“Pediremos responsabilidades a los que aprobaron la venta de los terrenos a Spancrete”

Sobre el Ayuntamiento de Antas pende una ‘espada’ de 1,5 millones que ya ha caído en primera instancia por la venta de unos terrenos que la justicia entiende como ‘comunales’ y, por tanto, nunca debió realizarse. La alcaldesa, Isabel Belmonte, habla al respecto

Isabel Belmonte en los estudios de RADIO ACTUALIDAD

Miguel Ángel Sánchez / Javier Irigaray / 22·06·2016

Sobre el Ayuntamiento pende una ‘espada’ de 1,5 millones que ya ha caído en primera instancia. El motivo fue la venta de unos terrenos que, según la justicia, nunca debió realizarse al tratarse de unos bienes calificados como ‘comunales’ y, por tanto, inalienables, inembargables e imprescriptibles. La regidora asegura que los ediles socialistas que votaron en el año 2000 a favor, sabían que las veinte hectáreas vendidas tenían esa categoría y no se podían enajenar, por lo que tendrán que responder en el caso de que el Consistorio se vea obligado a pagar.

En todo caso y dado que se interpondrá recurso, la alcaldesa confía en que la cantidad sea rebajada por el Tribunal Superior de Justicia.

- Empecemos por el principio pero, antes, aclárenos qué es eso de bien ‘comunal’, ‘patrimonial’ y qué es una ‘desafectación’.

- Un bien ‘patrimonial’ es propiedad del Ayuntamiento, pero uno ‘comunal’ lo es del conjunto de todos los vecinos. Es sólo un matiz, pero impide que el Ayuntamiento pueda venderlo. Para poder realizar su venta es necesario cumplimentar un expediente de ‘desafectación’, es decir, cambiar a ‘patrimonial’ la clasificación de ‘comunal’. En ese expediente el equipo de gobierno tiene que justificar para qué y por qué se quiere hacer, y ha de enviarlo al departamento de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la última palabra. En 1999, el equipo de gobierno socialista encabezado por Bartolomé Soler y Ana Joaquina García inició el expediente de desafectación con el apoyo de los seis concejales del PSOE, pero no llegaron a terminarlo porque a Bartolo le entraron las prisas. Y de la noche a la mañana, lo que el propio equipo de gobierno socialista tenía claro, o sea, que la parcela era un bien comunal y por eso comenzaron el expediente para que dejara de serlo, a partir de enero de 2000 empezaron a repetir como una letanía que se trataba de suelo ‘patrimonial’. Así que iniciaron un procedimiento de venta que se consumó en el Pleno extraordinario de 26 de enero de 2000, convocado por la mañana para celebrar esa misma tarde. Dos concejales del Grupo Popular no estaban en Antas y no pudieron asistir. Los demás del PP nos quedamos en la puerta del Ayuntamiento. Tampoco acudieron dos ediles del PSOE que no estaban de acuerdo con la decisión de vender esa parcela. En definitiva, al pleno sólo acudieron el alcalde y tres concejales –todos del PSOE- de los 11 que formábamos la Corporación.

- Respecto a las notables ausencias, el exalcalde Bartolomé Soler ha contado que en su gobierno sólo se dieron diferencias de poca importancia porque, de hecho, en otro Pleno celebrado pocos días más tarde el acuerdo fue unánime.

- Eso no es cierto. La venta de los terrenos fue aprobada sólo con los votos a favor de los cuatro únicos concejales socialistas, incluido Bartolo, que acudieron al Pleno ese día. Unos meses antes sí se había celebrado otro en el que intentaron hacer bien las cosas. Entonces se aprobó iniciar un expediente para la desafectación de los terrenos con el fin de cambiar a ‘patrimonial’ la clasificación que tenían de ‘comunales’. Ahí sí contaron con los seis votos del Grupo Socialista, pero en enero de 2000 faltaron dos porque no estaban de acuerdo.

- ¿Por qué cree usted que entraron las prisas y no se preguntó al secretario sobre el procedimiento a seguir cuando, como en este caso, parecían existir dudas?

