Los expropiados por la Vera-Cartagena, sin cobrar tras 12 años del inicio de las obras

186 propietarios de nuestra comarca reclaman a la administración 5 millones de euros por unas tierras que el Ministerio de Fomento valoró en 2

Las expectativas auguraban el paso de 7.000 vehículos al día. El último balance dejaba un raquítico número de 3.142.

Javier Irigaray / 11·04·2016

Más de 800 de los 921 propietarios de Murcia y nuestra comarca afectados por el trazado de la autopista que une Vera con Cartagena reclaman en los tribunales el pago de un precio justo por sus tierras. Los jueces están fallando a favor de los expropiados, lo que significa que los 10 millones de euros reconocidos por el Jurado de Expropiación Forzosa (JEF) del Ministerio de Fomento podrían acabar triplicándose.

Los trabajos de la autopista entre Vera y Cartagena comenzaron en el año 2004 pero a día de hoy, cuando van a cumplirse 12 años, la mayor parte de las indemnizaciones por el pago de los terrenos ocupados continúan pendientes de resoluciones en vía judicial, al recurrir sus propietarios el precio determinado en su día por el Ministerio de Fomento.

En Murcia, el Tribunal Superior de Justicia de la región ya ha dictado las primeras sentencias y está dando la razón a los expropiados, pero el Gobierno de España las está recurriendo sistemáticamente ante el Tribunal Supremo, que viene ratificando las emitidas por su homólogo regional. Sin embargo, en Andalucía, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal Andaluz aún no ha emitido ninguna y, en el caso de que lo hiciera hoy mismo, la lentitud de los trámites imposibilitaría que se ejecutara antes del año próximo.

Son algo más de 800 de los 921 propietarios afectados quienes han recurrido a los tribunales por estar en desacuerdo con el justiprecio estipulado por el Ministerio de Fomento y no haber llegado, tampoco, a asumir las ofertas realizadas por la propia sociedad adjudicataria de la autopista, Aucosta, un conglomerado empresarial integrado por diferentes entidades financieras y constructoras lideradas por FCC.’

326 PROPIETARIOS

Entre los litigantes, 186 de los 326 propietarios de nuestra comarca han recurrido lo que consideran una valoración “cicatera” por parte de la administración. Reclaman casi 5 millones de euros por unas tierras que el Ministerio de Fomento valoró en 2. Aquí se incluyen la práctica totalidad de los afectados de los municipios de Antas y de Vera, 32 y 17 respectivamente, poseedores de los suelos más valorados de nuestra zona por su proximidad a la autovía y al Polígono Industrial El Real. En menor medida han recurrido a los tribunales los cuevanos y pulpileños expropiados, debido al inferior valor de sus terrenos, que les deja un estrecho margen de mejora una vez paguen las costas del procedimiento, siendo 41 los que han recurrido al TSJA en Pulpí y ‘sólo’ 96 de los más de 200 propietarios con terrenos ocupados en Cuevas del Almanzora.

Aucosta llegó en 2004, al principio de las obras, a muy pocos acuerdos con propietarios de terrenos adscritos a actividades económicas no agrícolas con el fin de agilizar y asegurar su ocupación.

Por otra parte, también aceptaron el justiprecio impuesto por el Jurado de Expropiación Forzosa (JEF) los dueños de propiedades de escasa extensión, para los que un litigio supondría mayor gasto que el dinero al que pudieran aspirar, y propietarios de edad avanzada que, en previsión de lo que pudiesen alargarse en el tiempo los procedimientos en los juzgados, prefirieron aceptar lo que les ofrecía la administración.

Como en todo procedimiento, tampoco faltaron quienes, aconsejados por sus abogados, en las pedanías cuevanas de Burjulú y Guazamara adoptaron la extraña e insólita decisión de firmar a 2,60 euros por metro cuadrado la cesión de sus propiedades, cuando el propio JEF las había tasado en 4 euros.

