“El pueblo de Huércal Overa pagará la persecución política contra Diego Ortega”

La responsable de Hacienda de Huércal Overa culpa a los gobiernos del socialista Luis García Collado de perseguir políticamente al empresario y exalcalde Diego Ortega que ha deparado con una indemnización de 2,1 millones de euros para éste a pagar por el Ayuntamiento 

Maribel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez / 26·04·2016

Maribel Sánchez, edil de Hacienda, se mostró así de contundente al culpar a los equipos de gobierno del socialista Luis García Collado de ejercer una “persecución política” contra el empresario y exalcalde Diego Ortega, que ha acabado con una sentencia firme que condena al Ayuntamiento a indemnizarle con 2,1 millones de euros. Ese es el resultado de un litigio que tiene su origen en la paralización de las obras del Edificio de las Monjas por un exceso de altura de 12 cms. Pero la concejal ha avisado que el Consistorio exigirá la “responsabilidad debida a quienes metieron al pueblo en este embrollo”. 

La concejal de Hacienda de Huércal Overa, Maribel Sánchez Torregrosa, no ve normal que “ni por doce centímetros ni por noventa se meta a los 20.000 vecinos del pueblo en esta película de miedo, en este litigio absurdo que ha terminado en las costillas de los huercalenses”. 

Para la edil, que desde el pasado mes de diciembre también es senadora, todo se debe a una cuestión de tamaño, pero más que del objeto del litigio, el Edificio de las Monjas, del “orgullo” de los anteriores responsables socialistas que le precedieron en el gobierno de la villa. 

“Se creían que estaban por encima del bien y del mal –afirmaba Sánchez- y, fruto de su gestión prepotente, el pueblo pagará 2,1 millones para reparar los daños causados por la persecución política que emprendieron contra Diego Ortega”. 

La responsable de Hacienda se refería a la última sentencia firme dictada contra el Ayuntamiento. El veredicto llegaba desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y tiene fecha del pasado 11 de abril. En él se estimaba parcialmente el recurso presentado en 2011 por el equipo del alcalde Domingo Fernández contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Almería que, en primera instancia, ordenaba indemnizar a Ortega con 2,3 millones de euros más intereses, lo que disparaba la cantidad hasta los tres millones. 

A resultas del recurso, el Alto Tribunal ha rebajado en 700.000 euros el derecho de resarcimiento de Diego Ortega, hasta fijarlo en 1,6 millones que, una vez sumados los intereses devengados desde la paralización de las obras del Edificio de las Monjas, hacen la cantidad de 2,1 millones que apuntaba la concejal. 

“Recurrir la indemnización fue una decisión durísima de adoptar –confesaba la edil de Hacienda-, pues éramos conscientes de que Diego tenía razón, que había sido una injusticia formar la que armaron contra un señor por doce centímetros de exceso en la altura de un edificio. Siempre he dicho, incluso en los plenos, que todo ha sido una persecución política de la que ahora estamos recogiendo los resultados, pero tuvimos que hacerlo porque nuestra obligación es velar por los intereses de los ciudadanos de nuestro pueblo, y los servicios jurídicos nos dijeron que la indemnización podría rebajarse hasta los 1,4 millones”. 

La responsable de Hacienda calificaba como “dramática” la situación financiera del Ayuntamiento y, aunque el municipio se ha acogido al Fondo de Impulso Económico promovido desde el Ministerio de Hacienda, “no deja de ser un préstamo que hay que pagar con sus oportunos intereses y al que todavía no sabemos si podremos ampararnos en él, porque hemos descubierto que existen limitaciones en función de la fecha en que la sentencia es firme”. 

Se quejaba Maribel Sánchez de que el gobierno popular de Huércal Overa aún continúa “recibiendo el legado de los gobiernos socialistas que nos precedieron”, y avanzaba que explicará pormenorizadamente los detalles de esa herencia, todo lo que ya han pagado durante los últimos cinco años “y lo que queda por venir, porque la justicia es lenta y el pueblo debe saber lo que hicieron los socialistas con el dinero de los huercalenses”. 

