Anuario 2015. Diciembre

Un socio de Miguel Rifá pagó a Bartolomé Viúdez 1,2 millones por 7.000 m2 de secano

Imagen reciente de la finca de secano propiedad de Vera Gestión del Patrimonio SL. Bartolomé Viúdez, subdirector general de Cajamar, tenía un 16%.

ACTUALIDAD ALMANZORA / 11·02·2016

En octubre de 2015 publicábamos que el jefe de la Zona Levante de Cajamar, Francisco Alonso, se embolsó el 19 de enero de 2006 1,4 millones de euros por la venta a Gruinver-6 de una finca de secano en Turre de 80.636 m2 (8,6 Has.) –el pago se hizo con pagarés avalados por La Caja-. En diciembre conocíamos que su superior, Bartolomé Viúdez –hoy subdirector general de la Caja-, vendió en 2007 unos 7.000 m2, también de secano, por 1,2 millones de euros. Viúdez era por aquellos días jefe Territorial de Almería. Dos negocios redondos… para los que vendían, claro.

La propiedad de Alonso provenía de una herencia de su esposa. La de Viúdez era el resultado de su participación –un 16%- en la mercantil Vera Gestión del Patrimonio SL, adquirida el 6 de febrero de 2004 por 60.000 euros. En ambas operaciones tuvo un destacado papel el empresario Diego Rodríguez Valero, la cara del Grupo DRV.

Si los expertos en tasaciones de suelo consultados entienden que la propiedad de Alonso fue valorada con extrema generosidad, por tratarse de suelo rústico, junto al cementerio municipal y sin perspectivas de reclasificación por parte del Ayuntamiento de Turre –como así ocurrió al final-, los especialistas no dan crédito a la cifra que recibió Viúdez.

El 17 de marzo de 2007, Bartolomé Viúdez vende su 16% en Vera Gestión del Patrimonio SL -7.000 m2- a Matías Segura García, que representaba a Madul Playa SL, mercantil que era la administradora única de Inversiones Italán SL.

Uno de los ocho accionistas de Inversiones Italán SL es Predios del Sureste -participada por Portocarrero Resort SL, de la que es socio único y administrador el empresario Miguel Rifá, la persona de Almería que más debe a la Hacienda Pública (130 millones), según el listado publicado recientemente por el ministerio que dirige Cristóbal Montoro-.

El empresario Miguel Rifá Soler está hoy acusado por Hacienda de forjar “un plan preconcebido” presuntamente ejecutado [junto a] un puñado de testaferros para no pagar deudas tributarias y apropiarse de dinero público de IVA pagado por terceros. Señala la policía en su informe que Rifá “no puede alegar falta de liquidez para no pagar porque se ha demostrado que se lleva el dinero al extranjero”. Así lo publicaba la Voz de Almería el 16 de febrero de 2015.

En definitiva, Bartolomé Viúdez vendió a una sociedad participada por Miguel Rifá sus acciones en Vera Gestión del Patrimonio, según reza la escritura formalizada e la notaría de Juan López Sergio de Uralde, en Roquetas de Mar.

Los pagos se efectuaron con 19 pagarés de Cajamar y el BBVA, cuyos números y vencimientos publicamos en el número correspondiente a la Primera Quincena de Diciembre.

Se da la circunstancia de que tanto las empresas de Rodríguez Valero –Grupo DRV- como las de Miguel Rifá habían recibido de Cajamar durante años muchas decenas de millones de euros en créditos. Sólo el Grupo DRV, no menos de 40 millones, gran parte de ellos fallidos que habían obligado a la entidad a cobrarse a través de activos tóxicos, es decir, en terrenos y edificios con precio devaluado. Valero era, además, socio de Viúdez, Alonso y el director general de Cajamar, José Luis Heredia, en varias mercantiles que operaban en el sector inmobiliario de la comarca.

Vera Gestión del Patrimonio SL nunca llegó a registrar actividad empresarial. Lo indican sus balances anuales. En realidad era una sociedad muerta, sin empleados. Su única propiedad, algo más de 4 Has. de secano en Vera que hoy están clasificadas para uso industrial, fueron valoradas en 2010 por los propios socios en 41.887 euros. Hagan cuentas si desean saber cuánto es el 16% de 41.887 euros.

En definitiva, el subdirector general de Cajamar hizo el 6 de febrero de 2004 una inversión de 60.000 euros en Vera Gestión del Patrimonio SL, y el 17 de marzo de 2007 obtuvo un rendimiento multiplicado por 20.

