El juzgado de Vera archiva el caso del voto por correo en Mojácar y la Audiencia ordena reabrirlo

Los magistrados de Almería disponen que la Guardia Civil de Garrucha prosiga con “la práctica de las indagaciones que le fueron encomendadas” y se tome declaración a los testigos propuestos por el PSOE 

Un fragmento del auto de la Audiencia Provincial que revoca la decisión del Juzgado nº 1 de Vera de archivar el caso de los empadronamientos masivos en Mojácar.

Miguel Ángel Sánchez/ 02·03·2017

Año 2015. Para la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vera, Juana Gómez, la denuncia respaldada por el PSOE, Somos Mojácar y Ciudadanos, con el propósito de encontrar una explicación a los empadronamientos previos a las últimas elecciones municipales celebradas en la localidad, y su posible incidencia en los resultados de los comicios favorables al PP, era un asunto sin recorrido. Por eso decidió archivar, pese a que las investigaciones que ordenó a la Guardia Civil de Garrucha no llegaron a concluirse. 

La juez argumentó en su auto de sobreseimiento, de fecha 18 de diciembre de 2015, “no aparecer motivos suficientes para atribuir la perpetración del delito investigado a persona alguna”. 

Algo de razón llevaba la autoridad judicial, puesto que la denuncia, presentada inicialmente siete meses antes por Ciudadanos, el 21 de abril de 2015, cuando faltaban pocas semanas para la cita con las urnas, se limitaba a señalar que “autores desconocidos estarían obteniendo votos a cambio de dádivas o promesas”. 

COMO EN 2011 

La parte denunciante hacía hincapié en el inusual número de altas en el padrón que se estaba produciendo a través de decretos firmados por la alcaldesa Rosa María Cano (PP). Este hecho despertó las sospechas de varios de los candidatos, que ya conocían lo ocurrido en las elecciones municipales de 2011, cuando hasta nueve candidaturas se presentaron la misma jornada electoral en la Junta de Zona, con sede en los juzgados de Vera, para manifestar sus sospechas por el alto número de votos por correo, por encima del 18%, y su relación con las abundantes altas en el padrón municipal registradas en los meses previos. Todo ello condimentado, por un lado, con grabaciones en las que personas de la máxima confianza de la alcaldesa negociaban telefónicamente el voto con vecinos de la localidad y, por otro, con el dudoso asunto de los 300 rumanos empadronados, de los que 299 habrían emitido su voto por correo. 

Con estos antecedentes, Ciudadanos no dudó en recurrir a la justicia en abril de 2015 con la esperanza de evitar un supuesto nuevo pucherazo. Poco después se unió Somos Mojácar y PSOE. También la Fiscalía. Pero a la postre, la juez de Vera canceló el asunto el 18 de diciembre de 2015. 

Fueron los socialistas los que invocaron a la Audiencia Provincial, presentando el 5 de enero de 2016 recurso contra el Auto de archivo. Nueves meses y medio después, el 26 de octubre, la Sala Tercera de la Audiencia, con el informe favorable del fiscal, dispuso “revocar” la decisión de la juez de Vera porque “no cabe descartar, como precipitadamente hace el Auto recurrido, la posible identificación de autor o autores de los hechos que se investigan, consistentes en posibles irregularidades en la emisión del voto por correo en las elecciones locales de 2015 en el municipio de Mojácar, así como en empadronamientos supuestamente ficticios en domicilios de dicha localidad, a fin de ejercer el derecho a voto”. Y se entiende “precipitado” el archivo porque “el instructor acordó en el Auto de incoación de las diligencias previas, dictado el 19 de mayo de 2015”, ordenar a la Guardia Civil de Garrucha la práctica de “gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, petición que se reiteró [por el mismo juzgado] mediante Providencia del 14 de octubre de 2015, acordándose seguidamente el sobreseimiento de la causa por falta de autor conocido, sin que conste la cumplimentación de dicha diligencia”. 

Dicho de otra manera, la Audiencia valora como “esencial” el informe de la Guardia Civil que no llegó a concluirse, y entiende que sobreseer la causa sin tener sobre la mesa el informe de la Benemérita “constituye una decisión apresurada que ha de ser revocada”. 

Como conclusión, la Sala Tercera indica que se realicen cuantas acciones sean precisas para esclarecer los hechos y reitera a la Guardia Civil “la práctica de las indagaciones que le fueron encomendadas”. 

“NO LE VENÍA BIEN” 

A resultas del pronunciamiento de la Audiencia Provincial, la titular del juzgado número 1 de Vera ha reabierto el caso y tomado declaración a varias personas propuestas por la acusación particular, es decir, el PSOE. Se trata, entre otros, del coordinador del aula Guadalinfo, una cuñada de la alcaldesa y el arquitecto municipal. Todos ellos con probada residencia fuera de Mojácar, según los socialistas, pero empadronados en el municipio por la alcaldesa con fines electoralistas. También ha sido llamado un policía local que, de momento, no se ha presentado en el juzgado. Tampoco lo ha hecho la propia regidora, que estaba citada el pasado 9 de febrero y alegó –cuenta el PSOE- “que no le venía bien”, quedando pospuesta su comparecencia para el 2 de marzo. 

Además de los citados, el juzgado ha llamado a declarar a una sobrina de la primera edil. El PSOE prepara una segunda lista de 15 nuevos testigos que en breve presentará ante la juez. 

En esta nueva fase se ha requerido al PSOE el depósito de una fianza de 3.000 euros para personarse como acusación particular, cantidad que fue hecha efectiva en tiempo y forma. Los socialistas han insistido, como ya hicieron durante el proceso de las diligencias previas que fueran archivadas, en que han podido “recopilar ejemplos flagrantes que afectan a familiares directos del PP”, aunque entienden que “dar más detalles en este momento no beneficiaría al proceso”. 

Y otra por prevaricación 

El caso de los empadronamientos y el voto por correo en Mojácar no es el único que quizá tenga preocupada a la primera autoridad municipal, Rosa María Cano. Un asunto que arranca en 2013 también se investiga en la sede judicial de Vera. 

A Rosmari el PSOE la acusa de prevaricación por adjudicar el contrato para la redacción del proyecto de las plazas Frontón y Arbollón sin tener en cuenta el informe en contra de la secretaria municipal. 

Por error, la alcaldesa había sido citada a declarar el pasado 12 de febrero, que cayó en domingo y, por tanto, en día inhábil. Los socialistas se han apresurado a reclamar al juzgado la fijación de una nueva fecha “lo antes posible, puesto que se trata de un asunto denunciado hace casi cuatro años”.