“El Registro de la Propiedad tiene que ser más fiable que el ‘top manta’”

Gerardo Vázquez, abogado de AUAN (Abusos Urbanísticos en el Almanzora No) exige que los procedimientos legales que afecten a una vivienda sean anotados en el Registro de la Propiedad para garantizar seguridad jurídica y evitar consecuencias a compradores de buena fe

Gerardo Vázquez durante su intervención en la manifestación celebrada el pasado 19 de mayo en Vera.

Javier Irigaray/09·06·2016

Los propietarios de viviendas ilegales exigen a la administración seguridad jurídica. Así lo pusieron de manifiesto durante una manifestación que tuvo lugar el pasado 19 de mayo en Vera. El letrado de Abusos Urbanísticos en el Almanzora No (AUAN) reclama que los procedimientos judiciales que puedan acabar en el derribo de una vivienda sean notificados e inscritos en el Registro de la Propiedad, un organismo del Estado que “tiene que ser más serio y fiable que el ‘top manta’”. Al mismo tiempo, demanda una solución para las viviendas que aún existen al margen de la ley, 12.000 en el Almanzora, 300.000 en Andalucía y más de un millón en el conjunto de España. Y, por supuesto, que se ponga fin al calvario de los Prior.

- ¿Cómo se logra esa seguridad jurídica que ustedes demandan?

- Con el cambio de la Ley del Suelo. Hemos redactado un texto que el PSOE ha incluido en su programa y hemos pedido al PP que lo haga, porque tiene que ser una cuestión de consenso. Proponemos que sea obligatoria la inscripción en el Registro de la Propiedad de todos aquellos procedimientos judiciales que puedan terminar en la demolición de una casa y que, si no se inscriben, los juicios nunca se resuelvan en contra del ciudadano que ha comprado de buena fe, pues hemos de poder fiarnos del Estado. El Registro de la Propiedad tiene que ser algo más serio y fiable que el top manta. Si no nos podemos fiar de él, es mejor que no exista. Hay que evitar que un comprador de buena fe compre una casa ilegal sin saberlo. La mejor forma de garantizar una compra es que el Registro refleje todas las contingencias que afecten a una vivienda, incluido si la legalidad de la casa se está discutiendo en un tribunal de justicia. Estamos acostumbrados a que se traten las cosas desde la perspectiva del Estado y ya va siendo hora de que las veamos desde el punto de vista del ciudadano, que tiene derecho a defenderse frente a la mala administración.

- ¿Y si las contingencias que pueden determinar el derribo de la vivienda surgen después de la venta?

- El certificado de fin de obra debe incluir una licencia de primera ocupación. Si ésta no existe en el Registro, el comprador ya está alerta y sabe que puede haber gato encerrado, pero si la hay, el ciudadano debe tener derecho a vivir tranquilo en su casa. Y no puede haber una contingencia de índole medio ambiental, porque la ley obliga a su inscripción en el Registro, si no existe dicha inscripción, será por un fallo administrativo.

- A la manifestación que convocada por Uds. en Vera el pasado 19 de mayo han acudido afectados desde la provincia de Málaga ¿por qué?

- Han venido muchos británicos desde la Axarquía malagueña porque allí hay cientos de ‘Prior’ en potencia que han levantado su casa al amparo de una licencia y viven en sus casas gracias a la modificación del Código Penal promovida en el Senado, que establece que antes de derribar la vivienda hay que indemnizarles. Ahora tenemos que conseguir que esas incidencias se anoten en el Registro. Es algo básico. Lo que ha sucedido a los Prior es algo aberrante, una desgracia para ellos y para toda la zona. Hemos de aportar soluciones para que quienes quieran comprar aquí lo puedan hacer tranquilos.

- ¿Cuántas viviendas estarían afectadas por esta situación?

- En el Valle del Almanzora habrá unas 12.000. Algunas de ellas son molinos antiguos que tienen dificultades para ser legalizados porque están junto a una rambla, precisamente porque fueron molinos. Las que supongan un riesgo para las vidas de sus habitantes habrá que quitarlas, pero son casos contados, la mayor parte están construidas en el campo. Algunas en urbanizaciones que agrupan a 40 ó 50 viviendas. Hay pueblos que han duplicado su población, y eso es un problema que hay que resolver.

- Uno de los problemas surgidos es que los promotores no realizaron las infraestructuras básicas –aceras, alumbrado público, abastecimiento, etc-. A la vista de que muchos de los constructores se largaron o quebraron sus empresas, ¿estarían dispuestos los propietarios a contribuir a los gastos de urbanización, tal y como ha apuntado alguna vez la administración?