- Argumentaban que se trataba de crear puestos de trabajo. Por cierto, Bartolomé nos ha acusado de que íbamos detrás de la empresa para venderle seguros, cosa que es mentira, como muchas de las afirmaciones que acostumbra a hacer. Las prisas, no puedo asegurarlo, pero podrían provenir de parte de la empresa, que quería instalarse inmediatamente. Resulta curioso que el proyecto para hacer las naves estuviera en el Ayuntamiento en septiembre de 1999, antes incluso de que se iniciara el expediente de ‘desafectación’ y antes de la venta, que tenía que hacerse a través de un concurso público. ¿Cómo es posible que una empresa presente un proyecto de obras que sitúa las naves en unos terrenos concretos, con su número exacto de polígono y parcela, si todavía no tiene los terrenos? Ahí empieza a oler mal la cosa.

Pero volviendo a los informes para la ‘desafectación’, tengo que decir que el secretario emitió una memoria con los pasos a seguir.

- ¿Significa eso que el secretario entendió que los terrenos eran comunales?

- Claro. Lo pone en su informe.

- Bartolomé dice que no.

- También puede decir misa en gregoriano, pero el secretario fue claro y contundente. En su informe aseguraba que los terrenos son comunales y señalaba el procedimiento a seguir para que dejaran de serlo. Bartolomé culpa de manipular documentos a un funcionario, dejando entrever que se trata del secretario, pero el secretario inició correctamente el expediente y asesoró acertadamente al alcalde.

- ¿Cuando se inició el expediente para cambiar la calificación de la parcela se presentaron alegaciones?

- Sí. En concreto tres. Una el Grupo Popular, otra la SAT y la tercera fue entregada por un grupo de vecinos respaldados por más de 400 firmas. Pero quiero recalcar que no hubo ninguna manipulación de documentos. El secretario ya certificó en 1999 que los terrenos eran comunales, y en un documento firmado el 18 de febrero de 2000 por un técnico de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Manuel Navarro, en su calidad de vicepresidente de la Comisión Provincial, se rehusaba dar apoyo a la venta porque los terrenos estaban inmersos en un procedimiento de desafectación, tenían calificación de forestales y el Ayuntamiento tenía concedida una subvención para reforestarlos. Añadía Medio Ambiente que tenían constancia documental de que se trataba de un bien comunal y, por tanto, no se podía vender, motivos por los que se abstuvo de emitir ningún informe y devolvió el expediente al Consistorio.

- Pues tanto Bartolomé como el PSOE insisten en que los terrenos eran comunales.

- Que el PSOE siga discutiendo si los terrenos eran comunales o patrimoniales son ganas de marear la perdiz. Hay sentencia firme del Tribunal Supremo desde 2009 a pesar de los esfuerzos de Ana Joaquina –exalcaldesa socialista que sustituyó a Bartolomé Soler- para impedirlo. Cuando en 2007 llegó el primer fallo que anulaba la venta desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ana Joaquina presentó un recurso de casación en contra del consejo de los abogados que representaban entonces al Ayuntamiento. Y lo hizo contratando a un bufete externo de Almería al que hubo que pagar 60.000 euros, cuando los servicios jurídicos de Diputación son gratuitos. Los magistrados del Supremo le dijeron a Ana Joaquina que estaba más que demostrado que los terrenos eran comunales, no patrimoniales y, por tanto, no se podían vender ni embargar, por eso no me entra en la cabeza que ahora, siete años después, los socialistas sigan manteniendo, los de antes y los de ahora, que los terrenos fueron bien vendidos. Todas esas sentencias afirman categóricamente que los terrenos eran comunales y eso significa que todas las licencias y permisos otorgados eran nulos de pleno derecho.

- A principios de 2000, tras la desestimación de las alegaciones, ustedes presentaron un contencioso administrativo contra la venta y en marzo recibieron un auto de los jueces que manifestaban estar dispuestos a suspenderla cautelarmente, pero les pidieron un aval de 300.000 euros para que las medidas provisionales se aplicaran. Como ustedes no lo depositaron, la venta siguió vigente hasta que se dictó la primera sentencia de 2007.  

- Era una cantidad que no estaba a nuestro alcance. No estábamos hablando de mil euros. Ese dinero era para hacer una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad que advirtiera sobre la existencia de un recurso sobre los terrenos.

- Aseguraba Soler Cano que uno de los ediles populares invadía la parcela municipal con parte de una balsa y que ustedes jugaban con dos barajas. Decían defender lo público oponiéndose a la venta de los terrenos, pero una vez consumada la venta, se lanzaron a ofrecer servicios profesionales a la empresa. En concreto, seguros.