La especulación está penalizada como falta muy grave en los estatutos y el Código Ético de Cajamar.

Sin ‘pie izquierdo’

El ente supramunicipal empezó su actual ciclo sin el consenso que ha venido caracterizando su andadura. Y no andará bien si, como anuncian desde el bando socialista, ha de hacerlo sin su pie izquierdo.

Todo comenzó el 3 de agosto, en la sesión constituyente que terminó con la reelección del alcalde de Huércal Overa, Domingo Fernández, como presidente tras una sucesión de tres empates que se resolvió, según los populares, de la forma correcta, dando como ganador al partido más votado (el PP obtuvo 3.000 votos más en las urnas), pero según los socialistas, de modo incorrecto, pues, a su entender, había un empate, al sumar sus votos a los de Vera y Turre, en donde gobiernan en coalición con andalucistas y una plataforma auspiciada por Izquierda Unida respectivamente.

En la siguiente reunión, que tuvo lugar el 4 de diciembre, los representantes del PSOE abandonaban la sesión tras mostrar su disconformidad con lo reseñado en el acta anterior, manifestando su voluntad de no volver a la Institución “hasta que las cosas se hagan de acuerdo con los estatutos”, en palabras de su portavoz, Domingo Ramos.

El reelegido presidente, Domingo Fernández, tras reconocer que lo sucedido no le causa “satisfacción”, afirmó que “si el PSOE insiste en no venir, gobernaremos solos”.

Fiscalía avala al PSOE

El 16 de diciembre, Cristóbal García Granados y Juan Antonio Lorenzo, alcaldes socialistas de Arboleas y Serón respectivamente, dieron a conocer en rueda de prensa que la fiscalía de Almería, en un escrito dirigido al juzgado nº 3 de lo contencioso administrativo, entendió que se “vulneró un derecho fundamental” en la elección para presidir el Consorcio de basuras del Norte de la provincia, pues la votación debió realizarse por voto ponderado, es decir, en función de los habitantes de cada localidad y no por el sistema de un municipio un voto.

De esa forma, Cristóbal García Granados habría resultado elegido presidente, y no el primer edil de Olula del Río, Antonio Martínez, como ocurrió en la reunión de 16 de septiembre, pues los socialistas gobiernan menos pueblos que el PP, pero sobre más habitantes.

Ahora será un juez quien decida si ha de repetirse la votación cuestionada por los socialistas y el ministerio público.

  

Soler ‘desembargado’

Tras la anulación de la orden de embargo de más de 4 millones de euros que la juez Alaya impuso al que fuera consejero de Industria por su presunta responsabilidad sobre las ayudas y avales concedidos por la agencia IDEA en el marco del caso de los ERE, el cuevano Martín Soler rompió en los micrófonos de RADIO ACTUALIDAD un silencio de 5 años.

Opinó que “ha existido una obsesión por criminalizar un periodo de 15 años de gobierno socialista en Andalucía”, acusó a la mediática juez de haber perdido “el sentido de la proporción” y de que “jugó a hacer política”.

Soler calificó de “auténtico disparate” sostener “que se hayan puesto de acuerdo 200 personas para delinquir”, y que sólo la fe ciega en su inocencia y el apoyo de familiares y amigos le han ayudado a soportar esta situación. Entre los apoyos recibidos incluía los de “todos los dirigentes del Partido Popular de la provincia”. 

Despidos por whatsapp

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Garrucha, Juan Francisco Fernández, denunció el 1 de diciembre que los encargados municipales comunicaron a través

de whatsapp el despido a 24 personas que formaban la plantilla de limpieza, subcontratada a dos empresas privadas, STV Gestión y Limpiezas Mar-Sur.

Por su parte, la alcaldesa María Antonia López declaraba que no se trataba de trabajadores del Ayuntamiento, por lo que la Corporación no tenía nada que ver en el asunto.

  

La estafa de los puentes

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, mostraba su disgusto ante lo que no dudó en calificar como “estafa electoral”: la inclusión por parte del gobierno del popular Jesús Caicedo de la construcción de los puentes de Grima y Los Lobos, destruidos durante la riada de 2012, con cargo a “una petición de fondos europeos que no se han recibido”.

