Anuario 2015. Marzo

El gobierno de Vera se dispone a echar de Codeur al socio privado

Carlos Cervantes (en el centro de la imagen), quien fuera ecologista, comunista, concejal, alcalde de Mojácar y precursor de la fiesta de Moros y Cristianos, fallecía el 6 de marzo a los 57 años dejando su recuerdo imperecedero y la simpatía de quienes le trataron y llegaron a conocerlo.

ACTUALIDAD ALMANZORA / 14·01·2016 

Las tensiones acumuladas en el consejo de administración de la empresa mixta Codeur condujeron al equipo de gobierno veratense, presidido entonces por el popular José Carmelo Jorge Blanco, a decidir la municipalización de la sociedad, para lo que exigieron al socio privado una certificación de solvencia que Key Lanzarote no estaba en condiciones de aportar.

Por otro lado, un auto firmado el 17 de marzo por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería estimaba que la forma en la que el Ayuntamiento de Vera decidió ejercer el 22 de diciembre de 2011 el derecho de compra preferente sobre el paquete de acciones que Key Lanzarote SL, su socio privado en Codeur, mantenía en la empresa mixta, no fue la más adecuada.

Argumentaban los magistrados que el Consistorio había “negado” a Key Lanzarote “la venta a terceros de sus acciones”, también “negado el precio pedido”, “el nombramiento de un experto [tasador] independiente” y, “cuando el socio minoritario acude a los tribunales, volverse atrás en el vacío y sin remover los efectos de cada una de estas negativas”.

En definitiva, la justicia anulaba las decisiones del Consejo de Administración, con mayoría consistorial, y ordenaba reiniciar el proceso de compra.

La voluntad del gobierno veratense dirigido por José Carmelo Jorge (PP) era, aprovechando la oferta de 7,5 millones que Key Lanzarote aseguró tener por la venta de sus participaciones, adquirir para el Ayuntamiento las acciones del socio privado y hacer a Codeur totalmente pública, si bien rechazaba adquirir al precio de la oferta recibida por Key Lanzarote.

Una vez conocido el auto, el gobierno local respondió convocando Pleno extraordinario el 31 de marzo para iniciar el expediente de rescisión del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Key Lanzarote en 2003 para la fundación de Codeur. Todo en base a una presumible insolvencia del socio privado, teniendo en cuenta que éste había solicitado concurso voluntario de acreedores y que tal circunstancia podía dañar los intereses de la empresa mixta.

Parra quebró a Cacoub

El desgrane del ‘caso Cacoub’, empresario francés que reclamaba en enero al Ayuntamiento de Carboneras 11 millones de euros por lo daños que durante dos décadas y media le habría causado el exalcalde Cristóbal Fernández, llegando a provocarle la ruina económica, aportaba nuevos detalles.

En el punto de mira aparecían los empresarios Raúl Seco y Juan Parra, denunciado en 2003 por otro empresario de Carboneras, Pedro Fernández, de ser el testaferro del alcalde, y también señalado por el marido de la tránsfuga Gloria Ruiz de haber entregado 22 millones en junio de 1997 a la entonces concejal para que respaldara la moción de censura presentada por el PSOE de Cristóbal Fernández, que derribó al gobierno del independiente Antonio Hermosilla. Ambos casos fueron archivados por los juzgados de Vera.

Alain Cacoub poseía a través de Colina Mar SA un magnífico terreno situado junto al cruce de Endesa y lindando con la primera línea de playa, la finca 3236 de 3,7 Has., que fue embargada por Unicaja y adquirida el 13 de febrero de 2002 en subasta pública por el empresario carbonero Raúl Seco. Desembolsó 120.000 euros.

Seco traficó con este terreno vendiéndolo y más tarde recomprándolo a una empresa que compartía con Juan Parra hasta que finalmente acabó en manos de Tocantins Inversiones SL; una nueva sociedad propiedad del abogado valenciano Daniel Irujo y un socio de éste, y que a través de una ampliación de capital  incorporó a la hija del entonces abogado del Ayuntamiento, José Luis Martínez, a Juan Parra y Raúl Seco, teniendo el 50% los valencianos y el 50% los carboneros.

