“En un acto criminal el PP vendió agua reutilizada sin los permisos de Sanidad”

Francisco Vázquez volvió a elevar el tono de la política municipal veratense. Aseguró que los populares abandonaron la sala para no tener que responder por la venta de agua depurada sin los “imprescindibles” permisos sanitarios de la Junta ni la aprobación de tarifas

Concejales del PP de Vera en el Centro de Salud tras la puesta en servicio de su ampliación

Javier Irigaray / 12·04·2016

Francisco Vázquez, portavoz del equipo de gobierno de Vera, volvió a elevar el tono de la política municipal veratense. Acusó al PP de haber cometido un “acto criminal”. Lo dijo durante en un reciente pleno, en el que aseguró que los populares abandonaron la sala para no tener que responder por la venta de agua depurada sin los “imprescindibles” permisos sanitarios de la Junta y la aprobación de tarifas. 

El sexto punto del pleno ordinario celebrado el pasado 25 de febrero se abordó con la ausencia de los ediles del Grupo Popular, que abandonaron la sala tras advertir sobre la posible ilegalidad de aprobar su contenido, las tarifas del agua reutilizada de la depuradora, por no haber sido tratado ese asunto en la comisión informativa. 

Ése fue el momento, ya sin la oposición presente, en el que el portavoz del equipo de gobierno, el andalucista Francisco Vázquez, argumentó que los motivos de los populares para abandonar la sesión eran otros: “se fueron para evitar responder por qué vendían agua sin los imprescindibles permisos de Sanidad y de la Comisión de Precios de Junta de Andalucía en un acto criminal. Abandonaron el Pleno por cobardía política”. 

Y es que la política municipal veratense también se juega en terrenos de Codeur. Nada nuevo, en todo caso, pues viene ocurriendo casi desde la misma creación de la empresa a principios de los 2000, y con mayor intensidad desde 2011. 

Hagamos un poco de historia. En marzo de 2013, cuando Codeur era dirigida por el gobierno municipal del Partido Popular, la sociedad mixta -51% municipal y 49% privada- presentó una reclamación de cantidad contra el concejal y consejero delegado Francisco Vázquez, y contra Gabriel Sánchez, consejero delegado en representación del socio privado de Codeur, Key Lanzarote. La reclamación pretendía la devolución a Codeur de un préstamo que ésta había dado a Key Lanzarote de 459.215 euros. El crédito se formalizó gracias a las firmas de Vázquez y Sánchez en su calidad de altos gestores de Codeur. 

A esa iniciativa judicial, en noviembre de 2014 se sumó otra acción en los tribunales, esta vez por responsabilidad civil societaria en el juzgado de lo mercantil contra Félix López, Francisco Vázquez y los representantes del socio privado Gabriel Sánchez y Pedro Rius porque, en palabras del entonces portavoz del equipo de gobierno popular, Juan de la Cruz Belmonte, “podrían haber cometido daños a la sociedad mixta, puesto que acordaron un reparto de beneficios en septiembre de 2010 de cerca de un millón de euros a cuenta de futuros beneficios, lo que puso en serio riesgo la viabilidad de Codeur”. 

En esta misma acción judicial, la Codeur que dirigían los populares denunciaba el contrato blindado de alta dirección acordado por los ya citados consejeros en abril de 2008, que benefició a quien fuera primer gerente de la empresa, Javier Lamas. Este hecho, a la postre y como consecuencia del despido del mencionado directivo por parte del nuevo consejo de administración dirigido por el PP, supuso a las arcas de Codeur el desembolso de 235.000 euros. 

Así las cosas, en diciembre de 2015, el PP, ya fuera del gobierno municipal tras perder las elecciones de mayo, presentó una querella por presunta prevaricación y delito societario contra el nuevo regidor Félix López (PA) y sus concejales Francisco Vázquez (PA), Isabel de Haro (PSOE) y Pedro Francisco Gallardo (PSOE), así como contra Gabriel Sánchez y Diego García del Grupo Key Mare. La prevaricación afectaría a los 4 primeros, los políticos, y la de delito societario al conjunto de todos ellos. La prevaricación sería a resultas del acuerdo plenario adoptado el 24 de junio de 2015 –recién entrado el nuevo gobierno PA/PSOE-, en el que se nombraban consejeros de Codeur, entre otros, a Félix López y a Francisco Vázquez, lo que, según los populares, se hizo “pese a nuestras advertencias desde la oposición, de que se estaba conculcando la Ley de Sociedades de Capital, que dice que todo administrador inmerso en un proceso de responsabilidad social que afecta a su sociedad no podrá ostentar tal cargo ni en el presente ni en el futuro hasta que se pronuncien los tribunales de justicia”. Efectivamente, de acuerdo a la versión de De la Cruz, López y Vázquez estaban inmersos en procesos judiciales; aquéllos emprendidos contra ellos por el gobierno del PP veratense. 