“La realidad –explicaba Fernández- es que no había ni un euro para esos puentes, con dos planes de saneamiento y una deuda de 9 millones de euros por la que tenemos que pagar 5.000 euros diarios y un plan de ajuste que llega hasta 2023. Un plan que nos prohíbe hacer una sola inversión con fondos municipales”.

Pero para Juan José Pérez Celdrán, teniente de alcalde en el anterior equipo de gobierno popular, el problema era de “falta de voluntad”. Indicaba el edil que, en el caso de que le hubiera denegado Europa la ayuda, “contábamos para hacerlos con un superávit presupuestario de 1,7 millones”. “Está claro que para hacer los dos puentes hay que trabajar. Nosotros ya no gobernamos y el PSOE no puede quedarse esperando a que suene la flauta. Hay que moverse”, sostenía el Celdrán.

“Mentiroso no es ningún insulto”

El Pleno de Antas aprobaba el 14 de diciembre sus presupuestos para 2016 gracias a la mayoría absoluta que disfruta el Partido Popular.

Para el portavoz socialista, Antonio Pérez, el debate subió de tono cuando el representante del PSOE argumentó que las cuentas le parecían “infladas y manipuladas porque si en todos los presupuestos anteriores quedaban sin cobrar 300.000 euros en impuestos, lo lógico es dejar de incluir esa cantidad para que los ingresos se ajusten a la realidad. Pero al equipo de gobierno no le salen los números e incluye una y otra vez 300.000 euros que sabe que no va a cobrar”.

Además de “inflados”, Pérez acusaba a la alcaldesa, Isabel Belmonte, de “manipular” la cuentas incluyendo el importe de licencias de obras “que sabe que nunca se van a ejecutar” con el único objetivo de equilibrar los gastos, como le exige el Plan Montoro al que se ha acogido para solicitar dos préstamos por importe de 1,77 millones de euros.

Acusaba el socialista a la regidora de insultarle llamándole “mentiroso”, acusación que rechazó Belmonte argumentando que “un insulto hubiera sido llamarle gilipollas, pero no mentiroso, que fue lo que le llamé varias veces”.

Justificó la alcaldesa el uso del ‘adjetivo’ “porque me dijo que presupuestamos 1,4 millones en 2015 en concepto de recaudación de impuestos y se han cobrado sólo 1,2, a lo que le respondí que ahora, en diciembre, nos ingresará Diputación los 200.000 euros que restan del IBI que ha recaudado hace escasamente 15 días”.

“También le dije mentiroso –abundó Belmonte- cuando volvió a sacar la misma ‘letanía’ de siempre: que si Ana Joaquina dejó 700.000 euros de deuda; que si dejó la guardería terminada; que si la guardería se pagó con una subvención de 350.000 euros de la Consejería de Educación que tramitó el anterior equipo de gobierno socialista... Todo eso es incierto”.

Codeur, entre el “saqueo” y la “basura”

La empresa mixta seguía siendo el campo de batalla en el que oposición y gobierno de Vera dirimían sus cuitas.

Francisco Vázquez, portavoz del gobierno de Vera, avanzó el contenido de una auditoría elaborada por la consultora Deloitte que arroja un balance muy negativo del periodo de gestión popular: “Adjudicación de obras sin concurso público para que se las quedaran los amigos; pagos sin IVA, exceso de gasto en plantilla y asesoramiento jurídico; facturas abonadas sin contrato o sin los trabajos realizados; y fraccionamiento de la cuantía de los contratos para poder darlos a dedo”. Eso y “dos millones de euros que aparecen en la contabilidad pero que no están en la caja”.

“El PP metió en la empresa a unos conseguidores que se dedicaban a decirle a la gente, ‘oiga, que la factura esta se la arreglo yo”, acusaba el edil andalucista, que afirmó que “cuando dejamos Codeur en 2011, la deuda de los usuarios del agua no llegaba a 70.000 euros y ahora alcanza los 600.000”.

Vázquez reprochó al PP que “teniendo el Ayuntamiento equipo jurídico propio, contrataran abogados externos que costaron 300.000 euros en cuatro años”, así como el pago de 500.000 euros en facturas de obras y servicios “dados a empresas amigas con reparos del interventor”.

Por su parte, el portavoz popular, Juan de la Cruz Belmonte, reprendía a los andalucistas “estar influenciados por un socio privado que necesita urgentemente dinero”, de ahí, también la más de una decena de “despidos” políticos registrados desde que “estos señores ganaron las elecciones en mayo”.