

O funcionan, o se van 

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Huércal Overa encargaba a la intervención municipal un informe sobre los pasos a seguir para recuperar temporalmente la gestión de la Residencia de Mayores, en manos de la mercantil Centro Residencial Indalo Artevida, SL. La decisión era consecuencia de la desconfianza generada, dada la situación económica de Artevida, y como acto previo a la rescisión definitiva del contrato. 

Al temor a que se estuviese dando un mal servicio a los ancianos residentes se sumaba el retraso en el pago de las nóminas a las 80 personas que componen la plantilla. 

“Si la empresa no asegura el buen funcionamiento de la Residencia de Mayores se tendrá que ir”, sentenció el alcalde. 

“Olor a orines” 

Pocos días después de conocerse la situación de la Residencia de Mayores de Huércal Overa publicábamos unas declaraciones de la trabajadora Mari Carmen Marquínez, miembro de UGT que llegó a presidir el comité de empresa. Marquínez denunció que Artevida había aplicado serios recortes económicos que afectaban al normal funcionamiento del centro: “Antes lavábamos a los abuelos dos veces en semana, ahora sólo una, y han reducido los pañales diarios a 4 por abuelo cuando existen muchos que requieren bastantes más”. Añadió que se “ha cambiado la frecuencia de la limpieza de las sillas de ruedas, que veníamos haciendo todas las noches a todas las sillas y ahora se ha reducido a tres sillas por día, con lo que cada una se limpia una vez al mes. El resultado es que en la Residencia se huele a orines”. 

Movimientos electorales 

A pocas semanas de las elecciones municipales la secretaria de Política Municipal de PSOE de Almería, Adela Segura, no cerraba las puertas a que socialistas y andalucistas de Vera pudieran “volver a confluir”. En una entrevista concedida a este medio aclaró que “los socialistas de Vera se dividieron, igual que pasó en Arboleas y Zurgena, y hubo personas que se fueron al Partido Andalucista. Cuando los partidos se dividen, la ciudadanía lo castiga. Nosotros estamos pagando eso en Vera”. 

Destrozan una urbanización 

Y volvemos a Garrucha. Un residencial de 64 casas, acabadas, cerradas y puestas a la venta era destrozado para robar el cableado y vender el cobre. La Guardia Civil detenía a tres hombres como presuntos autores de la sustracción de gran cantidad de cable de cobre, cableado telefónico, tuberías, grifos y calentadores de agua, provocando además importantes daños en los inmuebles. 

El denunciante, una promotora de Almuñécar, informó a los agentes que ese mismo hecho venía repitiéndose desde enero de 2014, causando un perjuicio grave para la empresa. 

Los detenidos, de 36, 38 y 39 años, eran vecinos de Vera y Garrucha.