No obstante, la responsable de Hacienda confía en librar a los ciudadanos de la pesada carga económica que están recibiendo sentencia a sentencia. “Vamos a repercutir el coste de estas indemnizaciones a quienes las han provocado, Luis García Collado y sus juntas de gobierno. Nuestra obligación moral es ir contra quienes han metido al pueblo en este embrollo. Los políticos nos podemos equivocar, pero tenemos que ser responsables de nuestros actos, no podemos ir dejando a los ciudadanos los pufos de nuestros errores”. 

Pero además de la “herencia”, la senadora reprochaba la actitud mostrada por sus antecesores en el gobierno de la Villa. Ponía como ejemplo algo que sucedió durante el último Pleno. “El portavoz del PSOE, López Olmo, se permitió el lujo de dar lecciones al secretario y a todo el mundo sobre cómo debía gestionarse otro problema heredado, el expediente de expropiación de una parcela de 1.800 m2 para ampliar el colegio de El Saltador, algo que no hace ninguna falta, pero que le va a costar 200.000 euros a los huercalenses. ¿Cómo puede tener tanta caradura y tanto morro este señor?” 

Y recordó que ya les ha sido comunicada también otra condena por la que han de devolver medio millón de euros a los promotores de Ballabona Golf por el dinero que adelantaron a cuenta de un convenio que no se llegó a realizar. “Otro ejemplo de gestión prepotente y que nos vemos obligados a recurrir para intentar que los dineros de nuestros vecinos no se vean otra vez comprometidos en pagar cosas que los ciudadanos no han hecho”. 

“No es justo que nos diga que no quisimos negociar” 

Con esas palabras, Maribel Sánchez respondía a las quejas vertidas por Diego Ortega contra el actual equipo de gobierno de Huércal Overa, al que recriminaba “falta de agallas” por haber decidido en 2011 recurrir la sentencia que en primera instancia condenaba al Ayuntamiento a indemnizarle con 2,3 millones de euros más intereses. 

El empresario, además, acusaba al equipo del alcalde Domingo Fernández de haber roto un acuerdo que zanjaba el asunto con una rebaja que dejaba la cantidad a percibir como resarcimiento por los daños sufridos en 1,2 millones. 

La responsable de Hacienda coincidía con Ortega en que, efectivamente, se llegó a un acuerdo verbal entre ambas partes en los términos expresados por el promotor, y que lo asumieron convencidos de que era lo justo y “a pesar del desgaste político” al que se exponían, porque entendían que sería muy fácil de utilizar por la oposición como arma de desgaste político para acusarles de connivencia con el empresario, que era entonces un destacado militante del PP. 

Sin embargo, Sánchez tenía otra versión del desarrollo de los acontecimientos. 

Así, el día en que expiraba el plazo para poder recurrir la sentencia, “estaba desde las 8 de la mañana un abogado del Ayuntamiento en Almería y otro en el despacho de la Alcaldía esperando a Diego para firmar el acuerdo, pero Diego ni llegaba ni cogía el teléfono”. 

Aseguraba la concejal que “cinco minutos antes de que terminara el plazo llamaron los representantes de Ortega ofreciendo firmar el acuerdo”. Pero ya era demasiado tarde. El recurso acababa de ser presentado. “Si no lo hubiéramos hecho, ahora tendríamos que pagar 700.000 euros más de todos los huercalenses”, subrayó Maribel Sánchez. 

La edil dejaba en el aire una pregunta, tal vez retórica: “¿Por qué no cogió Diego el teléfono?” Y, además, para ella, una certeza: “No podíamos dejar vendido al pueblo”. 

Lamentaba, también, la actitud del empresario: “No es justo que Diego diga que no quisimos negociar”, al tiempo que le exigía una explicación: “que diga por qué tenía los teléfonos apagados. 

Pero dejaba también, como Ortega, una rendija al entendimiento: “Las puertas del Ayuntamiento siempre han estado y siguen estando abiertas para todo el mundo. También para Diego Ortega”.