Cada caso, como indican desde el bufete de Pulpí ‘Cauce, abogados y asesores’, es diferente, pero los tribunales están más que doblando el montante a percibir con respecto a lo que pretendía pagar la Administración. Y lo que es más claro aún es que “quienes no han recurrido a la justicia no cobrarán absolutamente nada, pues el Estado tiene por norma demorar todo lo posible los pagos y, por supuesto, no hacer efectivo ningún derecho de cobro que no le reclame nadie, por lo que es imprescindible ‘moverse’, en palabras del abogado Andrés Ávila.

Este letrado del despacho de José Luis Llavat señala que el procedimiento a seguir en estos casos difiere del resto de los contencioso-administrativos, pues “tras el recurso pertinente ante el Ministerio, el siguiente no se interpone ante un juzgado, sino ante una figura especial de la propia administración llamada Jurado de Expropiación Forzosa y, de aquí, cabe recurrir directamente a los tribunales superiores regionales, sin pasar por ninguna otra instancia judicial previa”.

“El JEF reconoció en 10 millones el valor de las expropiaciones de todo el trazado de la autopista en 2004 –explicaba Ávila-, pero esa cantidad podría alcanzar los 29 si nos atenemos a lo que ya vienen fallando los tribunales murcianos, una cantidad a la que habría que sumar los réditos generados desde 2004 al 4,5% de interés anual”.

El abogado insistía en que cada caso tiene sus particularidades que vienen determinadas por la propia situación de los protagonistas. “Hemos tenido dos clientes que por su necesidad de liquidez inmediata hubieron de aceptar cobrar a 3,33 euros el metro unos terrenos que la justicia, después, tasó en 12, o el de un propietario de Vera y otro de Pulpí que han tenido que vender lo que les quedaba de finca por necesidad perentoria”.

También es distinto el valor del suelo en función de dónde estén ubicados, siendo más caros los situados en el Campo de Cartagena, “que en 2004 estaban plantados de tomates y muy cerca del Mar Menor, lo que les dotaba de un valor añadido potencial que se tenía muy en cuenta antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Ahí tasaba la JEF el metro cuadrado a 24 euros, mucho más que en la zona de Almería, donde sólo el área de la playa de peaje de Vera –la explanada en la que están ubicadas las casetas de pago- tenía algo más de valor, pues el resto eran todo cerros. A Pulpí, las lechugas llegaron después”. 

La autopista entre Vera y Cartagena fue adjudicada el 15 de febrero de 2004 a la Unión Temporal de Empresa Aucosta, formada por un grupo de entidades financieras y constructoras lideradas por FCC que ostentan la titularidad de la concesión por un periodo de 36 años que expira el 15 de febrero de 2040. Una vez culminadas las obras, fue puesta en servicio el 30 de abril de 2007.

 AUTOPISTA FANTASMA

 Tras una inversión de 650 millones de euros, su objetivo era convertirse en continuación de la AP-7 –desde Alicante a Cartagena- y canalizar tráficos turísticos y de otras poblaciones de la zona, pero las expectativas generadas en torno al proyecto, que auguraban el paso de 7.000 vehículos al día, no se han visto satisfechas ni de lejos. El último balance dejaba un raquítico número de usuarios cifrado en 3.142 diarios, lo que la ha llevado a ser conocida con el sobrenombre de “la autopista fantasma”.

El epíteto cobra fuerza si comparamos sus números con los 15.827 vehículos que circulan cada 24 horas por la carretera N-322 entre Águilas y Cartagena.

La autopista AP-7, Cartagena-Vera fue declarada en concurso voluntario de acreedores, en 2012, por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid con un pasivo, es decir, una deuda de alrededor de 550 millones de euros.

Una resolución del Tribunal Supremo del año 2014 concluyó que es el Gobierno central quien debe asumir el pago de las indemnizaciones en aquellas autopistas cuyas concesionarias se encuentran en concurso de acreedores. El fallo venía a confirmar otra sentencia similar del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que condenaba al Ministerio de Fomento, más concretamente a la Demarcación de Carreteras de Murcia, y al Jurado de Expropiación Forzosa al pago de las indemnizaciones, intereses más el lucro cesante por responsabilidad patrimonial subsidiaria a un grupo de afectados por la construcción de la autopista Cartagena-Vera ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la empresa Aucosta por hallarse en concurso de acreedores.