- Una parcelación urbanística cerca del núcleo urbano debería tener consideración de zona urbanizable o de suelo urbano no consolidado, lo que significa que hay que instalar infraestructuras. Pero eso es la teoría. El urbanismo es una rama del derecho que permite muchas cosas sobre el papel que en la práctica raras veces han funcionado. Pedir a 40 personas que viven en Inglaterra y pasan aquí parte del año que paguen los costes de urbanización, formen parte de una junta de compensación y cedan una porción de su suelo no es algo posible. Se va a enmendar la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) para permitir que las parcelaciones se puedan regularizar. Es un paso adelante, y esperamos que esa reforma permita que estas casas, que ahora están en un limbo, se puedan legalizar, se doten de servicios y dejen de dañar al medio ambiente. Ojalá sean generosos los parlamentarios andaluces.

- ¿Cuántas viviendas a día de hoy han sido derribadas en el norte provincial y cuántas viven bajo la picota de la demolición?

- Por las vías penal y contencioso-administrativa, en el Almanzora debe haber más de cien con sentencia de derribo, pero demolidas, cuatro en Cantoria, la de los Prior en Vera y muy pocas más. Algún almacén, tal vez. Casi todas de ciudadanos extranjeros.

- ¿Por qué ha tenido especial relevancia el caso de los Prior, que ha llegado hasta la prensa australiana?

- ¡Y a la de Zimbabwe! El caso de los Prior es especialmente sangrante porque tenían licencia, un papel que les dio el Estado, porque no olvidemos que la administración local es una rama del Estado. Cuesta entender que una parte del Estado pleitee contra otra y que el ciudadano sufra las consecuencias. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de fiarse de la administración. Ellos tenían una escritura, licencia de primera ocupación, su casa estaba inscrita en el Registro de la Propiedad y les derribaron su casa. Nadie merece vivir una situación así. Ellos tampoco. Son buena gente. Es loable que hayan aguantado casi diez años.

- ¿Qué le parece que la sentencia cuantificara en diecisiete euros al mes los daños morales sufridos por Hellen Prior?

- Me pareció sorprendente. En Cantabria los juzgados están fallando por encima de los 10.000 euros los daños morales en casos en los que ni siquiera se ha derribado la vivienda, únicamente por la declaración de la licencia como nula. 1.750 euros para la Sra. Prior es igual que cero.

- Y un total de 7.000 euros al Sr. Prior por el derribo de su casa construida con licencia municipal. ¿Por qué esta diferencia entre uno y otro tratándose del mismo caso?

- Cuando el Sr. Prior vio a la máquina derribar sus sueños se desvaneció. Tal vez por eso le dieron algo más, pero estamos hablando de cantidades mínimas. Lo importante es que se solucione su problema de una vez por todas. Tienen 72 años ¿hay que esperar a que cumplan 82? Ya han muerto varias personas de AUAN sin ver regularizada su casa.

- ¿Por qué no se demolieron la piscina y el garaje de los Prior?

- Al parecer se construyeron con una licencia distinta. Una aberración más, porque se suponía que el fin del derribo de la vivienda era la restauración del medio ambiente, algo que no se ha hecho. Únicamente se ha destruido una casa, la reputación de esta zona y la vida de una familia. Parece que es peor tener licencia que carecer de ella, porque las licencias son públicas, se conocen, y la administración se pone en marcha para actuar dentro del plazo correspondiente, pero si no tienes permiso es como si no existiese la vivienda, y el tiempo transcurre y santas pascuas. Es una lotería. Yo tengo clientes que han comprado sus casas con licencias y están pendientes de sentencias de derribo, mientras que viven rodeados de viviendas sin licencia sobre las que no se cierne ningún problema. Un sinsentido más. Unas las ve el SEPRONA y otras, las de al lado, no. Otras veces no se actúa en tiempo, pasan los años y cuando termina el juicio, el presunto delito ha prescrito, pero ha ocasionado un gasto enorme en costas y abogados. Hay que traer sensatez a todo el sistema y resolver los problemas de la gente. Para eso están los políticos y eso es lo que pedimos.

- ¿Por qué se ha cebado la justicia en estos casos y no ha intervenido con los palacetes que han construido cargos de la administración en el Parque de Cabo de Gata con un simple permiso para levantar una caseta de aperos?

- Sí que resulta sorprendente. Los británicos son más vulnerables porque son más confiados. No sé por qué en unos casos se actúa y en otros no. La justicia debe ser igual  para todos.

Las construcciones ilegales han de paralizarse cuando se pone la primera piedra. Los agentes urbanísticos han de ser funcionarios de carrera independientes y no pueden prevalecer criterios políticos por encima de los técnicos en estos asuntos. Un pueblo debe crecer por razones técnicas y de manera armónica. No es lógico que haya 300.000 viviendas ilegales en Andalucía y más de un millón en el conjunto de España ¿qué vamos a hacer? ¿Tirarlas?