Tocantins cierra acuerdo con Unicaja el 22 de octubre de 2002 para comprar la deuda que Colina Mar SA, propiedad de Alain Cacoub, mantenía con la entidad. Les cuesta 1.171.974 euros. A partir de ese momento, Tocantins SL es la dueña de los créditos de Cacoub sustituyendo a Unicaja en todos los procedimientos judiciales de cobro.

Como a Tocantins no les fue fácil cobrar al francés, instó la quiebra de Colina Mar el 30 de abril de 2004 e interpone cuatro querellas criminales pidiendo en su conjunto entre 10 y 14 años de cárcel para el francés. Tres fueron desestimadas y la cuarta sigue viva.

Los resultados económicos que Tocantins SL obtuvo por la venta de la finca 3236 sólo pueden calificarse de extraordinarios. Vendida de forma fragmentada y sin hacer ningún gasto de urbanización, los 120.000 euros invertidos inicialmente reportaron a la sociedad 7.963.347 euros. En medio de las compra-ventas, el Ayuntamiento volvía clasificar como urbanizable gran parte de los terrenos de la finca que previamente, y como resultado de las diferencias entre Cacoub y el alcalde, habían sido desclasificados a rústicos.

De la originaria 3236 quedan aún por vender 1.191,46 m2 embargados por deudas que con la Hacienda Pública y la Agencia Tributaria de Andalucía mantienen Tocantins y las empresas ligadas a ellas.

El abogado Daniel Irujo insiste, y lo hace en sede judicial, en que Juan Parra es el testaferro del alcalde.

Se rompe el PP de Garrucha

A dos meses de las elecciones, los cuatro concejales críticos del gobierno de Garrucha se pasan al grupo de No Adscritos dejando al PP con sólo tres ediles. Argumentan su decisión en un “cúmulo de situaciones y desautorizaciones” que han terminado por agotar su paciencia. Culpan, además, a una dirección provincial que, aseguran, “no ha querido escucharnos”, y están convencidos de que con Juan Francisco al frente no ganarán las elecciones. Todo hacía sospechar que acabarían presentándose a las elecciones que se avecinaban con una candidatura independiente. Algo que, por entonces, ni afirmaban ni negaban.

El secretario general de los populares almerienses, Javier Aureliano García, se pronunciaba sobre el asunto y vaticinaba una candidatura formada por sus excompañeros “Si ellos no tuvieran un proyecto electoral, habrían dejado el acta que obtuvieron gracias al Partido Popular”. Aureliano admitía que “el puño ha pegado fuerte en la boca del estómago [del PP]. Estoy triste”.

Por su parte, el exalcalde Juan Francisco Fernández decía desconocer los motivos que llevaron a quienes fueron sus compañeros a abandonar la disciplina del Partido Popular y les animaba “a meditar su decisión”.

“Valentina estoy agobiada”

El 18% de voto por correo registrado en las municipales de 2011 en Mojácar, cuando la media nacional ronda el 3%, fue denunciado por todas las fuerzas de la oposición, que veían venir la misma maniobra en los inminentes comicios locales de mayo.

En ese contexto, ACTUALIDAD ALMANZORA publicaba la trascripción de una conversación telefónica entre Valentina Mir, secretaria de la alcaldesa de Mojácar, y una vecina, fechada en los días previos a las elecciones municipales de 2011, en la que la mano derecha de la regidora asume una serie de favores para la mujer al tiempo que le insta a que le haga llegar el voto por correo.

La secretaria de Rosmari Cano alecciona a la vecina para que cuando reciba el sobre certificado se lo haga llegar discretamente: “A mí no me tienes que ver para nada, si quieres se lo das a tu consuegra y ella me lo da a mí. Y ahí no se entera ni Dios”.

Ante el nerviosismo de la señora y su total desconocimiento sobre el funcionamiento del voto por correo, Valentina la tranquiliza: “Ni siquiera tienes que ir a la urna. Yo lo voy a preparar y lo voy a mandar”.