Precisamente una de las primeras decisiones adoptadas en 2015 por el nuevo consejo de administración de Codeur fue la retirada de los procedimientos abiertos contra López, Vázquez, Sánchez y Rius. “Adoptaron los papeles de juez y parte”, reprocha el representante del PP. 

Y el último episodio, o tal vez penúltimo, que nunca se sabe, se iniciaba el pasado 25 de febrero, justo en el momento en que el pleno del Ayuntamiento se disponía al debate del sexto punto del orden del día, el que trataba sobre la aprobación de las tarifas para el agua reutilizada depurada en las instalaciones de Codeur. 

Los populares se levantaron y se ausentaron de la sala advirtiendo la “ilegalidad” de la inclusión de ese punto por no haberse informado sobre el mismo en la preceptiva Comisión, al tiempo que avisaban sobre las consecuencias legales que podría conllevar la aprobación de las mencionadas tarifas en ese momento. 

La iniciativa plenaria trataba de poner orden en la venta del agua reciclada que hacía la Codeur dirigida por el PP. “Sin los permisos de la Junta y sin la aprobación de unas tarifas eso era totalmente ilegal”, venía denunciando Vázquez, quien también se refirió a la no entrega de las cuentas anuales de la empresa en el Registro Mercantil durante varios años por las discrepancias internas entre los munícipes populares y sus socios privados. Esto invalidaba a Codeur para acceder a contratos públicos”, denunció Paco Vázquez. 

Pero volviendo al tema del agua reciclada, para Vázquez, portavoz andalucista, el motivo de la “espantada” de los populares es que “se fueron del pleno para evitar responder por qué vendían agua sin permiso de sanidad ni de la Junta de Andalucía en un acto criminal. Protagonizaron un acto de cobardía política”. 

Vázquez fue más allá en sus apreciaciones, hasta el punto de recriminar tanto al portavoz popular como al exalcalde José Carmelo Jorge Blanco que “siendo farmacéuticos no pueden alegar ignorancia. Sabían perfectamente lo que hacían y las repercusiones que su conducta podía tener sobre las personas y sobre los bienes, porque, al carecer del obligado permiso, si alguien contrajera una salmonelosis en donde vendían el agua y pone una denuncia, la justicia caería sobre Codeur y el Ayuntamiento”. 

“Los del PP creían que Codeur era su cortijo particular, el juguete de Juan de la Cruz –añadía Francisco Vázquez-. Lo primero que hay que hacer es amoldarse a la ley, que dice que se puede vender el agua, pero primero tiene que aprobar el Pleno unas tarifas y ponerlas en conocimiento de la Comisión de Precios de la Junta, que ha de aprobarlas, y, además, tener los permisos de sanidad autorizando a vender el agua. Nada de eso hizo el Partido Popular en un acto criminal cuyas consecuencias ya veremos hasta donde llegan”. 

“Cosas raras” en la ampliación del Centro de Salud 

La puesta en servicio de la ampliación del Centro de Salud no sólo ha traído a Vera la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sino también las sospechas del actual equipo de gobierno sobre la gestión de las obras realizadas por sus antecesores del Partido Popular. 

A Francisco Vázquez, portavoz andalucista, le causa cierta sorpresa, expresada con ironía, que el proyecto experimentara tres modificaciones al alza en su presupuesto hasta engordarlo en un “19,99%, apenas una centésima por debajo del límite que marca la ley a partir del cual habría que licitar de nuevo el contrato. ¡Ni hecho con calzador!” 

Para el edil, uno de los argumentos sí que estaba justificado “porque el proyecto se licitó con un IVA del 18% que el gobierno de Rajoy cambió al 21%”, pero no así otro de los motivos: “el constructor no se había dado cuenta cuando presentó la oferta que necesitaría una grúa para subir el cemento al piso de arriba. Nuestro grupo votó que no en el Pleno a esa modificación”. Incidía Vázquez en que “esa modificación ha costado 300.000 euros a los veratense”. 

Sobre la visita realizada al centro por tres ediles del PP que reivindicaron de esa manera la obra como un legado de su mandato, el andalucista la tildó de “ridiculez”. Tras esgrimir que “las obras siempre son del pueblo, que es el que las paga”, el portavoz del equipo de gobierno recordó que el convenio con la Junta de Andalucía es de 2008 y “está firmado por Félix López. Cuando ellos asumieron el gobierno, el contrato estaba adjudicado y quitaron a la empresa para poner a otra. En la gestión que hizo el PP de esa obra yo veo cosas muy raras que estamos investigando”.