- Nunca. Eso es otra ‘bartolada’. Bartolomé ha emprendido una huída hacia adelante. De entrada, los terrenos del concejal al que alude no lindan con la parcela comunal. Quien linda es el tío de ese edil. Tampoco hubo ninguna reunión entre representantes del PP de Antas y de la empresa en un famoso restaurante de El Real ni en ningún pequeño bar del pueblo, como dice Bartolo, para venderles servicios profesionales o recomendar a gentes para que fuesen contratados por Spancrete. Bartolo sigue diciendo que se siente orgulloso de la venta. No lo entiendo, ha perdido el conocimiento. ¿Cómo se puede enorgullecer de que su pueblo tenga que indemnizar por una gestión que hizo? De todos modos, a esto aún le queda un largo recorrido. La reciente sentencia Civil que nos ordena pagar 1,5 millones a Spancrete no es firme. Puede que no paguemos o puede que sí. Puede ser que en caso de que paguemos sea una cantidad sensiblemente inferior a la que se ha dictado en primera instancia. Los tribunales aún no han dicho su última palabra. También podemos decir que pediremos algún tipo de responsabilidad a alguien para que no sea el pueblo el perjudicado.

- ¿Se refiere al equipo de gobierno de entonces?

- A los cuatro concejales que votaron a favor de la venta, incluidos Bartolomé Soler Cano y Ana Joaquina García.

- ¿También a algún funcionario?

- En este asunto ningún funcionario ha metido la pata.

- ¿Y cómo interpreta usted que Bartolomé dijera que la sentencia se dictó con pruebas manipuladas por un funcionario municipal?

- Está acusando de algo muy grave a un funcionario, yo sólo puedo decir que fue un ejemplo de política mala y barata del antiguo equipo de gobierno de Bartolomé, Ana Joaquina y otros dos concejales del PSOE, cuyas consecuencias han llegado ahora.

- Aunque el partido no ha acabado, el Ayuntamiento le debe 1,5 millones a Spancrete, ¿le debe algo Spancrete al Ayuntamiento?

- Sí. Le debe parte de la licencia que el equipo de gobierno socialista le ‘perdonó’. Eran 20.000 euros y sólo pagó 4.000, por lo que quedan 16.000 euros. No sé cómo se le pudo ‘olvidar’ a Bartolo, si fue intencionadamente o no. Tampoco se le cobró la licencia de actividad ni ninguna otra tasa. Tampoco ha pagado el IBI nunca. En 2015 eran algo más de 8.000 euros. A una media de cinco o seis mil euros durante quince años, salen alrededor de 80.000 de deudas que no han prescrito porque están reclamadas por el juzgado y por el servicio de recaudación de Diputación en vía ejecutiva. Por cierto, la licencia de actividad se le otorgó por decreto. El actual portavoz socialista Antonio Pérez dijo en RADIO ACTUALIDAD que yo voté a favor de la licencia de actividad y eso es mentira. Las licencias de actividad se aprueban en junta de gobierno pero esa en concreto la otorgó Bartolomé mediante decreto de alcaldía, sin contar ni siquiera con sus compañeros.

- ¿Por qué se edificó en suelo forestal? ¿No hacía falta recalificar los terrenos?

- Ahora sí hubiera sido necesario un ‘proyecto de actuación’ que el Ayuntamiento habría de aprobar y trasladar al departamento de Urbanismo de la Junta, pero entonces no. Bastaba con aprobar en Pleno el interés social y la utilidad pública. Ese requisito sí se llevó a cabo con el voto favorable de los seis concejales socialistas.

- Entonces, ¿no votaron ustedes nunca a favor de nada relativo a Spancrete?

- Nunca, porque desde el principio, desde el verano del 99, esto nos olía mal. Sospechábamos que podía haber algún tipo de intereses escondidos detrás. Es muy significativo que dos meses después de firmar la escritura de compraventa en marzo de 2000, Bartolomé firmó un convenio urbanístico con Spancrete en el que el Ayuntamiento se comprometía a recalificar los terrenos como suelo industrial con el fin de hacer un polígono. Y, después, Ana Joaquina incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana que esos mismos terrenos se convirtiesen en residenciales, con lo que multiplicaban muchísimo su valor. Llegó a firmar un convenio urbanístico que clasificaba esas hectáreas como suelo residencial para hacer 25 viviendas por hectárea. O sea, cerca de 500.