La mujer se siente claramente presionada para realizar una acción que acepta porque le habían prometido una paga por invalidez para su esposo: “Estoy agobiada con lo de mi marido, yo que sé, estoy agobiada con todo, Valentina, estoy agobiada, agobiada… Si yo he hecho eso del [voto por] correo te juro que ha sido por la paga y porque [la alcaldesa] dijo que a mi Manolo le iba a dar algo de trabajo, si no… yo por correo no, por correo en la vida lo he hecho, es la primera vez…”. –“Ya lo sé, ya lo sé”, respondía la secretaria de la alcaldesa.

Querella contra Rosmari

Mojácar Positiva se Mueve (MPSM) presentó una querella criminal contra la alcaldesa Rosa María Cano, que habría incurrido en dos presuntos delitos de prevaricación al “entorpecer” el proceso de empadronamiento y aprobar con un informe en contra una gratificación de 1.000 euros a cada trabajador municipal. Hecho que no llegó a consumar.

Para la edil de MPSM, Jessica Simpson, la regidora estaría dificultando de forma deliberada el empadronamiento a los ciudadanos extranjeros, el 65% de la población, “que en su mayoría votan a partidos donde militan personas de su nacionalidad, lo que no ocurre en el caso de la señora alcaldesa”.

Para conseguir que estos vecinos desistan de su pretensión de figurar en el padrón municipal, se estarían exigiendo requisitos “sin soporte legal”, como que el impreso de solicitud se rellene con bolígrafo de tinta azul.

Recortes en La Inmaculada

La Dirección del Hospital de Huércal elaboró un documento para instruir a sus Jefes con el fin de evitar movilizaciones ante el cierre de camas que planeaba “para evitar males mayores”. La propia dirección admitía que el cierre de camas “supone un agravio” para los “trabajadores eventuales” que podrían ser despedidos.

El informe, al que tuvo acceso ACTUALIDAD ALMANZORA, no era conocido aún por los miembros de la junta de personal, pero confirmó su veracidad la propia Delegación de Salud, que apuntó que “se comenzará a estudiar el próximo mes de abril”. Justo después de las elecciones andaluzas.

Querella contra el PSOE carbonero

El Gobierno de carboneras anunció la demanda tras la publicación, en el boletín del PSOE, de una carta firmada por Venancio Sánchez –aportando un número de DNI- en la que denunciaba un presunto intento de la compra de su voto por parte del alcalde Salvador Hernández y su concejal de Hacienda Felipe Cayuela. El gobierno pudo concluir que el supuesto autor del escrito, el tal Venancio Sánchez Moreno, nació en Las Palmas en 1906 y había fallecido años atrás. “No sólo es una falsedad, sino que está premeditado y orquestado por alguien”, dijo Cayuela, que señalaba directamente a “los dos políticos que han sido condenados por delito electoral” en Carboneras, en referencia al exalcalde Cristóbal Fernández y su hermana Rosario, madre del portavoz socialista y candidato a la alcaldía, José Luis Amérigo.

Multa a Galasa

La Confederación Hidrográfica del Segura abrió expedientes a la empresa pública de gestión del agua, según manifestó ante los micrófonos de RADIO ACTUALIDAD su gerente, Antonio García, por los vertidos que las pedanías cuevanas de Los Lobos y Guazamara realizan a ramblas. Los expedientes, que se repiten periódicamente, acaban siempre con una sanción a Galasa por importe de 7.000 euros que la empresa pública, de momento, recurre sistemáticamente. Se da la circunstancia de que tales vertidos se producen porque la Junta de Andalucía continúa sin construir las depuradoras a pesar de cobrar un canon para ello.

‘Resucita’ la macrodepuradora

Unas pocas semanas antes de las elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía repartió entre los ayuntamientos afectados un CD con los planos y levantamientos topográficos del proyecto de macrodepuradora para varios pueblos del Levante almeriense, mientras que en su página web admitía haber incluido en los presupuestos de 2015 sólo las de Níjar, Huércal Overa y Antas.