Acusan a Cristóbal Fernández de comprar 175.000 euros en contenedores que el Ayuntamiento nunca recibió

El alcalde de Carboneras presentó el pasado 15 de diciembre querella criminal contra su antecesor, el socialista Cristóbal Fernández, al que sitúa en medio de una “posible trama para delinquir en beneficio propio o de un tercero”

Pleno de 19 de octubre de 2010. El pleno de Carboneras aborda en sesión extraordinaria la desproporcionada deuda del Ayuntamiento con CESPA, abultada por trabajos extraordinarios. El teniente de alcalde Francisco Ruiz Aguado defiende la gestión. A la derecha, Cristóbal Fernández. 

Miguel Ángel Sánchez / 22·12·2016

El alcalde de Carboneras presentó el pasado 15 de diciembre querella criminal contra su antecesor, el socialista Cristóbal Fernández, al que sitúa en medio de una “posible trama para delinquir en beneficio propio o de un tercero”. En 2009, la Junta de Gobierno, sin mediar contrato, adquirió a CESPA contenedores de basura por valor de 175.000 euros que no llegaron a servirse pero sí a facturarse. Empeoraría el asunto el hecho de que la reposición de contenedores no era una atribución municipal, puesto que estaba cedida al Consorcio de Basuras, que sí los entregó años después de forma gratuita. 

La querella va dirigida contra el exalcalde Fernández (PSOE) y Antonio López Soto, representante en Carboneras de CESPA, mercantil a la que el Ayuntamiento tenía concedida las tareas de limpieza urbana y mantenimiento de jardines. Curiosamente, y después entenderán el porqué, CESPA es también quien gestiona el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos al Consorcio de Basuras del Sector II. La mercantil, por tanto, tenía vínculos con el Consistorio por doble vía. Éste es un detalle importante para una correcta comprensión de los hechos denunciados, por cuanto CESPA/Carboneras y CESPA/Consorcio, siendo de la misma matriz, tienen papeles distintos. 

Los cargos penales que recoge la querella son prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. 

El actual regidor, Salvador Hernández (GICAR) justifica ante el juzgado de Vera que el 4 de junio de 2007, la Junta de Gobierno Local acordó solicitar una subvención a la Junta de Andalucía para reponer los viejos contenedores del municipio. La petición fue atendida y el Consistorio recibió el 12 de febrero de 2008 la cantidad de 73.863 euros. 

A DEDO Y SIN CONTRATO 

“Infringiendo lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Publico”, es decir, obviando principios como el de “publicidad, cuantía y demás valoraciones objetivas en este tipo de contrataciones, el Ayuntamiento registró tres ofertas, presentadas el mismo día -1 de diciembre de 2009-”. 

El gobierno de Fernández acordó “aprobar la propuesta de CESPA/Carboneras y firmar documento de aceptación, pero sin mediar contrato alguno”. Lo rubricó el titular de Hacienda Francisco Ruiz Aguado.  

El 30 de noviembre de 2009, “CESPA/Carboneras emite factura de suministro de contenedores al Ayuntamiento por importe de 85.784,61 euros, sin que conste albarán de entrega, ni suministro alguno”. 

Transcurridas dos semanas, “CESPA/Carboneras vuelve a emitir otra factura el 14 de diciembre de 2009 por importe de 89.215,99 euros”, también “en concepto de suministro de contenedores”, sin que, de nuevo, “conste albarán de entrega ni justificante de instalación alguno”. 

El alcalde prosigue con su narración de los hechos, ahora en manos de la justicia: “resulta que dichos contenedores no han sido suministrados por CESPA/Carboneras, ya que la recogida de basuras en el término corresponde única y exclusivamente al Consorcio del Sector II de Almería, entidad a la que tienen cedidos los servicios 48 municipios, entre los que se encuentra el de Carboneras”. 

SE LEVANTA LA LIEBRE 

Con los citados antecedentes, casi dos años después, en junio de 2011, con un PSOE fuera del gobierno, el nuevo alcalde Salvador Hernández recibe una llamada del Consorcio anunciándole la instalación de nuevos contenedores, lo que despertó “sospechas fundadas por la actuación de CESPA/Carboneras y el gobierno de Cristóbal Fernández”. Hernández pide aclaraciones para conocer si los contenedores provienen del acuerdo de 2009 con CESPA/Carboneras, o de CESPA/Consorcio. 

La Secretaría del ente supramunicipal emitió Certificación que acredita que “los contenedores suministrados e instalados fueron adquiridos por el Consorcio”. Es decir, el material recibido no provenía de la iniciativa de Fernández, sino de un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Consorcio. ¿A qué responden entonces los 175.000 euros en contenedores facturados por CESPA/Carboneras al Consistorio? Para el alcalde “nos encontramos, presuntamente, ante varias actuaciones de reproche penal”. 

En el apartado de conclusiones, el primer edil Salvador Hernández expone que “el exalcalde Cristóbal Fernández y su Junta de Gobierno acordaron solicitar una subvención a la Junta para una finalidad imposible de cumplir, ya que el Ayuntamiento no tenía competencias para la adquisición de contenedores, ocultando a la Junta dichas circunstancias, puesto que esas competencias las tenía y tiene delegadas el Ayuntamiento en el Consorcio de Basuras”. 

Y prosigue: “CESPA/Carboneras emite dos facturas por importe total de 175.000,60 euros en concepto de suministro de contenedores al Ayuntamiento, cuando al Ayuntamiento le consta que nunca se entregaron por esta mercantil, si no por el Consorcio del Sector II. En este sentido señala que “CESPA/Carboneras era conocedora de que en el término municipal la competencia de la instalación de contenedores la tenía el Consorcio, y que, por tanto, era ella misma la encargada de prestar dicho servicio por tener concesión con dicha Entidad Supramunicipal”. 

“La emisión de las facturas supuestamente falsas –continúa relatando el alcalde en la querella-, ha supuesto un perjuicio muy grave a la Hacienda Local”. No sólo eso, para Salvador Hernández “podría tratarse de una trama (Organización Criminal) para delinquir en beneficio propio o de un tercero”, dado que “para que el Ayuntamiento asumiera la obligación de hacer frente a dichos pagos, debían de intervenir diferentes cargos públicos y personas ajenas al Consistorio, para así consumar estos hechos presuntamente delictivos”. 

Concretando más este aspecto, el alcalde indica que “tanto el exregidor Cristóbal Fernández como el representante de CESPA en Carboneras tenían que ponerse de acuerdo indudablemente en la emisión de las facturas de los contenedores que nunca fueron entregados, ya que ambos tenían conocimiento fehaciente de que este material sería suministrado por el Consorcio de Basura sin coste alguno para el Ayuntamiento”. 

En opinión del gobierno carbonero, los hechos conducen a denunciar un presunto delito de Prevaricación que habría sido cometido por el exregidor Cristóbal Fernández y los miembros de la Junta de Gobierno que votaron a favor de solicitar la subvención a la Junta [siendo] conocedores de que el Ayuntamiento no podía adquirir dicho suministro por tenerlo delegado en el Consorcio”. 

También se observa un presunto delito de malversación de caudales públicos cometido por Cristóbal Fernández, “por haber consentido que se emitieran y aceptaran facturas de la empresa CESPA/Carboneras para fines distintos y sin el correspondiente procedimiento”. 

Finalmente la acusación señala un presunto delito de tráfico de influencias “en la persona que ostentaba la representación de CESPA en Carboneras, Antonio López Soto, por haber ordenado y colaborado en la emisión de las facturas al Ayuntamiento sin que se hubiera producido la entrega de los contenedores”.