- ¿Entregó Spancrete algún dinero a cuenta de ese convenio?

- No tengo constancia.

- ¿Lleva razón el concejal andalucista Diego Castaño cuando afirma que Spancrete es una ‘empresa mafiosa’?

- Yo no me atrevo a decir eso. No culpo de nada a la empresa, sino a quienes dirigían el Ayuntamiento. Aunque tampoco creo que Spancrete obrara de buena fe. Spancrete supo en el año 2000 que el Grupo Popular había presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Antas y también contra ella. Es decir, que cuando Spancrete comenzó a construir las naves conocía que había un procedimiento abierto contra la venta de los terrenos. Entonces, estando también demandada, no puede decir en los juzgados que no sabía nada. Se lo recordaron los jueces. Así que, si siguieron adelante, o eran muy atrevidos, o tontos o malos.

- ¿Quién se queda ahora con la finca? ¿Cajamar, por el crédito hipotecario que les concedió, o el Ayuntamiento?

- Mire, otra entidad podría aducir ignorancia, pero Cajamar contaba con oficina en Antas y con un antuso  entre sus altos directivos -Francisco Alonso era entonces Jefe de Zona-. Por fuerza tenía que saber del caso, aunque no quiero acusarlo de nada porque no tengo pruebas.

- ¿En qué quedó la reunión que tuvieron el pasado 7 de junio con los representantes de Spancrete?

- Efectivamente, tuvimos una reunión en el Ayuntamiento a la que acudieron el actual propietario, que es un conocido industrial de la comarca que compró la empresa hace once o doce años sin saber cómo estaban las cosas, según me contó, y dos abogados de Spancrete, uno de la comarca y otro que vino desde Barcelona. La reunión duró cinco minutos. Ellos querían llegar a un acuerdo, pero una administración pública, como es el Ayuntamiento de Antas, no puede llegar a ningún tipo de acuerdo mientras que la sentencia no sea firme. Nuestro abogado así se lo había advertido a los de la empresa. Como alcaldesa, mi obligación es velar por los intereses, no ya del Ayuntamiento, sino, en este caso, del pueblo, porque estamos hablando de unos terrenos comunales.

- ¿Cómo encajaría un Ayuntamiento como el de Antas, con un presupuesto de poco más de tres millones, una sentencia que le condena a pagar 1,5, si es que llega a ser firme?

- Será un palo. A lo mejor es bastante menos la cantidad que resulte a pagar. Sí habrá que devolver a Spancrete los 120.000 euros correspondientes al importe de la venta, que ya estarían pagados de no haber por medio un procedimiento abierto. Ya veremos en qué queda el resto. Vamos a recurrir la sentencia y tenemos muchos argumentos para rebajar esa cantidad considerablemente.

“Mejor que se quede en su casa plantando espárragos”

- El hoy portavoz socialista Antonio Pérez defiende la operación de sus antecesores argumentando que “el empleo y la actividad económica deben prevalecer por encima de la ley, los albardinales, el esparto y los lagartos”.

- Eso prueba la ignorancia de Antonio o su mala fe. Arreglado estaría el pueblo de Antas con él de alcalde. ¿Cómo puede decir un aspirante a gobernar el pueblo que haría lo que ya han dicho los juzgados que no se puede hacer y que hay intereses por encima de la ley? No me extraña que los políticos estemos tan desacreditados cuando los ciudadanos escuchan cosas como ésta. Mejor que se quede en su casa plantando espárragos. Si dirige el Ayuntamiento con esos planteamientos, mal van a estar los 3.000 habitantes de Antas. Además, él se empeña en mezclar churras y merinas y compara la venta de Spancrete con los terrenos de La Pedraca que, según él, se vendieron, aunque ya le he explicado en infinidad de ocasiones que no se vendieron, pero es que, a diferencia de los otros, esos terrenos son patrimoniales, es decir, que se pueden vender, pero eso, repito, no se ha hecho. Mi equipo de gobierno sacó a concurso esa parcela y se lo quedó una empresa que dio en quiebra, no pagó al Ayuntamiento y, por tanto, no llegaron a escriturarse, por lo que siguen siendo propiedad del Ayuntamiento.